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Semana del 2 al 9 de septiembre de 2018.

El precio del gasoil planea sobre la cabeza de todos los agricultores

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Y del gasoil qué. Un nuevo lío aparece en lontananza que parece no tendrá fin. Estamos rodeados por ineptos y al parecer esta circunstancia puede ser eterna

Actualizado 13 septiembre 2018  
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Redacción Agrolibre
  
Alguien y decimos alguien, sin decir su o sus nombres, porque las individualidades y méritos de los nuevos ministros parecen olvidados tras sus tomas de posesión y más parecen hoy estos personajes ovejas del rebaño gubernamental que las personalidades absolutamente válidas que eran antes de sus tomas de cartera, parece encantado de recrear el antiguo gasoil agrícola subvencionado, fuente de aprovechamientos ilícitos y puerta de nuevas corrupciones.
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo  matizó este lunes que apoya "plenamente" el anunció que el presidente del Gobierno realizó por la mañana sobre la creación de un impuesto al combustible diésel. Lo hace después de que Maroto calificara de "globo sonda" las informaciones sobre este asunto.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también se atrevió a valorar la posibilidad de que los coches que funcionan con gasóleo vean incrementados los impuestos que pagan por el consumo de ese combustible. Y lo hizo en una semana en la que distintos miembros del Ejecutivo incurrieron en contradicciones respecto a este tema. Si el lunes por la mañana, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, calificó desde Santander esa subida impositiva de “globo sonda”, pocas horas después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó en una entrevista en la Cadena Ser que se incluiría en los Presupuestos Generales de 2018.  Ribera apuntó también que uno de los principales desafíos para la industria del automóvil, que supone el 11% del PIB en España, es un proceso de modernización “en el que la gasolina y el diésel no tengan un trato fiscal diferente”.
Pero nadie olvide que uno de los pilares del proceso de descarbonización de la economía es la anunciada reforma de la fiscalidad energética, algo que hay que abordar con sumo cuidado, por la estructura de este tipo de imposición y que como recuerda Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, "subir los impuestos del gasóleo aumentará las emisiones de CO2", ya que los nuevos automóviles diésel consumen menos carburante que los de gasolina y emiten un 15% menos CO2.
¡Menudo nudo gordiano que tenemos encima de nuestro mundo agrario! ¿Alguien ha pensado que toda la maquinaria que se utiliza en el sector es mueve con gasoil? Aunque se nos hable de nuevo de un gasoil profesional que San Isidro nos proteja.
Totalmente de acuerdo con Tomás Azcárate cuando hace unos días ha afirmado que " Una política agraria, aunque sea “común”, tiene poco sentido en el siglo XXI. Tiene más sentido una política alimentaria y territorial común encaminada a apoyar la transición ecológica para seguir teniendo un planeta vivo y seguir contando, particularmente, con una agricultura activa sobre el conjunto del territorio y un medio rural vivo. Para ello, tenemos que superar el estrecho y paralizante debate sobre los “sobres presupuestarios” nacionales (y regionales). La defensa de cada “sobre” nacional (y regional) nos lleva al más completo inmovilismo, y es la vía más segura para que tengamos como resultado final una reducción drástica del presupuesto de una PAC anquilosada e imposible de ser reformada".
Dicho de otra manera, la política de "ayudas directas", el primer pilar de la PAC, debe ir desapareciendo para multiplicar el segundo pilar, el desarrollo rural  infinitamente mejor contemplado y desarrollado y una política alimentaria y territorial común. Lo único que nosotros no pondremos nunca como adjetivo la transición ecológica.
Aplausos para Acciona que sigue cosechando éxitos fuera de nuestro país construyendo desaladoras. ¿Pero se dan ustedes cuenta de las desaladoras que habría que construir en nuestro país y del coste  y problemas ecológicos que se generarían en nuestras costas para intentar atender las necesidades de nuestros regadíos? El futuro que nos preparó Zapatero con la Narbona, para nuestros regadíos no podía ser más ruinoso e infame.
Hoy hablamos de nuevo del agua para riego y una vez más, insistimos nosotros, en la necesidad de acabar definitivamente con el tremendo espectáculo de ver como dos autonomías, absolutamente deficitarias en agua se enfrentan cada vez con mayor virulencia. Soluciones hay lo que ocurre es que nuestros gobernantes pueden soportar a los dos Lázaros que están enfrentados. Otro gallo sería soportar las reacciones del rico Epulón , de nuestra actual Cataluña. A eso no estamos ni hemos estado dispuestos…
Terminemos hoy recordando que " la norma que recogerá el etiquetado obligatorio del origen de la leche acumula más de un año de retraso para su aprobación ante el descontento de los ganaderos y los consumidores, que son los más interesados y que achacan esta situación a la lenta burocracia o al cambio de Gobierno.
Las fuentes del sector esperan, no obstante, que el Ejecutivo lo apruebe antes de que acabe 2018: España se igualaría así a países como Italia, Francia o Portugal que ya han legislado al respecto". Recordemos Ministro Planas que usted mismo tras el varapalo del informe de la CNMC sobre el etiquetado en el "que admitía que el etiquetado del origen es una información que “puede ser relevante” para el consumidor, pero en su opinión supondría una restricción, ya no sólo a la competencia efectiva sino también a la libre circulación de mercancías" aseguró que no habrá “reparo” a la hora de aprobar la normativa.
¡Ministro ya han pasado 100 días y… …!
 
Noticias
- La justicia de Brasil revocó este lunes día 3 una decisión que prohibía el registro de productos con glifosato, el principal herbicida empleado por los agricultores en el país sudamericano, informaron fuentes oficiales.
El pasado 3 de agosto la jueza de la séptima federal de Brasilia, Luciana Raquel Tolentino de Moura, había paralizado el registro de nuevos productos que contengan glifosato, tiram y abamectina en Brasil hasta que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) revalúe la toxicidad de las sustancias.
Ello ante nuevas informaciones según las cuales el producto es cancerígeno y a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
LA DEFENSA Y EL ESTADO COINCIDEN EN QUE LA RESTRICCIÓN DEL GLIFOSATO EN BRASIL PROVOCA UN GRAVE DAÑO A LA ECONOMÍA NACIONAL
No obstante, el Tribunal Regional Federal de la Primera Región acató un recurso de la Abogacía General de la Unión y decidió revertir la decisión para el químico glifosato al considerar que la suspensión supone una “grave lesión al orden público”.
De acuerdo con la defensa del Estado, la restricción del glifosato en Brasil provoca un grave daño a la economía nacional y tiene un “grave impacto” en la balanza comercial brasileña, “con riesgo de desabastecimiento interno y quiebra de productividad y competitividad en el mercado externo”.
El tribunal de apelación señaló que “nada justifica la suspensión de los registros de los productos que contengan como ingredientes activos abamectina, glifosato y tiram de manera tan abrupta, sin análisis de los graves impactos que tal medida traerá en la economía del país y la población en general”, según un comunicado.
El ministro brasileño de Agricultura, Blairo Maggi, había alertado la pasada semana que la próxima cosecha de soja y maíz de Brasil estaba amenazada por la decisión judicial que prohibió el glifosato en el país, ya que los agricultores no tienen ningún otro herbicida eficaz como alternativa.
De acuerdo con Maggi, uno de los mayores productores de soja de Brasil, sin un defensivo agrícola eficaz será difícil garantizar la próxima cosecha y eso provocará “pérdidas enormes”.
Según proyecciones del Gobierno, Brasil recogerá este año una cosecha de 228,6 millones de toneladas, la segunda mayor en su historia, de la que la soja y el maíz representarán el 88% de toda la producción.
El uso de glifosato ha generado polémica en diferentes países del mundo y recientemente un tribunal de Estados Unidos obligó al grupo Monsanto a pagar una indemnización de 289 millones de dólares a un demandante que dijo haber contraído cáncer por su exposición al herbicida. Agroinformación.

- Acciona Agua se ha adjudicado un nuevo contrato en Arabia Saudí para la construcción de la desaladora de Al Khobar, en Dhahran. Se trata del segundo proyecto que la compañía española desarrollará en el país. En este caso, el contrato, valorado en más de 200 millones de euros, lo ha adjudicado la compañía pública saudí Saline Water Conversion Corporation (SWCC), que tiene por objetivo transformar y modernizar el sector del agua en Arabia Saudí.
Se trata de un contrato llave en mano más un año de garantía, que se desarrollará en esta localidad costera de Arabia Saudí, y el primero que SWCC lleva a cabo con una compañía española. Según prevé la empresa, la instalación estará finalizada en dos años y contará con una capacidad de casi 210.000 metros cúbicos, lo que la convertirá en una de las mayores del país, que servirán para atender a una población de 350.000 habitantes. Es el segundo proyecto que la compañía llevará a cabo en este país.
Se trata de un contrato valorado en más de 200 millones de euros, adjudicado por la empresa saudí SWCC.
Además, la planta dará servicio a Aramco, la petrolera saudí, que es la mayor compañía de petróleo y gas del mundo. No es el primer contrato que Acciona Agua se adjudica en Arabia Saudí. La compañía está presente en el país desde 2012, cuando logró hacerse con el contrato para diseñar, construir y poner en marcha la planta de desalinización de agua de mar Al Jubail RO4 para Marafiq, junto con SBG-PCMC, que da servicio tanto a la ciudad como al complejo industrial en la Provincia Oriental del país, en la costa del Mar Árabe. El Economista. Agua y Medio Ambiente.

- La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha incorporado el uso de drones en sus “labores diarias de vigilancia y control” del dominio público de la cuenca, y en concreto, para el seguimiento de esta campaña de riego, con el objetivo de “detectar posibles irregularidades”. Es decir, con el fin de vigilar las extracciones ilegales de agua durante esta campaña.
Así, el Servicio de Vigilancia Fluvial de la Comisaría de Aguas de la CHT está colaborando “estrechamente” con el Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. De este modo, se ha comenzado a usar drones en el seguimiento de esta campaña de riego para “detectar posibles irregularidades, como son las extracciones ilegales de agua, de una forma más rápida y ágil”, señalan.
De esta manera, en las labores rutinarias de control que realiza la CHT en las zonas regables se están utilizando ya drones equipados con cámaras de visión diurna, nocturna e infrarrojos, los cuales “permiten descubrir a distancia detracciones ilegales de este recurso y detectar motores en funcionamiento”, aseguran desde este organismo. Durante toda la campaña de riegos, la CHT ha previsto la vigilancia de las zonas regables mediante drones en algunas partes de la cuenca.
La detracción de agua sin la correspondiente concesión, “además de ser una infracción incluida en la vigente Ley de Aguas, pone en peligro los recursos y ecosistemas de la cuenca y perjudica a todos los usuarios”.
De esta forma, el uso de nuevas tecnologías por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo “incrementará la eficacia en las labores de control y vigilancia” que le encomienda la Ley de Aguas, al “permitir que se actúe con mayor celeridad ante las irregularidades detectadas”.
Este uso de drones redundará, según explican desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, en una “mayor agilidad” a la hora de “evitar los daños causados al medioambiente, a los ecosistemas acuáticos y a los ciudadanos por las detracciones ilegales de agua, así como una mejor y más eficiente protección de nuestros ecosistemas”. El Economista. Agua y Medio Ambiente.

-Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha reunido este miércoles 5 a su Consejo Intersectorial para analizar el contenido de las propuestas de los nuevos Reglamentos de la PAC que fueron presentados por el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, planteando algunas propuestas como la eliminación de la propuesta de capping (o límites en las ayudas) para los casos de expedientes presentados por cooperativas de manera colectiva en nombre de  todos sus socios.
La intención de Cooperatiavs es trasladar nuevas aportaciones al documento que próximamente presentará Cooperativas Agro-alimentarias de España a los parlamentarios europeos, que actualmente trabajan en las enmiendas en el borrador de reglamento comunitario de la nueva PAC. Se trata de un momento clave de la negociación de la Reforma en el que aún se puede influir en su conformación final a favor de los intereses de las cooperativas y sus socios agricultores y ganaderos, como su propuesta sobre el capping. Agroinformación.

- EL CITI PRONOSTICA EL FIN DE LA ERA DEL AGUA BARATA. Con la disminución del agua disponible y el aumento de la demanda pronosticado para la próxima década, la era del agua libre y barata para todas las necesidades debe llegar a su fin”. Esta es la conclusión final del informe "Solutions for the global water crisis. The ende of ‘free and cheap’ water", elaborado por Citi.
“El agua está mal administrada en muchos lugares. No está valorada en su medida, en muchos casos, subvencionada e, incluso, es gratis”, apunta el informe. En este estudio, la entidad calcula que es necesaria una inversión en infraestructuras a nivel mundial de entre 7,5 y 9,7 billones dólares.
En los países desarrollados, la inversión se tendría que destinar a renovar y mantener la infraestructura actual, mientras que en los países en vías de desarrollo, se tendrá que destinar a la construcción de la infraestructura de saneamiento y suministro de agua. Sin embargo, la inversión en infraestructura sólo es una parte de la solución a los retos globales que plantea el agua.
Entre otras medidas, Citi propone medidas de fijación del precio del agua de manera eficiente, desarrollar un sistema de licencias negociables para alentar la fijación eficiente de agua y regular de manera adecuada. Además, la tecnología también jugará un papel importante en el futuro del suministro del agua a nivel mundial. Por ejemplo, los contadores inteligentes permiten que los usuarios sean conscientes del consumo que realizan, mientras que la agricultura de precisión ofrece a los regantes información en tiempo real sobre la climatología, el suelo y la evolución de los cultivo para planificar los riegos.
El papel de las empresas Aunque las soluciones tienen que venir de las políticas públicas, las empresas también pueden ayudar a paliar la crisis global del agua, ya que “la escasez del agua puede tener un gran efecto” en sus operaciones y resultados.
Un ejemplo es el gigante agrícola estadounidense Cargill, que sufrió una caída del 12 por ciento de sus beneficios en 2014 como consecuencia de la sequía de cuatro años en el suroeste de Estados Unidos que dañó los pastos para alimentar el ganado. O la multinacional europea Unilever, que estimó un coste de 400 millones de dólares al año por los desastres naturales que llevaron a aumentos de los precios de los alimentos, la escasez de agua y la reducción de la productividad en su cadena de suministro.
Más allá del sector agrícola, Electricite de France tuvo que cerrar las operaciones de cuatro de sus plantas nucleares en 2003 por la escasez de agua que se sobrevino por una ola de calor. Estos cierres implicaron un aumento del 1.300 por ciento en el precio de la electricidad, y generaron pérdidas de 300 millones de dólares para la compañía francesa.
 Estos son solo algunos ejemplos, pero lo cierto es que el sector privado ya se ha dado cuenta del valor del agua para sus negocios y están invirtiendo en este recurso.
Por ejemplo, Nestlé consiguió ahorros de 43 millones de dólares gracias al tratamiento de aguas residuales. Ford, por su parte, invirtió 25 millones de dólares en la construcción de una planta de tratamiento de agua en su planta de Pretoria, en Sudáfrica. Y la industria minera invirtió a nivel mundial 12.000 millones de dólares en infraestructuras en el año 2014, lo que supone que aumentó la inversión en este recurso un 250 por ciento con respecto a 2009.
Con un aumento de la demanda de agua que se espera que se duplique en los próximos 15 años, “es imperativo que se implementen soluciones adecuadas para el uso eficiente del agua en muchas áreas”, afirma el informe del Citi.
Así, continúa el documento, “se necesitan soluciones tanto de demanda como de oferta”. Mientras que los países desarrollados deben renovar sus infraestructuras y fortalecer las “instituciones hídricas para desarrollar sistemas de fijación de precios eficientes”, los emergentes deben construir las infraestructuras de agua y “valorar este recurso de manera eficiente”. “Invertir en la infraestructura que tanto se necesita puede aportar beneficios económicos en términos de empleo y bienestar. La otra cara de la moneda es la inversión inadecuada y la falta de planes integrados, que en última instancia, podrían conducir a la pérdida de empleos y de crecimiento económico”, advierten los expertos del Citi. El Economista. Agua y Medio Ambiente.
 
- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para implantar instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial. Se trata de ayudas directas por un total de 1,5 millones de euros, cuya financiación se hará con cargo al Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Frío, que se nutre de ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión.
Este Real Decreto establece las bases para la concesión de estas ayudas cuyo fin es sustituir las instalaciones de refrigeración por otras basadas en el uso de gases de bajo o nulo potencial de calentamiento (PCA) en el caso de establecimientos ya existentes de distribución comercial de alimentos, o implantarlas en el caso de establecimientos nuevos. Las bases exigen también medidas eficientes para el cierre de muebles frigoríficos con puertas.
Con estas ayudas se pretende impulsar la incorporación de sistemas eficientes y medioambientalmente sostenibles en el sector, adelantándose así a las futuras restricciones europeas. La prohibición de los gases fluorados de alto potencial de calentamiento entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022, tal y como recoge el Reglamento nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014. España presenta unas condiciones especiales por su clima cálido que obliga a la implantación de técnicas más costosas, pero esto representa también una oportunidad para las empresas de posicionarse en tecnologías punteras.
Esta prohibición va a implicar un  esfuerzo en la reconversión de las instalaciones de refrigeración de supermercados e hipermercados en España. Se estima que de las 5.000 instalaciones de refrigeración comercial en España, poco más de 100 instalaciones tienen centrales frigoríficas que cumplen con esta prohibición, es decir, sólo el 2% del total. No obstante, hay que aclarar que la prohibición sólo afecta a las instalaciones de refrigeración nuevas y no a las instalaciones existentes que podrán seguir funcionando hasta el fin de su vida útil, así como instalaciones de refrigeración comercial de formato pequeño. Mapama.
 

- La ministra de Industria, Comercio y Turismo  matizó este lunes que apoya "plenamente" el anunció que el presidente del Gobierno realizó por la mañana sobre la creación de un impuesto al combustible diésel. Lo hace después de que Maroto calificara de "globo sonda" las informaciones sobre este asunto.
"Quiero aclarar que apoyo plenamente el anuncio que ha hecho esta mañana el presidente de incorporar la fiscalidad del diésel en los Presupuestos de 2019 que estamos elaborando. Las declaraciones que he hecho esta mañana se han sacado de contexto, puesto que a mí se me ha preguntado sobre el debate que se ha generado este verano en relación con el diésel y los efectos que estaba teniendo en concesionarios y consumidores, una pregunta que nada tiene que ver con el anuncio del presidente, que insisto apoyo plenamente", explica en un vídeo que ha difundido a través de Twitter. El Mundo.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también se atrevió a valorar la posibilidad de que los coches que funcionan con gasóleo vean incrementados los impuestos que pagan por el consumo de ese combustible. Y lo hizo en una semana en la que distintos miembros del Ejecutivo incurrieron en contradicciones respecto a este tema. Si el lunes por la mañana, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, calificó desde Santander esa subida impositiva de “globo sonda”, pocas horas después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó en una entrevista en la Cadena Ser que se incluiría en los Presupuestos Generales de 2018.
Ribera fue más diplómatica e hizo una encendida defensa de la necesidad de profundizar en la reducción de emisiones en el transporte por carretera. “El diésel tiene un recorrido limitado en el medio plazo y hay que buscar una movilidad sin emisiones, a pesar de la extraordinaria trayectoria de los motores de gasóleo. Han sido colocados en la posición central que ocupan, pero hay que buscar una movilidad sin emisiones”, recalcó.
El principal problema para la imposición de ese impuesto, que depende directamente de Hacienda, es el hecho de que el 70% del parque automovilístico funciona con ese combustible. Los fabricantes defienden que las mejoras tecnológicas han reducido sustancialmente la contaminación y que no tiene sentido gravarlos.
En el otro lado, Ribera apuntó que uno de los principales desafíos para la industria del automóvil, que supone el 11% del PIB en España, es un proceso de modernización “en el que la gasolina y el diésel no tengan un trato fiscal diferente”. Todo, por lo tanto, queda pendiente de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, que el Ejecutivo prevé presentar en el último trimestre, aunque seguramente no se aprobarán hasta el primer trimestre de 2019. La subida no afectará a transportistas ni a agricultores. Cinco Días.
Uno de los pilares del proceso de descarbonización de la economía es la anunciada reforma de la fiscalidad energética, algo que hay que abordar con sumo cuidado, por la estructura de este tipo de imposición.
Por ejemplo, como recuerda Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, "subir los impuestos del gasóleo aumentará las emisiones de CO2", ya que los nuevos automóviles diésel consumen menos carburante que los de gasolina y emiten un 15% menos CO2. El Economista.
 
- El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha autorizado trasvasar 20 hectómetros cúbicos en septiembre desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura, durante la reunión de la Comisión Central de Explotación del Trasvase que se celebró el 6 de septiembre en la sede ministerial.
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a exigir que se modifiquen las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura porque considera que “se están aprobando derivaciones de agua con datos que no están actualizados y sin tener en cuenta los pantanos de cabecera”.
La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha ha realizado este anuncio después de que el Ministerio para la Transición Ecológica autorizara un trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para el mes de septiembre.
A su juicio “no puede ser que la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura fundamente sus informes con datos que no reflejan la realidad de la cabecera y que están obsoletos” y que es “especialmente llamativo el que sean de épocas en las que llovía más que ahora”.
Por eso, el Gobierno regional va a actualizar esos informes y sentarse “en una mesa para hablar”, porque tal y como ha subrayado “mes tras mes, se siguen atacando los intereses de la región, su crecimiento y su desarrollo”. Agropopular.
Las posiciones de Castilla-La Mancha y Murcia siguen enfrentadas sobre el trasvase Tajo-Segura cuando se reúne la Comisión de Explotación que analizará la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía, para dictaminar el de septiembre.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado que pronunciarse a favor de un nuevo trasvase sería un “atropello para el río Tajo”. García-Page se ha pronunciado así en el acto de inauguración de la primera fase de ampliación de un colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en Yuncler (Toledo).
GARCÍA-PAGE: “SI SE ES ECOLOGISTA PARA SUBIR EL IMPUESTO AL DIÉSEL, SE TIENE QUE SERLO PARA RECONOCER QUE EL TRASVASE ES UN ATROPELLO”
Ha advertido que su finalidad como presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha es defender los intereses de la región y que lo hará frente a los gobiernos del Partido Popular o del PSOE.
García-Page ha sostenido que uno de los intereses de la región que defenderá ante el Ejecutivo es el tema del agua y el trasvase del Tajo al Segura.
Ha señalado que si se quiere ser “ecologista incluso para subir el impuesto al diésel, se tiene que ser ecologista para reconocer que el trasvase es un atropello para el Tajo, que viene como una cloaca”.
PARA EL PRESIDENTE MURCIANO, RETRASAR LA RECEPCIÓN DEL AGUA “NO ES JUSTO NI LEGAL”
Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Mira, ha planteado un trasvase de forma inmediata y sin demoras para que los agricultores reciban en tiempo y forma los 20 hectómetros para este mes, ya que así lo marca la ley.
El trasvase no puede demorarse bajo ninguna excusa, ha señalado, porque “cualquier otra cosa sería no ajustarse a la ley”, ha sostenido.
Así, ha lamentado las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de miembros del Gobierno cuestionando la viabilidad y el futuro del trasvase y ha remarcado que “espera que no se repita”. Ha insistido que retrasar la recepción del agua “no es justo ni legal”. Agroinformación.

- La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Isabel Bombal, ha suscrito dos convenios de colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (ReDR) y con la Red Estatal de Desarrollo Rural, para apoyar la realización de actividades de desarrollo rural integral y sostenible.
Estos convenios, que se desarrollan en 2018, abarcan tanto la asistencia técnica y asesoramiento a los Grupos de Acción Local (GAL), como la interlocución de ReDR y REDER ante Instituciones Públicas y Privadas Nacionales e Internacionales y documentos de apoyo necesarios, indicaron fuentes ministeriales,
También contemplan los servicios de comunicación, mantenimiento y gestión de la red telemática, la asistencia, representación y apoyo a la organización de encuentros, jornadas, seminarios y conferencias sobre desarrollo rural y la recopilación de ejemplos de buenas prácticas en la aplicación de la metodología Leader.
El enfoque Leader consiste en ceder la iniciativa de planificación a las comunidades locales de cada territorio rural que, organizadas en Grupos de Acción Local (asociaciones público-privadas de funcionamiento participativo), elaboran y ejecutan una estrategia de desarrollo para dicho territorio aprovechando sus recursos. Actualmente en España hay 252 GAL. Agrodiario.com
 

-  Nosotros queremos techo, un máximo de ayuda por perceptor. Ahora bien, ligado al empleo generado. No se puede permitir que haya gente que cobre más de 60.000 euros y que sean meros perceptores o no estén generando actividad. ¡Así se cierran los pueblos! Hay que darle una vuelta a las ayudas. Tienen que estar techadas. Hay muchos que están produciendo muy bien y no tienen ayudas; o jóvenes que se quieren incorporar y les falta la capacidad de tener ciertos recursos mínimos o unos derechos de pago para ser competitivos. Desde UPA reclamamos el techo de los 60.000 euros. Agronews.

-La norma que recogerá el etiquetado obligatorio del origen de la leche acumula más de un año de retraso para su aprobación ante el descontento de los ganaderos y los consumidores, que son los más interesados y que achacan esta situación a la lenta burocracia o al cambio de Gobierno.
Las fuentes del sector esperan, no obstante, que el Ejecutivo lo apruebe antes de que acabe 2018: España se igualaría así a países como Italia, Francia o Portugal que ya han legislado al respecto.
DEMASIADOS INCONVENIENTES Y PROBLEMAS DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA CON LA NORMA
El responsable del sector lácteo de Asaja cree que el informe desfavorable emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace tres meses ha influido, aunque considera que ha sido más relevante el cambio de Gobierno, al paralizar momentáneamente los trámites legislativos.
Asaja valora, no obstante, que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, haya mantenido algunos altos cargos del anterior Ejecutivo, como Fernando Miranda (actual secretario general) porque es conocedor de la materia y eso permite “ganar tiempo” en los procesos finales de tramitación.
El responsable del sector lácteo de COAG apunta a la presión que hayan podido ejercer grandes multinacionales para evitar o postergar su aprobación porque “les interesa muy poco” que se apruebe. También cree que los órganos que estudian la competencia a nivel nacional y europeo han torpedeado las gestiones ya que, a su juicio, atienden a los intereses de dichas multinacionales: “Son su brazo armado”, incide.
El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, pide al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que “pise el acelerador” y “no esté tan preocupado” de la CNMC porque “no se sabe qué intereses tiene o a quién defiende”. Sin nombrar a ningún organismo o a alguien en concreto, Santalla señala que “siempre” que los ganaderos demandan algo “hay una mano detrás que dice y hace lo contrario”.
Los consumidores son los principales destinatarios de este real decreto y desde la organización Facua-Consumidores en Acción, Miguel Ángel Serrano, del gabinete jurídico, señala que es “inadmisible” el retraso en estas normativas que “benefician” a los clientes.
Según Serrano, el contenido de la norma es positivo porque defiende el derecho del consumidor a la información, una premisa “básica” y considera que una de las formas de garantizar la libre competencia es dando la información máxima posible al cliente para que pueda elegir libremente qué tipo de producto quiere.
Ya sea por el ritmo de la burocracia, por la necesidad de esperar los dictámenes de informes, como el de la CNMC o ahora el del Consejo de Estado (que se prevé tener próximamente), o por el cambio reciente de Gobierno, el caso es que el retraso es evidente.
PLANAS HA INSISTIDO EN QUE SE APROBARÁ, PERO AÚN NO SE HA AVANZADO NADA OFICIALMENTE
Un mes después, el sector del lácteo tuvo en sus manos el borrador para estudiarlo pero hasta principios de ese verano de 2017 no se envió el texto a Bruselas y ahí las fechas de aprobación se retrasaron a finales de 2017.
Ya en 2018, llegó el varapalo del informe de la CNMC sobre el etiquetado en el que admitía que el etiquetado del origen es una información que “puede ser relevante” para el consumidor, pero en su opinión supondría una restricción, ya no sólo a la competencia efectiva sino también a la libre circulación de mercancías.
A pesar de ese dictamen, a últimos de junio pasado el ministro Luis Planas aseguró que no habrá “reparo” a la hora de aprobar la normativa y que el asunto está sometido al Consejo de Estado aunque prefirió no dar una fecha para llevarlo al Consejo de Ministros.
Por lo tanto, el sector tendrá que estar atento en estos meses para ver si finalmente esa ansiada norma sobre el etiquetado entra en vigor antes de que comience 2019.
Agroinformación.
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