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Semana del 5 al 12 de abril de 2020.

El sector primario confirma su razón de ser estratégico

Semana compleja en la que, una vez más, se está demostrando la absoluta necesidad que la ciudadanía tiene del sector agrario. En estas épocas de crisis se vuelve a demostrar que el sector primario es el primer sector estratégico de toda sociedad. Y esa fuerza es la que, cuando termine la tristísima historia que estamos viviendo y padeciendo, debemos imponer.

Actualizado 16 abril 2020  
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Redacción Agrolibre
  
Ahora resulta que desde la UE, -(todo lo que parecía imposible para una UE absolutamente “climatizada”, una UE con España a la cabeza que no duda, en aras a un falso crecimiento bioclimático, en hacer caer sobre el sector la culpabilidad y responsabilidad del incremento de los GEI, una UE que nadie sabe el por qué, salvo que se trate de empedrar el camino de seguir regando y manteniendo con generosidad, con dinero público a todas las organizaciones divulgadoras de las ideas surgidas tras los fracasos del comunismo clásico internacional y la caída del muro)-, se nos dice que para el Pacto Verde que, "un billón de euros, es la cantidad ambiciosa propuesta por el Banco Europeo de Inversiones para apoyar con el sector privado inversiones estratégicas y sostenibles". ¡Qué desvergüenza!
 
Comentarios.
En esta semana el Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden del Ministerio de Hacienda, que hoy publicamos como Documento, por la que se reducen, para agricultores y ganaderos, los Índices de Rendimiento Neto aplicables en 2019 en el sistema de estimación objetiva del IRPF (o de módulos). Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices.
Pero como este gobierno no da una a derechas, ni a izquierdas, la Orden no convence a muchos.
Como ejemplo la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se ha mostrado hoy decepcionada por la rebaja fiscal del Gobierno central para el sector agrario, una reducción del IRPF que ha calificado de “claramente insuficiente” y que “recrudece la ya difícil situación que atraviesan miles de nuestros agricultores y ganaderos por la crisis sanitaria del coronavirus”. La consejera andaluza ha lamentado que, finalmente, haya imperado en el Gobierno “los impuestos y no las personas”, ya que el sector agrario se está enfrentando al impacto del coronavirus “después de todo un año 2019 de pérdidas e incertidumbre por la crisis de los precios, la imposición de aranceles, los daños causados por temporales y la competencia desleal de los productos procedentes de terceros países que llegan a nuestros puertos”. “Resulta incomprensible -ha añadido- que el Gobierno deje de atender la llamada de auxilio de sectores como el de frutas y hortalizas, afectados gravemente por la DANA del año pasado, o el del olivar, que sufre especialmente el impacto de la sequía”.
Y como los “calentólogos” de antaño, que parecían dormir el sueño de los justos, pero que siguen siendo unos “aprovachateguis”, han conseguido una vez más aprovecharse de la actual situación y han conseguido que el Gobierno haya aprobado el uso del bioetanol para fabricar geles desinfectantes. Por el momento, el etanol está en periodo de revisión dentro de la Comisión Europea y no ha sido aprobado de forma comunitaria. Sin embargo, las medidas aprobadas por la Unión Europea permiten a los gobiernos hacer uso de sustancias que todavía se encuentren en periodo de revisión y que no hayan sido aprobadas para lanzarse al mercado. La aprobación para el uso de este alcohol de origen vegetal ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por orden del Ministerio de Sanidad. Esta autorización se realiza tras haber paralizado la producción de alcohol vínico… ….
Y para colmo, en la misma línea de favorecer al amigo, en una orden del Ministerio de Sanidad, de 6 de abril, publicada ayer martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se establecen medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La medida afectaría, para nosotros se dicta, a empresas como la cooperativa Bexen Medical, que forma parte de la Corporación Mondragón, con la que el Gobierno ha llegado a un acuerdo para fabricar 60 millones de mascarillas.
¿Se trata de favorecer al PNV?
Terminemos hoy reseñando que, al margen del silencio del MAPA, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha vuelto a dirigir una misiva a los 28 ministros del ramo de la UE, como continuación de su primera carta, enviada el 19 de marzo, y de la videoconferencia de alto nivel mantenida la pasada semana afirmando que, “nos enfrentamos a una situación sin precedentes debido al brote de Coronavirus y que por ello, la Comisión Europea está trabajando en todos los frentes, en cooperación con los Estados miembros, para responder a los principales desafíos y garantizar que todo el mundo esté a salvo.
Aunque lamentablemente, nos dicen, a algunos Estados Miembros les queda poco o ningún margen presupuestario, me complace que los que lo tienen ya estén estudiando activamente la forma de utilizar el dinero todavía disponible en sus programas de desarrollo rural para financiar las medidas pertinentes para hacer frente a la crisis y recuperarse de ella.
Nosotros sí que sabemos que, al menos, el Gobierno andaluz ha comenzado a estudiar la reprogramación de los fondos europeos para destinarlos a políticas para contrarrestar los efectos del coronavirus y que dispondría de unos 4.500 millones de euros. Esas modificaciones normativas acordadas a finales de marzo en Bruselas afectarían tanto a las disposiciones comunes que rigen el funcionamiento de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión -Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), Fondo de Cohesión y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)-, según ha informado la Oficina de Comunicación de la Junta tras el Consejo de Gobierno.
Estos fondos del marco presupuestario que acaba este año estaban destinados a estimular el desarrollo económico y la creación de empleo de los países de la UE, concentrados en cinco sectores: investigación e innovación, tecnologías digitales, economía hipocarbónica, gestión sostenible de los recursos naturales y pequeñas empresas.
Planas y demás Consejeros Autonómicos, ¡a ponerse las pilas!

Noticias.
-El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá medidas de apoyo directo para los sectores de ovino y caprino para facilitar la salida de los animales de las granjas y aliviar la situación en la que se encuentran los productores tras la declaración del estado de alarma a consecuencia del COVID-19.
Estos sectores se han visto especialmente afectados por el rápido deterioro del mercado de la carne de ovino y caprino, dado que su producción es marcadamente estacional y vinculada a su consumo en restaurantes y hostelería, canales que han tenido que cerrar por las medidas de confinamiento decretadas, lo que ha generado un gran excedente.
De esta forma, podrán acogerse a las ayudas los ganaderos de ovino y caprino cuyas granjas tengan un censo de más de 30 hembras reproductoras, así como las granjas de tratantes y los centros de concentración.
El importe máximo de la ayuda será de 30 euros por animal, que tengan una edad igual o menor a 4 meses, que hayan salido de la granja con destino al matadero entre el 14 de marzo y el día siguiente a la finalización del estado de alarma, ambos inclusive, hasta un máximo de 70 animales por granja y de 200 en el caso de tratantes y centros de concentración.
Estas medidas se recogerán en un real decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se tramitará con carácter de urgencia. El Ministerio financiará estas ayudas, cuyas solicitudes serán tramitadas por las comunidades autónomas, una vez publicado el real decreto, mediante los procedimientos oportunos para la presentación de solicitudes, tramitación, resolución y pago, a lo largo de 2020.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, que permitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos.
Su objetivo es asegurar la recolección en las explotaciones agrarias, el flujo productivo para los eslabones posteriores de la cadena y el abastecimiento de la población, ante la disminución acusada de la oferta de mano de obra que habitualmente se ocupa de las labores agrarias como temporera en el campo español, por limitaciones sanitarias a los viajes desde sus países de origen como consecuencia del COVID-19.
Una situación que se ve agravada por su coincidencia temporal con varias de las campañas de mayor actividad e importancia, como la fruta de hueso, los cultivos de verano o la fresa que no son susceptibles de mecanizarse y, por lo tanto, corren el riesgo de perderse.
Estas medidas favorecen la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral, necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma.
MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN TEMPORAL
Las medidas urgentes permiten la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral, con el desempeño de tareas agrarias, de modo que se logre suficiente mano de obra en la actual coyuntura por parte de la población cercana a los lugares de cultivo y el aumento de la renta disponible en un momento de especial vulnerabilidad, sin mermar la protección social y la salud pública.
Podrán, por tanto, ser beneficiarios de las medidas de flexibilización temporal las personas que, a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, se encuentren en situación de desempleo o cese de actividad y aquellos trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos, como consecuencia del cierre temporal de la actividad, conforme a lo señalado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, excepto los trabajadores afectados por los ERTES con causa del COVID-19.
También podrán acceder a estos trabajos aquellas personas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones.
Igualmente podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, que tengan entre 18 y 21 años.
Para acceder a este tipo de contratos, la norma establece que podrán beneficiarse de las medidas de flexibilización las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en los que realizar el trabajo. Se contempla como requisito para el empresario la necesidad de asegurar, en todo momento, la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente al COVID-19.
Las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se desempeñe, al amparo de las medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, serán compatibles con distintas prestaciones por desempleo.
TRAMITACIÓN
También se estipula que, para la tramitación de estas medidas, las Administraciones competentes y los agentes sociales promoverán la contratación de las personas.
De esta forma las ofertas de empleo que sea necesario cubrir en cada localidad serán comunicadas por las empresas y empleadores a los servicios públicos de empleo autonómicos competentes, que las gestionarán con las personas beneficiarias para darles cobertura de manera urgente.
Además, y para asegurar la correcta aplicación de lo dispuesto en este real decreto-ley, las delegaciones y, en su caso las subdelegaciones del Gobierno establecerán los mecanismos de coordinación precisos con el Servicio Nacional de Empleo, comunidades autónomas y agentes sociales.
Estas medidas urgentes aprobadas hoy cumplen, por tanto, el triple objetivo de garantizar el normal aprovisionamiento de los mercados, el mantenimiento de la renta de la población que más lo necesite y de la actividad y sostenibilidad agrarias y la mejora de las condiciones socio laborales de la población, asegurando mejoras en los ingresos para las personas en situación de desempleo o cese de actividad.
MODIFICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
En el Real Decreto-Ley se incorporan también determinadas modificaciones puntuales en materia de Seguridad Social destinadas a clarificar la redacción y desarrollar aspectos concretos de gestión de las prestaciones establecidas en los Reales Decretos de 10, 17 y 31 de marzo; y de flexibilización de trámites, de acuerdo con la situación de excepcionalidad.
Así, se incluyen medidas extraordinarias con carácter temporal de simplificación para la tramitación de los procedimientos de las entidades gestoras de la Seguridad Social como consecuencia de la declaración del estado de alarma.
También se modifica el Real Decreto-Ley de 10 de marzo, en el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico.
Concretamente, se amplían las situaciones protegidas hasta el momento como situación asimilada a accidente de trabajo. De esta forma tendrán tal consideración, con carácter excepcional, los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio (confinamiento) donde tengan el domicilio las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.
Igualmente se incluyen modificaciones relacionadas con la incorporación al ordenamiento jurídico los efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios, ampliando para este colectivo la cobertura de la protección de Seguridad Social a todas las contingencias, tanto por enfermedad común como por enfermedad profesional y por accidente sea o no de trabajo, incluido el accidente “in itinere”.
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS
Se procede a dar una nueva redacción al artículo 17 de Real Decreto-Ley 8/2020 puntualizando el alcance de la protección y la acreditación de los requisitos necesarios la percepción de la prestación extraordinaria para autónomos (ingresos inferiores al 75%) para determinadas actividades que perciben sus ingresos de manera desigual a lo largo campañas o períodos temporales superiores al semestral, que es el parámetro temporal de comparación que constituye la regla general. Así, se extiende la flexibilización aprobada la semana pasada para las actividades agrícolas y las culturales o de espectáculos públicos a las incluidas en el Régimen Especial del Mar. Todas ellas se regirán por otros periodos de cálculo.
Tal y como recoge la modificación de la norma, esta prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día en el que finalice el estado de alarma.
También se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo referente a la moratoria de las cuotas para empresas y autónomos, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 para incluir algunas puntualizaciones.
La moratoria, en los casos que sea concedida, únicamente afectará a las aportaciones empresariales en la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, así como a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
OTRAS DISPOSICIONES
Por otra parte, y para que, durante la vigencia del estado de alarma, todos los mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y de la Mutualidad General Judicial que, en este periodo, comiencen o continúen en una situación de incapacidad temporal sigan percibiendo sus retribuciones, se establecen normas temporales de actuación a los órganos de personal, para dar cobertura a la tramitación y abono de todas las situaciones de incapacidad temporal.
También se modifica el Real Decreto-Ley de 10 de marzo, en el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, clarificando algunos aspectos relacionados con la consideración con carácter excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo, de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.
Igualmente se incluyen modificaciones relacionadas con la incorporación al ordenamiento jurídico los efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios, ampliando para este colectivo la cobertura de la protección de Seguridad Social a todas las contingencias, tanto por enfermedad común como por enfermedad profesional y por accidente sea o no de trabajo, incluido el accidente “in itinere”.
 Además, ante la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19, y la necesidad de estimular la fabricación de productos sanitarios, así como la investigación clínica tanto en relación con medicamentos como con productos sanitarios, se establece la exención del pago de tasas en los procedimientos de autorización de ensayos clínicos para la investigación de medicamentos relacionados con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los procedimientos de licencia previa de funcionamiento, en relación con licencias excepcionales para la fabricación de los productos sanitarios necesarios, así como en los procedimientos de autorización de investigaciones clínicas con productos sanitarios, relacionadas con el COVID-19

…El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy, 9 de abril, la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen, para agricultores y ganaderos, los Índices de Rendimiento Neto aplicables en 2019 en el sistema de estimación objetiva del IRPF (o de módulos). Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices.
Los agricultores y ganaderos españoles afectados por la sequía de 2019, así como por los daños causados en septiembre por el temporal de DANA (depresión aislada en niveles altos), se beneficiarán de esta medida.
La reducción de módulos, además de ser un apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por situaciones de adversidad climática, también contribuye a paliar la difícil situación de mercado de algunas de esas producciones, particularmente en el caso del olivar, pero también en el de los cítricos y la fruta dulce.
La orden publicada beneficia, a nivel estatal, a agricultores y ganaderos dedicados a los cultivos herbáceos, olivar, cítricos, frutales no cítricos, así como a los productores de ganadería extensiva, vacuno de leche y apicultura
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación calcula que la aplicación de esta norma en el sector agrario supone una rebaja de la base imponible del orden de 614 millones de euros para el sector agrario, la mayor cifra del último quinquenio y aproximadamente el triple de la de 2018.
Cerca de un millón de agricultores y ganaderos se acogen al régimen de estimación objetiva
El sistema de estimación objetiva agraria es el mayoritario entre los agricultores y ganaderos españoles. A este sistema de tributación se acogen voluntariamente cerca de un millón de declarantes.
Las reducciones de módulos aprobadas se traducen en una disminución proporcional de la base imponible de los rendimientos de la actividad agraria y, por tanto, del resultado de la declaración del IRPF 2019….
MAPA

- La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se ha mostrado hoy decepcionada por la rebaja fiscal del Gobierno central para el sector agrario, una reducción del IRPF que ha calificado de “claramente insuficiente” y que “recrudece la ya difícil situación que atraviesan miles de nuestros agricultores y ganaderos por la crisis sanitaria del coronavirus”.
Tras analizar la orden del Ministerio de Hacienda publicada en el BOE de hoy por la que se reducen los módulos de IRPF, Crespo ha reprochado al Gobierno de Sánchez su “falta de sensibilidad” ante la “asfixia” del sector agrario, que tiene que hacer frente ahora al pago de estos impuestos “tras haber sufrido una caída de ingresos que, en algunos casos, llega hasta del cien por cien”.
“El Gobierno tenía la oportunidad de actuar con justicia y solidaridad con los miles de agricultores y ganaderos que se levantan cada día para garantizarnos alimentos de calidad pese al riesgo que esto supone para sus familias, en cambio ha optado por mantener la presión fiscal”, ha asegurado la consejera, quien también ha recordado cómo el sector está participando “con extraordinaria generosidad” en las tareas de desinfección de sus pueblos. “No se lo merecen”, ha enfatizado.
En este sentido, la consejera andaluza ha lamentado que, finalmente, haya imperado en el Gobierno “los impuestos y no las personas”, ya que el sector agrario se está enfrentando al impacto del coronavirus “después de todo un año 2019 de pérdidas e incertidumbre por la crisis de los precios, la imposición de aranceles, los daños causados por temporales y la competencia desleal de los productos procedentes de terceros países que llegan a nuestros puertos”.
“Resulta incomprensible -ha añadido- que el Gobierno deje de atender la llamada de auxilio de sectores como el de frutas y hortalizas, afectados gravemente por la DANA del año pasado, o el del olivar, que sufre especialmente el impacto de la sequía”.
“No atendida”
La orden de reducción de módulos de IRPF publicada hoy en el BOE viene precedida por una reiterada reclamación de rebaja fiscal por parte de la Consejería de Agricultura y recogida en un exhaustivo informe remitido al Gobierno el pasado mes de febrero. Un documento donde se recoge los daños ocasionados en diferentes producciones agrícolas y ganaderas a lo largo de 2019 por adversidades meteorológicas, la crisis de precios, la imposición de aranceles o la disminución en un 8,6% de la renta agraria.
Así, mientras la Junta de Andalucía justificaba un descenso de los módulos de IRPF para la flor cortada y planta ornamental del 30%, el Ministerio ha decidido no atender la petición de la administración autonómica y mantener el mismo índice. Igual ocurre en el sector de las frutas y hortalizas, donde la Consejería solicitaba una rebaja del 50% y Hacienda ha decidido mantener el índice sin cambios en unos momentos donde necesita liquidez para seguir adelante. Tampoco se han atendido las reducciones planteadas en el algodón y en el almendro.
En otras actividades agrarias, las rebajas decretadas por el Gobierno central han sido mínimas y quedan muy lejos de las señaladas por la consejería. Es el caso del olivar y la aceituna de mesa, donde la Junta pedía una reducción del 100% y tan solo se ha concedido el 50%, pese a la complicada situación que atraviesa el sector oleíocola, que ha tenido que recurrir al almacenamiento privado para frenar la caída de precios. Lo mismo ocurre para la apicultura, del 100% solicitado por la administración andaluza, el Gobierno se ha quedado en el 50%.
También llama la atención que, frente a la rebaja del 40% de los módulos de IRPF para el sector ganadero propuesta por Andalucía, el Ministerio de Hacienda solo ha decretado reducciones mínimas, como sucede en la cabaña de bovino de leche, que pasa de 0,20 a 0,18.
Prensa Junta Andalucía.
 
 
-Ni queriendo se pueden hacer las cosas peor ni perjudicar tanto a la provincia de Cádiz, una provincia que ha sufrido pérdidas importantísimas en 2019 debido a la grave sequía sufrida y a la crisis de precios que ha castigado al sector agrario en 2019”, según ha denunciado Asaja Cádiz tras la Orden publicada este jueves 9.
Para la organización agraria, “no sólo no se recogen producciones extremadamente castigadas en nuestra provincia; caso de la flor cortada, uva para vinos con D.O como Jerez, etc., sino que además nos discriminan negativamente con respecto a provincias limítrofes como Málaga o Sevilla, donde producciones como los cítricos en Jimena, San Pablo de Buceite o San Martín del Tesorillo, que lindan con la provincia de Málaga, aplican una reducción de módulos que para Cádiz queda en 0,18 y para Málaga de 0,13. Lo mismo ocurre en producciones como el olivar, de los sectores más castigados en 2019, donde para Cádiz el módulo queda en 0,13 y para Jaén en 0,09, para Málaga el 0,09, Sevilla el 0,09, etc. Algo del todo incomprensible”, asegura su secretario general, Pedro Gallardo, que recalca que lo mismo ocurre para cultivos como las oleaginosas y otros.
Por otro lado, desde la organización agraria no entienden cómo el Ministerio de Hacienda no contempla reducción en flor cortada en Cádiz, algo que desde ASAJA Cádiz además se viene pidiendo que se haga de forma estructural por la crisis en la que está sumida el sector. El módulo actual del 0,32 en flor cortada no lo han bajado nada y sin embargo en otras zonas como Murcia bajan el módulo a 0,05.
Algo parecido ocurre en el arroz, con una superficie de 2.800 Ha la provincia de Cádiz es la gran olvidada “y parece que en Andalucía sólo existe arroz en Sevilla. En esta provincia el módulo lo bajan a 0,22 y en Cádiz ni se recoge este cultivo en la Orden publicada. Faltan muchos más cultivos en nuestra provincia que no han tenido una reducción especial, caso del algodón (sí en Córdoba, donde lo bajan a 0,26), aguacate, hortícolas (sólo incluyen reducción especial para el tomate y dejan fuera términos municipales como Sanlúcar, Rota, etc)”.
En definitiva, para Asaja Cádiz,  todo es “un despropósito para la provincia de Cádiz, que ni queriendo se pueden hacer las cosas peor, en un año donde los agricultores y ganaderos esperábamos un gesto por parte del Gobierno y donde pedíamos unos módulos con valor cero o próximo a cero para todas las producciones agrícolas y ganaderas y para todos los términos municipales, tanto de Cádiz como del resto de Andalucía y España, ya que el 2019 ha sido de los peores años que se recuerdan en el campo, con una bajada de la renta agraria, por primera vez en más de 5 años, superior al 8%”.
ASAJA Cádiz ya ha trasladado al Ministerio de Agricultura y Hacienda estas peticiones y espera que se arregle cuanto antes el tratamiento dado a esta provincia porque, insisten “ni queriendo se pueden hacer las cosas peor”.
ASAJACádiz.
 
-El Gobierno ha aprobado el uso del bioetanol para fabricar geles desinfectantes. Por el momento, el etanol está en periodo de revisión dentro de la Comisión Europea y no ha sido aprobado de forma comunitaria. Sin embargo, las medidas aprobadas por la Unión Europea permiten a los gobiernos hacer uso de sustancias que todavía se encuentren en periodo de revisión y que no hayan sido aprobadas para lanzarse al mercado.
La aprobación para el uso de este alcohol de origen vegetal ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por orden del Ministerio de Sanidad.
Según el documento, el bioetanol es un "el alcohol etílico o etanol obtenido a partir de la fermentación de los azúcares que se encuentran en diversos productos vegetales, tales como cereales, remolacha, caña de azúcar o biomasa".
El bioetanol, además, puede ser usado como combustible. De hecho, la mezcla de este producto con gasolina da lugar a un biocombustible de alto poder energético con características muy similares a las del derivado del petróleo, pero con una notable reducción de gases contaminantes en motores tradicionales. Es más, el uso de este producto no requiere una modificación de los motores tradicionales. Sin embargo, en la Unión Europea se han puesto varias restricciones técnicas al uso de este producto como combustible, pero en Estados Unidos o Suecia ya es más común.
Mascarillas y batas sin CE.
Además, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar desde ayer martes "de forma expresa", durante el estado de alarma, la puesta en el mercado y la puesta en servicio de productos como mascarillas y batas quirúrgicas que no hayan pasado la evaluación del marcado CE.
Así se recoge en una orden del Ministerio de Sanidad, de 6 de abril, publicada ayer martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La medida afectaría a empresas como la cooperativa Bexen Medical, que forma parte de la Corporación Mondragón, con la que el Gobierno ha llegado a un acuerdo para fabricar 60 millones de mascarillas.
Libertad digital.
 
-La crisis del Covid-19 posibilita la bajada temporal de potencias del sector agrario.
SE TRATA DE UNA OPCIÓN HISTÓRICAMENTE DEMANDADA POR LOS AGRICULTORES YA QUE LA ELECTRICIDAD SÓLO SE UTILIZA LA MITAD DEL AÑO.
El Gobierno ha publicado en el B.O.E. la normativa necesaria para que, durante el estado de alarma en que nos encontramos, se pueda solicitar la bajada de potencia de los puntos de suministro con tarifas 3.1 y 6.1 al objeto de que se puedan adaptar los contratos a las pautas de consumo y sin que proceda cargo alguno.
Se permite que la modificación de las potencias se mantenga durante tres meses tras la finalización del estado de alarma algo que puede generar cierto ahorro a las explotaciones agrícolas que no vayan a comenzar a regar en breve.
Ya en la Ley 1/2018, publicada el 7 de marzo de 2018, se modificaba la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico incluyéndose que “el contrato de acceso para regadío contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad”. Lo cierto es que han pasado dos años y no se ha desarrollado dicha Ley por lo que los regantes no se pueden beneficiar de esta posibilidad que ahora abre la desgraciada situación que estamos viviendo.
ASAJA-Palencia.
 

-El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha vuelto a dirigir una misiva a los 28 ministros del ramo de la UE, como continuación de su primera carta, enviada el 19 de marzo, y de la videoconferencia de alto nivel mantenida la pasada semana. “Nos enfrentamos a una situación sin precedentes debido al brote de Coronavirus. La Comisión Europea está trabajando en todos los frentes, en cooperación con los Estados miembros, para responder a los principales desafíos y garantizar que todo el mundo esté a salvo. Nuestros agricultores y todos los agentes de la cadena de suministro de alimentos están trabajando con ahínco para garantizar que durante toda esta crisis sigan estando disponibles alimentos seguros y de alta calidad. He escuchado sus preocupaciones y anunciado ya flexibilidades y simplificaciones que garantizarán la continuación del apoyo a los agricultores y otros beneficiarios de la Política Agrícola Común (PAC) en el marco de las restricciones actuales y las medidas de distanciamiento social adoptadas por los Estados Miembros. Actualmente se están dando los últimos pasos legales para adoptar estas medidas lo más rápidamente posible”, comienza Wojciechowski.
“En este momento quisiera alentarlos a que aprovechen al máximo toda la flexibilidad y las oportunidades que ofrece el marco de desarrollo rural de la PAC. Aunque lamentablemente a algunos Estados Miembros les queda poco o ningún margen presupuestario, me complace que los que lo tienen ya estén estudiando activamente la forma de utilizar el dinero todavía disponible en sus programas de desarrollo rural para financiar las medidas pertinentes para hacer frente a la crisis y recuperarse de ella. Sobre la base de la información de que dispone la Comisión, observo que en este momento los Estados miembros todavía pueden comprometer unos 6.000 millones de euros en el marco de sus programas de desarrollo rural; esta cantidad aumenta a unos 17.000 millones de euros si se consideran las cantidades reservadas para las convocatorias de solicitudes en curso que todavía no han concluido”, añade el Comisario.
"En este contexto pueden utilizarse varias medidas de desarrollo rural y me gustaría destacar algunas de estas posibilidades. Si todavía no han programado estas medidas y desean hacerlo, o si desean ampliar su alcance o reasignar fondos entre las medidas, mis servicios están dispuestos a ayudarles para que la aplicación pueda comenzar lo antes posible. Se pueden apoyar varios tipos de cooperación. Puede tratarse de la cadena de suministro de alimentos, en la que los agricultores venden directamente a los consumidores, o de la creación de servicios de entrega a domicilio de productos esenciales como alimentos o medicinas a habitantes rurales aislados. También se puede movilizar el apoyo para cooperar con miras a mejorar los servicios relacionados con la atención de la salud. Además, los fondos de desarrollo rural pueden apoyar las inversiones a nivel de las explotaciones agrícolas, para la elaboración, comercialización o envasado de alimentos, o para el restablecimiento del potencial de producción agrícola. Esto también se aplica a las inversiones en pequeñas infraestructuras y servicios locales, como la adquisición de equipos, la adaptación de centros de salud o la creación de instalaciones sanitarias móviles en las zonas rurales".
Wojciechowski añade además que "los servicios de asesoramiento pueden orientar a los agricultores para mejorar la capacidad de recuperación de sus explotaciones. Los servicios de socorro agrícola pueden ayudar a los agricultores en su labor diaria cuando lo necesiten por razones como la enfermedad, las ausencias o el exceso de trabajo inesperado. En los casos en que ya existen instrumentos de gestión de riesgos, podrían utilizarse inmediatamente para compensar a los agricultores por pérdidas de ingresos importantes y repentinas como consecuencia de la crisis. Por último, los instrumentos financieros pueden seguir ofreciendo asistencia financiera a los agricultores. Además, en el marco de la Iniciativa de Inversiones para la Respuesta al Coronavirus Plus, la Comisión ha ampliado el alcance del apoyo a las pequeñas y medianas empresas rurales proponiendo préstamos o garantías para cubrir los costos operacionales mediante instrumentos financieros. Esto podría contribuir a aumentar la corriente de efectivo de los agricultores, por ejemplo. La Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD) ha publicado una colección de ejemplos de proyectos de respuesta a Covid-19. Junto con mis servicios, nos comprometemos a apoyarles para que utilicen todas las medidas disponibles de la forma más rápida y eficaz posible. Nos aseguraremos de que se aprueben rápidamente las modificaciones del programa propuestas en respuesta a la crisis y nos gustaría animarles a que se pongan en contacto de forma proactiva con mis servicios a este respecto".
INTEREMPRESAS.
 

-El Gobierno andaluz ha comenzado a estudiar la reprogramación de los fondos europeos para destinarlos a políticas para contrarrestar los efectos del coronavirus. El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha informado al Consejo de Gobierno de esta posibilidad dado que la Comisión Europea (CE) ha acometido reformas que permitirán a los estados miembros usar los fondos estructurales y de inversión aún disponibles y sin gastar del marco presupuestario 2014-2020 para minimizar la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19.
Según el informe de Velasco, esas modificaciones normativas acordadas a finales de marzo en Bruselas afectan tanto a las disposiciones comunes que rigen el funcionamiento de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión -Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), Fondo de Cohesión y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)-, según ha informado la Oficina de Comunicación de la Junta tras el Consejo de Gobierno.
Ante esta decisión comunitaria, la Consejería de Economía ha comenzado los trabajos preparatorios para llevar a cabo la reprogramación de las partidas por ejecutar en cooperación con las consejerías del Gobierno andaluz que gestionan fondos europeos, entre ellas Fomento y Agricultura.
Entre las novedades más relevantes que se derivan de las decisiones adoptadas por Bruselas, el informe de Velasco destaca «la autorización de transferencias 'express' de recursos entre las líneas prioritarias de un mismo programa de financiación». Esa medida se aplicará a los fondos FEDER y FSE en el caso de España.
El Ejecutivo europeo ha establecido, como medida temporal, que los instrumentos financieros que se nutren de fondos estructurales y de inversión «también puedan destinarse a favorecer la liquidez de las pymes», subraya la nota de la Junta. Los fondos FEDER pueden destinarse a este objetivo, así como, al refuerzo de los servicios de salud en el caso de crisis sanitarias como la provocada por el coronavirus.
Para el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, «se incorpora también la crisis sanitaria entre los supuestos admitidos para usar estos recursos tanto en la creación de mutualidades que cubran pagos a pescadores y pérdidas económicas, como en los seguros formalizados por pérdidas económicas de las poblaciones acuícolas».
4.500 millones sin gastar
El exconsejero de Economía y Hacienda y diputado socialista, Antonio Ramírez de Arellano, ya planteó al comienzo del estado de alarma por el coronavirus en España que la Junta de Andalucía destinase los 4.500 millones de euros de fondos europeos que están por emplear para luchar contra la crisis económica y sanitaria. De estos destacaba 2.500 del fondo FEDER, 1.225 del programa de desarrollo rural FEADER y 750 del Fondo Social Europeo. Desde el Gobierno andaluz se respondió que la modificación del destino de los recursos debe contar con la anuencia del Ejecutivo estatal.
Los fondos del marco presupuestario que acaba este año estaban destinados a estimular el desarrollo económico y la creación de empleo de los países de la UE, concentrados en cinco sectores: investigación e innovación, tecnologías digitales, economía hipocarbónica, gestión sostenible de los recursos naturales y pequeñas empresas.
SUR. María Dolores Tortosa.
 

-Con la crisis del coronavirus, hay quienes piensan, sobre todo en el Parlamento Europeo, que los objetivos climáticos y medioambientales de la Comisión Europea (especialmente los que se recogerán en la estrategia “de la granja a la mesa”) deberían retrasarse o revisarse a la baja. Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que el Pacto Verde europeo sigue siendo uno de los elementos fundamentales para una recuperación.
En plena crisis del coronavirus, y cuando se confirma la división entre europeos del norte y del sur en cuanto al nivel de ambición de la respuesta económica y presupuestaria para afrontar la pandemia, la presidenta de la Comisión Europea ha asegurado que el Pacto Verde europeo y la transformación digital siguen siendo elementos fundamentales para una recuperación de las inversiones inteligentes. Según ella, no hay “contradicción” entre los recursos financieros útiles para salir de la crisis del COVID19 y la continuidad de las prioridades que la UE se fijó antes de la pandemia. El ejecutivo europeo abrió incluso el 31 de marzo una consulta pública sobre el aumento del objetivo climático de la UE para 2030.
Sin embargo, no todos tienen esa opinión.
El grupo demócrata-cristiano del Parlamento Europeo (PPE) ha pedido en un comunicado un nuevo aplazamiento, “al menos hasta después del verano”, de la presentación de la estrategia europea “de la granja a la mesa”, que se espera para el 29 de abril.
Según Herbert Dorfmann, portavoz de agricultura del PPE, “no es un buen momento para imponer normas adicionales a los agricultores”, justo cuando “nos enfrentamos a la mayor crisis que el sector agrario haya conocido desde hace décadas”. El grupo conservador del Parlamento (CRE, Conservadores y Reformistas Europeos) va más lejos y considera que habría que “reestructurar radicalmente” la propuesta de la Comisión para que el dinero asignado a la política climática se reoriente a hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Las ONG mantienen su presión.
Por el contrario, en una carta dirigida al vicepresidente de la Comisión Europea que está a cargo del Pacto Verde, Frans Timmermans, un total de 87 ONG europeas (entre ellas Pollinis, WWF, Slow Food, Generaciones Futuras… …) reclaman una vez más una transición agrícola en el marco del Pacto Verde “ambiciosa para evitar la catástrofe a la que nos enfrentamos y para responder a las expectativas de los ciudadanos y de los agricultores”.
Agropopular.
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