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Semana del 21 al 28 de febrero de 2021.

El Ministerio se tiñe de verde y solo verde

Durante la semana pasada, se ha puesto de manifiesto lo lejos que están los agricultores y ganaderos de sus dirigentes políticos, en concreto de su Ministro Planas.  El sector está absolutamente desengañado porque comprueba a diario la lejanía de las posiciones del MAPA de sus auténticas necesidades.

Actualizado 4 marzo 2021  
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Redacción Agrolibre
  
El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, el MAPA, se está transformando con urgencia y ya sin pudor alguno, a la vista de todos, en una sucursal del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, el MITECO; nuestro Ministro es cada vez más, un ministro “verde”, “sostenible”, “circular”, … …, un Ribera bis, olvidándose de todo lo que hasta ahora ha caracterizado el quehacer de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores.
Comentarios.
Ya, al parecer, lo importante es convertir a nuestros agricultores no en productores de nada sino en defensores de un medio ambiente quimérico e irreal, culpabilizándoles de lo que no son responsables y haciéndoles pasar para sobrevivir bajo las “horcas caudinas” de lo medioambiental.
Nuestro Ministro ha olvidado que su labor, al menos así lo pensamos nosotros, debe centrase en hacer posible la existencia de explotaciones agrarias viables y competitivas y que en esta labor debe agotar sus energías y la verdad es que no está siendo así.
Y lo peor es que ya casi nadie le cree, ni, los suyos, en teoría, ni los de enfrente.
COAG Andalucía nos dice:
… … SOS. Se está perpetrando un atraco. Perfectamente planificado, a plena luz del día, con guante blanco y con un relato mediático que disfraza el delito con una falsa pátina de solidaridad.
¿Las víctimas? Los hombres y mujeres del campo y el modelo social y profesional de la agricultura que mantiene vivos los pueblos de nuestra tierra, que genera empleo, fija población, que sostiene el sistema cooperativo y dinamiza las zonas rurales de Andalucía.
¿El ladrón? Un lobo disfrazado de cordero. Por sorprendente que parezca, es el ministro de Agricultura, Luis Planas, el caballo de Troya de los que quieren quedarse con nuestro tejido productivo. El ministro está obedeciendo los mandatos de los mercados financieros, una fauna integrada por especies tan peligrosas como bancos, grupos agro exportadores, fondos de inversión o paraísos fiscales.
… … ¿Qué esconde Planas? Tenemos clara la respuesta: quiere llevar las ayudas públicas, que deben apoyar al tejido productivo, a los agricultores y ganaderos de a pie y al medio rural, hacia los mercados financieros antes mencionados. Ni más ni menos. Lo que se traen entre manos es cambiar el modelo actual de ayuda individual de apoyo a la renta del que trabaja el campo y es productivo, a otro en el que prima la ayuda por superficie y, lo peor, la tasa plana, que homogeniza las ayudas para todas las hectáreas.
De esta manera, entran en el reparto de ayudas tierras que no se han dedicado a la actividad agraria nunca, por improductivas, estimamos que unos 10 millones de hectáreas en toda España. Estas tierras, que no producen valor añadido en las zonas rurales, y que están acaparando los fondos de inversión, son las que se quedarán con las ayudas que se les va a quitar, en ese hipotético reparto solidario, a los agricultores y ganaderos que sí trabajan y producen, y generan empleo y fijan población, etc. Los que tienen los pies en el barro, los que se levantan de madrugada a ordeñar, los que están entrampados hasta las orejas por invertir en innovación y en calidad… A esos agricultores y ganaderos, que son la mayoría en Andalucía, son a los que traiciona Luis Planas, el peor ministro de Agricultura de toda la historia… …
Y desde el PP de Soria insisten, confirmando nuestra tesis inicial, en la transformación que está sufriendo Planas y señalan que:
…… “Con la nueva PAC asomando por el camino de la ermita, se nos avecina un engaño mayúsculo encarnado por una palabreja: eco-esquemas. 
Pese a los esfuerzos del Gobierno por ‘blanquear’ lo que se nos viene encima, la realidad es que se trata de una pérdida de renta agraria flagrante. Los eco-esquemas vienen para complicar la vida al profesional del campo porque no hay quien pueda renunciar a un 20-30 por ciento de sus ingresos y seguir manteniendo la rentabilidad de su explotación, pero es que a la vez tampoco se pueden cumplir las normas estúpidas a las que nos quieren obligar. Todo ello generará una merma en las producciones y, además, al ser un país deficitario, habrá que traer los alimentos de terceros países que, más allá de hacerlo al precio que te impongan, es que no cumplen con los mismos requisitos ambientales y de seguridad alimentaria que hay aquí.  
He llegado a la conclusión de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sido absorbido y abducido por el rimbombante Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, surgido de la necesidad de repartir cargos y sueldos en la, como mínimo, bicefalia gobernante actual. Lo peor de este invento es que además vampiriza impunemente los recursos, las ilusiones y hasta las vidas de los que trabajan en el campo, con el afán por supuesto de cubrir las espaldas a unos privilegiados que parasitan de acá para allá en el comedero político. Además, tratan de ocultar con palabrería que no saben hacer nada más que usar una estilográfica para decretazos. Y cuando de vez en cuando salen al campo, quieren ver algo del bucolismo que a ellos les gusta porque está en su cabeza pero que no genera actividad económica, ni futuro ni fijación de población… …” 
  

Durante esta semana hemos conocido también, la buena noticia de que, por fin, estamos en el buen camino para objetivar la calificación de los aceites de oliva. 
Según Olimerca, “la eficacia del análisis de los compuestos volátiles para garantizar la calidad del aceite de oliva ha quedado demostrada en la primera fase de investigación del proyecto Oleum, coordinado por la Universidad de Bolonia "Alma Mater", que busca identificar soluciones que puedan garantizar la autenticidad del aceite de oliva.
Desde la Asociación Italiana de la Industria del Oleícola, Assitol, destacan que es importante que la investigación continúe, centrándose en los métodos de aplicación de esta innovadora herramienta de control, diseñada para fortalecer el método de prueba de panel. En este sentido, consciente de la importancia de este nuevo sistema analítico para el sector, Assitol ha creado un grupo de trabajo “ad hoc”, formado por empresas oleícolas, con el objetivo de poner a prueba su eficacia.
Los compuestos volátiles son moléculas que identifican nuestros receptores sensoriales, y cuya presencia se puede decodificar mediante parámetros químicos precisos. De esta forma se determina el perfil de los aromas contenidos en el aceite de oliva virgen extra, certificando así su autenticidad.
El análisis de compuestos volátiles podría, por tanto, convertirse en la prueba de fuego del análisis sensorial, destaca Assitol. “La herramienta ha resultado muy útil porque es capaz de determinar cientos de moléculas responsables del perfil sensorial de los aceites. La prueba del panel sigue siendo fundamental, pero con este 'aliado extra' sería aún más fuerte y eficaz en el control de la calidad de los aceites de oliva virgen extra”.


En Francia ya se ha empezado con el “veganismo” que amenaza por destruir a toda la ganadería europea. Sepamos que detrás de este movimiento están los nuevos “Al Gore”, los Bill Gates de turno que priorizando sus bolsillos y sin pudor alguno nos están llevando, a todos, por caminos intransitables. 
 “Discordia en Francia por un menú sin carne impuesto en las escuelas por los ecologistas en perjuicio de los ganaderos. (Agroinformación)
Un menú escolar sin carne para las escuelas de Lyon ha creado controversia en Francia, donde se han enfrentado los ecologistas, que gobiernan esa ciudad, y parte del Ejecutivo de Emmanuel Macron, críticos a la medida por estimar que perjudica a la ganadería. En vigor desde este lunes, el menú sin carne es una iniciativa del alcalde de Lyon, el ecologista Grégory Doucet, quien estima que un menú único con verduras y pescado no solo es más sostenible, sino que contribuye mejor a combatir la Covid en los centros educativos.
Como primera respuesta, varias decenas de ganaderos, algunos montados en sus tractores y acompañados por algunas vacas, protestaron este lunes en Lyon contra la decisión de la Alcaldía de la ciudad. «Parad con hacer ideología en nuestros menús», rezaba una de las pancartas desplegadas.
Doucet, elegido regidor durante la «oleada verde» que situó al ecologismo al frente de varias grandes ciudades francesas en las municipales de 2020, argumenta que se emplea menos tiempo en los comedores cuando se da una sola opción de comida.
Según la Alcaldía, esa sola opción sin carne se debe a que se adapta mejor a las necesidades de los alumnos, pues algunos no la ingieren por motivos religiosos (musulmanes y judíos, por ejemplo, no comen cerdo y piden que el resto de animales sea sacrificado según ciertos ritos) … …
… … ”Además de ser un insulto para los agricultores y carniceros franceses, vemos la política elitista y moralista de los Verdes, dejando de lado a las clases populares. Muchos chavales no se olvidan de que solo en los comedores escolares comen carne. Una ideología escandalosa”... …, 
¡Ustedes mismos!  

Noticias.
-La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo (Ascel), promotora de la inclusión de este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), asegura que se cumplen los requisitos legales para ello e insiste en que la legislación «es de obligado cumplimiento para todos» aunque acepta y reconoce el enfado de los ganaderos porque «están en su libre derecho al pataleo, pero no pueden saltarse el procedimiento administrativo».
«LOS GANADEROS ESTÁN EN SU LIBRE DERECHO AL PATALEO, PERO NO PUEDEN SALTARSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO»
El Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Lespre y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, indica que para incorporar una especie en el listado habrá que aportar información científica justificativa, al menos, en relación al valor científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza de la especie, así como las referencias de los informes y publicaciones científicas utilizadas.
Ascel ha restado importancia al criterio de evolución de la población de lobos en la península: «No es cuestión de que haya tantos lobos o no, o de si está actualizado el censo».
«Si las organizaciones agrarias o cualquier estamento social consideran que, eso no es así, tendrá que seguir el mismo procedimiento administrativo», «están en su libre derecho al pataleo, pero no pueden saltarse el procedimiento administrativo», han apuntado fuentes de Ascel.
Según esta asociación, «hay criterios aprobados y reglados» para la inclusión en el Lespre y el lobo «los cumple». La legislación «es de obligado» cumplimento «para todos» por lo que «no puede haber estamentos que supediten su cumplimento sobre los intereses sectoriales».

ASAJA, COAG y UPA acudirán el próximo martes, 23 de febrero, a la reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con una petición innegociable: la retirada inmediata de la Orden Ministerial de Transición Ecológica por la protección al lobo, al incluirlo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) por lo que dejará de ser especie cinegética en toda España. En caso contrario, advierten que medidas de presión para las próximas semanas. Pese a todo, las organizaciones agrarias muestran su total disposición para trabaja con el Ministerio en medidas que permitan la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna silvestre.
ASAJA, COAG Y UPA sostienen que la Orden Ministerial que Transición Ecológica pretende poner en marcha es de todo punto inaceptable y carece de la necesaria legitimidad para salir delante. No hay más que recordar las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decide prohibir el control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y con los votos en contra de las Comunidades Autónomas donde el lobo tiene su principal implantación.
LAS AYUDAS EN NINGÚN CASO DEBEN SUFRAGARSE NI CON LAS AYUDAS DE LA PAC, VÍA ECO ESQUEMAS, NI CON LOS SEGUROS AGRARIOS
La Orden elaborada por el ministerio de Teresa Ribera se basa en un censo de población de lobos de 2012-2014 que no refleja la situación actual y en el llamado informe ASCEL, realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo. Ignora criterios científicos y objetivos y carece del necesario consenso de las partes afectadas (Comunidad Autónomas donde se localiza el lobo y el propio sector ganadero, víctima de los ataques). A fecha de hoy, esta orden ni siquiera cuenta con el plácet de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas.
En opinión de las Organizaciones Agrarias la única forma de solucionar este disparate normativo es que el ministerio retire la polémica orden y que se elabore un Plan de Actuación Global sobre el Lobo que incluya un diagnostico real y certero de la situación del lobo y la ganadería; medidas de gestión y control de la especie; medidas de prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que en ningún caso deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC, vía eco esquemas, ni con los seguros agrarios que suscriben los productores».
Las organizaciones no están en contra de la protección al lobo, pero insisten en que «entendemos que para blindar el estatus legal del lobo lo más lógico sería conocer primero su situación real, es decir contar con un censo actualizado de la población del lobo ibérico (actualmente en fase de elaboración)».
Según los datos que manejan las organizaciones agrarias, «el lobo, lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en fase expansiva, aumentando significativamente el número de animales y manadas cada año y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia. Y prueba de ello es que los ataques a la ganadería se han incrementado exponencialmente pasando de más de 10.000 ataques de lobos registrados en 2019 a cerca de 15.000 en 2020. Con unas pérdidas estimadas que superan los 5,5 millones de euros».

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que la protección del lobo es para garantizar las indemnizaciones pero no aclara ni cuánto ni quién las pagará, aunque ha dejado caer que sería a cargo de la PAC, al resaltar que en Francia este dinero viene de estas partidas. Lo que sí está claro es que todo el sector ganadero ya ha dejado claro que este dinero nunca podrá venir de las ayudas de la PAC, tal y como se avanzó desde el propio Ministerio.
La ministra ha explicado este martes 23, durante la sesión de control en el Senado, que la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial supone la implicación de la Administración General del Estado en la financiación de la protección del lobo ibérico con el fin de mejorar su coexistencia con las actividades humanas que se desarrollan en los territorios en los que habita y evitar que sean los ganaderos quienes carguen únicamente con los costes de posibles daños.
“Tanto para la prevención como para la compensación para garantizar las indemnizaciones, debemos plantearnos un modo más eficaz y solidario, de forma que el coste que supone la convivencia del ganado con los grandes carnívoros sea asumido solidariamente por la sociedad y no tan solo por los ganaderos”, ha manifestado la vicepresidenta.
En este sentido, Ribera se ha referido al efecto que la inclusión de las poblaciones de lobo en el Listado tendrá para mejorar la cohabitación de la especie con la ganadería. Así, al estar protegido por normativa, se establecerá el derecho de todos los ganaderos a percibir indemnizaciones por pérdidas de ganado depredado en todos los territorios. Actualmente, eso no sucede en la mayoría de las regiones con lobo al norte del Duero, salvo en Asturias.
“Esta es la primera dificultad, cuando no existe un marco general estatal. Es paradójico que al norte del Duero no exista regulación específica para asumir pagos e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial directa de las administraciones públicas, al no estar protegida la especie”, ha recordado la vicepresidenta.
UNA SOLUCIÓN A LA FALTA DE UNIFORMIDAD EN LA GESTIÓN
Durante su intervención, la ministra ha incidido en que los diferentes regímenes de protección que presentan las distintas Comunidades Autónomas dificultan enormemente la gestión, además de generar desigualdades y agravios comparativos. Por eso, ha dicho, “la homogeneización del régimen legal del lobo en España constituye un avance que permitirá impulsar la gestión de esta especie”.
En este sentido, Ribera ha recordado que el Ministerio trabaja junto con las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y todos los sectores implicados en una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo, que luego deberá ser desarrollada por unos nuevos planes de gestión autonómicos, adaptados a la realidad de cada territorio.
“Este nuevo enfoque nos sitúa en una posición alienada con los países de nuestro entorno, ajustada a los informes científicos y en consonancia con los objetivos para combatir la pérdida de biodiversidad, sin duda, uno de los mayores retos que afronta nuestra sociedad”, ha señalado la vicepresidenta.
Ribera ha puesto el ejemplo de países vecinos como Francia, donde se ha abogado por un modelo común en toda el área de presencia de la especie, generando seguridad jurídica y evitando agravios entre ganaderos de distintas zonas. Un enfoque que, además, aúna a las dos administraciones, la agraria y medioambiental, haciendo uso de fondos de la Política Agraria común, financiando medidas de protección del ganado, tanto en las zonas con presencia estable como en aquellas que pueden ser objeto de colonización, y abonando indemnizaciones por los daños.
Asimismo, el nuevo estatus legal del lobo permitirá, además de garantizar las indemnizaciones, habilitar nuevos mecanismos para impulsar la investigación y seguimiento de ejemplares en toda la población y conocer, con mayor precisión y transparencia, el impacto que produce el lobo en las distintas explotaciones, lo que a su vez servirá para impulsar ayudas para la protección del ganado y para la convivencia con grandes carnívoros, como el oso, buscando una armonización de la gestión de la población de lobos.
Agroinformación.

-La comparecencia en el Senado de los ministros de Agricultura, Luis Planas, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha arrojado muchas esperanzas a las comunidades del norte que se han posicionado en contra de la prohibición de la caza del lobo. Ambos ministros han planteado la necesidad de que coexista ganadería y lobo, han defendido los informes técnicos y han emplazado a seguir hablando, pero han ratificado la intención de incluir el lobo en listado de especies que no se pueden cazar, desoyendo las peticiones que autonomías y ganaderos. No obstante, Ribera ha subrayado que, aunque el nuevo estatus del lobo supondrá que deja de ser objeto de aprovechamiento cinegético, ello no impedirá que allí donde se considere y justifique previamente puedan efectuarse «controles» poblacionales. En materia de gestión, asegura que conllevará un «marco común» que evitará las «desigualdades de trato» a la especie y los daños que esta produce.
Mientras, Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria han pedido la celebración de una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para abordar la necesidad de paralización de la inclusión del lobo en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre).
En la comparecencia conjunta de ambos ministros, Luis Planas ha abogado por la cohabitación de lobo y la ganadería extensiva en el marco de la nueva estrategia para la conservación y gestión del lobo, por lo que ha pedido que ésta debe llevarse a cabo con la base científica, pero escuchando a todos los sectores afectados, porque considera que son «compatibles». Ha asegurado que van a «trabajar por conseguir ese equilibrio entre biodiversidad y el sector ganadero extensivo. El tema va más allá de las compensaciones económicas. Estamos analizando con las organizaciones agrarias, ONGs ambientalistas, CCAA y el Ministerio de Transición Ecológica las propuestas para conseguir una PAC más ambiciosa medioambientalmente.
Planas ha reconocido que la estrategia de 2005 está actualmente «desactualizada», por lo que es necesario actualizarla y ha apostado «por realizar un trabajo sosegado y robusto, partiendo de la evidencia científica y de la escucha de todos los sectores,
El ministro de Agricultura ha reiterado que esta nueva estrategia «debe construirse y pactarse con el mayor consenso posible», en la que hay que incluir la «dimensión económica», por lo que ha avanzado que su Departamento ya ha realizado «aportaciones concretas» para trabajar «codo con codo» del de Transición Ecológica.
La postura de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido la de pedir a los grupos parlamentarios «abandonar debates estériles» hasta que se apruebe la orden ministerial que incluirá al lobo Lesrpre y buscar «soluciones» a la coexistencia de la especie con la ganadería, un tema que es «de alta sensibilidad social».
Ribera ha manifestado que después de años de poner un «velo de invisibilidad al mundo rural» es preciso corregir «tendencias injustas» y «no tergiversar el debate» entre el lobo y la ganadería extensiva, una actividad de «gran interés» social, económico y ambiental.
En ese contexto, ha propuesto trabajar «juntos» para resolver un problema «prioritario para el Gobierno», que es de «alta sensibilidad social» e impulsar un nuevo modelo de gestión que mejore la coexistencia de forma «predecible» y «solvente» para la especie y para personas que viven donde habita el lobo.
Para ello, ha anunciado que ha propuesto crear un grupo técnico de trabajo sobre el lobo que ultime la estrategia de gestión para lograr un «modelo armonizado» de gestión y conservación de la especie del que formará parte su ministerio, el Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la Administración General del Estado, investigadores y técnicos, que trabajarán en coordinación con las comunidades autónomas. Este grupo, según ha explicado, deberá ultimar la elaboración y actualización del censo estatal junto con censos autonómicos; proponer un procedimiento común para tramitar los pagos por daños y proponer un sistema de tasación de daños común en toda España, al tiempo que podrá emitir recomendaciones.
Oposición de los partidos.
El senador del Partido Popular, Jorge Domingo Martínez Antolín, ha mostrado la «oposición total» de su partido a la votación que tuvo lugar en la Comisión de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y cree que esta decisión estuvo «dirigida y orquestada» por la ministra Ribera para «satisfacer los caprichos de grupos ecologistas».
De esta forma, Martínez Antolín, que ha señalado que no hubo consenso en el Gobierno inicialmente al conocerse la máxima protección al lobo, ha instado al ministro Planas a que deje «claro» su postura y aclare si defiende a los ganaderos, mientras que su compañero de partido, Juan José Sanz Vitorio, ha aprovechado para pedir la dimisión del titular de Agricultura durante su turno de comparecencia.
Por su parte, el senador del PRC, José Miguel Fernández, ha subrayado que la «inclusión del lobo en el Lespre no se sostiene sobre ningún argumento». «Es una decisión unilateral sin consenso y sin base científica», ha indicado, criticando cómo se llevó a cabo la votación en la comisión para la inclusión de la propuesta de aumentar la protección del lobo.
Fernández ha señalado que, ante el incremento de los ataques del lobo, el Gobierno «prohíbe su control y los lobos seguirán atacando y los ganaderos se convertirán en criadores de alimento para el lobo». «El sector está cansado de parches y quiere vivir dignamente de su trabajo. ¿Señor Planas, usted a quién defiende? Esperamos que se revierta esta decisión», ha recalcado.
El senador del Grupo del Partido Vasco, Juan Carlos Medina, ha recordado a Planas y Ribera que la presencia del lobo en su territorio «amenaza el mantenimiento de la ganadería y al propio desarrollo de la actividad económica». «No se trata de que los daños los pague la Administración, sino encontrarse con los animales muertos, heridos, abortos, etc., que te hace cuestionarte si merece la pena», ha subrayado.
Medina ha lamentado que desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico «no se busca ni el consenso ni fortalecer la colaboración». «Su posición ideológica es lícita, pero no se entiende. Este es uno de los sostenes económicos de una zona con dificultades demográficas. La presencia del lobo va a alterar y hacer inviable la coexistencia con la ganadería que va a acabar en una matorralización», ha señalado.
El Diario Montañés.

-Los derechos de pago básico ¿son de la tierra o del agricultor?
Los derechos están ligados al agricultor y no a las parcelas, es decir son del agricultor y no de la tierra
Lo primero que hay que tener muy claro es que los derechos no van con la tierra, sino que son del agricultor o ganadero que haya cultivado las fincas y que se les haya adjudicado los derechos de pago básico en la última reforma de la PAC en 2015. (Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común).
Ya desde el año 2006 en que se concedieron los derechos de pago único, los derechos de la PAC se asignaron a los agricultores y no a las tierras ni a sus propietarios.
A partir del 1 de enero de 2015, en este periodo de la PAC que todavía está en vigor hasta 2023 que, entre un nuevo periodo de la PAc, los agricultores que eran titulares de los derechos de pago único son ahora titulares de los derechos de pago básico y, por lo tanto, los derechos están ligados al agricultor y no a las parcelas.
Conforme el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común, quien puede solicitar la ayuda y por tanto cobrar la PAC es aquel que está cultivando la finca, por tanto, es el agricultor, lo que nos lleva a que en caso de arrendamientos es el arrendatario el que tiene ese derecho a cobrar la PAC, y no la finca como tal o el propietario si no es cultivador ni agricultor activo.
Otra cuestión es que, para poder cobrar la PAC, se necesita por cada derecho una hectárea admisible, esa hectárea puede ser en propiedad, en arrendamiento, en usufructo o en cualquier forma de tenencia válida en derechos.
En todo caso esos derechos se tienen que activar, esto es solicitar en la PAC y justificarlos con hectáreas admisibles, ya que si en dos años no se activan se pierden, es decir vuelven a la Administración, a la Reserva nacional, en ningún caso pasan a ser de la tierra misma.
Otra cosa es que el dueño de la tierra fuese también propietario de los derechos y haya arrendado tierras y derechos: al acabar el arrendamiento los derechos volverán a su propietario
C.Miravalles.

-Según F. Miranda, Secretario General de Agricultura del MAPA:
“Existen argumentos suficientes para avanzar más rápido que en años anteriores en el proceso de convergencia interna de los pagos directos de la PAC, pues en España es aún muy bajo. Tan solo el 48% de los beneficiarios reciben pagos cuyo importe está entre un 80%y un 120% del valor medio de las regiones (VMR) en que se encuentran. Es decir, más de la mitad (52%) de las explotaciones están fuera de ese amplio rango y, además, son más (un 31%) las que están por debajo del 80% del VMR que los que están (17%) con valores superiores al 120% de dicho valor.”
“Hemos cuantificado que tan solo un 0,5% de los perceptores del actual pago básico verán reducidos sus importes en más de un 25%.”
“En la Conferencia Sectorial extraordinaria sobre la reforma de la PAC de finales de julio una gran mayoría de las CC.AA. se mostró a favor de concluir el proceso de convergencia en el próximo periodo, incluso sin esperar a su conclusión. Es más, durante el periodo de tramitación del proyecto de RD de la PAC transitoria solo dos CC.AA. se manifestaron a favor de no incrementar el ritmo de convergencia, otra más manifestó explícitamente que debería concluirse en 2023 y el resto no manifestó alegaciones a nuestra propuesta, con lo que no teníamos razón alguna para pensar que no tuviera apoyo.”
“Es comprensible que quien recibió derechos de alto valor quiera que la convergencia se dilate tanto como sea posible, pero eso supondría otorgar un tratamiento discriminatorio con respecto a quienes recibieron derechos de valor inferior al valor medio regional.”
“La ayuda básica se debe regir por el principio de que dos explotaciones agrarias en iguales circunstancias deben cobrar el mismo importe por hectárea, el del valor medio de la región, lo que requiere pasar por un periodo de convergencia y luego emplear adecuadamente elementos redistributivos, como el “capping” o techo máximo de ayudas y la degresividad, el pago redistributivo a las primeras hectáreas o las ayudas asociadas a la producción.”
“Existen perfiles claros de las explotaciones que van a ver más reducidos sus importes por la convergencia, como aquellas en sectores agrícolas, cuyos importes de ayuda representan de media el 75% de su dimensión económica, cuando en el conjunto ese porcentaje es del 22%, es decir, productores que, en muchos casos, están utilizando sus derechos de alto valor en pastos o barbechos, limitándose a hacer una actividad agraria de mantenimiento. O aquellas explotaciones ganaderas con una dimensión económica muy superior, incluso puede llegar a ser el doble, a la media general, sobre todo en modelos más intensivos de producción, con un elevado rendimiento económico y una menor dependencia, por tanto, de las ayudas.”
“Cuando la Comisión Europea tenga que aprobar nuestro plan estratégico nacional de la PAC 2023-2027 tendrá muy en cuenta que, en la aplicación de la ayuda básica a la renta, los importes se asignan a los beneficiarios con criterios objetivos y no discriminatorios.”
Agronegocios.

-La 'guerra' por los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) entre 2023 y 2027 (y también los de 2021 y 2022) ya ha comenzado y parece que va a ser dura. 
La visita a Sevilla del secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, para reunirse con las organizaciones agrarias andaluzas ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias se tradujo en una confrontación de posturas que, de momento, están muy alejadas. 
Antes de la reunión, Miranda confirmó que el Gobierno reducirá la cifra de regiones productivas en las que actualmente se basa para redistribuir una parte de las ayudas procedentes de la Política Agrícola Común (PAC) y favorecer así una mayor convergencia pese a las críticas.
El Ejecutivo, dice, está abierto a negociar, pero ha insistido en que todas las partes deben "ceder un poco".
Miranda ha explicado que el objetivo de ir a una mayor convergencia pretende evitar "discriminaciones" como las que se dan actualmente entre las ayudas de la PAC que reciben algunos agricultores y otros, en función de criterios que ha considerado injustificados.
"Tenemos un sistema basado en el reparto del pago de la renta básica en función de 50 regiones productivas en España. El siguiente país de Europa que más regiones tiene cuenta con tres", ha señalado.
"España es diferente respecto a otros países, pero no tanto como para justificar unos datos tan alejados. Por eso proponemos simplificar el modelo de regionalización, no queremos hacer una revolución, pero sí reducirlo", ha detallado Miranda, quien ha reconocido que la cifra final no está decidida todavía y "forma parte de la negociación".
Las organizaciones agrarias y cooperativas, por su lado, recalcan su negativa a un proceso "no consensuado y acelerado, que ataca directamente a la principal región agraria de España, a un modelo diverso, productivo y generador de riqueza en el territorio". Asimismo, lamentan que "no haya sido el propio Luis Planas el encargado de defender sus planteamientos frente a los representantes del sector, a los que tampoco les admitió las alegaciones presentadas el pasado mes de septiembre".
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía insisten en que, de no retirarse el Real Decreto, una vez la situación sanitaria lo permita, los tractores volverán a salir a la calle para "reclamar una PAC justa con el sector agroalimentario andaluz".
Las asociaciones calculan que la eliminación los derechos históricos, la reducción el número de regiones productoras y el impulso de un modelo de tasa plana se traducirá en la pérdida de alrededor de un 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, los más de 232.000 perceptores andaluces. Además, quedarían fuera del sistema entre 54.000 y 120.000 productores andaluces.
Diario de Sevilla. 

-SOS. Se está perpetrando un atraco. Perfectamente planificado, a plena luz del día, con guante blanco y con un relato mediático que disfraza el delito con una falsa pátina de solidaridad.
¿Las víctimas? Los hombres y mujeres del campo y el modelo social y profesional de la agricultura que mantiene vivos los pueblos de nuestra tierra, que genera empleo, fija población, que sostiene el sistema cooperativo y dinamiza las zonas rurales de Andalucía.
¿El ladrón? Un lobo disfrazado de cordero. Por sorprendente que parezca, es el ministro de Agricultura, Luis Planas, el caballo de Troya de los que quieren quedarse con nuestro tejido productivo. El ministro está obedeciendo los mandatos de los mercados financieros, una fauna integrada por especies tan peligrosas como bancos, grupos agro exportadores, fondos de inversión o paraísos fiscales.
No damos crédito a lo que está pasando. De la noche a la mañana, y a través de un decretazo en el que no se contó con la opinión del sector agrario, se cambiaron las reglas del juego, imponiendo nuevas normas de reparto de las ayudas de la PAC con una convergencia que, en ningún caso, estaba obligada por la UE y, por lo tanto, absolutamente innecesaria. Lo peor: que desde el primer minuto está atacando a los agricultores con las rentas más débiles. Ésta es la realidad, por mucho que la campaña propagandística del Ministerio contamine con mensajes demagógicos y manipuladores y confunda a la opinión pública.
Y es que es indignante que con este decreto se pegue el hachazo a los que menos renta y menos tierra tienen, como el caso, por ejemplo, de un vaquero de Los Pedroches con 120 vacas y poca base territorial pero muy productivo, al que de un plumazo le quitan el 50% de la ayuda de pago básico. ¿Este ganadero es para Planas uno de los señores del campo a los que hace referencia cuando se le llena la boca hablando de solidaridad e igualdad, ejes de su relato perfectamente diseñado para falsear la realidad? Quien no te conozca que te compre, señor ministro.
A los que llevamos toda la vida trabajando la tierra y produciendo alimentos con responsabilidad social, como se ha podido comprobar en los momentos duros de esta pandemia, no nos va a dar coba. Aunque el impacto del decreto de convergencia y la futura reforma de la PAC se guarda con secretismo en el Ministerio, las organizaciones agrarias, unidas, hemos realizado nuestros propios informes, estos sí, sin trampas ni cartón. Y los datos contradicen totalmente el cuento que vende el ministro. Su reforma no sólo no favorece a los pequeños agricultores, sino que mete la mano en el bolsillo de los más débiles.
Si realmente su motivación fuera poner límite a los grandes perceptores de ayudas, lo podría hacer de una manera sencilla y justa, ya que existen herramientas como el ‘capping’ o el pago redistributivo que están permitidas por Europa, que limitan el cobro de ayudas por explotación.  Esto le quita la careta al señor ministro.
¿Por qué, entonces, toda esta maniobra? ¿Qué esconde Planas? Tenemos clara la respuesta: quiere llevar las ayudas públicas, que deben apoyar al tejido productivo, a los agricultores y ganaderos de a pie y al medio rural, hacia los mercados financieros antes mencionados. Ni más ni menos. Lo que se traen entre manos es cambiar el modelo actual de ayuda individual de apoyo a la renta del que trabaja el campo y es productivo, a otro en el que prima la ayuda por superficie y, lo peor, la tasa plana, que homogeniza las ayudas para todas las hectáreas.
De esta manera, entran en el reparto de ayudas tierras que no se han dedicado a la actividad agraria nunca, por improductivas, estimamos que unos 10 millones de hectáreas en toda España. Estas tierras, que no producen valor añadido en las zonas rurales, y que están acaparando los fondos de inversión, son las que se quedarán con las ayudas que se les va a quitar, en ese hipotético reparto solidario, a los agricultores y ganaderos que sí trabajan y producen, y generan empleo y fijan población, etc. Los que tienen los pies en el barro, los que se levantan de madrugada a ordeñar, los que están entrampados hasta las orejas por invertir en innovación y en calidad… A esos agricultores y ganaderos, que son la mayoría en Andalucía, son a los que traiciona Luis Planas, el peor ministro de Agricultura de toda la historia.
COAG Andalucía. Miguel López Sierra.

- La eficacia del análisis de los compuestos volátiles para garantizar la calidad del aceite de oliva ha quedado demostrada en la primera fase de investigación del proyecto Oleum, coordinado por la Universidad de Bolonia "Alma Mater" y que busca identificar soluciones que puedan garantizar la autenticidad del aceite de oliva.
Desde la Asociación Italiana de la Industria del Oleícola, Assitol, destacan que es importante que la investigación continúe, centrándose en los métodos de aplicación de esta innovadora herramienta de control, diseñada para fortalecer el método de prueba de panel. En este sentido, consciente de la importancia de este nuevo sistema analítico para el sector, Assitol ha creado un grupo de trabajo “ad hoc”, formado por empresas oleícolas, con el objetivo de poner a prueba su eficacia.
“Fuimos los primeros en creerlo, cuando todavía había mucho escepticismo en torno a este sistema”, afirma Anna Cane, presidenta del grupo del aceite de oliva de Assitol. Añade que “hemos intentado 'llevar' esta herramienta a la actividad diaria del sector. Ahora no hay más dudas: en la actualidad, este es el sistema más adecuado para ser utilizado junto con el análisis sensorial en la clasificación de aceites y debemos acelerar el proceso de validación y aprobación del método”.
Ventajas de este sistema de control.
Los compuestos volátiles son moléculas que identifican nuestros receptores sensoriales, y cuya presencia se puede decodificar mediante parámetros químicos precisos. De esta forma se determina el perfil de los aromas contenidos en el aceite de oliva virgen extra, certificando así su autenticidad.
"Este es el sistema más adecuado para ser utilizado junto con el análisis sensorial en la clasificación de aceites y debemos acelerar el proceso de validación y aprobación del método".
El análisis de compuestos volátiles podría, por tanto, convertirse en la prueba de fuego del análisis sensorial, destaca Assitol. “La herramienta ha resultado muy útil porque es capaz de determinar cientos de moléculas responsables del perfil sensorial de los aceites. La prueba del panel sigue siendo fundamental, pero con este 'aliado extra' sería aún más fuerte y eficaz en el control de la calidad de los aceites de oliva virgen extra”.
Según Canne, “con este sistema es posible identificar con precisión los aromas del aceite virgen extra. Esto sería de gran ayuda para las empresas y, especialmente, para los masterblenders, expertos en combinar aceites de variedades de diferentes orígenes y procedencias”.
En la práctica, el análisis de compuestos volátiles allanaría el camino para un perfil real del aceite de oliva. Además, la investigación sobre compuestos volátiles permite obtener más información sobre la llamada ' vida útil' de los aceites, es decir, su capacidad para mantener sus características sensoriales a lo largo del tiempo.
En definitiva, la investigación sobre métodos de análisis de los aceites de oliva ha abierto nuevas oportunidades de estudio. “Nuestro sector debe apostar por la innovación”, subraya Anna Cane.
Considera que “no podemos detenernos aquí y es necesario continuar, identificando las mejores condiciones de aplicación para hacer de los compuestos volátiles un sistema oficial”. En este sentido, observa la presidenta del grupo oleícola de la Asociación, “parece necesaria la colaboración con toda la cadena de suministro del aceite de oliva y con el mundo académico. Sin el aporte de todos, no hubiéramos logrado resultados tan importantes”.
Olimerca. 

-Discordia en Francia por un menú sin carne impuesto en las escuelas por los ecologistas en perjuicio de los ganaderos.
Un menú escolar sin carne para las escuelas de Lyon ha creado controversia en Francia, donde se han enfrentado los ecologistas, que gobiernan esa ciudad, y parte del Ejecutivo de Emmanuel Macron, críticos a la medida por estimar que perjudica a la ganadería.
En vigor desde este lunes, el menú sin carne es una iniciativa del alcalde de Lyon, el ecologista Grégory Doucet, quien estima que un menú único con verduras y pescado no solo es más sostenible, sino que contribuye mejor a combatir la Covid en los centros educativos.
Como primera respuesta, varias decenas de ganaderos, algunos montados en sus tractores y acompañados por algunas vacas, protestaron este lunes en Lyon contra la decisión de la Alcaldía de la ciudad. «Parad con hacer ideología en nuestros menús», rezaba una de las pancartas desplegadas.
Doucet, elegido regidor durante la «oleada verde» que situó al ecologismo al frente de varias grandes ciudades francesas en las municipales de 2020, argumenta que se emplea menos tiempo en los comedores cuando se da una sola opción de comida.
Según la Alcaldía, esa sola opción sin carne se debe a que se adapta mejor a las necesidades de los alumnos, pues algunos no la ingieren por motivos religiosos (musulmanes y judíos, por ejemplo, no comen cerdo y piden que el resto de animales sea sacrificado según ciertos ritos).
Aunque la medida sea temporal, en principio hasta el mes de abril, varios ministros del Gobierno francés la criticaron, entre ellos el titular de Interior, Gérald Darmanin, del ala derecha del Ejecutivo y que ocupa uno de los puestos claves de la administración del presidente Emmanuel Macron.
«Además de ser un insulto para los agricultores y carniceros franceses, vemos la política elitista y moralista de los Verdes, dejando de lado a las clases populares. Muchos chavales no se olvidan de que solo en los comedores escolares comen carne. Una ideología escandalosa», dijo en Twitter Darmanin este fin de semana.
Secundaron las críticas otros ministros, aunque de manera menos efusiva que Darmanin. El ministro de Agricultura, Julien Denormandie, pidió «no inculcar ideología» en los menús de los niños, mientras que el portavoz gubernamental, Gabriel Attal, demandó dejar a los padres la libertad de elección.
ROCES DENTRO DEL GOBIERNO
Sin embargo, los menús sin carne han acabado por crear roces en el seno del Gobierno. La ministra de Medio Ambiente, Bárbara Pompili (miembro de un partido ecologista de centro-izquierda), contradijo este lunes a Darmanin.
«Dicen que los niños de medios desfavorecidos comen menos carne que los otros. Los estudios muestran lo contrario», replicó Pompili, quien señaló que los menores de diez años «comen más carne que lo previsto por las recomendaciones nutricionales».
La ministra, antigua colega de partido del alcalde de Lyon, lamentó los «clichés» sociales sobre la cuestión de la carne que impiden, en su opinión, «un verdadero debate sobre la puesta en marcha de menús vegetarianos».
Pompili acaba de presentar el proyecto de la ley del Clima, en análisis en la Asamblea Nacional francesa, en el que prevé un menú sin carne precisamente para evitar la huella ecológica que crea la ganadería (más emisiones de CO2 por transporte y cría de los animales).
Agroinformación.

-Durante la crisis definitiva de la emperadora del sol, Abengoa, que dará de sí también en los tribunales que decidirán sobre el futuro de su consejo de administración tras su quiebra oficial, la situación de la ministra de Hacienda y exconsejera de Hacienda y Salud de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se va complicando en el caso Isofotón, otro desastre de una empresa dedicada a la energía solar.
Junto a ella, ven comprometida su actuación en el caso, en diferentes momentos, Juan Espadas, ahora alcalde de Sevilla, Luis Planas, ahora ministro de Agricultura, y los exconsejeros Antonio Ávila, Martín Soler y Francisco Vallejo.
Esta vez es por causa de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido a la juez Patricia Fernández Franco, que instruye el caso por los 80 millones concedidos por la Junta de Andalucía a Isofotón durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y que solicite al Gobierno andaluz que entregue toda la documentación de los acuerdos de aquellos gobiernos entre los años 2007 y 2012. Recuérdese que, tras obtener el dinero, la empresa Isofotón cerró en 2013.
Se trata, especifica El Mundo, de una decena de acuerdos adoptados por los consejos de gobierno bajo la autoridad de Chaves y Griñán entre 2007 y 2012, en los que participaron la ministra Montero y el actual alcalde de Sevilla, Juan Espadas, entonces consejero de la Junta de Andalucía, y con los cuales se aprobó la concesión de los préstamos y avales que sumaron los 80 millones de euros. No son los únicos altos cargos implicados. Por ejemplo, en tres consejos de Gobierno que presidió Griñán en los años 2010 y 2011 se ratificó el acuerdo adoptado por el consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la famosa IDEA, que concedía varios avales a Isofotón. En algunos de esos consejos de gobierno, además de Montero y el entonces consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, estaban presentes los ahora imputados y ex consejeros Antonio Ávila y Martín Soler. Y todo está en las actas que ha pedido la juez.
Ahora, la Fiscalía quiere disponer de los "expedientes de tramitación" de algunos de aquellos acuerdos de la Junta, en concreto, los del 26 de junio de 2007, en la época de Manuel Chaves, y los 2 de marzo de 2010 y 1 de marzo de 2011, ya en tiempos de José Antonio Griñán. Además, exige los acuerdos de la reunión del "consejillo", nombre que se daba a la reunión previa de los viceconsejeros celebrados días de las reuniones oficiales del Gobierno de la Junta.
No parece suficiente porque la juez quiere tener como información complementaria el acuerdo de la sesión delegada de la comisión de Asuntos Económicos celebrada el 3 de julio de 2012 y el acuerdo de la sesión ordinaria del consejo de administración del Fondo de Desarrollo Empresarial de fecha 29 de mayo de 2012 para saber por qué se modificó la propuesta de inversión para la concesión de un préstamo a la empresa fotovoltaica malagueña del Fondo de Desarrollo Empresarial (FDE) por importe de 8.395.854 euros, como destaca ABC.
El caso es que en estos trámites estuvieron presentes el entonces consejero de Economía, Antonio Ávila, vicepresidente de la comisión delegada, el actual ministro de Agricultura, Luis Planas, entonces consejero del mismo ramo y la actualmente ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
La juez y la Fiscalía persiguen averiguar quiénes fueron los responsables de las decisiones que condujeron a que Isofotón, empresa de dudosa trayectoria en aquel momento, obtuviera hasta 80,5 millones de euros de la Junta de Andalucía justo antes de cerrar.
Además, se va a investigar el incentivo de 19,3 millones que la Consejería de Innovación regida entonces por Francisco Vallejo concedió al grupo Bergé, ex dueño de Isofotón, en 2007, cuando la agencia IDEA había concedido otra ayuda de casi 24 millones a Silicio Energía, SA, filial del grupo. Este expediente fue ocultado por los gobiernos de Griñán y Susana Díaz según la Policía Nacional.
Isofotón y Abengoa
La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, acusó este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "dejar caer" a la empresa Abengoa, ya que "500 millones de euros ponía el Gobierno de España y tan sólo tenía que poner 20 millones de euros, y la empresa más puntera se acaba de declarar en concurso de acreedores por la indolencia y no estar en los problemas de la gente".
"No entendemos por qué Juanma Moreno ha dejado caer la empresa más puntera en el ámbito tecnológico de nuestra comunidad, de la que dependen 3.000 trabajadores, en un momento como este donde van a llegar muchos recursos europeos, fundamentalmente en digitalización, en tecnología y en el sector donde esa empresa es puntera", añadió.
El portavoz de Economía del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Ramón Herrera, respondió a estas críticas diciendo que "por la gestión del PSOE en casos como Isofotón, la Junta perdió la capacidad de ayudar a empresas como Abengoa".
"Los socialistas llevan meses metiendo presión para que desde el Gobierno andaluz se le diera ayudas públicas imposibles por valor de 20 millones a una empresa (Abengoa) con una deuda de 6.000 millones de euros..." pero este tipo de ayudas a fondo perdido por parte de una administración "es un asunto de bastante importancia que no puede darse sin un aval jurídico, como pretende el partido de Susana Díaz".
Precisamente, añadió, por dar dinero público sin control jurídico se dio paso al caso Isofotón. "El nuevo Gobierno andaluz, pese a las presiones del PSOE, no va a actuar fuera del marco jurídico que garanticen ayudas como las planteadas, pese a que precisamente los gobiernos socialistas sí han actuado de esa forma durante décadas, dando ayudas multimillonarias a empresas privadas sin control alguno", dijo.
Isofotón es "sólo uno de los muchos casos similares en los que se ha dilapidado dinero público: en 2012 el PSOE les concedió 8,4 millones y un mes después la empresa contrató a la ministra Ribera para luego, más tarde, acabar despidiendo a todos los trabajadores y cerrando".
El parlamentario popular recordó al PSOE-A que, la empresa Abengoa, tiene la posibilidad de solicitar un rescate a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), "algo que a Susana Díaz se le olvida decir".
Pedro de Tena. Libertad Digital.

-La organización ambiental WWF solicitó este lunes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con la implicación y el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ponga en marcha una Estrategia Estatal para la Ganadería Extensiva que aspire a mantener la viabilidad socioeconómica de los rebaños en el campo para preservar los bienes y servicios que generan.
Según WWF, la ganadería extensiva constituye un motor económico por su capacidad para generar empleo en la ‘España vaciada’, aportar alimentos y otros productos de calidad y ser un "seguro" para proteger la naturaleza por los beneficios ambientales que proporciona a la sociedad.
Esta organización ecologista añadió que la ganadería extensiva contribuye a fijar carbono en el suelo, aportar estiércol de calidad a los cultivos, configurar paisajes únicos -como las dehesas- o prevenir incendios forestales, y los pastores atesoran un conocimiento ancestral como custodios de las razas locales adaptadas a suelos y climas. "Sin embargo, está en riesgo de desaparición", apuntó.
La estrategia solicitada por WWF serviría para comprometerse con un modelo alimentario sostenible, clave para cumplir con los objetivos de las estrategias europeas de biodiversidad y 'de la granja a la mesa', y contribuir a la lucha contra el despoblamiento rural.
Dada la situación crítica que atraviesa el sector -según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2008 se perdieron 20.000 explotaciones agrícolas y ganaderas, gran parte de las cuales eran de ganadería extensiva-, la estrategia debe tener "ambición y recursos suficientes, ser participada y coherente", según WWF, así como basarse en una caracterización para que se pueda "diferenciar inequívocamente de las producciones industriales y dirigir los fondos públicos y el apoyo de los mercados que merece".
Asimismo, debe contemplar reformas en la futura PAC (Política Agrícola Común) –en la que se aprecian algunos avances positivos en los borradores en discusión- para que cada hectárea pastada reciba el apoyo público necesario. La PAC actual subvenciona el laboreo de las tierras, en especial a los cultivos intensivos, frente al mantenimiento de los pastos permanentes.
Actualmente, los pastores sólo perciben ayudas por un tercio de la superficie que pastorean sus rebaños. Mientras, barbechos, rastrojeras, terrenos forestales o incluso las vías pecuarias quedan fuera de las ayudas directas de la PAC. Este hecho perjudica principalmente a los rebaños de ovino y caprino, precisamente los que más interesa recuperar, según WWF.
Siglo XXI.

-¿Qué implicaciones tendrá para la agricultura la inteligencia artificial? Por Bernard Ader, vicepresidente de la Cogeca.
La semana pasada la Cogeca organizó un foro empresarial dedicado a la inteligencia artificial (IA) aplicada a los sistemas agroalimentarios. Este evento fue una ocasión perfecta para debatir sobre múltiples y emocionantes desafíos y esbozar lo que será la «agricultura 4.0», que al igual que los conceptos de «web 3.0» o «web 4.0», tiene su origen en el intercambio de datos y el uso que hacen de ellos toda una serie de máquinas inteligentes.
Al abordar temas y conceptos nuevos, creo que cabe distinguir entre aquellos que son pertinentes y los que no lo son. En mi opinión, ya no es pertinente debatir si estas tecnologías llegarán a nuestras granjas o no, porque de hecho ya están en parte presentes en ellas. En 2020 se estimó que los agricultores usarían 75 millones de dispositivos conectados. Ya pasó el momento de debatir acerca de la magnitud de esta revolución, porque sabemos que será de gran envergadura y cambiará profundamente nuestro trabajo diario. Se vaticina que, la presencia de la IA en el mercado agrícola, pasará de los mil millones de dólares USD en 2020, a los cuatro mil millones en 2026, lo que significa que, el sector de la IA aplicada a la agricultura crecerá un 25 % anual entre 2020 y 2026. Tampoco tiene ya sentido debatir sobre el interés que despiertan estas tecnologías en los agricultores, dado que la mayoría de nosotros ya utilizamos una o varias soluciones de la IA, aun sin ser plenamente conscientes de ello. De hecho, usamos herramientas de observación, aplicaciones móviles, programas informáticos, robots, equipos
conectados, etc. Los investigadores pronostican que de aquí a 2050 una explotación agraria promedio generará una media de 4,1 millones de puntos de entrada de datos al día.
A mi entender, la pregunta más relevante a la que tendremos que responder de forma colectiva es la siguiente: «¿Qué implicaciones tendrá para la agricultura y la cadena de valor agroalimentaria el desarrollo próspero de la inteligencia artificial?» A la luz de los numerosos ejemplos y aplicaciones que se evocaron durante el Foro Empresarial de la Cogeca, considero importante que nosotros, como agricultores, seamos una fuerza motriz de esta evolución.
La inteligencia artificial es una herramienta que seguirá muy presente al menos en los años venideros. Una herramienta no es por naturaleza ni buena ni mala: todo depende del uso que hagamos de ella. Por eso no se trata de definirnos como tecnófilos o tecnófobos, lo que realmente importa en el ámbito político es definir el tipo de inteligencia artificial que queremos en Europa. Tenemos que apoyar el auge de las empresas europeas consolidadas y emergentes más prometedoras para que triunfen los campeones europeos del sector. A día de hoy, el continente americano lleva la delantera y los países de la región de Asia y el Pacífico también podrían adelantarnos próximamente. Por lo tanto, cabe preguntarnos qué se debería fomentar en el campo de la inteligencia artificial. En mi opinión, hay al menos tres elementos que lograrían que la revolución positiva que esperan los agricultores de la UE se haga realidad:

La inteligencia artificial debe ser una pieza de apoyo para la «agricultura con misiones específicas»
El incremento de la productividad fue el valor central de las revoluciones agrarias precedentes. Las actuales crisis del clima y la biodiversidad, asociadas a la necesidad de preservar la seguridad de los alimentos, suponen un desafío para la agricultura y las misiones de los agricultores. No podemos apostar por el uso de la IA con el único propósito de conseguir incrementos en la productividad. En última instancia, el diseño de estas herramientas no debería limitarse a la productividad, sino ir un paso más allá e incorporar objetivos de responsabilidad social, respeto del medio ambiente y popularidad entre los agricultores.
La inteligencia artificial en la agricultura debe ganar popularidad y ser diseñada en colaboración con los agricultores, en provecho de todos los agricultores.
Uno de los conocidos riesgos asociados al desarrollo de la «agricultura 4.0» es que haya quien se quede a la zaga. Por eso es importante que los agricultores puedan escoger las prácticas agrarias que desean aplicar y reciban la ayuda y la orientación adecuadas a la hora de ejecutar esas nuevas prácticas. El problema de una agricultura con cada vez más herramientas de inteligencia artificial es el acceso a esta tecnología y su coste, que a menudo es considerable y acumulativo.
La predisposición de los agricultores a compartir sus datos debe constituir la base de la IA aplicada a la agricultura.
La instauración de la IA ofrece la capacidad de procesar ingentes cantidades de datos, con la puesta en común y el intercambio de información entre múltiples fuentes de datos para
proporcionar sistemas de apoyo a la toma de decisiones con el fin de ayudar a los agricultores y sus cooperativas ante decisiones complejas. A este respecto, los agricultores y la agroindustria están más que dispuestos a intercambiar sus datos y a adoptar una mentalidad más abierta en cuanto a los datos, si con ello pueden mejorar sus propias prácticas. Sin embargo, sólo lo harán si quedan claros los posibles beneficios y riesgos y si pueden confiar en que éstos se resolverán de manera adecuada y justa mediante acuerdos contractuales. Por lo tanto, es primordial definir principios clave sobre los derechos de los datos, los derechos de acceso y los derechos de reutilización de datos. El Código de Conducta de la UE, que el Copa y la Cogeca firmaron en 2018 junto con otras organizaciones sectoriales relevantes, fue un primer paso para garantizar tales derechos a los agricultores. Este código refleja cuán importante es entablar un diálogo político, ya que la tecnología seguirá evolucionando y será necesario mitigar sus efectos colaterales. Por último, es fundamental que los datos queden almacenados en Europa.
 En el último foro empresarial demostramos que las cooperativas pueden hacer «inteligentes» los modelos empresariales tradicionales y las actividades de la agricultura convencional. No obstante, precisamos de un entorno normativo favorable que estimule nuestras inversiones y proyecte nuestros valores con miras al futuro. Necesitamos acceso a la financiación y a regímenes de ayudas. Tenemos que reconocer el valor que crean nuestras cooperativas en beneficio de sus socios agricultores, del medio ambiente y de los consumidores.

 
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