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El Congreso aprueba las recomendaciones del Pacto de Toledo 

Con 262 votos a favor, dos votos en contra y 78 abstenciones, el Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el informe elaborado por la comisión del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones.

Actualizado 19 noviembre 2020  
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Redacción y Agencias
  
El Gobierno, tras recibir el voto favorable del Congreso al informe de la Comisión, será ahora el encargado de plasmar en una ley, junto a otros actores, como empresarios y sindicatos, una nueva reforma del sistema de pensiones, que supondrá, según las recomendaciones aprobadas hoy, la vuelta del IPC como sistema de actualización de las pensiones, el impulso a los planes de pensiones de empresa y el traslado de algunos gastos impropios a los Presupuestos Generales del Estado.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, Valerio, ha destacado la apuesta por un modelo público, contributivo y de reparto de las recomendaciones, que piden además descargar de gastos impropios a la Seguridad Social, y recuperar la actualización de las pensiones según el IPC, y el equilibrio financiero del sistema antes de 2023.

Otras recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo instan a impulsar una revisión a fondo de las pensiones de viudedad y orfandad, estudiar un modelo de cotización de los autónomos por sus ingresos reales, y cargar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el gasto en incentivos a la contratación; además de estudiar cómo no penalizar a los trabajadores con largas carreras de cotización que se ven despedidos al final de su vida laboral.

Finalmente, el sistema se abre a impulsar los planes de pensiones de empresa, estudiar “mecanismos innovadores” en relación a la merma de ingresos en cotizaciones por la robotización, y considera a los inmigrantes una pieza fundamental para el sostenimiento del sistema de pensiones,¡.

EH Bildu y Esquerra Republicana se han desmarcado del acuerdo, y han presentado trece votos particulares a las recomendaciones. Estos votos particulares exigen un nuevo marco regulador para las Mutuas, así como la retirada de la recomendación de impulsar los planes de pensiones de empleo, informó Iñaki Ruiz de Pinedo, de EH Bildu, quien reclamó además pensiones mínimas de 1.080 euros.
Ciudadanos ha criticado la “autoexclusión” de Vox, Esquerra y Bildu del acuerdo, y ha recordado algunas propuestas de la formación ‘naranja’ finalmente rechazadas, relativos al fomento de la jubilación activa y a la implantación de la llamada ‘mochila austriaca’.
El BNG anunció su abstención en la votación sobre el informe, así como un voto particular que pide equiparar la pensión mínima al salario mínimo; mientras que el valenciano Compromís reclamó que la ley de Seguridad Social elimine los coeficientes reductores de la pensión a quienes se jubilen con más de 40 años cotizados.
JxCat calificó de “gran avance” las recomendaciones relativas al tratamiento de la discapacidad y reclamó el traspaso de competencias en materia de Seguridad Social a la Generalitat de Catalunya.
ERC, por su parte, criticó la falta de un debate “en abierto” en torno a unas recomendaciones, dijo, que “no son las nuestras”.
Por su parte, el PP presentó un voto particular a las recomendaciones a fin de que se mantengan las deducciones fiscales a los planes de pensiones privados.
El PNV censuró la presentación de votos particulares, que “no aportan valor al acuerdo” y “no sirven al propósito de dar confianza a los ciudadanos”, y elogió la obligación del Gobierno de comparecer anualmente para informar al Congreso sobre el sistema de pensiones, contenida en las recomendaciones.
El grupo Unidas Podemos – En Comú Podem dijo entender la “decepción” de los pensionistas antes unas recomendaciones, que “no son nuestro texto”, afirmó su portavoz María del Carmen Pita, quien enmarcó el voto afirmativo de su grupo al texto a la continuidad del pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. En la misma línea, su compañera de grupo, Aina Vidal, aplaudió que las recomendaciones abran la puerta a que se computen los mejores años de cotización para calcular el importe de la pensión, y pidió que “siga la presión en la calle” ahora que “toca” convertir las recomendaciones en leyes.
Por su parte, el portavoz de Vox, Pablo Sáez, pintó un panorama fúnebre sobre el estado financiero de la Seguridad Social, cuyos ‘números rojos’ “no se arreglan” con un traspaso de algunos gastos a la Administración central; al tiempo que lamentó que en las recomendaciones “no existe ninguna propuestas sobre natalidad aunque sí sobre inmigración”.

Finalmente, el Grupo Socialista clausuró las intervenciones calificando de “ejemplo” el proceso de debate de la comisión, y añadió que con el acuerdo “se acabó la angustia por las pensiones”. “El IPC ha venido para quedarse”, concluyó la diputada Mercè Perea.
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