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El Plan Agua reaparece de nuevo.¡Qué desastre!

Hace un par de semanas el ministerio de Agricultura anunció que iba a encargar una auditoría externa para investigar las contrataciones que ha realizado Acuamed en los últimos años, después de conocer que la Guardia Civil había detenido a trece personas, prácticamente todos los directivos de Acuamed, por presuntos procesos irregulares en las contrataciones.

Actualizado 11 febrero 2016  
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Redacción Agrolibre
  
El Ministerio, que afirma haber encargado ya a la Abogacía General del Estado que se persone en la causa abierta por la jurisdicción ordinaria en el caso Acuamed, dijo que, hace más de un año la fiscalía anticorrupción ya había solicitado información sobre Acuamed y que el resultado de la investigación, practicada por el Ministerio había sido remitida en noviembre de 2014.
Pero todo estas actuaciones que al parecer son actuaciones administrativas conformes con las exigencias legales y que, aparentemente son correctas, a nosotros al menos nos parecen muy exiguas, porque  no solucionan ni aportan nada al problema creado, ni explican nada de lo sucedido ni su por qué.

Si queremos ser benévolos con las actuaciones del Magrama en este tema diremos que simplemente justifican y solo a medias las exigencias sociales y económicas del asunto.

Porque, recordemos que ya en octubre del año 2014, casi dos años antes del actual escándalo, el Tribunal de Cuentas recomendaba que el Ministerio se replanteara, a la vista del "escaso avance en su efectividad como motor de avance de las inversiones", la propia existencia de las Sociedades Estatales de Aguas.
Sería recomendable, decía el Tribunal, que se valorara la necesidad de seguir manteniendo esta modalidad de instrumentos de gestión, en particular si se tiene en cuenta que estas Sociedades se encuentran sometidas en un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario y administrativo.
Asimismo, proponía al Gobierno que pusiera en marcha medidas y procedimientos que "ayuden a realizar unas previsiones más realistas, tanto en el diseño como en los plazos y costes de las actuaciones, minimizando las desviaciones en la ejecución de los presupuestos motivadas por errores y defectos" en la fase de planificación.

El Tribunal recordaba también al gobierno español, el mismo que ahora parece sorprendido con lo ocurrido, que la Unión Europea había abierto a España dos procedimientos de infracción, uno derivado del incumplimiento de la obligaciones marcadas por la "Directiva Marco del Agua" y otro por la deficiente trasposición al ordenamiento jurídico español.
 En este mismo informe el Tribunal manifestaba  el "escaso avance" de estas sociedades estatales en el objetivo de su creación, en "dar una respuesta eficaz" a la inversión y a la gestión de las obras hidráulicas competencia del Estado, tanto en la construcción como en la explotación de las mismas.
El análisis realizado sobre la fiscalización de estas sociedades, decían, ha permitido conocer y analizar los procedimientos, no siempre conformes ni adecuados, de las Sociedades Estatales para ejecutar los convenios y en la aplicación de los recursos que, para sus actuaciones, recibieron tanto del Estado como de la Unión Europea.

El informe que analizaba a ACUAMED, ACUASUR, ACUANORTE Y ACUAEBRO concluía que tanto en la programación de sus acciones como en el presupuesto de las inversiones que estas sociedades debían realizar entre 2010 y 2011, existía una "falta de coherencia" entre los datos que, en este sentido, aporta el anexo de inversiones reales y los que recoge el Plan Especial de Seguimiento y Control de Objetivos,  instrumento creado para el seguimiento de la actividad y de los resultados de estas Sociedades.

Y… … pues que ya entones, al "varapalo" del Tribunal de Cuentas en la auditoría practicada sobre las actuaciones de Acuamed en los años 2011 y 2012, nadie respondió;  ni el Ministerio ni la responsable del tema entonces la  directora general del Agua Liana Ardiles, se inmutaron lo más mínimo, ante el durísimo informe antes comentado del Tribunal de Cuentas. La urgente recomendación, realizada de forma encarecida, al Gobierno para que este se replantease "la existencia" de las sociedades estatales de agua, después de haber analizado el grado de cumplimiento de las acciones, programas e inversiones de ACUAMED, ACUASUR, ACUANORTE y ACUAEBRO, quedó absolutamente olvidada, quedó en el baúl de los recuerdos... ministeriales.

Ahora todo son excusas y tratar de minorar lo ocurrido. Lo cierto es que, de nuevo, el gobierno actual se ve inmerso en un mar de defraudaciones y estafas, sin soluciones aparentes, por no tomar, en su momento, las decisiones oportunas, por ignorar la realidad tratando de que el tiempo curara el cáncer de la corrupción  que, ahora ya lo sabemos, padecían casi todas las adjudicaciones de las obras públicas realizadas por Acuamed.

Todo el lío actual, ya nadie lo duda, comenzó con el tristemente famoso, reiteradamente condenado por nosotros, Plan Agua de 2004 con el que comenzó su tétrico y sombrío mandato el ya, menos mal,   ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Zapatero y su ministra Narbona, de oscuro recuerdo, derogaron el famoso trasvase del río Ebro, el mayor crimen coimetido contra la Agricultura española, aprobado por José María Aznar en el año 2001, y decidieron construir 51 desaladoras en España originando así, una contratación pública masiva. Desde entonces Acuamed tuvo la obligación de construir, dentro del Plan Agua, unas 25 desaladoras, casi la mitas del Plan, y también, como ahora vemos, tuvo la oportunidad de financiaciones ilegales.

Como siempre ocurre, tras esta masiva y urgentísima contratación,-(se trataba de justificar técnicamente la anulación del trasvase y la bondad de la nueva solución adoptada)-,  comenzaron siempre ocurre así, las rectificaciones de los proyectos, deficientemente adjudicados, modificaciones justificativas de sobrecostes, los retrasos en las obras e incluso el gasto de dinero en proyectos de los que, en varios de ellos, no se llegó a poner ni la primera piedra.
El Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de los ejercicios de 2011 y 2012 ya citado, comunicó al Magrama que de las 23 desaladoras responsabilidad de Acuamed sólo había tres en funcionamiento mientras que las restantes, diez estaban en ejecución y otras diez habían sido suspendidas por dudas sobre su viabilidad. Dos años después de la publicación del informe seguimos en el caos, de las diez actuaciones que había en proceso, aún hay dos en fase de ejecución y otras dos aunque  acabadas siguen sin funcionar. El gasto público invertido en éstas dos obras asciende a los 264 millones de euros. El resto de los proyectos no salieron adelante pese a la inversión pública, a través de Acuamed, de 8,8 millones de euros destinados, parece ser, a los estudios y expropiaciones iniciales. A los retrasos de más 4 años obras, desaladoras sin terminar y proyectos anulados se añaden pagos realizados por Acuamed, por la ejecución de los proyectos, de más de 330 millones de euros.
Tras este panorama y como era de esperar, todo lo relativo a las adjudicaciones de obras públicas están bajo la lupa judicial y la desconfianza  generalizada de la opinión pública. Así el diputado socialista Antonio Hurtado, olvidándose del origen socialista del problema y el por qué de lo que ha ocurrido, cree que la Fiscalía Anticorrupción debe investigar todas las contrataciones de obras y servicios y la gestión de la Confederacion Hidrográfica del Guadalquivir durante los últimos años. Hurtado nos dice que"hay muchas coincidencias entre Acuamed y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir" y que nadie olvide que, el subsecretario de Presidencia que dimitió el pasado 22 de enero salpicado por los presuntos fraudes de la firma pública, fue desde el año 2011 secretario de Estado de Medio Ambiente, de quien dependían tanto la CHG como Acuamed.
El deterioro para el gobierno actual, siempre incapaz de enfrentarse a los problemas reales o demasiado incauto vaya usted a saber, es tremendo y por supuesto es responsable, aunque lo niegue, de una parte muy importante en lo ocurrido. El desastre nace en el Plan Agua pero este gobierno, al que en un mes le anularon, acuérdense, la ley del trasvase y la nonata ley de educación, fue posteriormente incapaz, con una mayoría absoluta en el Congreso y Senado, de revertir lo actuado y siguió adelante con el Plan socialista de las "desaladoras" participando, según parece, en uno de los expolios más significativos en la obra pública, anunciados hasta la reiteración por incluso, nuestro inoperante, inocuo e inactivo Tribunal de Cuentas.
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