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El sector pesquero exige autorización al gobierno para adquirir test

La Confederación Española de Pesca ha solicitado al Gobierno autorización oficial para poder adquirir directamente test de detección de COVID-19 ante las dificultades del Ejecutivo para suministrarlos a los distintos sectores afectados por esta pandemia.

Actualizado 23 abril 2020  
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Redacción Agrolibre
  
Igualmente, y mediante una carta dirigida a Salvador Illa, ministro de Sanidad, el sector, que afirma necesitar una respuesta urgente, también solicita alguna exención en las normas actuales de transporte para los embarques y desembarques de tripulaciones por la inflación de precios de, por ejemplo, taxis o autocares, debido a la alta demanda de estos servicios por las normas de ocupación establecidas.
En su escrito, CEPESCA informa al Ejecutivo de que la preocupación sobre la seguridad a la hora de embarcar de armadores y tripulaciones, expresada al Gobierno la semana pasada y en la que solicitaba el suministro urgente de material sanitario, ha llevado al sector a buscar proveedores de garantía de test rápidos serológicos de detección de COVID-19 para atender sus necesidades en un plazo razonable. Con ello, el sector podría realizar controles serológicos, tanto antes de los embarques como para casos de una posible infección durante las mareas. Sin embargo, el sector ha constatado la imposibilidad de realizar compras sin disponer de una autorización oficial previa.
Aprovechar los altos conocimientos sanitarios de los capitanes

El sector también propone al Gobierno su protocolo de actuación que prevé la realización de test de detección serológica de IgM e IgG de COVID-19 previos al embarque para garantizar el estado de los tripulantes, junto con otras medidas, como la toma de temperatura, y su reforzamiento con el suministro de este tipo de test en los botiquines de la flota para poder ser usados por los capitanes en casos de duda en alta mar, complementándolos con medidas de aislamiento.
El sector recuerda al ministro que los capitanes, como responsables sanitarios de los buques, ostentan amplios conocimientos y realizan cursos obligatorios periódicos de Formación Sanitaria Específica Avanzada regulados por el Instituto Social de la Marina (ISM), por lo que están capacitados para atender, por ejemplo, un parto, reducir una fractura abierta, o coser heridas y, por supuesto, hacer estas pruebas a un tripulante en alta mar. A este respecto, el sector recuerda que los test rápidos Covid19 son iguales en pauta de funcionamiento a los del paludismo, que todos los patrones saben utilizar gracias a los cursos antes mencionados.

El sector apunta en su escrito, que los botiquines de los pesqueros de altura y gran altura, regulados por la Orden PRE/2315/2015, además de muy completos, incluyen material, tal como pulsioxímetro, tensiómetro, mascarillas simples y de tipo FFP2, guantes de vinilo y estériles, gafas de protección frente a riesgo biológico, alcohol, lancetas o gasas estériles que garantizaría hacer test a bordo con seguridad.
Además, apunta CEPESCA, este protocolo estaría avalado por la Comunicación de la Comisión Europea sobre “Directrices relativas a la protección de la salud, la repatriación y las disposiciones de viaje de la gente de mar, los pasajeros y otras personas que se encuentran a bordo de buques (2020/C 119/01), publicada el pasado martes 14 de abril y en la que se señala que “para garantizar que la gente de mar con riesgo de infección pueda incorporarse a su puesto debe optarse ante todo por realizar pruebas de detección antes del embarque”.
 
Por último, y en la misma carta, el sector ha solicitado al Ejecutivo adoptar algún tipo de exención en las normas actuales de movilidad y transporte para los embarques y desembarques de los tripulantes y lo justifica en que los tripulantes, que guardan las distancias en los vehículos de transporte, estarán juntos una vez embarcados sin poder guardarlas por ser imposible en las operaciones de pesca. Además, han podido constatar el incremento de los costes de explotación de las empresas, sobre todo por las subidas importantes de los costes en servicios, particularmente en el de alquiler de autobuses, por el crecimiento de su demanda y como consecuencia de las condiciones exigidas para el transporte de los tripulantes.
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