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Semana del 13 al 20 de septiembre de 2020

El futuro del sector, cada vez mas oscuro

Nueva semana en la que se, una vez más y con la excusa de la necesidad de ir desgranando el futuro de la agricultura europea, se nos vuelve a reiterar que na nueva PAC va a suponer un cambio importante hacia lo que algunos, pero eso sí los más importantes políticamente hablando, han decidido que sea nuestro futuro.

Actualizado 24 septiembre 2020  
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Redacción Agrolibre
  
Siempre es igual en la sociedad absolutamente socializada en la que vivimos, unos pocos deciden lo que debe ser y como ya se ha demostrado hasta la saciedad, esa forma de prever está condenada al fracaso. Vivimos, aunque muchos sigan sin creérselo, en una democracia demasiado escorada 
y absolutamente controlada por los poderes públicos que, de una forma absolutamente artera, deciden lo que debemos o no debemos hacer. 

Comentarios
Luis Planas intenta aclarar el futuro de la nueva PAC, posicionándose en contra de las CCAA, de aquellas que buscan continuar con sus percepciones directas, apostado por diferenciar los pagos entre los agricultores «profesionales, que deben cobrar más porque tienen la agricultura como primera actividad», de los que tienen parcelas y explotaciones que son «una segunda o tercera actividad». ¡Quién es el ministro para decidir que el que solo tiene una actividad deba cobrar más que el que tiene varias actividades! Es el eterno problema de intentar que todos seamos iguales sin entender que este afán comunista siempre ha producido más pobreza y desigualdad o el mismo puede ser ejemplo lo que propone. Porque a todo esto, siguen sin definir lo que entienden por “agricultor profesional”, siguen intentando definirlo en función de los ingresos y del tamaño de las explotaciones agrarias, sin entender que las ayudas PAC deberían tratar de mejorar la eficiencia de los insumos y lograr una agricultura competitiva y que eso, en numerosísimas ocasiones, en las más de las veces, solo se consigue con tamaños y formaciones adecuadas. 
En lo que sí lleva razón, aunque sigue sin atreverse a decir con exactitud lo que realmente piensa, es en sus respuestas sobre la actual polémica de precios en el campo, para dejar claro que la Administración «no puede ni transformar ni fijar los precios, pero sí ayudar, que es lo que hacemos, modificando la ley tal cual pidieron agricultores y ganaderos a principios de año».
«Lo que hace falta es que haya una negociación real y que tenga una referencia lógica en los costes y también en la situación del mercado».
Planas atrévase de una vez a decir que los problemas de los precios en origen no pueden ser ni deben ser resueltos por el gobierno de turno porque si así se intentase viviríamos los españoles como los venezolanos, cubanos… …y eso ni la UE lo permitiría.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado coacciones a los viticultores para que firmen contratos de compra-venta de uva de vinificación con precios por debajo de costes. Los compradores, nos dicen, están imponiendo cláusulas de manera abusiva, en las que obligan a reconocer costes de producción falsos. 
“En el contrato real que se adjunta, presentado a un viticultor de la DO de Jumilla, se puede observar cómo en el apartado 5.1 se recogen unas tablas de precios de 0,18€/kg, muy debajo de los costes de producción oficiales para la región de Murcia, 0,47€/Kg, según el estudio de costes de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia. 
Además, debajo de las tablas, se incorpora una cláusula ilegal “el precio pactado”, según declara el vendedor, cubre el coste efectivo de producción de la uva objeto del presente contrato…”. Esta redacción excede lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Cadena Alimentaria ya que quién tiene la responsabilidad de que no se destruya valor en la cadena es el comprador y, en todo caso, este hecho se debería acreditar con factores objetivos y verificables. Asimismo, incluir esa aseveración supone una forma de coacción en la firma del contrato, en la medida que supone trasladar al viticultor (vendedor) una responsabilidad que legalmente incumbe al comprador”.
¿De verdad cree alguien que al viticultor citado no le interesa vender su producción al precio que lo ha hecho? Y ¿quién es la COAG ni nadie para afirmar que al precio vendido el viticultor, como él mismo declara, no le cubre sus costes productivos? ¿Por qué no le compra la COAG la producción, al precio que dicen debe paqar el comprador? 
¿Alguien se ha preguntado el por qué de que estas cosas ocurran?  

Al parecer y según nuestro ministro las negociaciones para la reforma de la PAC se encuentran en su tramo final. 
A principios de 2021 estará aprobado el reglamento que garantizará la certidumbre que España necesita para diseñar con seguridad jurídica el Plan Estratégico Nacional y así, se podrá presentar formalmente en otoño de 2021, con objeto de que en 2022 la Comisión apruebe el plan y todo el desarrollo normativo nacional.
Para los asuntos que quedan por resolver, la presidencia alemana, recordemos que Alemania y Francia son la UE, ha lanzado una serie de cuestiones como eje del debate europeo de la semana próxima.
Eco-esquemas. España comparte que sean obligatorios para todos los Estados, que cuenten con un presupuesto mínimo y una reserva de fondos del primer pilar y que tengan flexibilidad financiera, especialmente en un primer momento. Así, el margen de maniobra de cada país será mayor y se evitará tener fondos sin gastar. El ministerio apuesta, además, por desarrollar un mecanismo que permita transferir fondos de los eco-esquemas a otros pagos directos para evitar la pérdida de recursos.
Condicionalidad. La posición española es que cada Estado fije el porcentaje mínimo de superficie no productiva de acuerdo con sus especificidades. En todo caso, si tuviera que haber uno común para toda la UE, este debería ser del 5% para las tierras de cultivo.
Ayudas directas. Con respecto al tope de ayudas, se ha presentado la interpretación de la Presidencia alemana, tras el Acuerdo del Consejo Europeo de julio, acerca de la posibilidad de introducir una reducción progresiva de los pagos a partir de 60.000 euros hasta el máximo de 100.000, que sería aplicable a la Ayuda Básica a la Renta, en base al acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de julio.
Reglamento de disposiciones transitorias. Planas ha informado también sobre esta cuestión a los consejeros autonómicos. Ha destacado que la presidencia alemana quiere que esté publicado en breve. De esta forma, ha afirmado, quedará garantizada la continuidad de los pagos de la PAC en 2021 y 2022. Se ha apoyado la inclusión de los fondos procedentes del instrumento Next Generation en el reglamento de transición, para que los gastos se puedan comprometer con cargo a los actuales programas de desarrollo rural durante los años 2021 y 2022. Además, ha señalado, el sector agroalimentario también recibirá fondos del Plan de Recuperación.
A nosotros la dirección adoptada nos parece desacertada, demasiado dirigismo hacia una agricultura ecológica, sostenible… …que nadie puede hoy conocer donde desembocará, porque hasta hoy todos los paradigmas perseguidos desde Kioto han sido inalcanzados y en muchas ocasiones abandonados. Creemos que un país como el nuestro que de verdad no tiene fondos ni para adquirir “mascarillas”, no debería encabezar ningún movimiento que encarezca la producción agraria.

Hay que evitar el hundimiento del sector del olivar. 
Eso es lo que pretenden ocho organizaciones representativas de la producción, transformación y comercialización de aceite de oliva de España, que han enviado una carta conjunta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que le reclaman una modificación urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria.
El documento lo firman Almazaras Federadas de España, Infaoliva (Federación de Industriales de Aceite de Oliva), Asaja, Coag, la Sectorial Nacional del AOV con Denominación de Origen, Denominación de Origen Priego de Córdoba, Anierac (Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de AceitesComestibles) y Asoliva (Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo).
Este frente común del aceite de oliva sostiene que la actual interpretación que hace el Ministerio de la normativa vigente pone en peligro la viabilidad del sector a muy corto plazo, pues se esperan pérdidas para esta campaña cifradas en más de 1.100 millones de euros que afectarían, sobre todo, al 40% de la industria transformadora del país.  Este frente común del aceite de oliva sostiene que la actual interpretación que hace el Ministerio de la normativa vigente pone en peligro la viabilidad del sector a muy corto plazo
Recuerdan que el Ministerio de Agricultura cambió para la campaña 2019/2020 la interpretación de la norma, obligando al pago del producto a los agricultores en un plazo no superior a los 30 días desde la entrega de la mercancía y no, como se estaba haciendo hasta ahora, desde el momento en el que se fijaba el precio del producto… …
Hay que oír a los que saben, Planas zapatero a tus zapatos, ahora no estamos hablando de ninguna ensoñación sino de la interpretación de una Norma nacional que puede hundir al sector oleícola.

Terminemos hoy señalando que Francia y Alemania, es decir los países que mandan y deciden en la UE, han sepultado bajo el altar de la protección de la biodiversidad y la regulación del clima el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, tras año y medio de aprobar el Acuerdo previo Mercosur-UE.
Acuerdo que en su día fue condenado por todos nuestros agricultores y ganaderos, considerado por el Presidente Sánchez como histórico y fundamental… …A nosotros solo nos queda decir, en referencia a las afirmaciones de nuestro actual Presidente que “Santa Lucía le conserve la vista”.



Noticias.
-Cada día que pasa, Luis Planas da un paso más para dejar claro cuál debe ser el futuro de la nueva PAC. Tras su posicionamiento en contra de las posturas de las CCAA en busca de fondos, ahora el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca ha apostado por diferenciar los pagos entre los agricultores «profesionales, que deben cobrar más porque tienen la agricultura como primera actividad», de los que tienen parcelas y explotaciones que son «una segunda o tercera actividad».
En una entrevista en el programa A pie de campo de CMM Radio, recogida por Europa Press, Planas ha opinado que estas dos diferenciaciones de agricultores «no tienen que tener el mismo régimen de apoyo en las ayudas». Aunque ha reconocido que ambos tipos de agricultores «son importantes tanto desde el punto de vista productivo como ambiental», «hay que primar la agricultura profesional.
Pese a esta diferenciación en los pagos porque los profesionales deben cobrar más, el ministro también aboga por apoyar también a los agricultores y ganaderos que tienen en este sector su segunda o tercera actividad, pero «de otro modo y con otra cantidad» porque a su juicio, «su desaparición significaría un problema para muchos pueblos y comarcas de España y que además es necesario productivamente».
«Esa dualidad de agricultor a tiempo completo o parcial, pero agricultor profesional, y pequeño agricultor que no lo es en sí, pero cuya actividad también es importante, es un poco el modelo básico de esta nueva PAC», ha asegurado.
A su juicio, este nuevo modelo «entrará con retraso en el año 2023. Aún hay que negociar muchos puntos de esta nueva PAC, y el ministro ha avisado de que «no se haga de esto una discusión política entre políticos», cosa que «no tendría ningún sentido».
«Los políticos estamos para resolver los problemas y en este caso para apoyar a agricultores y ganaderos y al medio rural, ellos tienen que ser los vencedores de este debate, y para que así sea, tenemos que diseñar medidas y dotación presupuestaria necesarias para cumplir los objetivos de esta PAC», ha asegurado.
«LOS PRECIOS DEBEN CUBRIR LO COSTES Y LOS DEBEN FIJAR LA PARTE PRODUCTORA PERO TAMBIÉN LA COMPRADORA. HACE FALTA MÁS DIÁLOGO»
Planas también ha sido preguntado por la actual polémica de precios en el campo, para dejar claro que la Administración «no puede ni transformar ni fijar los precios, pero sí ayudar, que es lo que hacemos, y modificando la ley tal cual pidieron agricultores y ganaderos a principios de año».
A juicio de Planas, «lo que hace falta es que haya una negociación real y que tenga una referencia lógica en los costes y también en la situación del mercado».
«El Gobierno quiere que los contratos sean escritos y que reflejen una negociación previa en la que se tengan en cuenta los costes, que tienen que ser determinados por la parte productora, pero también por la parte compradora en relación con el contenido del tema». Por eso, al parecer del titular de la cartera de Agricultura, «lo que hace falta es que haya una negociación real y que tenga una referencia lógica en los costes y también en la situación del mercado».
En cuanto al tema de los precios, Planas ha aseverado las diferencias entre el cierre de parte de la hostelería y las reservas de los agricultores. «Esta es una situación no solo desajustada de oferta y demanda, sino además en un momento muy difícil y singular como es el coronavirus, y yo creo que tenemos que conseguir superarlo para ir a campañas con retribución más normal con retribución más digna para el productor», que en general cree que deben cobrar más por sus productos.
Agroinformación.




-Tras conocer los últimos datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), sobre la campaña oleícola 2019-2020, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía califica agosto como un mes histórico a pesar de ser una época con menor actividad por las vacaciones estivales. En el penúltimo mes de campaña se registraron unas salidas superiores a las 122.400 toneladas, por encima del ejercicio récord 2013-2014.
El buen ritmo de salidas ha permitido reducir el stock hasta las 620.000 toneladas. Por ello, a un mes de que se cierre el ejercicio oleícola, el presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva, Cristóbal Gallego, sostiene que si el enlace se sitúa por debajo de las 500.000 toneladas será una cifra “aceptable”, más si se tiene en cuenta que se espera una campaña 2020-2021 media-buena, según se comporten las precipitaciones otoñales.
Asimismo, la bajada del stock mundial y la previsible caída de la producción de aceite de oliva del resto de países han permitido que las importaciones estimadas de agosto (12.000 toneladas) sean menores respecto al resto de meses de la campaña. En este sentido, Cristóbal Gallego apunta que la falta de producto está animando el consumo de aceite de oliva de origen español.
En cuanto a precios, el comportamiento de las salidas ha permitido registrar en las últimas semanas un repunte. Como muestran los datos del Pool Red, en la semana 36, el aceite de oliva virgen extra se situó por encima de los 2,13 euros y el virgen superaba los 1,8 euros. Por su parte, el lampante cotizó por más de 1,78 euros, su precio más alto en todo el año. No obstante, el presidente sectorial recalca a pesar de la mejora las cotizaciones siguen estando muy lejos de la rentabilidad del cultivo.
Los buenos datos registrados por la AICA demuestran el esfuerzo titánico que está realizando el sector oleícola para mejorar su posicionamiento en el mercado a pesar de haber perdido una plaza como Estados Unidos, su principal mercado fuera de la Unión Europea. Como recuerda Cristóbal Gallego, el Gobierno estadounidense sigue castigando al aceite de oliva envasado de origen español con un arancel del 25% como represalia de un conflicto totalmente ajeno al sector agroalimentario.
Sin embargo, Estados Unidos mantiene un buen ritmo de importaciones de aceite de oliva envasado, por encima de las 23.000 toneladas en julio (últimos datos disponibles), de las apenas 1.300 toneladas procedían de España, la cifra más baja de los últimos 20 años. Una tendencia que, como explica el presidente sectorial, “está provocando una pérdida de valor del aceite de oliva español envasado, mientras que países como Italia, Portugal y Túnez nos desplazan del mercado estadounidense”.
Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía.





-Ahí va un ejemplo. Supongamos que llegado el momento, un agricultor o ganadero entrega su uva, su aceituna o su leche a una transformadora sin contrato; supongamos también que no se pacta un precio por esa mercancía y supongamos que tampoco se establece un plazo para realizar el pago. Pues bien, no se trata de suposiciones, sino de realidades, porque esa situación se da en estos momentos cuando se trata de los socios de una parte de las cooperativas agrarias, especialmente en el caso de los sectores del vino y del aceite de oliva. Los agricultores llevan su uva a las instalaciones de la cooperativa, hacen la entrega sin que haya un contrato de por medio, sin saber el precio porque dependerá de a cómo se llegue a vender el vino y también desconocen cuantos meses van a tardar en cobrar, porque también dependerá de cómo evolucionen las salidas de producto de las instalaciones de la cooperativa. Otro tanto se puede decir de lo que sucede en el sector de la aceituna para almazara y del aceite de oliva: los agricultores entregan su aceituna, se moltura, se elabora el aceite, pero tampoco hay contrato, ni precio ni plazo de pago, que en algunos casos extremos ha oscilado entre los nueve y los doce meses de retraso. Si esto llega a hacerlo una empresa privada o digamos normal, estaría denunciada lógicamente y con toda la razón ante los Tribunales y ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).
¿Constituye todo lo anterior una crítica al funcionamiento de una parte de las cooperativas? De entrada, no. Se trata más bien de una descripción de hechos que suceden y que los socios toleran, ellos sabrán por qué. El sector agrario no puede entenderse sin las cooperativas y sin el papel que estas desempeñan en el campo en apoyo de los agricultores y ganaderos. Ahora bien, eso no significa que todo sea de color rosa y que no haya problemas y defectos en el sistema cooperativo.
La gran pregunta que hay que hacerse y que se hacen también algunos responsables del Ministerio de Agricultura, que han situado a las cooperativas en su punto de mira, es la siguiente: ¿el funcionamiento de las cooperativas agrarias españoles debe ser el mismo que cuando se crearon o, por el contrario, debe adaptarse a un mundo tan cambiante como el que nos está tocando vivir, en el que la comercialización de los productos es una de las claves más importantes? Hay algunas que lo han hecho ya, pero otras muchas tienen los deberes pendientes. No pueden seguir, por ejemplo, sin contrato, sin precio y sin plazo de pago.
El Galgo Apeles.




-La Unión de Criadores de Toros de Lidia ha expresado su agradecimiento y felicitación a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.tras la decisión de la Comunidad de Madrid des sentar un precedente histórico al considerar la aportación socio medioambiental del toro bravo en las ayudas para apoyar a las ganaderías ante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
El paquete de ayudas, presentado el pasado viernes por la Consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, supone en primer lugar un reconocimiento explícito a la labor de conservación ecológica que los ganaderos de bravo llevan realizando desde hace siglos, y por otro, al mantenimiento de una raza autóctona de reducida canjeabildiad ecológica y genética, lo que la coloca en una prioridad en programas de conservación.
Para la organización ganadera, «nos encontramos ante uno los momentos más difíciles de la historia para el sector ganadero de bravo, al ver imposibilitado dar salida al producto debido a la pandemia Covid19, y donde las pérdidas estimadas únicamente para ganaderos de UCTL en este 2020 superan los 70 millones de euros». En este contexto, Comunidad de Madrid destinará 4,5 millones en ayudas precisamente porque reconocen que es una producción que “contribuye a la conservación de los ecosistemas y al aumento de biodiversidad, así como a fijar la población rural”.
Desde UCTL celebran esta línea argumental de Comunidad de Madrid siempre pionera, y, esperan que otras comunidades con importante tradición ganadera de bravo continúen con esta estrategia de ayuda que está perfectamente alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 (ODS) de Naciones Unidas, que defiende la gestión sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación y la degradación de las tierras.
Como se recordará, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la semana pasada una línea de ayudas para el toro de lidia, después de que la pandemia del coronavirus haya obligado a cancelar eventos taurinos para evitar contagios.
Agroinformación.





-COAG denuncia coacciones a los viticultores para que firmen contratos con precios por debajo de costes
Los compradores están imponiendo cláusulas de manera abusiva, en las que obligan a reconocer costes de producción falsos. Esta organización ha presentado ante la AICA varios contratos que infringen la Ley de Cadena Alimentaria. 
Tras este tipo de prácticas irregulares se esconde una feroz guerra de precios para ganar cuota de mercado en el lineal del supermercado ante la caída del consumo de vino en bares, hoteles y restaurantes. “Los grandes industriales y bodegas pretenden que los viticultores financien su nueva estrategia comercial por el COVID. 
Los datos reales de existencias, cosecha mundial y exportación no justifican una reducción del 30% en el precio de la uva”, ha subrayado Joaquín Vizcaíno.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia coacciones a los viticultores para que firmen contratos de compra-venta de uva de vinificación con precios por debajo de costes. Los compradores están imponiendo cláusulas de manera abusiva, en las que obligan a reconocer costes de producción falsos. Esta organización ha presentado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) varios ejemplos de contratos que infringen la Ley de Cadena Alimentaria.
En el contrato real que se adjunta, presentado a un viticultor de la DO de Jumilla, se puede observar cómo en el apartado 5.1 se recogen unas tablas de precios de 0,18€/kg, muy debajo de los costes de producción oficiales para la región de Murcia, 0,47€/Kg, según el estudio de costes de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia. 
Además, debajo de las tablas, se incorpora una cláusula ilegal “el precio pactado”, según declara el vendedor, cubre el coste efectivo de producción de la uva objeto del presente contrato…”. Esta redacción excede lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Cadena Alimentaria ya que quién tiene la responsabilidad de que no se destruya valor en la cadena es el comprador y, en todo caso, este hecho se debería acreditar con factores objetivos y verificables. Asimismo, incluir esa aseveración supone una forma de coacción en la firma del contrato, en la medida que supone trasladar al viticultor (vendedor) una responsabilidad que legalmente incumbe al comprador.
Tras este tipo de prácticas irregulares se esconde una feroz guerra de precios para ganar cuota de mercado en el lineal del supermercado ante la caída del consumo de vino en bares, hoteles y restaurantes. “Es intolerable. Los grandes industriales y bodegas pretenden que los viticultores financien su nueva estrategia comercial por el COVID. Los datos reales de existencias, cosecha mundial y exportación no justifican una reducción del 30% en el precio de la uva, tal y como recogen las tablillas en las principales zonas de producción, como Castilla La Mancha”, ha subrayado Joaquín Vizcaíno.
COAG.





-Hoy, por videoconferencia, en el Consejo Consultivo de Política Agraria.
El ministro confía en que en el consejo de ministros de Agricultura de la UE de octubre se cierre el paquete legislativo para que a comienzo de 2021 esté aprobado el reglamento para diseñar con seguridad jurídica el Plan Estratégico Nacional
Este último trimestre se celebrará la segunda reunión presencial sobre la PAC con todas las CC. AA. para progresar en la definición del plan estratégico. El proceso culminará, con otro encuentro en los primeros meses de 2021, sobre su aplicación en España
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido hoy el Consejo Consultivo de Política Agraria, en el que, junto con los consejeros de las comunidades autónomas, ha debatido sobre el actual proceso de reforma de la Política Agraria Común (PAC) y la situación del comercio internacional, puntos que se abordarán en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE del 21 de septiembre.
También ha informado sobre la comunicación del pasado 10 de septiembre de Alemania de la detección de un caso de peste porcina africana (PPA) en un jabalí. Esta enfermedad, ha remarcado, no supone riesgo sanitario alguno para las personas. El ministro ha instado a las comunidades autónomas a estar en alerta y reforzar todos los protocolos de información y sensibilización para mantener a España como país libre de PPA.
Planas ha señalado que las negociaciones para la reforma de la PAC se encuentran en su tramo final. Una nueva PAC que es un modelo diferente a las anteriores políticas y por el que ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que, junto con el Gobierno, realicen “un gran esfuerzo” para “maximizar el impacto del dinero” que va a llegar a los agricultores y ganaderos españoles.
Es importante, ha destacado, que el paquete legislativo quede cerrado en el consejo de ministros de la UE de octubre. Así, a principios de 2021 estará aprobado el reglamento que garantizará la certidumbre que España necesita para diseñar con seguridad jurídica el Plan Estratégico Nacional. De esta forma, se podrá presentar formalmente en otoño de 2021, con objeto de que en 2022 la Comisión apruebe el plan y todo el desarrollo normativo nacional.
En el último trimestre de este año se celebrará la segunda reunión presencial sobre la PAC con todas las comunidades autónomas para progresar en la definición del plan estratégico. El proceso culminará con otro encuentro en los primeros meses de 2021.
Para los asuntos que quedan por resolver, la presidencia alemana ha lanzado una serie de cuestiones como eje del debate europeo de la semana próxima.
Eco-esquemas. España comparte que sean obligatorios para todos los Estados, que cuenten con un presupuesto mínimo y una reserva de fondos del primer pilar y que tengan flexibilidad financiera, especialmente en un primer momento. Así, el margen de maniobra de cada país será mayor y se evitará tener fondos sin gastar. El ministerio apuesta, además, por desarrollar un mecanismo que permita transferir fondos de los eco-esquemas a otros pagos directos para evitar la pérdida de recursos.
Condicionalidad. La posición española es que cada Estado fije el porcentaje mínimo de superficie no productiva de acuerdo con sus especificidades. En todo caso, si tuviera que haber uno común para toda la UE, este debería ser del 5% para las tierras de cultivo.
Ayudas directas. Con respecto al tope de ayudas, se ha presentado la interpretación de la Presidencia alemana, tras el Acuerdo del Consejo Europeo de julio, acerca de la posibilidad de introducir una reducción progresiva de los pagos a partir de 60.000 euros hasta el máximo de 100.000, que sería aplicable a la Ayuda Básica a la Renta, en base al acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de julio.
Reglamento de disposiciones transitorias. Planas ha informado también sobre esta cuestión a los consejeros autonómicos. Ha destacado que la presidencia alemana quiere que esté publicado en breve. De esta forma, ha afirmado, quedará garantizada la continuidad de los pagos de la PAC en 2021 y 2022. Se ha apoyado la inclusión de los fondos procedentes del instrumento Next Generation en el reglamento de transición, para que los gastos se puedan comprometer con cargo a los actuales programas de desarrollo rural durante los años 2021 y 2022. Además, ha señalado, el sector agroalimentario también recibirá fondos del Plan de Recuperación.
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
El ministro Planas ha manifestado que trasladará a la Comisión Europea la necesidad de realizar un análisis profundo de los acuerdos de libre comercio para tener en cuenta los impactos y la vulnerabilidad que generan en determinados sectores productivos.
España, ha dicho, es un país de clara vocación exportadora y defiende un comercio global, basado en reglas. Europa, cuyo papel en política comercial es imprescindible, debe saber compatibilizar el modelo alimentario que exigen los consumidores a los productores europeos, basado en la salud, la preservación medioambiental y el bienestar animal, con sus acuerdos con terceros países.
El ministro ha señalado que Europa no solo debe exportar productos, sino utilizar los acuerdos comerciales como palanca de cambio del modelo productivo mundial.
Respecto al brexit, las perspectivas de alcanzar un acuerdo no son muy positivas e incluso puede haber una “ruptura sin acuerdo”. España, ha recordado, cuenta con un Plan de Contingencia para minimizar el impacto en todos los sectores, ya que las exportaciones agroalimentarias de Reino Unido generan un valor de unos 4.000 millones de euros. Este plan de contingencia debe complementarse con los planes de contingencia que deben elaborar también los operadores económicos.
PESTE PORCINA AFRICANA
Luis Planas ha informado también sobre la comunicación, el 10 de septiembre, por parte de las autoridades alemanas de un caso de peste porcina africana (PPA) en un jabalí encontrado muerto en la frontera germano-polaca.
El ministerio, en colaboración con las CC. AA, ya ha reforzado todos los protocolos de seguridad, vigilancia y bioseguridad para mantener a España como país libre de PPA y asegurar el buen estado sanitario de las explotaciones porcinas.
MAPA.




-El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que cese en su ataque a Andalucía y a la provincia de Córdoba tras sus declaraciones en las que afirma que la PAC ha cambiado y no tiene nada que ver con la anterior, apuntando que el dinero de la PAC no es para Andalucía, ni para Extremadura, ni para Castilla La Mancha, ni para ninguna comunidad autónoma, añadiendo, además, que le gustaría que “Andalucía y la Junta de Andalucía entendiera bien que estamos ante una nueva PAC, totalmente distinta de la del pasado”.
Ante estas afirmaciones, Fernández de Mesa ha subrayado que el reparto nacional de la PAC que prepara el Gobierno puede suponer “un recorte injustificado a la agricultura andaluza”, sumado a los recortes agrarios que ya plantea la Comisión Europea y que podrían suponer una pérdida de 4.300 millones de euros para España y 1.160 para Andalucía, además del techo de ayudas por explotación que se pretende fijar.
“Un recorte inasumible para los agricultores y ganaderos, quienes muchos de ellos han realizado fuertes inversiones productivas y sociales para sobrevivir a la globalización y a la meteorología, en parte, gracias a la PAC y que ahora se convierten en casi delincuentes porque se afirma que se apropian de la PAC de los agricultores de otras regiones”.
Además, Asaja “se muestra en contra de aplicar cualquier recorte o límite máximo a los pagos ya que va en contra de la economía familiar y de escala, y podría suponer una mayor atomización de las explotaciones cuando, por otro lado, se nos invita a agruparnos y asociarnos para competir en los mercados”. También, se cuestiona cómo se va a considerar para los agricultores el trabajo realizados por empresas de servicios, “necesarias ante el elevadísimo coste de una maquinaria en continuo cambio o de los miles y miles de personas que trabajan en las explotaciones a efectos del llamado ‘caping’”.
Y es que para Asaja Córdoba, el nuevo modelo que plantea el Gobierno “sacrifica los fondos de Andalucía y deja a nuestra comunidad autónoma en un segundo plano”, por lo que demanda a “Don Luis Planas que intente defender los intereses de la provincia y de nuestra región”, en reconocimiento también al cargo que ocupaba como consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía cuando, junto al ex ministro Miguel Arias Cañete, “fueron capaces de negociar la actual PAC del Pago Básico y las Regiones que ahora se quiere destruir”.
En este sentido, añade que las declaraciones de Planas solo pretenden justificar “el recorte de los fondos europeos que sufrirá el campo andaluz y que cada una de las premisas que se están poniendo encima de la mesa para el reparto nacional suponen un recorte para la PAC de Andalucía”.
De hecho, hemos conocido el borrador de la Normativa de la PAC para los años transitorios 2021 y 2022, donde se propone ya un recorte importante para aquellos agricultores que tengan derechos de pago básico por encima de la media de las regiones, ya que no se limita su pérdida como sí venía sucediendo desde 2015 hasta la fecha.
Finalmente, Fernández de Mesa ha recordado el esfuerzo de todos los que trabajan en el sector para mantener el abastecimiento de alimentos de calidad durante la pandemia, al tiempo que ha destacado “que es pieza fundamental para la recuperación de la sociedad andaluza, española y europea”.
AsajaCórdoba.




-Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en el Día Internacional de la Democracia que se celebra este martes, destaca que aún es una asignatura pendiente en el sector agrario e insta a los partidos políticos y al ministerio a mover ficha para resolver esta situación.
Unión de Uniones, en este día señalado, critica que no se hayan puesto aún las urnas en el campo por falta de voluntad política y por la presión ejercida por las organizaciones agrarias de siempre para mantener sus privilegios y mantener su estatus.
La organización resalta que en los últimos diez años solo se han celebrado elecciones en cuatro comunidades autónomas – Cataluña, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Extremadura – y que los resultados hablaron por sí solos, siendo Unión de Uniones la segunda más representativa, a gran distancia de la tercera.
“La mayoría de los partidos políticos y los ministros de agricultura se han comprometido a que esto cambiaría, pero la realidad es que la solución se retrasa y ha llegado el momento de resolverlo”, comentan desde la organización. “Sería curioso que, además, este gobierno y los partidos que lo sustentan que hace alarde de diálogo y de regeneración democrática, no empujen en la dirección correcta para solventar este asunto”, añaden.
Unión de Uniones, en el inicio del curso político, se está reuniendo durante esta semana con distintos representantes de los grupos parlamentarios para tratar temas de gran importancia para el sector con el objetivo de mejorar el Real Decreto de Medidas Urgentes. Algunos de los temas son el aumento de costes de producción, y la acreditación de los mismos con referencia oficial, la mejora de la renta agraria, las consecuencias del Brexit, el mal funcionamiento de la ley de la Cadena Alimentaria así como la representatividad para defender todo esto sin ningún lastre político.





-La OMC da la razón a China en su disputa arancelaria con Estados Unidos.
Para Washington, la decisión solo confirma que la Organización Mundial del Comercio necesita una reforma porque es "totalmente inadecuada para detener las nefastas prácticas tecnológicas de China".
La Organización Mundial del Comercio (OMC) condenó este martes (15.09.2020) los aranceles impuestos por Estados Unidos a China en 2018 y 2019, uno de los principales frentes en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Los aranceles impuestos por Washington "no son consistentes con los principios de Nación Más Favorecida de la OMC, y exceden las tarifas máximas acordadas por EE. UU." ante el organismo, subraya la decisión tomada por un panel de expertos a petición de China, que llevó el caso a Ginebra ya en abril de 2018.
En junio de ese año el Gobierno de EE. UU. impuso aranceles del 25% a exportaciones chinas por valor de 50.000 millones de dólares, y en septiembre dictó otros del 10% (aumentados al 25% en mayo de 2019) a más exportaciones procedentes de China, por valor de 200.000 millones de dólares.
El gobierno de Donald Trump respondió con dureza cargando contra la OMC. La oficina del representante comercial estadounidense (USTR), Robert Lighthizer, dijo que la condena del organismo "confirma lo que el gobierno de Trump ha estado diciendo desde hace cuatro años: la OMC es totalmente inadecuada para detener las nefastas prácticas tecnológicas de China".
El representante comercial también es artífice de un acuerdo bilateral alcanzado en enero con Pekín, que permitió una tregua en este conflicto entre las dos mayores economías del mundo que llenó al mundo de incertidumbre. "Es importante destacar que el informe no tiene ningún efecto en el histórico acuerdo de Fase Uno entre Estados Unidos y China, que incluye nuevos compromisos de China para impedir el robo de tecnología estadounidense", agregó el funcionario.
A pesar de aquel acuerdo, la disputa comercial está lejos de haberse cerrado. Ayer mismo, las autoridades estadounidenses anunciaron que bloquearían las importaciones de productos chinos procedentes del "trabajo forzado" de la minoría uigur. Los productos afectados incluyen algodón, vestimenta, productos capilares y electrónicos de cinco fabricantes específicos en Xinjiang y en la vecina Anhui.
lgc (efe/afp)





- Olimerca.- Evitar el hundimiento del sector del olivar. Eso es lo que pretenden ocho organizaciones representativas de la producción, transformación y comercialización de aceite de oliva de España, que han enviado una carta conjunta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que le reclaman una modificación urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria.
El documento lo firman Almazaras Federadas de España, Infaoliva (Federación de Industriales de Aceite de Oliva), Asaja, Coag, la Sectorial Nacional del AOV con Denominación de Origen, Denominación de Origen Priego de Córdoba, Anierac (Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de AceitesComestibles) y Asoliva (Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo).
Este frente común del aceite de oliva sostiene que la actual interpretación que hace el Ministerio de la normativa vigente pone en peligro la viabilidad del sector a muy corto plazo, pues se esperan pérdidas para esta campaña cifradas en más de 1.100 millones de euros que afectarían, sobre todo, al 40% de la industria transformadora del país.
Este frente común del aceite de oliva sostiene que la actual interpretación que hace el Ministerio de la normativa vigente pone en peligro la viabilidad del sector a muy corto plazo
Recuerdan que el Ministerio de Agricultura cambió para la campaña 2019/2020 la interpretación de la norma, obligando al pago del producto a los agricultores en un plazo no superior a los 30 días desde la entrega de la mercancía y no, como se estaba haciendo hasta ahora, desde el momento en el que se fijaba el precio del producto.
Así, afirman que “esta modificación, no solo suprime la libertad del agricultor de elegir el momento más adecuado para poner precio a sus aceitunas, además, amenaza con provocar un perjuicio económico muy grave muy grave a todo el sector oleícola y, en particular al sector productor”.
Consideran que “la causa reside en que, como consecuencia de la estacionalidad de la campaña olivarera, la aplicación de este último criterio obligaría al sector industrial a poner a disposición del mercado el 40% de la producción nacional de aceite de oliva en apenas dos meses, enero y febrero, para así poder atender los pagos a los cosecheros”.
Añaden que “al concentrarse la venta en tan corto periodo de tiempo, los precios se hundirían hasta incluso por debajo de los costes de producción, lo que arrastraría a la quiebra a la mayoría de las explotaciones olivareras”.
Respuesta inmediata
Las organizaciones firmantes de la carta, que se envió en agosto, reclaman a Agricultura una respuesta inmediata a su solicitud y que abra a la mayor brevedad posible un espacio de diálogo con ellos en torno a las modificaciones de la Ley de la Cadena Alimentaria en la convicción de que, sólo desde el diálogo, se comprenderán las razones que urgen a cambiar la interpretación de la norma.
La solución propuesta por este frente común del aceite de oliva pasa porque el Ministerio haga una transposición literal del Art. 3 de la Directiva (UE) 2019/633 de prácticas comerciales desleales, que establece como práctica comercial prohibida los siguientes supuestos de pago a proveedores de productos perecederos:
-A más de 30 días desde la entrega del producto.
-Si las entregas son periódicas, a más de 30 días contados a partir de que finalice el plazo de entrega acordado.
-A más de 30 días, contados a partir de que se fije el importe pagadero de la mercancía.






-Andalucía ha sido la primera Comunidad Autónoma que ha estado plantando cara a la propuesta de reforma de la PAC del ministro Luis Planas. Y ahora ha formalizado un frente unido y consolidado contra la propuesta del Ministerio. La Junta y los representantes de las organizaciones y cooperativas agrarias andaluzas han firmado este jueves 17 una declaración institucional que recoge la «postura común» de Andalucía sobre el futuro de la Política Agraria Común, ante la preocupación compartida del sector respecto al impacto de la nueva orientación de la PAC en el campo andaluz.
Este documento, nacido del «consenso y la unidad», ha sido elaborado en el seno de la Mesa de Interlocución Agraria celebrada vía telemática este jueves, bajo la presidencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y de la que forman parte ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias.
Con la rúbrica de esta ‘Declaración Institucional de Andalucía sobre el Futuro de la PAC’, la Junta y el sector quieren dejar clara su «defensa sin fisuras» del modelo agroalimentario andaluz en estos momentos «decisivos» para el diseño de la futura PAC a nivel europeo y español, al tiempo que resaltar la extraordinaria relevancia económica, social y medioambiental del agro andaluz.
«ESTE ES, SIN DUDA, UN MOVIMIENTO CERTERO QUE NO BUSCA LA CONFRONTACIÓN, SINO DEMOSTRAR EL BUEN HACER DEL CAMPO ANDALUZ”
En este sentido, la consejera ha destacado la «unidad» de todo el sector en defensa de un sistema agroalimentario que destaca por su sostenibilidad social y medioambiental, por la calidad de sus productos altamente valorados en los mercados más exigentes, y por su contribución esencial para el desarrollo de las zonas rurales evitando la despoblación.
«Este debe ser el semestre de la PAC en Andalucía, el semestre donde todos colaboremos, desde la unidad y la lealtad, en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces ante planteamientos que claramente perjudican a Andalucía», ha incidido, antes de remarcar que «no se puede exigir más al sector recortando al mismo tiempo los presupuestos».
Asimismo, Crespo ha indicado que «este es, sin duda, un movimiento certero que no busca la confrontación, sino demostrar el buen hacer del campo andaluz y cómo ha aprovechado cada céntimo de la PAC para crecer y evolucionar». «No podemos perder más tiempo, hay que luchar por la PAC que se merecen los agricultores y ganaderos de Andalucía», ha recalcado, antes de reclamar de nuevo una reunión bilateral con el Ministerio.
Los representantes de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han coincido en señalar que este frente unido y consolidado se ha concretado en la declaración institucional consensuada con la Junta «busca trasladar la unidad del campo andaluz desde un discurso pedagógico y sereno» respecto al futuro de la PAC, además de exponer una postura común ante asuntos que preocupan a todos, como las consecuencias de una reducción de las regiones productivas y la eliminar derechos o sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de gestión de mercado y controlar la importación de productos de terceros países.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL FIRMADA POR TODOS
Entre las peticiones que incluye la declaración institucional se encuentran diversas medidas relativas a los mecanismos de mercado, uno de los instrumentos de la PAC que requieren cambios más profundos. Desde Andalucía se resalta la necesidad de abordar actuaciones enmarcadas en la OCM Única, que contribuyan a lograr que los mercados agrarios funcionen correctamente y que los productores perciban una remuneración adecuada por su producto y su trabajo.
En cuanto a las ayudas directas, el sector agroalimentario y la Administración andaluza rechazan la introducción de criterios que excluyan a agricultores y ganaderos pluriactivos que, a pesar de desempeñar otras actividades económicas, el trabajo en el campo supone un complemento de su renta. Y en lo que respecta al modelo de regiones, tanto el Gobierno como el sector de esta Comunidad Autónoma defienden su mantenimiento porque cualquier cambio de criterio podría provocar importantes redistribuciones de ayudas entre sectores y territorios.
Asimismo, este frente unido y consolidado de la Mesa de Interlocución Agraria andaluza se ha posicionado en contra la eliminación de los derechos PAC al entender que podría provocar un importante aumento de la superficie con ayuda que conllevaría una dilución del nivel de subvenciones para los receptores actuales. Además, la reserva de estos derechos permite su concesión gratuita a colectivos como los jóvenes agricultores, que perderían esta ventaja competitiva si desaparecieran.
Agroinformación.




-En el municipio zamorano de Moraleja del Vino, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que frente a la propuesta de la Presidencia alemana para que esa flexibilidad se aplique únicamente en los años 2023 y 2024, “España va más allá” y reclama que se extienda a todo el periodo comunitario, hasta el 2027.
Eso permitirá que, en caso de que no se ejecute todo el montante económico destinado cada año a las ayudas de los denominados eco esquemas, ese dinero no se pierda.
Al respecto, Planas ha declarado que la propuesta del Consejo Europeo de que el 40 por ciento de los fondos totales de la PAC se destinen a objetivos ambientales debe juzgarse sobre el conjunto del periodo europeo “y no año a año, porque si no nos dificultaría mucho la aplicación de la nueva PAC”.
También ha subrayado la importancia de estos eco esquemas que constituyen una novedad en la nueva PAC y que, junto a la ayuda básica a la renta, supondrán uno de los instrumentos que vean aumentados sus ingresos los agricultores y ganaderos que “responden a las necesidades de lucha contra el cambio y de preservación del medioambiente”.
El 20% de las ayudas del primer pilar
La postura del Gobierno español en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebrará el lunes y el martes de la próxima semana será la de que el 20 por ciento de las ayudas PAC del primer pilar se destinen a los eco esquemas.
Con ello se pretende que supongan “un incentivo” pero la parte sustancial siga siendo “la ayuda y el apoyo a la renta”.
Planas ha defendido igualmente que los eco esquemas sean obligatorios para todos los estados miembros y cada país tenga un catálogo de posibles eco-esquemas entre los que agricultores y ganaderos puedan escoger y que puedan aplicar para así recibir ayudas complementarias.
En cualquier caso, para los solicitantes de la PAC la aplicación de esos eco esquemas será siempre voluntaria, según ha recordado el ministro.
Luis Planas ha calificado de “gran éxito” de España la negociación de la nueva Política Agrícola Común 2021-2027, ya que el país va a recibir más de 6.800 millones de euros anuales en ese periodo para el apoyo a los agricultores, ganaderos y el mundo rural.
La cuantía, que asciende a 47.682 millones de euros de ayudas PAC para el conjunto del periodo, se eleva a más de 7.500 millones de euros anuales si al dinero aportado por Europa se suma la cofinanciación de los Gobiernos de España y autonómicos.
Ha destacado que la ganadería extensiva y las ayudas acopladas a sectores como el de la remolacha tendrán un lugar “preeminente” en la nueva PAC, que va a ser “muy potente”.





- Francia sepultó bajo el altar de la protección de la biodiversidad y la regulación del clima el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
El proceso de invalidación de este acuerdo se llevó a cabo en cuatro etapas: ante la oposición frontal de los agricultores y de las ONGs medioambientales, el presidente francés, Emmanuel Macron, lo dejó en suspenso el año pasado; luego, en agosto de 2019, durante la cumbre de los 7 países más desarrollados (G7) que se llevó a cabo en Biarritz, el mandatario francés se opuso al acuerdo con el argumento de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, había “mentido” sobre sus compromisos medioambientales; después, su ex primer ministro, Edouard Philippe, formó una comisión de expertos presidida por el economista Stefan Ambec para evaluar el impacto del acuerdo (Comisión Ambec) y, por último, el actual Jefe de Gabinete, Jean Castex, anunció el viernes 18 de septiembre que el pacto “ponía en peligro la biodiversidad y desregulaba el clima”. 
Castex se apoyó en los argumentos que la Comisión Ambec expuso en un informe de 194 páginas. 
Los expertos alegan que el convenio es “una oportunidad perdida” en materia medioambiental y que, si se cumplen los términos de la negociación, la desforestación aumentará en un 5 por ciento anual durante los primeros seis años, lo que equivale a un total de 700 mil hectáreas. Según la comisión, el costo medioambiental que se desprende de las emisiones de CO2 es de 250 dólares por tonelada y ese costo sería más importante que los beneficios económicos.
Con esta decisión el gobierno francés somete a sus imperativos políticos nacionales los términos de un acuerdo internacional negociado durante 20 años. 
En lo concreto, París cedió ante las exigencias del poderoso lobby agrícola, muy particularmente de la poderosa FNSEA, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas. Este sector había considerado que el tratado representaba una “competencia desleal”. El estudio también argumenta que el convenio desembocaría en un alza de 50 mil toneladas de exportaciones anuales de carne vacuna desde el Mercosur hacia el Viejo Continente y que desencadenaría, por añadidura, un proceso de desforestación en los países del Mercosur debido a la necesidad de incrementar la producción de carne y, por consiguiente, las áreas de pastos. 
La retórica de “deslealtad” adelantada por los sindicaros agrícolas es un disparate histórico 
sale del corazón de una corporación acusada desde hace décadas de descomponer todo el sistema mundial de comercio agrícola por las mastodónticas subvenciones que recibe en el marco de la PAC, la Política Agrícola Común de la Unión Europea, y contra las cuales América Latina protesta sin descanso. 
“El proyecto está muerto”, asegura un consejero del Ejecutivo cuyas palabras aparecen en el vespertino Le Monde. 
París eligió la víctima más frágil y expuesta en cuyo trono está el presidente brasileño Jair Bolsonaro rodeado por el espectáculo indigerible de los incendios en el Amazonas. En términos de comunicación política el negocio es perfecto: los ecologistas estarán felices de que las potencias coloniales más destructoras de la biodiversidad planetaria y medalla de oro del saqueo de los recursos naturales de los países del Sur rehúsen aplicar un tratado cuyo eje principal pasa por pactar con un pirómano grosero como Bolsonaro: a su vez, los agricultores desactivan un acuerdo que rompía su monopolio. 
Son muchos votos en juego justo cuando comienza a armarse la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2022. 
Que hubiese puntos pendientes para renegociar por ambas partes y sectores opuestos al tratado era un hecho, pero resulta burlesco escuchar la retórica de París y Berlín: parece como si la Comisión Europea hubiese negociado con el Mercosur sin informar del contenido del texto a los poderes políticos nacionales y que nadie estaba al corriente de que Brasil quemaba el Amazonas como leña para el invierno. 
El pasado 21 de agosto, la canciller alemana Angela Merkel expresó “serias dudas” sobre el tratado y puso el acento sobre “los incendios”. La misma fuente del Ejecutivo citada por Le Monde (anónimamente) apunta que al texto “le faltan ambiciones medioambientales y disposiciones vinculantes, pero no queremos rechazarlo todo”. 
El consejero fija tres “exigencias políticas”: primero, se trata de asegurarse que el “acuerdo no provocará ninguna desforestación importada de la Unión Europea”: segundo, que los compromisos de los países del Mercosur con respecto al clima (el acuerdo de París, por ejemplo) sean “jurídicamente vinculantes”: tercero, que los controles de aduana y la trazabilidad “sean más frecuentes” y respeten “las normas medioambientales y sanitarias”.
La Unión Europea no fue tan quisquillosa con el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), el acuerdo comercial de libre intercambio bilateral entre la Unión Europea y Canadá que entró en vigor en 2017 (la Asamblea Nacional francesa lo ratificó en 2019). Carne vacuna llena de hormonas de crecimiento, no respeto de los lineamientos del acuerdo de París sobre el clima, golpe a la agricultura y a los productores bovinos del Viejo Continente, la lista de “faltas” es todo un prontuario. 
Sin embargo, como suele ocurrir siempre con América Latina, la Unión Europea tiene un lenguaje comprensivo en ciertos países e intransigente con los latinoamericanos. El patético mandato de Jair Bolsonaro le sirve además como perfecto espantapájaros. 
Este domingo 20 y el lunes 21 de septiembre los ministros europeos de Comercio se reúnen para evaluar sus respectivas posiciones. 
España y Portugal amparan el tratado al tiempo que los parlamentos de los Países Bajos y Austria ya lo rechazaron. Sin embargo, ni siquiera el análisis científico es convergente. Mientras el informe de la Comisión Ambec dice que el tratado entre los dos bloques incrementará la emisión de gases con efecto invernadero, un informe encargado por Bruselas a la London School of Economics (LSE) afirma lo contrario. Varios países de la EU se abocarán en adelante a encargar informes a comités científicos cuyas conclusiones ya están escritas de antemano. El Mercosur es incompatible con el “Green Deal” que está tan de moda, sobre todo cuando se trata de exigirles al Sur que lo respete a la letra. Bruselas y sus aliados se suben sobre las aristas del tratado Mercosur / Europa para diseñar su nueva doctrina comercial (2021) bañada en la temática medio ambiental. En el verano de 2019, el presidente Emmanuel Macron escenificó con mucha habilidad el rechazo al acuerdo con una condición: si Bolsonaro no se ocupaba de proteger el Amazonas no habría acuerdo final. El presidente brasileño le regaló a Occidente la oportunidad de dar lecciones sobre imperativos esenciales que los occidentales jamás respetan en otros puntos del planeta, ni cuando firman acuerdos con otras potencias, ni cuando venden armas a las dictaduras más sangrientas del mundo.
efebbro@pagina12. com. ar
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