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El TS duda de constitucionalidad del recorte, mientras Soria malmete

La sala tercera del Tribunal Supremo dictaba una providencia en la que daba a las partes personadas y al Ministerio Fiscal un plazo de diez días para que formulen sus alegaciones acerca de si el recorte a la retribución de las energías renovables incluido en la reforma energética puede ser inconstitucional. Y el primero en reaccionar violentamente era, nada menso que el propio Ministerio de Industria, ante le temor de que se le venga abajo una gran parte de su estrategia.

Actualizado 7 enero 2016  
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Redacción Agrolibre
  
En concreto, el Supremo pide a los interesados que formulen alegaciones sobre si procede plantear una cuestión de inconstitucionalidad acerca de algunos preceptos tanto del real decreto ley 9/2013, en el que se adoptaron varias medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, como de la Ley del Sector Eléctrico 24/2013.
En la providencia, el tribunal pregunta si la aplicación del nuevo régimen retributivo vulnera el artículo 9.3 de la Constitución sobre los límites a la retroactividad de las normas y a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.
La posible inconstitucionalidad podría haberse producido en la disposición final segunda del real decreto ley 9/2013 y en la disposición final tercera de la Ley 24/2013.
Junto a esto, pide a las partes que informen sobre la posible inconstitucionalidad de las normas que, por un lado, establecen la entrada en vigor inmediata del nuevo régimen retributivo específico sin fijar un régimen transitorio y, por otro, generan un periodo de incertidumbre a la espera de la aprobación de los distintos desarrollos normativos.
Este periodo de incertidumbre es el que va de la entrada en vigor del real decreto ley hasta la promulgación de las disposiciones de desarrollo mediante el real decreto 413/2014 y la orden ministerial de Industria 1045/2014.
En ese lapso, las empresas se vieron abocadas a desarrollar su actividad sin conocer el régimen jurídico y retributivo que se les iba a aplicar.
La regulación aprobada, según la providencia, puede vulnerar también los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima del artículo 9.3 de la Constitución. En este caso, la posible inconstitucionalidad también se centra en la disposición final segunda del real decreto ley 9/2913, así como en la disposición transitoria tercera de este mismo real decreto ley y en la disposición transitoria sexta de la Ley 24/2013.
Cerca de 400 recursos
La providencia del Supremo se dirige a 30 recursos presentados dentro de los cerca de 400 presentados contra el real decreto 413/2014 y la orden ministerial 1045/2014 en los que se desarrolla el nuevo marco retributivo de las renovables.
Los magistrados del Supremo también deciden suspender el plazo para dictar sentencia en estos 30 recursos y adopta estas decisiones sin perjuicio de lo que más adelante pueda acordarse sobre un posible planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Y como era de esperar, Soria el gran manipulador energetico se lanzo de einmediatio contra todos estos moviminetos y de una manera absolutamente impropia de un Gobierno el Ministerio de Industria daba a conocer a través de una nota de prensa que el Tribunal Constitucional había desestimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comunidad de Murcia contra el nuevo marco retributivo de las renovables incluido en la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy. Un comunicado que ha causado un profundo malestar en el Constitucional, que aún no ha publicado dicho fallo y cuyos términos aún no conoce ni siquiera el propio recurrente.

“No es infrecuente que se produzca alguna filtración anticipada de sentencias, pero en este caso lo que resulta inaudito es que Industria haya remitido una nota de prensa para comunicarlo”, señalan fuentes judiciales. Además, “al no desvelar los argumentos de la sentencia, el ministerio que dirige en funciones José Manual Soria hace sus interpretaciones interesadas”, añaden las mismas fuentes.
Así, según el texto enviado a los medios de comunicación, “el pronunciamiento del Tribunal Constitucional desestimando este recurso frente a la reforma de las renovables, sentará probablemente el criterio en los sucesivos recursos en este ámbito, avalando así la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en esta legislatura”.

Y es que justo dos días antes, el lunes 21, el Tribunal Supremo publicó la  providencia anteriormente citada como paso previo a plantear otro recurso de inconstitucionalidad contra el recorte de las renovables (el RDL 9/2013), algo que probablemente hará el próximo febrero. Industria ha intentado así quitar hierro al auto del Supremo, en el que indica que, aunque esta ley aplicó una retroactividad impropia (legal), no ha respetado el periodo transitorio adecuado para compensar a las empresas por los daños causados.
Esta decisión pone en un aprieto al Gobierno ante los arbitrajes internacionales a los que se enfrenta España por este motivo. A ello también aludió el ministerio en su nota: “Algunos propietarios de instalaciones renovables habían recurrido ante el Tribunal Supremo en contra de los mismos preceptos [los principios generales de la nueva retribución que implica la sustitución de las antiguas primas por incentivos ligados a la inversión], alegando que podían vulnerar los límites de la retroactividad de las normas y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima”.

No resulta serio, según las fuentes consultadas, mezclar una sentencia (al parecer, con tres votos particulares) cuyos argumentos no se conocen, con el recurso que pueda presentar el Supremo ante el Constitucional. Las comunidades autónomas solo pueden denunciar normas que supongan un menoscabo de sus competencias, por lo que no es descartable que el TC haya desestimado el recurso por plantear otras cuestiones que no lo son, como el principio de seguridad jurídica o la retroactividad.
También, según otras fuentes, podría haber ocurrido que cuando el Gobierno de Murcia recurrió aún se desconocía si la retroactividad resultaría positiva (esto es, si derivaría o no en un recorte de la retribución) o negativa (la única que se puede denunciar).


 
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