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El TSJC niega la validez de una declaración "implícita o explícita"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha insistido en que solo la Constitución puede ser fuente de derecho, por lo que ni la Ley de Transitoriedad ni "ninguna declaración formal o informal, implícita o explícita de independencia" pueden tener efectos jurídicos.

Actualizado 11 octubre 2017  
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Redacción y Agencias
  
El pleno de la sala de gobierno, que reúne a presidentes de las Audiencias Provinciales, del TSJC y a magistrados de instrucción y de otras jurisdicciones, se ha reunido hoy de forma extraordinaria para analizar la comparecencia de ayer del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament. Tras la reunión, ha emitido un comunicado en el que resta cualquier validez a la Ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional y que el Parlament aprobó el pasado 6 de septiembre para desplegar los efectos jurídicos de la independencia. El comunicado pretende reafirmar "de forma inequívoca que solo la norma vigente, conforme a la Constitución y a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, puede ser fuente aplicativa de derecho y presupuesto de todas y cada una de las decisiones judiciales".
"Y ello comporta que ni la Ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional, ni ninguna declaración formal o aformal, implícita o explícita de independencia desplieguen efecto jurídico alguno", prosigue el comunicado.
El pleno de la sala de gobierno del TSJC expresa su "compromiso de fidelidad y defensa del sistema constitucional" y los valores de "libertad, justicia, igualdad, pluralismo y convivencia pacífica" en los que se fundan. "La fidelidad al sistema constitucional de los jueces y juezas que conformamos el poder judicial en Cataluña es nuestra manera, la única posible, de comprometernos en la defensa activa de los valores, de los derechos y de las libertades de todos", prosigue la sala de gobierno. Además, los magistrados consideran que la ley "que nace y se funda en el sistema constitucional, en sus valores y en los derechos y libertades" garantiza a todos los ciudadanos que puedan reconocerse "como miembros iguales de una comunidad política plural comprometida con la paz y el progreso".
Por otra parte, el TSJC ha admitido a trámite la querella presentada por el partido político Vox contra el Gobierno catalán y contra la Mesa del Parlament por un total de seis delitos, entre ellos, los de sedición y rebelión. El tribunal catalán ha ordenado que la querella se acumule en las dos causas que ya mantiene abiertas para investigar el referéndum ilegal contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su gobierno y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que la apoyaron en la Cámara. En una resolución conocida este miércoles, la Sala Civil y Penal del TSJC declara su competencia para investigar los hechos y admite a trámite la querella. Establece a lo largo de sus ocho folios el pago de una fianza como condición previa para que Vox pueda ejercer la acusación popular en la causa.
La formación política presentó la querella el pasado 7 de septiembre, justo después de que el Parlament permitiera la votación sobre la Ley del Referéndum y el Gobierno catalán en pleno aprobara el decreto de convocatoria de la consulta del 1 de octubre.
 
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