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El plan verde de la recuperación española es pura filfa

El sesgo verde de la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus que exige la Comisión Europea, del que presume el Gobierno y que se ha anticipado en bolsa  es poco más que propaganda según el estudio que ha realizado Finance Watch sobre el plan de España para la absorción de los 72.000 millones de euros que recibirá del fondo de reconstrucción de la Unión Europea (UE).

Actualizado 22 febrero 2021  
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Redacción y Agencias
  

La ONG con sede en Bruselas encabeza la coalición de agentes ecologistas y sociales de todo el club comunitario Rethink the 
Recovery (repensando la recuperación, en inglés) y advierte de que el España puede: plan de recuperación, transformación y resiliencia solo destina un 11% del total de las ayudas directas a la transición ecológica, y apenas un 6% a la protección social. La absorción prevista de los fondos de la UE "deja expuesta España a que disminuya la calidad de vida", sostiene Finance Watch en su informe, en el que pide a la ministra Nadia Calviño "que revise los planes de gasto y las reformas para priorizar la transición verde que se necesita con urgencia hacia una economía sostenible".
"Francia ha destinado sólo el 22% de su presupuesto de 100.000 millones de euros a mejorar la sostenibilidad medioambiental, y Alemania sólo el 16% de los 130.000 millones, mientras que España un 11% de los 72.000 millones en ayudas directas", compara la ONG.

Y continúa: "Por el contrario, estos países planean apuntalar industrias insostenibles como la aviación y los automóviles, con apoyo público a empresas intensivas en carbono, en contra del Acuerdo de París". Desde otro punto de vista, alerta de que "Francia ha asignado solo el 23% de su presupuesto a medidas de resiliencia social que impulsan la salud y el bienestar a largo plazo de sus ciudadanos, mientras que Alemania el 7% y España el 6%".


"Europa está en camino de desperdiciar esta oportunidad única en una generación de reestructurar la economía para construir un futuro sostenible y socialmente inclusivo", explica Benoît Lallemand, secretario general de Finance Watch, quien considera que "los responsables políticos de la UE deben aprender las lecciones de la pandemia y evitar pensar a corto plazo al elaborar sus planes de recuperación económica".
El sector de la automoción es el primero en volumen de ayudas solicitadas a las partidas que gestiona el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del fondo de Resiliencia (hasta 27.000 millones se han incluido en los Presupuestos de 2021), seguido de la agroalimentación, y después de la sanidad y del turismo.

El otro gran problema es que España es el peor país, históricamente, en gestionar los fondos del presupuesto de la UE. "Hoy es el estado que usa una menor proporción de los fondos regionales y de PAC (Política agraria común) asignados", lamentaba recientemente Ferrán Brunet, profesor de Economía Europea de la Universitat Autónoma de Barcelona, en elEconomista.
El casi 120% del PIB que alcanzó la deuda de España en 2020 por las necesidades de financiación derivadas del shock inesperado del Covid-19 no ha hecho saltar las alarmas en el mercado por la rápida y contundente respuesta del Banco Central Europeo (BCE), que se ha mostrado comprometido con evitar que el pago de los intereses condicione la recuperación económica, y por los fondos de reconstrucción de la Unión Europea (UE).

Precisamente una mejora de la capacidad de absorción de estas ayudas es lo que "las agencias de calificación vigilarán" para mantener el rating de España, según advierte Société Générale. "Históricamente, un 65% del dinero europeo se queda en la mesa por cuestiones administrativas, y eso tiene que cambiar", apunta Jaime Sanz, experto del banco.
S&P, Moody's y Fitch han mantenido un perfil bajo, sin apenas realizar advertencias ni recortes de sus perspectivas, ni aludir a la necesidad de un ajuste fiscal, ante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y el sobreendeudamiento histórico que pesa sobre los estados de la eurozona. Especialmente, y como entre 2010 y 2012, sobre los periféricos -entonces los PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España)-, con el Tesoro estimando que la deuda total de las administraciones públicas se quedará en el 117% del PIB en este 2021, pese a la recuperación de la actividad.
Société Générale considera que las agencias de rating seguirán siendo "pragmáticas" ante el contexto de tipos de interés en mínimos, que contiene, e incluso rebaja, la carga financiera que soporta España, aunque el volumen de deuda sea mucho mayor, y por el impacto de los fondos europeos en la aceleración del crecimiento económico, tanto el Sure (para la protección del empleo), como el Next Generation.

"El factor clave va a ser la implementación de esas ayudas", incide Sanz, responsable de asesoramiento de rating para estados soberanos de Société Générale, quien considera que España debe superar los problemas de coordinación administrativa que hasta ahora la sitúan como el estado de la UE que peor absorbe las ayudas, con una ratio del 35%, frente al 50% del conjunto del club comunitario.
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