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Semana del 29 de marzo al 5 de abril.

El problema de la mano de obra sigue vigente

Esta semana en nuestros comentarios sobre la actualidad agraria, nos vemos obligados a comentar el problema de la falta de mano de obra en el sector y la previsible pérdida de producciones en la recolección de productos y sobre todo en las siembras primaverales de todo tipo de verduras y hortalizas.

Actualizado 9 abril 2020  
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Redacción Agrolibre
  
 
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Faltan, nos dicen entre 100.000 y 150.000 trabajadores y el gobierno, que una vez más se ha visto desbordado, por unas necesidades absolutamente previsibles, ha vuelto a lo de siempre. 
En rueda de prensa el ministro Planas, junto al titular de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana,  ha precisado que el Ejecutivo analiza cómo solucionar este problema, que afecta especialmente a Huelva por la recogida de frutos rojos (fresa, frambuesa, etc.) y a los productores de fruta de hueso, cuya recogida arranca en la segunda quincena de abril. “Con las restricciones que hay, tendrá que ser con mano de obra de proximidad”. Planas ha defendido que el Gobierno ya medita cuál puede ser la mejor solución en las actuales circunstancias, en las que se limita la movilidad de los trabajadores para evitar los contagios por la COVID-19, y ha recordado que a este mismo problema se enfrentan otros países europeos como Francia, Alemania o Italia. Ha explicado, asimismo, que cada región “tiene una problemática diferente” ante la falta de mano de obra, por lo que ya está manteniendo reuniones con los responsables de cada comunidad autónoma y con representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas para “diseñar una respuesta” en coordinación igualmente con el Ministerio de Trabajo.
Pero el ministro y el gobierno social-comunista que padecemos, tratando una vez más de escurrirse de todos los problemas, al margen de insistir en que va a analizar, crear comisiones,… …, y de insistir en que va a pedir autorización a la UE para actuar, olvida, mejor dicho nos vuelve a mentir sobre la realidad del problema.

Trata de recurrir a la UE y la Comisión Europea (CE) ya publicó las directrices sobre los trabajadores considerados “esenciales”, que más allá de sanitarios, científicos y fuerzas de seguridad, se aplica también a transportistas, temporeros agrícolas, técnicos energéticos o personal de infraestructuras críticas.
La guía se refiere además a los controles médicos a los que se someta a esos trabajadores en un contexto de cierre de fronteras interiores en la Unión Europea (UE).
“Los trabajadores temporeros en la agricultura desempeñan una función crítica en algunas circunstancias en la recogida de la cosecha, su siembra y su cuidado” por lo que los países deben de tratar a estos temporeros agrícolas como “trabajadores críticos” e informar a sus empresas de la necesidad de proporcionarles el material de protección adecuado”, indicó la CE.
Las industrias agroalimentarias han avisado varias veces desde el inicio de la crisis de que, si cruzar la frontera se convierte en un trámite largo y con gran interacción humana para los temporeros agrícolas, existe el riesgo de que los camioneros empiecen a rechazar viajar entre distintos países de la UE.

Estos deben de llevarse a cabo “en las mismas condiciones que para los nacionales desempeñando las mismas ocupaciones” y a ambos lados de la frontera para garantizar la fluidez de tránsito.
En el caso de la medición electrónica de la temperatura corporal es preferible que los conductores no abandonen sus vehículos y no debería de controlarse más de tres veces en un mismo día, indica el Ejecutivo comunitario.
Si el trabajador controlado presentara fiebre y las autoridades consideran que no debería continuar su trayecto, agrega la Comisión Europea, la persona en cuestión debe de recibir la misma asistencia médica que recibiría un nacional del país en el que se encuentre y la información debe de compartirse con el Estado miembro en el que figure como trabajador.
Pero hoy queremos destacar fundamentalmente dos nuevas canalladas de este gobierno social-comunista que padecemos.
La primera se refiere al envío a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, para nos dicen situar a España en la senda para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y cumplir con el Acuerdo de París, duplicando para ello la presencia de renovables en el uso final de la energía e incluyendo, afirman, un análisis del impacto socio-económico de sus medidas.
El PNIEC persigue una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. Este objetivo de reducción implica eliminar una de cada tres toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten actualmente. Se trata de un esfuerzo coherente con un incremento de la ambición a nivel europeo para 2030, así como con el Acuerdo de París.
El texto enviado coincide con el que actualmente se encuentra incluido en la fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico (EAE) del plan y que ya fue remitido a Bruselas el pasado mes de enero, como borrador actualizado. Con esta nueva comunicación a la Comisión Europea, España da cumplimiento al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la
El plan estima una movilización de 241.400 millones de euros entre 2021 y 2030 que se destinarán, fundamentalmente, al impulso a las renovables, a medidas de ahorro y eficiencia, y a electrificación y redes. El 80% de estas inversiones se realizarán por parte del sector privado. El 20% restante serán inversiones de las distintas administraciones públicas, incluyendo financiación europea, que activarán la inversión privada a través de actuaciones asociadas al fomento del ahorro y la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el cambio modal, fundamentalmente.

La menor importación de combustibles fósiles –en especial, petróleo y carbón– y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará la dependencia energética del exterior que pasa del 74%, según el dato de 2017, al 61% en 2030. La reducción de las importaciones de combustibles fósiles alcanza los 63.781 millones de euros entre 2021 y 2030 respecto al escenario tendencial.
De verdad creen ustedes en la oportunidad de lo que les hemos reseñado. Cuando no tenemos medios suficientes para la adquisición de los medios necesarios para luchar, decididamente, contra la pandemia actual, cuando miles de sanitarios han sido infectados por la ausencia de protecciones, cuando el sistema sanitario ha mostrado claramente sus deficiencias y necesidades, cuando sobre su decisiones se pueden cargar MÁS DE 13.000 MUERTOS oficiales, que de verdad parece que son más del doble, cuando todos estamos convencidos de la ruina que se nos presenta, cuando… …, el gobierno promete invertir “241.400 millones de euros entre 2021 y 2030 que se destinarán, fundamentalmente, al impulso a las renovables, a medidas de ahorro y eficiencia, y a electrificación y redes”.
¡Ustedes mismos!
La segunda tiene como actor principal a nuestro Wally, a nuestro Planas.
Nuestro Planas callado en la mayoría de los problemas que le deberían acuciar, quizás por las exigencias políticas de su Presidente y su adorada Ribera, resulta que, en plena pandemia, da lecciones sobre la marcha de la bioeconomía.
¡Qué les parece!
En su última lección magistral, conferencia titulada “El reloj en marcha de la bioeconomía” y tras afirmar que “desplegamos todos nuestros esfuerzos para detener la pandemia que sufre nuestro país y el resto del mundo y que  es positivo que se mantenga, en la medida de lo posible, la actividad y trabajo habitual a través de los medios a nuestro alcance”, manifiesta su voluntad, de “avanzar en la reflexión sobre las potencialidades de la “Bioeconomía y Agricultura”, a pesar de que, una coyuntura temporal, inédita y sobrevenida haya obligado a cancelar el Foro auspiciado por Efeagro, Euractiv y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europa.
Pronto llegará un momento en que el Coronavirus será un mal recuerdo de nuestra vida y de nuestra sociedad. La conservación de nuestro medio ambiente y nuestra producción sostenible de energías y alimentos seguirán siendo retos ineludibles para el futuro del planeta.

Cómo puede afirmar nuestro Planas que:
- el reloj de la bioeconomía forma parte de la solución para que una circunstancia sanitaria como la actual no se vuelva a repetir.
- la bioeconomía ofrece respuestas para un modelo agrícola y rural más inclusivo, seguro y sostenible sin sacrificar crecimiento y eficiencia.
- es trascendental avanzar en los procesos de su implementación, sea cual sea la coyuntura de nuestra realidad presente.
- el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere liderar, desde ese enfoque nuclear y transversal, al sector agroalimentario como protagonista del cambio hacia este modelo de producción sostenible.
- que la enorme potencialidad de nuestro país, unida a que uno de los rasgos distintivos de la Política Agraria Común (PAC) post 2020 es su mayor ambición ambiental, materializada en el hecho que el 40% de sus fondos irán destinados a ese concepto, nos señala un camino que no admite vacilaciones.
Y terminar pontificando que, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estamos trabajando en la nueva planificación estratégica de la PAC, que, dentro de los nueve objetivos específicos, incluye uno relacionado con la bioeconomía que propugna la promoción del empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible. Por tanto, vamos a desarrollar intervenciones con el objetivo de aprovechar la potencialidad existente de la bioeconomía con el fin de generar empleo y riqueza en las zonas rurales.
Por último, señalaremos su última mamarrachada.
“Es obligado mencionar que existe una íntima conexión entre bioeconomía y economía circular. Hasta tal punto es así que, en muchos casos, se considera que la bioeconomía es el segmento renovable de la economía circular. Tanto la estrategia europea como la española hacen hincapié en que el éxito de la bioeconomía depende de que sea circular y sostenible. De ahí que, cada vez más, se utilice el concepto de “bioeconomía circular” y que se incida en la ampliación de los ciclos de vida de materiales y productos. Así pues, la reorientación del patrón productivo hacia un modelo circular basado en la bioeconomía es un activo fundamental para fortalecer la conexión entre economía, sociedad y medio ambiente, es decir para consolidar los tres ejes ineludibles del desarrollo sostenible.
Y, pues nada sigamos pensando que aún no es hora de pedir responsabilidades al gobierno social-comunista actual, sigamos con las Cortes, sigamos… …
¡Hasta la semana que viene si Dios quiere!

Noticias.
-Uno de los más gravesproblemas que tiene ahora mismo el campo es la falta de mano de obra, que pone en peligro las próximas cosechas. Con las fronteras cerradas por el coronavirus y la prohibición de movilidad por toda España, los temporeros no pueden cubrir la demanda existente, que se calcula entre 100 y 150.000 personas. Y el Gobierno insiste en que la única posibilidad posibles es recurrir “a la mano de obra de proximidad”. Es decir, a los parados nacionales, a poder ser de la propia provincia o comarca, y los trabajadores emigrantes que aún siguen en el país.
El Gobierno calcula que el campo español necesita entre 100.000 y 150.000 trabajadores temporales para recoger las cosechas en las próximas semanas y estudia cómo compatibilizar su movilización con las restricciones implementadas para frenar la propagación del coronavirus.
Así lo ha avanzado este miércoles 1 el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha incidido en la importancia de contar con esta mano de obra para evitar que quede producto sin recoger por motivos de abastecimiento nacional, pero también por mantener las exportaciones a otros países.
En una rueda de prensa junto al titular de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, Planas ha precisado que el Ejecutivo analiza cómo solucionar este problema, que afecta especialmente a Huelva por la recogida de frutos rojos (fresa, frambuesa, etc.) y a los productores de fruta de hueso, cuya recogida arranca en la segunda quincena de abril.
“Con las restricciones que hay, tendrá que ser con mano de obra de proximidad”, ha adelantado el ministro de Agricultura, quien ha citado el ejemplo de 6.000 temporeras marroquíes a las que se les ha prolongado su permiso de trabajo porque ya se encontraban en la zona.

Planas ha defendido que el Gobierno ya medita cuál puede ser la mejor solución en las actuales circunstancias, en las que se limita la movilidad de los trabajadores para evitar los contagios por la COVID-19, y ha recordado que a este mismo problema se enfrentan otros países europeos como Francia, Alemania o Italia.
Ha explicado, asimismo, que cada región “tiene una problemática diferente” ante la falta de mano de obra, por lo que ya está manteniendo reuniones con los responsables de cada comunidad autónoma y con representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas para “diseñar una respuesta” en coordinación igualmente con el Ministerio de Trabajo.
EL SECTOR PIDE QUE SE FACILITE LA DISPONIBILIDAD DE LA MANO DE OBRA PARA EL CAMPO RESPETANDO TODAS LAS PRECAUCIONES SANITARIAS
La situación es preocupante en todo el país. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos avisa de las consecuencias negativas que ha generado la prohibición de movimiento de personas durante la crisis sanitaria del COVID-19 y que provocaría una falta de temporeros que podría poner en riesgo determinadas cosechas de frutas y hortalizas y otras tareas agrarias.
Unión de Uniones, que se ha dirigido por carta a Luis Planas, alerta de la situación que atraviesan numerosas cosechas ante la falta de mano de obra y que tiene en vilo también a otros países de la Unión Europea.
En las próximas semanas estarán en pleno desarrollo las campañas de cítricos – ya terminando -, fresa, cereza, níspero, diversos productos hortícolas, fruta dulce y ajo, que habitualmente absorben una importante cantidad de mano de obra, no siendo infrecuente, que sea de procedencia extranjera.

La falta de temporeros disponible para las tareas de recolección no representa sólo un problema para las explotaciones afectadas, sino un serio inconveniente a la garantía del abastecimiento de determinados alimentos a la población.
Por su parte, Asaja Córdoba ha mostrado su preocupación en relación con la próxima campaña del ajo porque hay una enorme incertidumbre por los previsibles problemas de mano obra, dada la situación del estado de alarma y el adelanto de la cosecha, que se prevé que comience en la primera quincena de mayo y finalice en los últimos días de junio.
El presidente provincial y nacional de la Sectorial del Ajo de Asaja, Miguel del Pino, ha explicado que “el sector está muy preocupado porque se necesita mucha mano de obra en poco tiempo para cortar el ajo en el campo” teniendo en cuenta que ese corte hay que hacerlo rápido por dos motivos. “Por un lado, porque si hace sol y el ajo permanece muchos días en el campo, se seca; y, por otro lado, si llueve, se ponen negros y tampoco sirven”.
Por ello, la preocupación que hay es la necesidad de cortarlo rápido; y para realizar ese trabajo, se necesitan cuadrillas de más de 100 o 200 personas en las plantaciones durante un mes o mes y medio.
En Extremadura, la Unión recuerda que los parados del sector agrario y los de sin empleo anterior tenemos apuntados actualmente a las oficinas del Sexpe en la Región a 16.936 personas “que en teoría están parados y buscando trabajo”.
Tras las recomendaciones de la Unión Europea con respecto a las restricciones de movimiento de personas con el fin de controlar la pandemia del Covid-19, entendemos que sería una oportunidad única para organizar la distribución del trabajo del campo en la Región y que el Sexpe empezase a organizar transporte público que traslade trabajadores de aquellas comarcas donde no hay trabajo hacia aquellas que lo están demandando y que no se  encuentra mano de obra.
Para Unión Extremadura, es imprescindible que dentro de una semana se empiece a organizar vl entresaque de la fruta, especialmente varias variedades de ciruelas plantadas en las Vegas Altas y Bajas del Guadiana, sería muy interesante que se pusiese a disposición de los empresarios extremeños la mano de obra parada de la región. De esta forma se conseguirían los siguientes objetivos: Disminuir de manera importante el paro en la Región, ahorrarse importantes ayudas a parados que estarían trabajando y se garantizaría un mejor control en la transmisión de la enfermedad.

 
Sin embargo, al Ministro se le ha olvidado recordar que:
La Comisión Europea (CE) publicó el pasado lunes unas directrices sobre los trabajadores considerados “esenciales”, que más allá de sanitarios, científicos y fuerzas de seguridad, se aplica también a transportistas, temporeros agrícolas, técnicos energéticos o personal de infraestructuras críticas.
La guía se refiere además a los controles médicos a los que se someta a esos trabajadores en un contexto de cierre de fronteras interiores en la Unión Europea (UE).
“Los trabajadores temporeros en la agricultura desempeñan una función crítica en algunas circunstancias en la recogida de la cosecha, su siembra y su cuidado” por lo que los países deben de tratar a estos temporeros agrícolas como “trabajadores críticos” e informar a sus empresas de la necesidad de proporcionarles el material de protección adecuado”, indicó la CE.
Las industrias agroalimentarias han avisado varias veces desde el inicio de la crisis de que, si cruzar la frontera se convierte en un trámite largo y con gran interacción humana para los temporeros agrícolas, existe el riesgo de que los camioneros empiecen a rechazar viajar entre distintos países de la UE.
Estos deben de llevarse a cabo “en las mismas condiciones que para los nacionales desempeñando las mismas ocupaciones” y a ambos lados de la frontera para garantizar la fluidez de tránsito.
En el caso de la medición electrónica de la temperatura corporal es preferible que los conductores no abandonen sus vehículos y no debería de controlarse más de tres veces en un mismo día, indica el Ejecutivo comunitario.
Si el trabajador controlado presentara fiebre y las autoridades consideran que no debería continuar su trayecto, agrega la Comisión Europea, la persona en cuestión debe de recibir la misma asistencia médica que recibiría un nacional del país en el que se encuentre y la información debe de compartirse con el Estado miembro en el que figure como trabajador.
Agroinformación.
 

-El Defensor del Pueblo ha pedido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la concesión de autorizaciones de trabajo para ciertos colectivos de extranjeros que podrían incorporarse al mercado laboral para paliar, de manera urgente, la falta de mano de obra en algunos sectores especialmente castigados por la crisis causada por el coronavirus. Francisco Fernández-Marugán se refiere específicamente al sector agrícola, al cuidado de personas mayores y al sanitario.
El Defensor mantiene que la legislación actual permite ofrecer permisos de trabajo a ciudadanos que se encuentran en situación regular en España, pero que no pueden ser contratados porque no tienen, por diversas circunstancias, una autorización de trabajo que se lo permita. Es el caso de solicitantes de asilo que llevan menos de seis meses en España y no se ha tramitado aún su permiso de trabajo o el de jóvenes inmigrantes que fueron tutelados por la Administración y que ahora, tras cumplir 18 años, tienen una autorización de residencia pero no de trabajo. La ONG Voluntarios por el Mundo, que atiende a jóvenes extutelados, ya se había dirigido al Defensor del Pueblo para señalar la posibilidad de que este colectivo pueda incorporarse al mercado laboral para compensar la falta de mano de obra actual en algunos sectores.
“El Reglamento de extranjería dispone que, en caso de que circunstancias de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen, el Consejo de Ministros podrá dictar instrucciones para la concesión de autorizaciones de residencia temporal o trabajo”, recuerda Fernández Marugán.
El Gobierno ya ha asumido parte de esa recomendación y ultima una instrucción, que llevará próximamente al Consejo de Ministros, para agilizar y facilitar las autorizaciones de trabajo y la homologación de títulos a inmigrantes con perfil sanitario que ya viven en España. Esta medida, sin embargo, está restringida al sector de la salud y de cuidados, de momento, no se ha abierto a otros perfiles como la agricultura, una petición que comienza a plantearse entre los agricultores.
Los empresarios agrícolas andaluces, en plena campaña de recogida de frutos rojos, están sufriendo un duro golpe con la pandemia. La demanda se ha resentido y el cierre de fronteras decretado por Marruecos el pasado día 13 bloqueó la llegada de casi 11.000 temporeras marroquíes a las que se esperaba para poder recoger la fresa en Huelva. Las restricciones fronterizas en la UE, también paralizó la llegada de trabajadores de Europa del Este. “Nuestro futuro es incierto. Ahora mismo la actividad es menor, pero si nuestras ventas se recuperan no tenemos claro si tendremos mano de obra suficiente a partir de mediados de abril", afirma Manuel Piedra, de la Unión de Pequeños Agricultores de Huelva. “No sabemos si podremos contar con trabajadores de otros sectores como el de servicios, ni tampoco cómo estos trabajadores podrían desplazarse a los campos de forma colectiva”.
Piedra apuesta primero por contratar desempleados locales. En la provincia de Huelva hay actualmente 52.780 parados, de los que 7.165 corresponden a la agricultura y más de 32.985 al sector servicios. Los números, advierte Piedra, no garantizan, sin embargo, que no tengan problemas de mano de obra y sí se plantea la contratación de inmigrantes, pero con condiciones. “Deberían ser personas que actualmente estén asentados en la provincia de Huelva. No queremos que una persona cruce media España para venir a trabajar aquí, debemos ser responsables”, señala. “Antes de dar la documentación, es necesario que el empresario formalice una demanda de trabajadores y un compromiso de darles alojamiento”.
Asaja- Huelva, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, una de las agrupaciones con más actividad del sector lamenta estos días una caída del 50% de la demanda y no ve en la autorización de trabajo para inmigrantes la mejor solución. "La opción idónea para dar cobertura a la necesidad de mano de obra que la agricultura onubense pueda tener es la oferta pública de empleo. Realizada a través de la administración competente, en este caso el Servicio Andaluz de Empleo dirigida a personas en situación de desempleo del entorno”, señaló una portavoz.
Situación de los centros de inmigrantes
Fernández Marugán también ha pedido que se aborde de forma urgente la situación de inmigrantes aún encerrados en los centros de internamiento para extranjeros (CIE) o que se alojan en los Centros de Estancia Temporal (CETI) de Ceuta y Melilla. El defensor vuelve a solicitar la puesta en libertad de los internos ya que en la situación actual no puede llevarse a cabo su expulsión y recuerda, una vez más, que “la privación de libertad de estas personas tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión”.
El Defensor del Pueblo lleva días en permanente comunicación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y con la Secretaría de Estado de Migraciones para coordinar la libertad de los internos derivándoles y su derivación a recursos de acogida humanitaria. Según el Ministerio del Interior, los CIE, con casi 900 plazas, están ahora mismo al 9% de su capacidad.
En el caso de los CETI, Fernández Marugán se ha dirigido al Ministerio del Interior y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que aborde el traslado de sus residentes a la Península. “Teniendo en cuenta la tradicional sobreocupación de estos dos centros, en los que, además, suele encontrarse un número significativo de menores, abogo por continuar con los traslados a la península y evitar así que se puedan producir contagios en unas dependencias que no están preparadas para tal eventualidad”, afirma en su escrito.
El País.
 

-Carta al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
A/A Ministro Sr. Luis Planas Puchades
EXPONEMOS
1.La entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, está poniendo al límite a muchos sectores de la ciudadanía en el Estado español. Estamos comprobando cómo el sector primario, productor de alimentos básicos para la población, no está siendo considerado en la medida en la que debería en la situación de crisis actual, especialmente la producción a pequeña escala.
2.El derecho a la alimentación fue reconocido en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en posteriores instrumentos internacionales. Según las Directrices por el Derecho a la Alimentación (FAO 2004), es responsabilidad del Estado respetar, proteger y garantizar el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas, particularmente en contextos de crisis como el actual. Asimismo, el Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas en el documento del Marco de Acción para situaciones de crisis prolongadas en su Recomendación Número 1 indica la: “Integración de políticas que refuerzan los sistemas alimentarios locales como un componente principal para aumentar la resiliencia, incluido a través de las compras locales y la creación de reservas alimentarias”.
3.La Comisión Europea, en concreto, en sus Directrices para medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de bienes y de servicios esenciales (COVID19) - (2020/C 86 I/01) establece que se debe garantizar “...la cadena de suministro de productos esenciales como medicamentos, equipos médicos, productos alimentarios esenciales y perecederos y ganado.”
4.En este contexto, resulta paradójico que el Gobierno de España, en el Artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación sanitaria ocasionada por el COVID19, autorice actividades como la venta minorista de alimentos o la apertura de establecimientos comerciales “...para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad”, pero se estén cerrando la mayor parte de los mercados alimentarios no sedentarios sin que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación esté articulando una respuesta o nota informativa como la dictada sobre la aplicación del real decreto de estado de alarma en el sector agrícola, ganadero y pesquero, que resuelva la evidente confusión y dudas existentes al respecto.
5.La Agroecología es un movimiento y un modelo agroalimentario reconocido a nivel mundial por instituciones como FAO y la UE. En el Estado español está cada vez más extendido y respaldado por miles de granjas y fincas que producen alimentos sanos y respetuosos con el medio ambiente y por miles de familias que, gracias a los canales cortos de comercialización, los consumen, tanto a título individual, a través de mercados o pequeño comercio, como a través de grupos de consumo. Estos canales, a menudo creados desde la propia ciudadanía, favorecen precios justos para quien produce y accesibles para quien consume, habiéndose consolidado como una opción viable frente a las políticas de precios de canales convencionales como la gran distribución. Ante la crisis ocasionada por el COVID19, el modelo agroecológico puede contribuir a dar respuesta a la demanda y dispone de las herramientas necesarias para abastecer de productos alimentarios esenciales en sus canales de comercialización habituales, tomando las medidas higiénico sanitarias necesarias y prescritas por las autoridades.
6.Una de las expresiones más ricas, dinámicas y seguras de comercialización de alimentos de las producciones pequeñas y agroecológicas la constituyen los mercados no sedentarios de proximidad, donde, a través de citas regulares en el tiempo, los/as agricultores/as, ganaderos/as y la pequeña producción y transformación artesanal comercializan de manera directa, sin intermediarios ni apenas desplazamientos, alimentos frescos, saludables y respetuosos con el medio ambiente, el clima y las personas. Estos mercados alimentarios no sedentarios de proximidad, adoptando los protocolos de seguridad a los que obligan las autoridades sanitarias (según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, añadidos a los establecidos en el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios), ofrecen unas condiciones de salubridad inmejorables porque:
1.Normalmente se celebran al aire libre o en grandes espacios como plazas de abastos, en vez de hacerlo en espacios cerrados, donde resulta más fácil mantener las distancias de seguridad.
2.Ofrecen alimentos que no pasan por intermediarios, que a menudo van directamente de la huerta a la cesta de la compra, minimizando las posibilidades de contaminación, que se ven incrementadas a medida que aumentan los eslabones de la cadena comercial.
3.Los alimentos de los mercados no sedentarios de proximidad no están expuestos al contacto de cientos de clientes, fuentes potenciales de contagio.
4.Los mercados no sedentarios de proximidad están gestionados por los/as propios/as productores/as, que tienen por obligación legal una elevada formación en materia higiénico-sanitaria, por lo que están preparados/as para vender sus producciones en unas condiciones óptimas y adaptarse a las nuevas exigencias.
5.Ofrecen alimentos necesarios indispensables en estos momentos de confinamiento forzoso, con mayor calidad nutricional, importante para el refuerzo del sistema inmunitario de las personas.
7.Los diversos decretos y decisiones, derivadas de la crisis sanitaria y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tomadas por el Gobierno y algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, han dado lugar a al cierre de la mayor parte de los mercados alimentarios no sedentarios de proximidad, a sanciones a agricultores/as y ganaderos/as, en desarrollo de su imprescindible trabajo, así como a consumidores/as de circuitos cortos de comercialización y hortelanos/as para autoconsumo. Estas sanciones suponen una represión y agresión directa a la pequeña producción primaria a pequeña escala, así como una vulneración del derecho de todas las personas a una alimentación y un medio ambiente saludables (Directrices de la FAO 2004). Asimismo, se viola el principio de no discriminación hacia un sector, el de quienes producen y quienes deciden consumir apoyando economías locales, justamente aquella economía que necesita más apoyo y que más refuerza nuestra resiliencia y reduce nuestra vulnerabilidad en contextos de shock como el actual (Directrices de la Comisión Europea 020/C 86 I/01).
8.Numerosos mataderos y salas de despiece están parando su actividad por la falta de demanda desde el sector hostelero, clausurado desde Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Este cierre está afectando especialmente a los/as ganaderos/as extensivos, que ya están teniendo pérdidas por la imposibilidad de comercializar sus productos.
9.La FAO ha alertado recientemente que “a partir de abril y mayo se esperan interrupciones en las cadenas de suministro alimentaria”. Y el acopio masivo realizado por las grandes superficies ya ha tenido como consecuencia un incremento del precio de algunas verduras, en el caso del calabacín en Merca-Madrid de un 273% desde el 12 de marzo. Es por tanto fundamental, más que nunca, garantizar el acceso a la producción local, sostenible y saludable y que los productos frescos, vitales en una situación de confinamiento, lleguen a las personas consumidoras, especialmente a las más vulnerables.
SOLICITAMOS
1.Que se dicten las instrucciones pertinentes a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que se busquen soluciones para los mercados no sedentarios de proximidad de sus respectivas jurisdicciones, en espacios que permitan el acceso controlado, regulando las condiciones de higiene y seguridad sanitaria, según los protocolos marcados por el Gobierno de las Islas Baleares, para evitar la transmisión del COVID19, con el objetivo de mejorar el derecho a la alimentación y a una nutrición adecuadas a toda la población por medio de estos canales.
2.Que se autoricen explícitamente los desplazamientos a granjas, huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos, incluso sin estar la persona dada de alta en el régimen agrario, tanto para el mantenimiento del funcionamiento de la granja, como para la cosecha de alimentos, tal y cómo ha hecho la Consejería de Medio Rural de Galicia. Asimismo, que se autoricen los desplazamientos de ganado trashumante y transterminante como es habitual.
3.Que se considere, dentro del Artículo 7.1.a del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los desplazamientos de los/as consumidores/as para adquirir alimentos directamente en finca, si ésta es punto habitual de venta, o en grupos de consumo, siempre y cuando se cumplan todos los protocolos de seguridad establecidos.
4.Que en la compra pública (hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares, etc.) y bancos de alimentos, ahora más que nunca, se prioricen los productos locales, los de las pequeñas granjas y los agroecológicos, especialmente aquellos productos procedentes de los sectores que han resultado más perjudicados por el cierre de la hostelería.
5.Que se flexibilice, incentive y agilice la concesión de registros sanitarios a ganaderos/as para facilitar la venta directa de sus productos, incluida la leche cruda, siempre y cuando se cumplan los criterios recogidos en el Anexo III, Sección IX, Capítulo I del Reglamento 853/2004.
6.Que se implementen medidas fiscales, como la exención del pago de autónomos, en apoyo a pequeños productores/as agroalimentarios, del mismo modo que con otros sectores clave para la sociedad, orientadas a mitigar las pérdidas derivadas de la crisis relacionada con la pandemia del COVID19. Asimismo, también más que nunca, debe garantizarse que la industria y la distribución paguen un precio justo a los/as productores/as.
7.Que se comunique, tanto a las comunidades autónomas y ayuntamientos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, como a la sociedad en su conjunto, la importancia, ahora más que nunca, del papel fundamental de las personas productoras y el pequeño comercio en alimentarnos y sostener nuestros agro-ecosistemas, y por tanto de consumir productos lo más locales y frescos posibles, así como la seguridad alimentaria de los mercados no sedentarios de proximidad y otras vías de venta directa.
8.Que se impulse la reapertura o creación de mataderos municipales o comunitarios, multiespecie de pequeña capacidad, mataderos en explotación y/o mataderos móviles, para incrementar las medidas de seguridad, disminuir el sufrimiento animal y apoyar a las pequeñas explotaciones, así como la reapertura o creación de salas de despiece locales para facilitar la venta directa y los canales cortos de distribución. Todo ello con normativas higiénico-sanitarias proporcionales a la realidad del sector.”
Entre otras muchísimas adhesiones, todas del mismo jaez, figuran las de: COAG, EHNE Bizkaia, Sindicato Andaluz de Trabajadores SAT, Sindicato de Obreros del Campo – SOC, Sindicato Labrego Galego, Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón UAGA – COAG, Coordinadora Camperola del País Valencià - COAG (CCPV-COAG), Agricultura Ecológica, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO Birdlife, WWF…. … ¡Vamos, todos los anti, una vez más unidos contra el sistema capitalista que, según ellos, nos ahoga hambrea y abandona!
Solidaridad Alimentaria.
 
 
-El reloj en marcha de la bioeconomía. (Conferencia de nuestro Ministro en plena pandemia)
“La irrupción del coronavirus ha trastocado la vida de la ciudadanía europea y nuestros quehaceres diarios, también la agenda que tenía previsto atender como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
A pesar de ello, y mientras desplegamos todos nuestros esfuerzos para detener la pandemia que sufre nuestro país y el resto del mundo, es positivo que se mantenga, en la medida de lo posible, la actividad y trabajo habitual a través de los medios a nuestro alcance.
Por eso, me complace participar en esta iniciativa que, a través de textos escritos y otros medios telemáticos, mantiene su voluntad, proactiva y decidida, de avanzar en la reflexión sobre las potencialidades de la “Bioeconomía y Agricultura”, a pesar de que una coyuntura temporal, inédita y sobrevenida haya obligado a cancelar el Foro auspiciado por Efeagro, Euractiv y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europa.
Pronto llegará un momento en que el Coronavirus será un mal recuerdo de nuestra vida y de nuestra sociedad. La conservación de nuestro medio ambiente y nuestra producción sostenible de energías y alimentos seguirán siendo retos ineludibles para el futuro del planeta.
El reloj de la Bioeconomía.
El reloj de la bioeconomía forma parte de la solución para que una circunstancia sanitaria como la actual no se vuelva a repetir.
Desde el principio del siglo XXI, la bioeconomía se ha revelado como una de las disciplinas transversales que nos permitirá satisfacer, de aquí al año 2050, la necesidad de duplicar la producción agraria, pero con la utilización de menos tierra y menos uso de agua. Es decir, la bioeconomía ofrece respuestas para un modelo agrícola y rural más inclusivo, seguro y sostenible sin sacrificar crecimiento y eficiencia. En este sentido, su relevancia estratégica se pone de manifiesto al estar asociada al logro de, al menos, 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por eso, es trascendental avanzar en los procesos de su implementación, sea cual sea la coyuntura de nuestra realidad presente.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere liderar, desde ese enfoque nuclear y transversal, las iniciativas para impulsar la Estrategia Española de Bioeconomía y su correspondiente Plan de Acción, en coherencia con el impulso que desde la Unión Europea se está dando, a través de la Estrategia Europea de Bioeconomía, al papel del sector agroalimentario como protagonista del cambio hacia este modelo de producción sostenible y que otorga al productor primario mucho más protagonismo. Además, en España, la bioeconomía tiene un enorme potencial, por lo que debemos profundizar en las oportunidades que ofrece al sector agroalimentario y al medio rural.
La enorme potencialidad de España.
La producción agrícola y ganadera, así como sus industrias de transformación generan un importante volumen de subproductos y/o residuos que, en su gran mayoría pueden ser aprovechados para crear valor donde antes no lo había. Así pues, la bioeconomía integra a amplios sectores de la actividad primaria como el agroalimentario, incluyendo la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura y la elaboración y comercialización de alimentos, además del de los subproductos industriales, el de la bioenergía procedente de la biomasa y el relacionado con los servicios asociados a los entornos rurales.
Por ejemplo, según un estudio del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), en nuestro país se producen 30.5 millones de toneladas anuales de restos agrícolas leñosos y herbáceos. Y, desde el punto de vista ganadero, este sector origina el 79% del biogás agroindustrial y un 67% del total del biogás potencialmente disponible en España. Y, según los datos globales disponemos de nuestro país (según los últimos datos disponibles), los sectores que comprenden la bioeconomía generan un volumen de negocio de 198.000 millones de euros (9% del total de la UE-28), 57.982 millones de euros de valor añadido (9% del total de la UE-28) y 1,34 millones de empleos (7% del total de la UE-28). Tanto en volumen de negocio, como en valor añadido y en empleo destaca el sector agroalimentario, bebidas y tabaco que representa, en los tres aspectos, en torno al 77% del total que aporta la bioeconomía.
Esta enorme potencialidad de nuestro país, unida a que uno de los rasgos distintivos de la Política Agraria Común (PAC) post 2020 es su mayor ambición ambiental, materializada en el hecho que el 40% de sus fondos irán destinados a ese concepto, nos señala un camino que no admite vacilaciones.
En este sentido, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estamos trabajando en la nueva planificación estratégica de la PAC, que, dentro de los nueve objetivos específicos, incluye uno relacionado con la bioeconomía que propugna la promoción del empleo, el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible. Por tanto, vamos a desarrollar intervenciones con el objetivo de aprovechar la potencialidad existente de la bioeconomía con el fin de generar empleo y riqueza en las zonas rurales.
Foros europeos
Participamos también en foros a nivel europeo, como el grupo temático de bioeconomía y acción climática que auspicia la Red Europea de Desarrollo Rural. Además, a través de las ayudas para la creación de grupos operativos supraautonómicos del Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), se han concedido, entre 2014 y 2020, 1,3 millones de euros a 27 grupos operativos relacionados, de una u otra forma, con la bioeconomía y que han abordado iniciativas tan variadas como el desarrollo de agrocompostajes, biomasa con fines térmicos, gestión de purines, reducción de pérdidas alimentarias, valorización de residuos y subproductos, biomasa forestal etc. Y, en las convocatorias de 2018 y 2019 de ejecución de proyectos innovadores de grupos operativos supraautonómicos del PNDR, siete proyectos enmarcados en el ámbito de la bioeconomía, que acometen actividades tanto forestales como de revalorización de subproductos y residuos, han recibido un total de 3,2 millones de euros.
Por último, es obligado mencionar que existe una íntima conexión entre bioeconomía y economía circular. Hasta tal punto es así que, en muchos casos, se considera que la bioeconomía es el segmento renovable de la economía circular. Tanto la estrategia europea como la española hacen hincapié en que el éxito de la bioeconomía depende de que sea circular y sostenible. De ahí que, cada vez más, se utilice el concepto de “bioeconomía circular” y que se incida en la ampliación de los ciclos de vida de materiales y productos. Así pues, la reorientación del patrón productivo hacia un modelo circular basado en la bioeconomía es un activo fundamental para fortalecer la conexión entre economía, sociedad y medio ambiente, es decir para consolidar los tres ejes ineludibles del desarrollo sostenible.
Y, ahora más que nunca, son necesarios espacios como este con el fin de favorecer reflexiones que nos ayuden a profundizar y a conocer casos de éxito, así como a fomentar, divulgar y formar a la población sobre las enormes oportunidades que nos brinda la bioeconomía a la hora de abordar los retos del futuro próximo en el sector agroalimentario.”
Ministro Planas.
 
-Mientras una parte del sector agrario español –especialmente el ganadero– atraviesa por una grave crisis de mercado y solicita ayudas al ministro de Agricultura, Luis Planas, sin que haya obtenido respuesta por el momento, este último dedica su tiempo a cerrar el «enchufe» y colocación en el exterior de Juan Prieto, su más estrecho colaborador en la pasada legislatura. Así, en el BOE de ayer se publicó una orden con fecha 24 de marzo por la que se resuelve la convocatoria de libre designación y se nombra a Juan Prieto Gómez como consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la República Italiana. La orden viene firmada por el titular del departamento, Luis Planas Puchades, que coloca así de forma definitiva en Roma a su anterior director de Gabinete, el citado Juan Prieto, veterinario del Cuerpo Nacional. Esta plaza en la capital italiana tiene una remuneración superior a los 10.000 euros netos al mes.
La designación de este último para ese puesto ha estado llena de polémica. Aunque la confirmación oficial no se ha producido hasta la aparición de la orden ayer en el BOE, Juan Prieto se apresuró a tomar posesión de este puesto tres meses antes, tal y como ya adelantó La Razón el pasado mes de enero. Así, el pasado 31 de diciembre dirigió un mensaje a un buen número de sus contactos en el que afirmaba, tras desear un magnifico año nuevo en lo personal y en lo profesional, que «os informo de que en el día de ayer (es decir, el 30 de diciembre) tomé posesión en Roma como representante de España ante la FAO y Consejero de Agricultura ante la República italiana, por lo que he cesado como Director del Gabinete del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación». Sin embargo, Prieto, con las prisas por ocupar ese puesto tras haber salido huyendo del Ministerio ante la posibilidad existente en esos momentos de que el PSOE no pudiese formar Gobierno o de que ese Departamento fuese a parar a otro partido político en el caso de un gobierno de coalición, cometió otro error, tolerado y amparado por su protector Luis Planas, ya que el cargo de representante de España ante la FAO, que se auto adjudicó, no le corresponde a él, sino que está ostentado por el embajador, en este caso el exministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis.
En el segundo párrafo del mensaje, Juan Prieto indicaba a sus contactos que estará, como no puede ser de otra forma, a su entera disposición en el nuevo destino en Roma y destacaba que mantendrá su número de teléfono. La realidad es que Prieto lleva desde entonces, es decir más de tres meses, instalado en Roma y gozando de todas las prebendas que supone el disfrute de ese cargo gracias a la complicidad de Planas, aunque su designación definitiva no se ha producido hasta ayer mismo.
Y, mientras Planas dedica una parte de su tiempo a «colocar» a su colaborador más estrecho, una parte del sector ganadero español se encuentra sumido en una grave crisis como consecuencia de las distorsiones que ha provocado el coronavirus, sin que el ministro haya atendido por el momento las peticiones de ayuda que han formulado los productores y las comunidades autónomas más afectadas. Los sectores en crisis son el de ovino y caprino, tanto de carne como de leche, y especialmente los animales más pequeños; el de los cochinillos, muy perjudicado como los anteriores por el cierre de la restauración, y el de la flor cortada. A esto se suma el hecho de que va a haber problemas de mano de obra en las campañas de recolección que están más próximas, como consecuencia de la dificultad para contratar temporeros que vengan a trabajar a España debido al cierre de fronteras.
La Razón.C.Lumbreras.
 

-Con la que está cayendo, con toda Europa (y medio mundo) afectado por el coronavirus y con la agricultura y ganadería de todos estos países siendo el sustento agroalimentario de toda la sociedad, a pesar de los problemas que están pasando algunos de estos sectores, hay quien no solo parece penar en otra cosa, sino en recortes y exigir aún más al sector primario. Así, según se ha sabido ahora, el Tribunal de Cuentas Europeo ha recomendado a la Comisión Europea (CE) que aproveche el periodo transitorio de la Política Agrícola Común (PAC) de 2021 para abordar los desafíos climáticos y medioambientales relativos al Pacto Verde y mejorar la medición del rendimiento.
En un dictamen que este miércoles 1 publica el Diario Oficial de la Unión Europea sobre la propuesta de medidas transitorias de Bruselas, recuerda que la CE ha puesto como objetivo pasar de un modelo de aplicación de la PAC basado en el cumplimiento a uno basado en el rendimiento con arreglo a los planes estratégicos de cada país.
El Tribunal concluye que la propuesta de Reglamento de transición de la Comisión cumple la finalidad de continuar financiando la PAC durante el período transitorio de conformidad con los importes establecidos en las propuestas para la PAC posterior a 2020.
En este sentido, el dictamen hecho público por el Tribunal de Cuentas constata que la propuesta de Reglamento de transición afecta a varios aspectos de la PAC, como la ampliación de los programas de desarrollo rural y sus compromisos plurianuales correspondientes a la ambición medioambiental y climática, a los mecanismos de evaluación, y al calendario de los créditos de pago.
 
 
-El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inicia la consulta pública para modificar la ley de la cadena alimentaria.
LA INFORMACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO SE PUEDE CONSULTAR EN EL PORTAL WEB DEL MAPA
El objetivo principal de esta modificación es dotar de mayor trasparencia a las relaciones comerciales, reforzar la posición del productor y eliminar las prácticas comerciales desleales
Con la modificación de la ley de la cadena se incorpora a la legislación española la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales una serie de medidas, entre las que se incluye la modificación de la ley de la cadena alimentaria.
En una primera fase, el Gobierno de España aprobó, el pasado 25 de febrero, el Real Decreto-ley 5/2020, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que posteriormente fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 25 de marzo. Con este real decreto-ley se llevaba a cabo una modificación de la ley de la cadena en aquellos aspectos que no podían esperar a la tramitación de una reforma legislativa ordinaria.
En la segunda fase se van a introducir nuevas medidas de mayor calado para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, además de incorporar a la legislación española la Directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
Con el procedimiento de consulta pública que ahora se inicia se facilita a los ciudadanos, organizaciones y asociaciones, que puedan expresar su opinión con carácter previo, y así enriquecer el proceso de elaboración de dicho anteproyecto.
Los interesados en participar en este procedimiento podrán remitir sus contribuciones a través del portal web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su sección “Participación ciudadana”, subsección “Participación pública en proyectos normativos”, remitiendo un correo electrónico con sus contribuciones a la dirección sgfi@mapa.es
MAPA.
 
-El Gobierno envía a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030
• El PNIEC (2021-2030) sitúa España en la senda para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y cumplir con el Acuerdo de París
• Prevé eliminar, en los próximos diez años, una de cada tres toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten actualmente. Para ello, se duplica la presencia de renovables en el uso final de la energía
• El plan incluye un análisis del impacto socio-económico de sus medidas. Entre otros efectos, se crearán entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acordado remitir a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).
El PNIEC persigue una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. Este objetivo de reducción implica eliminar una de cada tres toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten actualmente. Se trata de un esfuerzo coherente con un incremento de la ambición a nivel europeo para 2030, así como con el Acuerdo de París.
El texto enviado coincide con el que actualmente se encuentra incluido en la fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico (EAE) del plan y que ya fue remitido a Bruselas el pasado mes de enero, como borrador actualizado. Con esta nueva comunicación a la Comisión Europea, España da cumplimiento al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.
El documento se modificará –y, en su caso, se remitirá nuevamente a Bruselas– en aquellos aspectos que pudiera resultar necesario tras la finalización del proceso de evaluación ambiental y el análisis de la totalidad de las consultas recibidas. La fase de información pública debía haber concluido el pasado 25 de marzo y, en la actualidad, está suspendida en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.
Hasta la fecha, de los 21 planes presentados, 11 no cuentan con la declaración ambiental estratégica. Considerando la relevancia de que Bruselas tenga la información necesaria para aumentar el compromiso comunitario con la acción climática y las solicitudes recibidas por las autoridades españolas por parte de la Comisión Europea para el envío urgente de la versión definitiva del plan, España procede a su remisión, sin perjuicio de que en un momento posterior éste se adapte a las medidas ambientales que surjan de la evaluación ambiental estratégica.
El texto da respuesta a las recomendaciones emitidas por la Comisión Europea, incluye mejoras en el modelo, aborda las cuestiones derivadas de la consulta pública realizada entre el 22 de febrero y el 1 de abril de 2019, así como las recomendaciones contenidas en el documento de alcance de la evaluación ambiental estratégica.
Entre otras cuestiones, el PNIEC incorpora nuevas medidas y mayor detalle, reforzando los objetivos y los resultados. También incluye un análisis, con participación de Red Eléctrica Española (REE), que avala la seguridad del suministro eléctrico del mix energético que se fija el plan para 2030.
Las medidas contempladas en el plan permitirán alcanzar los siguientes objetivos en 2030:
 
-          23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.
 
-          42% de renovables en el uso final de la energía. Cifra que duplica el 20% del año 2020.
 
-          39,5% de mejora de eficiencia energética en la próxima década.
 
-          74% de presencia de energías renovables en el sector eléctrico, en coherencia con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100% renovable en 2050.
 
EFECTOS MACROECONÓMICOS
El PNIEC viene acompañado de un análisis de los efectos macroeconómicos sobre la economía y la industria española, el empleo y la salud pública. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y un mix en el que las energías renovables –más asequibles– son las protagonistas posibilitarán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en un 1,8% en 2030 respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros.
El plan estima una movilización de 241.400 millones de euros entre 2021 y 2030 que se destinarán, fundamentalmente, al impulso a las renovables, a medidas de ahorro y eficiencia, y a electrificación y redes. El 80% de estas inversiones se realizarán por parte del sector privado. El 20% restante serán inversiones de las distintas administraciones públicas, incluyendo financiación europea, que activarán la inversión privada a través de actuaciones asociadas al fomento del ahorro y la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el cambio modal, fundamentalmente.
La menor importación de combustibles fósiles –en especial, petróleo y carbón– y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará la dependencia energética del exterior que pasa del 74%, según el dato de 2017, al 61% en 2030. La reducción de las importaciones de combustibles fósiles alcanza los 63.781 millones de euros entre 2021 y 2030 respecto al escenario tendencial.
MEJORA DEL EMPLEO
El empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas. Se trata de un aumento del 1,7% respecto a un panorama sin las medidas del PNIEC. Esta horquilla representa el empleo neto anual, es decir, los puestos de trabajo adicionales y no acumulables que se crean cada año desde 2021 a 2030.
Las inversiones en renovables generarían entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año en 2030; las dedicadas al ahorro y eficiencia energética, entre 56.000 y 100.000 puestos de trabajo; y las de redes y electrificación de la economía, unos 46.000. Indirectamente, el cambio energético creará hasta 118.000 empleos netos en 2030.
EL CIUDADANO, EN EL CENTRO
Entre otras cuestiones, el PNIEC incorpora medidas en materia de transición justa y pobreza energética, en línea con la Estrategia de Transición Justa y la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que establece indicadores y objetivos de reducción de al menos un 25% en 2025. En este sentido, se incluye la participación local en proyectos renovables, el fomento de la energía renovable a partir de biomasa o la promoción de la eficiencia energética en el sector residencial.
De igual modo, se proponen instrumentos para garantizar a los consumidores el derecho a consumir, producir, almacenar y vender su propia energía renovable mediante la generación distribuida, la gestión de la demanda, el fomento de las comunidades energéticas locales, así como medidas específicas destinadas a promover el papel proactivo de la ciudadanía en la descarbonización.  Al respecto, el PNIEC hace hincapié en el potencial de la rehabilitación energética de edificios y del autoconsumo, especialmente el compartido.
BENEFICIOS PARA LA SALUD
Las medidas contenidas en el PNIEC no solo consiguen reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) sino también las de los principales contaminantes primarios asociados con la calidad del aire. Así, las medidas del PNIEC rebajarán el nivel de las partículas PM 2,5 en un 33%. En el caso de las del dióxido de azufre (SO2), la reducción es del 38%, y en cuanto a los óxidos nitrosos (NOx), el descenso es del 35%.
La mejora en la calidad del aire del conjunto del país se traduce en una disminución de los daños a la salud en forma de menos muertes prematuras, que se reducen en un 27% sobre un contexto sin medidas.
El PNIEC está disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
 
 

-Tras la propuesta del Colegio de Veterinarios de España (Colvet)  de desaconsejar la realización del saneamiento al ganado, en especial las acciones más rutinarias, la Junta de Castilla y León ha aceptado aplazarlo a petición de las organizaciones agrarias, mientras que UGAMA ha mostrado su enfado con la Comunidad de Madrid por rechazar esta posibilidad de suspender la campaña de saneamiento ganadero.
Así, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León ha suspendido temporalmente la campaña de saneamiento ganadero, pero a petición de los ganaderos se mantienen la realización de las pruebas previas al movimiento de ganado y/o para la exportación, y a la recuperación de la calificación sanitaria o a la finalización de las actuaciones sanitarias que estuvieran incompletas.
Además, quedan suspendidos los plazos de entrega de documentación, comunicación de nacimientos, muertes, etc., y quedan desactivadas las restricciones que automáticamente se establecen por el retraso en la entrega de la copia de los documentos sanitarios de traslado (autoguías).
Se mantienen los periodos de validez de todos los documentos sanitarios de traslados.
UGAMA NO ENTIENDE QUE MADRID NO ACEPTE UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL
Por su parte la Unión de Agricultores Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid, UGAMA, ha obtenido una respuesta negativa a la solicitud que había hecho al gobierno regional para suspender temporalmente la campaña de saneamiento ganadero. UGAMA había solicitado al gobierno regional que se suspendiera temporalmente la realización de los saneamientos ganaderos que reúnan toda la cabaña incluidos los pastos comunales, exceptuando los movimientos de animales específicos para vida entre explotaciones y los que, por motivos justificados se soliciten por parte del ganadero.
A esta solicitud, la Comunidad ha respondido con un no y, además, ha señalado que si no se llevan a cabo estas pruebas no se podrá acceder a los pastos comunales lo cual, a juicio de UGAMA, acarrearía un mayor coste junto con una merma de producción y unos daños medioambientales innecesarios.
La organización se muestra contraria a esta decisión que considera injustificada y la califica de despropósito.
“El programa de erradicación de tuberculosis bovina lleva más de 30 años sin erradicar nada y no hay evidencias actuales de que se pueda contagiar a humanos”, afirma Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA. “Los test de diagnósticos no son en absoluto fiables pues llevamos sacrificados alrededor de 900.000 animales y menos del 10% han dado realmente positivos en las pruebas post mortem realizadas”, añade.
Agroinformación.
 
-El mercado del aceite de oliva en origen se ha cerrado el pasado mes de marzo con un gran tirón respecto a la demanda de aceite envasado, frente a una actividad en origen prácticamente estable.
La razón que justifica este escaso movimiento de compra por parte de los envasadores es claro, a finales de febrero los grandes industriales tenían en sus bodegas más de 300.000 toneladas, que les ha servido para cumplir los compromisos que les marcaba la distribución comercial. En este contexto, las almazaras y las cooperativas muestran su preocupación, no sólo por la escasa actividad operadora, sino también la necesidad de mover los cobros de los aceites apalabrados, aunque no estén retirados.
A pesar de estas cuatro semanas de locura en la gran distribución, en origen los precios de aceite de oliva apenas si han sufrido variación. Es más, en la última semana de marzo las operaciones que se han firmado reflejan ya una bajada de precios, sobre todo en los aceites con destino a refinería que ya se ofertan a 1,70€/kg frente a los 1,75€ que se fijaban días atrás.
Y si los productores son capaces de sostener los precios actuales, es lógico pensar que el aceite inmovilizado en estos momentos se le pueda dar salida entre los 1,65€/kg/ 1,70€/g, lo que sin duda que va a ser un buen precio y finalmente una buena operación para salvaguardar la rentabilidad de las almazaras y cooperativas.
Por otra parte, es curiosos señalar el mayor interés de los envasadores en adquirir aceites de calidad virgen extra, por los que se pagan de media los 2,30€/kg. Y es que la gran distribución recoge ya el mayor interés de los consumidores por esta categoría, en una línea que se sostiene ya desde hace varios meses.
Respecto a la evolución del cultivo del olivar, de cara a la próxima campaña, sin duda que las lluvias que están cayendo son un auténtico maná del cielo. En casi todas las provincias productoras ha caído de manera suave y continúa lo que está ayudando a recuperar los acuíferos y los embalses y favorecerá el desarrollo de la floración en las próximas semanas.
De hecho, si el cultivo viene bien, es lógico pensar que nos podamos encontrar con una cosecha media-alta del orden de 1,6/1,7 millones de toneladas.
Olimerca.
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