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Semana del 9 al 16 de diciembre de 2018.

Esta vez los ecologetas casi salen trasquilados

Los resultados no han sido los eperados por los grupos ecologistas

Esta semana está presidida, una vez más, por la fiebre ecologista en la que los falsos progresistas, fundamentalmente europeos con los españoles al frente, reunida en el hospital de Katowice.

Actualizado 20 diciembre 2018  
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Redacción Agrolibre
  
Tras  una semana de festejos, ayer, según la crónica del corresponsal de  EFE:
"Las negociaciones continuaron esta madrugada en la cumbre del clima (COP24) de Katowice (Polonia), un día después de que estuviera previsto su cierre oficial, que ha tenido que demorarse ante la imposibilidad de los países de sellar un textoque cierre la letra pequeña del Acuerdo de París y permita su puesta en marcha en 2020.
Comentarios.
El pleno de la conferencia se reanudó a las 19.30 hora local (18.30 GMT) del viernes y tuvo que ser suspendido debido a las diferencias persistentes en torno a varios puntos del documento. Ni siquiera hubo consenso en fijar una hora de reapertura de las negociaciones, que se retrasó hasta la noche del sábado. Ya antes de la reapertura del pleno, el presidente de la COP24, Michal Kurtyka, había asegurado que se están haciendo todos los "esfuerzos" para lograr un acuerdo definitivo, un trabajo que calificó de "duro".
Tras doce días de negociaciones, la presidencia polaca difundió un borrador de 144 páginas en la madrugada del jueves al viernes que se recibió con cauto optimismo por las delegaciones. No obstante, 24 horas después se mantienen las tensiones entre el bloque que aspira a avanzar más rápidamente en la lucha contra el cambio climático —con la UE, China y muchos países menos desarrollados y vulnerables—y quienes arrastran los pies en este ámbito, entre los que destaca EEUU, cuyo presidente, Donald Trump, se salió del Acuerdo de París nada más llegar al poder.
Los principales escollos hacia el acuerdo tienen que ver con el grado de ambición que recoja finalmente el texto, la financiación de los países desarrollados a los menos desarrollados y vulnerables, y el Libro de reglas que, pese a ser común a todos, comprometa a los países en función de sus capacidades y emisiones históricas.
Otro de los problemas clave, ligado a la ambición, es cómo recoja el acuerdo el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que insta a un cambio "urgente y sin precedentes" para frenar el aumento de la temperatura en 1,5 grados con respecto a niveles preindustriales.
Cómo se mencione este documento en el texto final es relevante —y ha sido objeto de controversia durante días—porque no es lo mismo que se asuma—implicaría aceptarlo como base científica del proceso—a que simplemente se tome nota de su publicación, como quiere EEUU, Rusia, Kuwait y Arabia Saudí.
El texto final de la COP24, la más importante desde la de París en 2015, debe servir para hacer operativo a partir de 2020 el Acuerdo de París, donde la comunidad internacional se comprometió a frenar el aumento de las temperaturas por debajo de los 2 grados."
 
Hoy, tras la clausura del evento, según Euronews, y como era esperable:
"197 países han logrado superar sus diferencias y alcanzar un pacto que define las reglas de un acuerdo mundial contra el cambio climático, durante la cumbre del clima de la ONU, en la ciudad de Katowice, Polonia.
Tras largas negociaciones que se han sucedido durante los últimos trece días, se ha logrado pactar el denominado 'libro de reglas', que sella las reglas que permitirán aplicar el Acuerdo de París de 2015.
El documento de 156 páginas regirá la lucha contra el calentamiento global durante las próximas décadas
El acuerdo incluye una referencia al informe científico que apela a la importancia de acometer cambios "urgentes y sin precedentes" para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados, tras una gran controversia que amenazó con frustrar la cumbre.
"Este pacto cuelga de un hilo. Todos tendremos que dar para conseguirlo, y ser valientes para mirar hacia el futuro y dar un paso adelante por el bien de toda la humanidad", afirmó Michal Kurtyka, presidente de la COP24.
La ministra de Medio Ambiente de Alemania, Svenja Schulze, también celebró el acuerdo.
"Estoy muy contenta . Esta es la segunda vez que la comunidad internacional dice 'sí' al Acuerdo de París sobre el clima. En París, dijimos lo que queríamos reducir, cuáles eran nuestros objetivos y aquí dijimos cómo íbamos a hacerlo. Juntos acordamos las reglas para esto, ¡y esto con todo el mundo! Es un logro enorme".
Uno de los logros de este acuerdo ha sido establecer unas reglas comunes para todos los países a la hora de informar a la comunidad internacional sobre sus avances en la lucha contra el cambio climático.
Estas reglas de transparencia, que entrarán en vigor a partir de 2024, son muy importantes para dar “credibilidad” a un sistema en el que cada país decide sus acciones climáticas, subrayó la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
No obstante, el compromiso acordado en Katowice sobre transparencia es flexible y reconoce las peculiaridades y circunstancias de cada país, de forma que los Estados que lo necesiten dispondrán de un periodo de adaptación a este mecanismo de información común

La COP24 empezó el pasado 3 de diciembre. Se trata de la cumbre climática más importante desde la cita histórica de París.
Sin embargo, para los más críticos, el pacto alcanzado no es lo suficientemente ambicioso para frenar los peligrosos efectos del calentamiento global.
Lo que dice en el documento
En cuanto la financiación de acciones climáticas, el documento consensuado hoy reconoce que deben destinarse más recursos, especialmente a mitigación y reducción de efectos del cambio climático, en línea con lo acordado en París, pero no establece nuevas obligaciones para los países desarrollados.
El texto final del acuerdo sellado en Katowice también reconoce que las contribuciones para reducir las emisiones de cada país y lograr limitar el aumento de la temperatura deberían ser actualizadas al alza en 2020, cuando entra en vigor el Acuerdo de París, aunque no profundiza en este ámbito"
En resumen se nos pide más dinero, sin decirnos ni el para qué, ni qué es lo que ha cambiado desde París. Seguimos pidiendo a los países más obligaciones sin ninguna garantía. Es decir seguimos inmersos en el mundo "ecologeta".
¿Hasta cuándo? porque para nuestros ecologetas, según RETEMA la revista del Medio Ambiente, "Teresa Ribera, ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con una transición ecológica y justa, que “no deje a nadie atrás” el Ejecutivo español presentará próximamente la Estrategia Nacional de Transición Justa, uno de los primeros marcos regulatorios en la materia que se aprobarán en el ámbito internacional.“Creo firmemente en la capacidad de la transición ecológica para reducir el desempleo, crear nuevas oportunidades y acabar con las desigualdades. Para ello, es importante hacer un uso eficiente de las políticas públicas que nos permitan anticiparnos y corregir los impactos negativos que este necesario proceso puede provocar sobre sectores y territorios”, ha apuntado la titular de Transición Ecológica. “No dejar a nadie atrás implica atender las realidades del corto plazo, pero la transición justa requiere de marcos que garanticen empleo y calidad de vida en todos los territorios, tanto en el medio como el largo plazo”, ha añadido.
La  Estrategia Nacional de Transición Justa será el instrumento que permitirá la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en emisiones de efecto invernadero, un tratamiento equitativo y solidario, optimizando las oportunidades de creación de actividad económica y empleo vinculadas a la transición ecológica.
Para su elaboración, el Ejecutivo español está siguiendo las directrices acordadas  por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, entre otras cuestiones, el marco diseñará políticas industriales, de investigación y desarrollo, de promoción de actividad económica y de empleo y formación profesional para asegurar que el tránsito hacia una economía baja en carbono sea justo y socialmente beneficioso.
¿Cuánto nos costará la nueva broma de la "Estrategia Nacional de Transición Justa"? No les quepa duda la nueva "Estrategia" servirá, de nuevo y de forma cuasi exclusiva, para favorecer a los nuestros, con la estrategia reiterada de la defensa del medio ambiente.  
Terminemos esta semana reseñando la última, esperemos que así sea, parida del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en funciones, Rodrigo Sánchez Haro que, para atacar a VOX, nos ha alertado del riesgo que corre la Unión Europea (UE) y la Política Agrícola Común (PAC) "por el auge de los nacionalismos y la extrema derecha euroescéptica", ya que "quieren menos Europa, planteando incluso la desaparición de la UE", "formaciones que desde el ataque a la libre circulación de mercancías y personas, y agitando el miedo a la inmigración, apuestan por la vuelta de los aranceles y a las fronteras para personas y mercancías".
 
Revista de Prensa.
- El Gobierno ha dado luz verde a una nueva regulación de la venta a pérdida, en el marco de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio que fue aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y que ha entrado en vigor con su publicación este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Real Decreto-Ley modifica el artículo de la Ley de Comercio Minorista que regulaba la venta a pérdidas y que declaró nulo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 2017. La nueva normativa prohíbe ese tipo de ventas, en el caso de determinadas prácticas, si se consideran desleales.
En concreto, las ventas con pérdida se reputarán desleales cuando sean susceptibles de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento; tengan por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno, o formen parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.
Igualmente, serán desleales cuando "forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera realizado", según el texto publicado en el BOE.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha explicado que vender un producto por debajo de coste no es ilícito mientras no se den uno de esos supuestos, esto es, una venta a pérdida engañosa, denigratoria, o predatoria.
"Con esta medida no sólo se da cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, sino que también se incorpora certeza y protección al conjunto de prácticas comerciales", agrega el departamento que dirige Reyes Maroto.
También desaparece la automaticidad de las sanciones y la carga de la prueba recae en la Administración que, para poder sancionar, debe acreditar que la venta a pérdida incurre en uno de los supuestos que se recogen de forma taxativa, y que "proceden de la propia directiva y, por tanto, son acordes con el Derecho de la Unión Europea".
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que, de este modo, queda regulada la prohibición de la venta a pérdidas en la legislación española, “con mayor seguridad jurídica”.
 Planas ha declarado que el Real-Decreto Ley es muy positivo, porque supone volver a reintroducir la prohibición de la venta a pérdidas, con más seguridad jurídica y conforme a las normas de la UE sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores.
Con la norma aprobada y con la Ley para la mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria, se dan “pasos adelante para la preservación del valor de los productos agroalimentarios en toda la cadena, en beneficio de los agricultores y ganaderos”, según Planas.
Por otro lado, el Real Decreto-Ley incluye sendas modificaciones de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, "necesarias ambas a afectos de adecuar el ordenamiento jurídico estatal a los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la materia", en relación con la invasión de competencias autonómicas.
Euroganadería

- El Real Decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros no responde a la reclamación del sector, que pide su prohibición efectiva en la Ley de la Cadena Alimentaria
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas consideran “un paso atrás inaceptable” la nueva normativa sobre “venta a pérdidas”
.Añade complejidad, subjetividad y arbitrariedad a todo el proceso. En la práctica, es inútil para proteger al sector productor.
.Organizaciones agrarias y cooperativas solicitan una reunión urgente con el Ministro de Agricultura para lograr la prohibición “real y efectiva” de esta práctica a través de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria.
. La venta a pérdidas es una de las prácticas abusivas de la distribución que más destruye el valor de un producto a lo largo de la cadena agroalimentaria. Los productores recuerdan que “llevan años reclamando su prohibición”.
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias consideran “compleja, subjetiva y arbitraria” la nueva normativa que prohíbe la “venta a pérdidas” en el sector agroalimentario y vaticinan serios problemas jurídicos para que cualquier posible infracción derive en apertura de expediente.  En este sentido, organizaciones agrarias y cooperativas consideran que se ha dado un “paso hacia atrás inaceptable” en la eliminación de esta perniciosa práctica, al tiempo que lamentan que se hayan impuesto las tesis del Ministerio de Comercio frente a las de Agricultura.
1. Se ha legislado en contra de las propuestas del sector agrario. ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias habían planteado que la prohibición de la “venta a pérdidas” se realizara vía modificación de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria. El propio Ministro de Agricultura, Luis Planas, había hecho público este compromiso de forma reiterada y finalmente no ha sido así.
El Consejo de Ministros del 7 de diciembre ha aprobado un Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en la Industria y Comercio, que incluye la prohibición de las “ventas con pérdida” o “ventas a pérdidas” en supuestos en que se consideren prácticas desleales. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de octubre de 2017, dictada en el asunto C-295/17, obliga al Gobierno español a reformular nuestro ordenamiento jurídico para darle acomodo.
Sin embargo, la sentencia no obliga a modificar únicamente la disposición afectada, sino que deja libertad al Ejecutivo para cambiar aquellas disposiciones legislativas que estime oportuno.
2. Se ha dado un paso hacia atrás en la eliminación de esta perniciosa práctica: lo que teníamos hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE era una prohibición general de venta a pérdida al consumidor y bastaba con demostrar que el precio de venta era inferior al precio de compra (factura contra factura). Ahora, no sólo debe darse esto último sino que hay que demostrar que la práctica tiene carácter desleal *.
3.- De esta manera, se complica enormemente la denuncia de esta práctica porque la norma gana en complejidad, subjetividad y arbitrariedad. En la práctica, es inútil para proteger al sector productor, que queda fuera del ámbito de esta normativa, hecho que se hubiera subsanado de haberse introducido en la Ley de cadena, como propone el sector productor. Además, los supuestos que definen la deslealtad de la práctica son interpretables y generan indefinición jurídica, lo que hace más difícil la aplicabilidad de la norma.
 *¿Cuándo se puede considerar que tiene carácter desleal?
a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento.
b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno.
c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.
d) Cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera realizado.
Asaja-Coag-Upa.

- El Partido Popular (PP) presentará esta semana en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para elaborar un nuevo Plan Nacional Hidrológico que tendrá una dotación presupuestaria de 20.000 millones de euros y que incluirá más de 300 actuaciones.
Así lo anunció Pablo Casado, presidente del Partido, el sábado 8 de diciembre en Murcia, tras reunirse con regantes de Almería, Alicante y Murcia. También estuvo acompañado por su secretario general, Teodoro García, y por el presidente murciano, Fernando López Miras.
Según informó en el acto, la iniciativa ha sido consensuada entre todos los barones regionales del PP e incluye inversiones dirigidas a cuencas deficitarias -como la del Segura- y a las cedentes, como la del Ebro y la del Tajo.
Medidas
Esta iniciativa busca arreglar las infraestructuras que quedan pendientes por hacer, ampliar los embalses, garantizar los trasvases y que “por fin España no sufra de la irresponsabilidad de un gobierno que, en función de las encuestas o resultados electorales, cambie políticas tan importantes como ésta”, añadió Casado.
Asimismo, explicó que con esta propuesta, el PP se compromete a mitigar los efectos del cambio climático, a crear una política de acceso a los recursos hídricos a nivel nacional, con el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, “que por primera vez en la historia se ha suspendido de forma unilateral habiendo recursos suficientes para seguir transfiriendo al Levante español”, indicó Casado.
Otro de los puntos de este pacto se basa en mejorar la gobernanza del agua en eficiencia, sostenibilidad y en el coste, para que se pueda igualar en las diferentes autonomías.
Por último, Casado concluyó que espera que esta propuesta se pueda tramitar y “que el PSOE por una vez sea sensato, tenga sentido de Estado y se pongan de acuerdo entre ellos, porque lo que estamos viendo es que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo: el PSOE en Valencia no está de acuerdo con lo que se dice en Castilla La Mancha, ni mucho menos con lo que se pueda decir en Aragón o Andalucía”.
Agropopular.

- Una vez que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a reconocer de manera oficial que no habrá reforma de la PAC hasta 2022 ó 2023, el debate sobre la futura Política Agraria Común ha entrado en una guerra política con la interpelación del senador del PP Juan Cotillas sobre la posición de España en esta negociación, donde le ha acusado de no haber presentado ninguna enmienda a la Propuesta de Reforma de los Reglamentos de la PAC 2021-2027, algo que, en su opinión, “sería un gravísimo error”. Por su parte, el ministro insiste en defender una PAC centrada en el agricultor genuino y la agricultura familiar.
El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Cotillas, ha exigido este martes al ministro Luis Planas que defienda la financiación de la actual PAC (47.000 millones) que “el Gobierno de Rajoy logró tras la deficiente negociación de Rodríguez Zapatero y que consiguió tras mucho esfuerzo, talento y socios adecuados para negociar”.
Asimismo, le ha criticado que  la postura del Gobierno en la negociación de la PAC se ha visto avalada tras conocerse que no ha presentado ninguna enmienda a la Propuesta de Reforma de los Reglamentos de la PAC 2021-2027, algo que, en su opinión, “sería un gravísimo error” porque las enmiendas fueron determinantes en la última negociación y ahora “nos encontramos en un momento clave para definir la PAC que queremos para España”.
Asimismo, ha apuntado que el ministro está dejando pasar la negociación “sin pena ni gloria” al ser consciente de que no se va a aprobar antes de las elecciones europeas, por lo que ha exigido al ministro que “rectifique y negocie duro” y entonces “encontrará el apoyo” de su grupo.
Por su parte, el ministro ha defendido una posición común en la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC), una política de Estado que “debe unir y no dividir” y ha insistido en la necesidad de plantear una “visión de Estado” con el apoyo de todos los grupos políticos, las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias de cara a conseguir el mejor resultado para los productores, que son “los destinatarios de la PAC”.
En este sentido, ha remarcado que debe ser el agricultor genuino, definición que debe tener en cuenta la renta agraria, pero también la situación de los agricultores pluriactivos. Para Planas, la agricultura familia, que representa un 80% de la agricultura española, debe estar en el centro de la reforma, porque es la que proporciona producción y empleo, según ha subrayado en la interpelación formulada por el senador popular Carlos Manuel Cotillas, sin entrar a valorq eu no se haya presentado ninguna enmienda.
Planas, quien ha recalcado que la reforma de la PAC es “una cuestión de Estado”, ha remarcado que los agricultores y ganaderos tendrán que hacer frente a mayores exigencias medioambientales o sociales.
Por ello, deben poder contar con “al menos” la misma financiación –para España se trata de unos 7.000 millones de euros al año que benefician a unos 700.000 agricultores y ganaderos- que en la actual programación para asegurar la viabilidad de las explotaciones.
Además el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado que a finales de enero se reunirá con las CCAA para comenzar a analizar el próximo Plan Estratégico nacional. Planas presidido este martes 11 los Consejos Consultivos de Agricultura y Pesca donde ha debatido con los consejeros de las comunidades autónomas la posición que va a defender España en el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea, que se celebrará la próxima semana en Bruselas.
Sobre temas agrícolas, Planas ha indicado que la Presidencia austriaca presentará un informe de situación de diferentes reglamentos que conforman el paquete de reformas de la PAC posterior a 2020. Entre ellos se encuentra el reglamento sobre los planes estratégicos, el reglamento de la OCM única y el reglamento horizontal sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC.
El ministro ha apuntado que existe unanimidad en el Consejo sobre la necesidad de establecer un plan estratégico nacional por Estado miembro. A este respecto, Planas ha avanzado su intención de reunirse con las comunidades autónomas, el próximo 21 de enero, para discutir esta cuestión y todos los asuntos derivados de la aplicación de la PAC en España.
Por otra parte, en el Consejo Consultivo se ha analizado la situación de los productos cítricos, que este año está teniendo una producción superior a la media, lo que está provocando una cierta saturación del mercado. El ministro ha asegurado que desde el Ministerio y la Comisión se hará un seguimiento de la situación y ha ofrecido la disposición del Ministerio a apoyar la transformación de la fruta en zumo, con cargo a los planes operativos, y conseguir así una menor presión a la baja sobre los precios. En todo caso, Planas ha expresado la necesidad de avanzar más en la autorregulación y la organización de la planificación.
En relación con la disminución de los precios del azúcar, el Ministerio convocará en los próximos días una reunión con el sector, después de la discusión del tema en Bruselas y en contacto con la Comisión, para estudiar cuáles son las medidas que pueden adoptarse.
Agroinformación.

- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado hoy en el Senado que el “auténtico” beneficiario de los pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC) debe ser el agricultor genuino, definición que debe tener en cuenta la renta agraria, pero también la situación de los agricultores pluriactivos.
Para Planas la agricultura familia, que representa un 80 % de la agricultura española, debe estar en el centro de la reforma, porque es la que proporciona producción y empleo, según ha subrayado en la interpelación formulada por el senador popular Carlos Manuel Cotillas.
Planas, quien ha recalcado que la reforma de la PAC es “una cuestión de Estado”, ha remarcado que los agricultores y ganaderos tendrán que hacer frente a mayores exigencias medioambientales o sociales.
Por ello, deben poder contar con “al menos” la misma financiación –para España se trata de unos 7.000 millones de euros al año que benefician a unos 700.000 agricultores y ganaderos- que en la actual programación para asegurar la viabilidad de las explotaciones.
La lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente; la incorporación de jóvenes y de mujeres para luchar también contra el despoblamiento; evitar la renacionalización de la PAC y preservar el carácter “común” de esta política; al tiempo que permitir una flexibilidad para aplicar esta política a la realidad regional y sectorial; y la digitalización de la economía son otras de las claras apuestas del Gobierno para la reforma agrícola.
Una reforma que Planas ha reconocido que no se podrá aplicar hasta 2022 ó 2023, como consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo, pero que España y otros Estados miembros han solicitado a la Comisión Europea (CE) que adopte las medidas transitorias necesarias para que la actual PAC opere con normalidad hasta que entre en vigor la nueva.
Planas ha informado de que en enero se reunirá con las comunidades autónomas para acercar posiciones y negociar una “PAC fuerte y capaz de dar respuesta a los desafíos” a los que tendrán que hacer frente los agricultores y ganaderos.
MAPA.

- La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras una reunión sectorial en la que se ha analizado la situación del sector, se ha decidido que se estudiará la denuncia a la industria por vender de forma fraudulenta bajo el nombra de miel mieles mezcladas con jarabes y otras sustancias.
Unión de Uniones quien ya viene reclamando la modificación de la normativa sobre etiquetado de la miel, denuncia la realidad que sufren diariamente los apicultores con sus productos cuando terminan en los lineales y critica a la Administración por falta de medios para detectarlo y perseguirlo.
La organización pide al Gobierno y a las CC.AA que incorporen los medios humanos y tecnológicos necesarios y modifiquen los protocolos de análisis y control que permitan la misma eficacia en la detección de este tipo de fraude que se consigue en otros países de la Unión Europea con métodos como la Resonancia Magnética Nuclear (RMN).
Asimismo, Unión de Uniones reivindica una Ley del Etiquetado, para evitar los abusos que actualmente se están produciendo, donde se citara claramente el país o países de origen de las mieles, así como los porcentajes de cada uno de ellos, para que así los consumidores pudieran elegir libremente, y sin engaños, la miel que quieren consumir.
“Si bien un etiquetado adecuado es necesario para el consumidor, la verdadera causa de los bajos precios de la miel que sufre el sector es la saturación del mercado con mieles mezcladas con jarabes y la falta de interés de la Administración” , han afirmado desde Unión de Uniones.
Igualmente, desde la organización piden ser incluida en INTERMIEL para poder estar presente en las negociaciones para la “Extensión de Norma”, o pago de una cantidad por colmena, así como en el resto de los asuntos que se tratan, aunque a priori la organización considera perverso que los apicultores tengan que pagar por vender su miel para promocionar la venta de miel de importación. (Unión de Agricultores y Ganaderos).

-  La Asociación Española de Comerciantes y Envasadores de Miel (ASEMIEL-ANIMPA) publica un decálogo de gran utilidad para los consumidores, para evitar que éstos sean manipulados a la hora de decidir la compra de miel.
1. La Unión Europea necesita importar un 40% de la miel que consumimos y lo mismo ocurre en España donde no producimos suficiente para cubrir el consumo y la exportación.
2. Toda la miel comercializada en España, independientemente del origen, tiene todas las garantías de autenticidad y pureza.
3. La Unión Europea, antes de autorizar la importación de un país tercero, realiza auditorías en origen para asegurarse de que los productos que entran en Europa tienen todas las garantías. Además, por supuesto, a estos productos se les exige los mismos estándares de calidad que a los producidos dentro de la UE. En el proceso de importación las autoridades aduaneras son muy estrictas en el control de las entradas, realizando controles de calidad previos a su acceso a territorio europeo. Los envasadores españoles trabajan junto con las administraciones para conseguir un control total y exhaustivo de todas las mieles importadas.
4. Los principales envasadores y marcas se juegan su prestigio e imagen de cara a los consumidores, por lo que su labor de control es muy rigurosa.
5. El estudio más reciente realizado en España por Laboratorios APINEVADA, 2018, demuestra que el 97% de las muestras analizadas cumplía con los estándares legales y de calidad. Y que entre las grandes marcas del mercado había un alto cumplimiento, lo que no ocurría en algunos pequeños envasadores.
6. La miel es de los pocos productos que es obligatorio identificar su origen. Cuando se trata de miel española siempre estará identificada como tal. En el caso de que se trate de una combinación de mieles de diferentes orígenes la mención podrá sustituirse por una de las siguientes, según proceda: “mezcla de mieles de la UE”, “mezcla de mieles no procedentes de la UE”, o “mezcla de mieles procedentes de la UE y no procedentes de la UE.”
7. Desde el sector se está trabajando con las autoridades a nivel europeo para dar más información del origen a los consumidores. Es muy importante que esta norma sea de aplicación comunitaria para conseguir que toda la miel a disposición de los consumidores refleje los países de origen. En caso contrario, miel envasada por empresas europeas y vendida en España, no identificarían los orígenes.
8. El sector productor apícola vive un buen momento. En 10 años hemos pasado de tener en España 2 millones de colmenas a 3 millones. Es un sector saneado, con mucha inversión y ayudas (más de 33 millones en subvenciones en el último año -2017).
9. Desde ASEMIEL-ANIMPA se defiende a los consumidores exigiendo a los productores el mejor producto de forma severa:
• miel sin residuos de antibióticos
• ceras no contaminadas
• niveles de HMF (indica la frescura de la miel) que no estén fuera de control
• bidones aptos para uso alimentario
• salas de extracción de miel certificadas y autorizadas (como medida higiénico-sanitaria)
• administración de tratamientos sanitarios controlados y bajo supervisión de veterinarios
• control de trazabilidad de la miel desde los colmenares
• etc.
10. Adulteración. Es imposible detectar miel adulterada mediante pruebas caseras. Sólo laboratorios especializados, con técnicas acreditadas y personal formado pueden realizarlas. No nos dejamos engañar por curanderos para temas de salud, por eso defendemos a los consumidores para que sepan que las adulteraciones y fraudes en alimentación se detectan por expertos en laboratorios concretos.
DESMONTANDO MITOS
En relación con esto desmontamos algunos mitos apoyándonos en el trabajo realizado por Pajuelo Consultores Apícolas S.L. quienes analizan mieles desde 1980.
– La miel fluida es adulterada:
FALSO. La fluidez está relacionada con la humedad, que en la miel suele estar alrededor del 17,5%. Pero puede oscilar hacia el 16% en las mieles de verano, y hacia el 18,5% en las mieles de épocas más lluviosas (legalmente ha de estar por debajo del 20%). Una miel fluida se disolverá más fácilmente en agua que una espesa (diferencia aún mayor si la miel está cristalizada https://youtu.be/UEDEe66BZGk).
–La miel pura hace hexágonos al juntarla con agua por su “memoria genética”:
FALSO (https://twitter.com/twitter/statuses/1039596718373908480). La miel no tiene ADN.
– Si mojas un papel en miel y le das fuego arde, mientras que la mezcla adulterada no:
FALSO. Eso va a depender de la humedad de la miel en cuestión.
– Si añades alcohol a una miel y sale un precipitado blanco está adulterada:
FALSO (https://youtu.be/RiLWiRcXLdg). El alcohol da un precipitado blanco si hay dextrinas. Las dextrinas (almidones, féculas) son unas moléculas formadas por cadenas de azúcares que fabrican las plantas como reserva. Hay mieles que tienen dextrinas de manera natural (hasta más del 10% de sus componentes), como las de mielatos de abeto, encina, roble…
En la industria alimentaria las reservas nutricionales de las semillas de algunas plantas (maíz, arroz…), ricas en almidón, dextrinas… se procesan para fabricar con ellas jarabes alimenticios. Para ello se rompen sus cadenas, hasta obtener los azúcares constituyentes en distintas proporciones (fructosa, glucosa, sacarosa…). Con estos jarabes se fabrican todo tipo de bebidas dulces (refrescos como la Coca Cola y otros, zumos, licores dulces…). También se usan para fabricar bollería industrial (croissants, donuts, galletas, magdalenas…), y multitud de productos más o menos dulces. Si se añade uno de estos jarabes a la miel su presencia sí es identificable mediante análisis de isótopos del carbono. Otras adulteraciones con azúcares de remolacha (blanquilla, sacarosa), o de arroz, son identificables por la presencia de ciertos azúcares minoritarios que no están en la miel (manosa, pentasacáridos) o/y por la presencia de las enzimas industriales usadas para romper las uniones de las cadenas de azúcares.
-La miel es el tercer producto alimenticio más adulterado:
FALSO. Esto se debe a su inclusión en tercer lugar en una lista publicada en un post en los EEUU sobre su mercado, no sobre el nuestro, en la que no se citan los productos por orden de importancia:
https://www.huffingtonpost.com/2012/04/06/food-fraud-adulterated-ingredients_n_1408199.html?slideshow=true&guccounter=2 – gallery/219167/2
En otra lista de otro post, posterior, de 2013, también de EEUU, figura en noveno lugar con 7% de muestras adulteradas: https://www.cbsnews.com/media/food-frauds-10-most-adulterated- foods/9/
Si alguien tiene interés en conocer técnicas analíticas de detección de adulteraciones puede consultar un trabajo reciente, 2018, de expertos reales: https://www.researchgate.net/publication/230801848_Honey_Honey_Adulteration_Detection_A_R eview [acceso 23.11.2018].
ASEMIEL-ANIMPA

- ……."Por esa reducción de los precios bajando básicamente los impuestos y en defensa de un gasóleo profesional, las organizaciones agrarias, conjuntamente o por separado ,llevaron a cabo en los meses de otoño las grandes movilizaciones en Madrid y en toda España en 2000 con Arias Cañete y en 2004 con Elena Espinosa y Fernando Moraleda en Agricultura forzando unos acuerdos por los que  se implantaba desde los años siguientes la devolución del Impuesto Especial de 76 euros por 1.000 litros, mientras no se  adoptaban medidas para rebajar el IVA del 16 al 7% que demandaba el sector. Hoy, desde el pasado año, la subvención se ha rebajado a 64 euros, mientras el sector demanda una rebaja del IVA no desde un 16% sino desde el 21%, casi artículo de lujo, al 4%, aunque ya nadie habla del gasóleo profesional.
El gasóleo, además de por su propio peso para encabezar las movilizaciones, tiene su significación por ser el medio de producción, junto con los fertilizantes, a un lado los piensos, en el que más se gastan de media las explotaciones agrarias. Y, no se puede dejar obviar que, mientras  desde el año 2000 el valor de las producciones agrarias se ha incrementado en una media del 27%, el coste de los medios de producción lo hizo en un 53%. Ello supone que los inputs, que en 2000 significaban el 37% del valor de la producción, ahora sean ya el 45% según estimaciones de la Unión de Uniones.
Hoy, en su otoño, el gasóleo ha vuelto donde solía, con las mismas demandas de hace dos décadas, a pedir las medidas de fiscalidad, rebaja del IVA, algo que se promete para incorporar jóvenes a la actividad agraria y repoblar el medio rural.
Otra vez, otra pelota en el tejado, aunque, en este caso, se halla en el de Moncloa, donde Agricultura no ha tenido ni tiene el peso que supone su cometido para ir contra corriente en materia impositiva del gobierno. Por ello, todo parece indicar que el gasóleo seguirá siendo la pancarta de las movilizaciones de otoño."
Vidal Maté.

- El Ministerio de Agricultura ha presentado al sector vitivinícola su propuesta sobre superficie de nuevas plantaciones de viñedo para el año 2019. Plantea la concesión de autorizaciones por un máximo de 4.747,50 hectáreas, que equivalen al 0,5% de la superficie plantada a 31 de julio pasado. Se trata de un límite algo inferior al que se fijó para 2018.
Además en las zonas geográficas delimitadas por las DOP Cava y DOCa Rioja solo se otorgarán autorizaciones de nueva plantación para 0,1 hectáreas.
En lo que respecta a las autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación no se concederá ninguna en el área de la DOCa Rioja porque, según el proyecto, se considera que ello podría suponer un riesgo de devaluación significativa de esta Denominación. En la DOP Cava la concesión de autorizaciones de replantación estará limitada a 377,06 hectáreas y no habrá autorizaciones por conversión de derechos de plantación.
Por otro lado, la propuesta del Ministerio recoge las decisiones adoptadas por las Comunidades Autónomas sobre las recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva plantación en el ámbito de las DOP que se ubiquen en su territorio. Son las siguientes:
-DOP Ribera del Duero: límite de 950 hectáreas.
-DOP Rueda: límite de 1 hectárea.
-DOP Chacolí de Álava: límite de 0,99 hectáreas.
-DOP Chacolí de Bizkaia: límite de 2 hectáreas.
-DOP Chacolí de Getaria: límite de 4 hectáreas.
Además, en todas estas DOP (excepto en Ribera del Duero) habrá restricciones para las autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación.
Las partes interesadas disponen ahora de un plazo de diez días para presentar sus alegaciones a esta propuesta.
Hay que recordar que, de acuerdo con la normativa comunitaria, antes del 30 de diciembre de cada año debe fijarse la superficie por la que se podrán conceder autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo al año siguiente y que ésta no podrá superar el 1% de la superficie plantada de viñedo al final de la campaña anterior.
Las solicitudes para acceder a las autorizaciones en 2019 podrán presentarse entre el 15 de enero y el 28 de febrero.

-  Reñida con los costes y la falta de rentabilidad, el sector bancario continuó con su éxodo de las localidades en las zonas rurales de España. Abandono desigual, con situaciones extremas que sufren, cada día con mayor intensidad, pueblos y municipios de ciudades que sorprenden por su población e importancia turística o industrial. El problema de la exclusión financiera ya no afecta sólo al denominado medio rural, entendiendo por rural pueblos y localidades alejadas de los centros neurálgicos de población principal. Afecta cada vez más a ámbitos provinciales donde, por ejemplo, la primera provincia con mayor número absoluto de personas sin banco es Barcelona, con cerca de 76.000 ciudadanos sin banco, seguida muy cerca por León, con casi 75.000; Tarragona con 57.000 y Girona con 51.000 y cierra este grupo de los cinco con mayor exclusión financiera, Navarra, con algo más de 50.000 ciudadanos.
La explicación de la exclusión en las tres provincias catalanas reside en que es la región española con mayor número de cajas de ahorro quebradas y el consiguiente cierre de oficinas que los bancos adquirentes no asumieron. Pero en porcentaje de población que se ha quedado sin una oficina de banco o caja en su localidad son Zamora, Ávila, Burgos, León y Palencia las que se llevan la palma, seguidas por Segovia. En total, poco más de 8.100 municipios en España de los que casi el 49% se puede sentenciar que carecen de algún tipo de oficina financiera o bancaria, es decir, viven en exclusión financiera. El problema se quedó en el papel, en un proyecto que no llegó por unas semanas a entrar en el orden de temas a tratar en una comisión de subsecretarios. El Gobierno quiere que aquel proyecto, con varias modificaciones, entre en el próximo programa electoral.
Cuando todavía no están muy claras las razones de la despoblación en España, si se debe, entre otros, a la carencia de servicios -en este caso, los bancarios- o es la falta de población la que obliga a la huida de las oficinas, lo que sí parecen evidentes son las cifras de la situación, un escenario que en la práctica se traduce en que cerca del 49% de los municipios españoles no cuenta con una oficina bancaria. Si la crisis de 2008 supuso un golpe definitivo al creciente aumento de la exclusión, desde 2014 hasta 2018 las cifras descienden de forma tan alarmante que obliga al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto.
En la legislatura pasada, el ministro de Economía Luis de Guindos, tuvo su mesa un ambicioso proyecto para paliar el éxodo de oficinas bancarias de municipios y provincias, pero que el cambio en el departamento ministerial decidió aparcar por razones de agenda política y legislativa. En el informe se llamaba la atención sobre las zonas que habían quedado sin cobertura bancaria tras la crisis de las cajas de ahorros, crisis que incrementó en un 19% el éxodo que ya se había dejado sentir años antes.
Son casi 4.000 municipios los que se consideran en el informe en situación de abandono financiero, teniendo en cuenta que por abandono se entiende la ausencia de oficina bancaria alguna. Ausencia de bancos privados que se suman al cierre de otros servicios públicos (escolares y sanitarios) y a los que hay que añadir el cierre de supermercados, tiendas de vestido, electrodomésticos, cafeterías, restaurantes o bares. La suma de todas estas carencias se traduce en una población en tendencia descendente y económicamente sin interés comercial ni financiero, es decir, plazas no rentables que sólo generan costes.
Las cuentas que se hacen ahora los técnicos de Economía mantienen las bases del informe del departamento anterior con tan sólo una diferencia: la agudización de la exclusión financiera en 2018 equivale, en términos de capacidad instalada del sector bancario, al tamaño del sector bancario de hace 36 años para una población que aumentó en más de un 20%. Actualmente, Ávila, el 85% de sus municipios carece de oficina bancaria, y en Zamora, paradigma de la exclusión financiera (con el 85% de su población en esta situación) el 80% de sus pueblos no tiene atención bancaria.
Ahora, los técnicos evalúan el escenario teniendo en cuenta las entidades financieras presentes en 1985 y 2000 y comparan los cierres de esa etapa con los cierres de sucursales entre 2008 y 2018. El resultado, una red bancaria con 19.000  oficinas menos en este segundo período (el 39% de la red) debe ser cubierto o compensado por algún medio (y no sólo por el parche de las `ofibus´). La teoría oficial es que sean las propias entidades las que, en función de su tamaño y experiencia previa en las zonas más excluidas, proporcione cajeros automáticos asistidos por oficinas o agentes móviles. En cualquier caso, la exclusión financiera (fuente inagotable de desigualdad social, según el BCE) deberá ser combatido por los Gobiernos con nuevas normas que obliguen a la banca europea a seguir mirando a la población. Y no sólo en términos de rentabilidad y coste.
Juan José Gonzalez. ICNR.es

- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado hoy el compromiso del Gobierno de España con una transición ecológica y justa, que “no deje a nadie atrás”. En un encuentro sobre la cuestión en el marco de la 24ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), que se celebra en Katowice, ha explicado que el Ejecutivo español presentará próximamente la Estrategia Nacional de Transición Justa, uno de los primeros marcos regulatorios en la materia que se aprobarán en el ámbito internacional.
“Creo firmemente en la capacidad de la transición ecológica para reducir el desempleo, crear nuevas oportunidades y acabar con las desigualdades. Para ello, es importante hacer un uso eficiente de las políticas públicas que nos permitan anticiparnos y corregir los impactos negativos que este necesario proceso puede provocar sobre sectores y territorios”, ha apuntado la titular de Transición Ecológica.
“No dejar a nadie atrás implica atender las realidades del corto plazo, pero la transición justa requiere de marcos que garanticen empleo y calidad de vida en todos los territorios, tanto en el medio como el largo plazo”, ha añadido.
La  Estrategia Nacional de Transición Justa será el instrumento que permitirá la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en emisiones de efecto invernadero, un tratamiento equitativo y solidario, optimizando las oportunidades de creación de actividad económica y empleo vinculadas a la transición ecológica.
Para su elaboración, el Ejecutivo español está siguiendo las directrices acordadas  por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, entre otras cuestiones, el marco diseñará políticas industriales, de investigación y desarrollo, de promoción de actividad económica y de empleo y formación profesional para asegurar que el tránsito hacia una economía baja en carbono sea justo y socialmente beneficioso.
Convenios de transición justa
Con el propósito de anticipar los efectos adversos que se pueden producir en algunos territorios, la Estrategia articulará la fórmula de los convenios de Transición Justa. El objetivo es apoyar las iniciativas económicas que se determinen como idóneas para los diferentes contextos socioeconómicos y laborales de las zonas afectadas.
A través de estos acuerdos, podrán participar en proyectos de desarrollo territorial diferentes actores: empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales y las distintas Administraciones.
Los convenios se firmarán con el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y otras administraciones públicas, en particular  con las entidades locales de las áreas geográficas vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono.
Entre otras cuestiones, los convenios incorporarán una evaluación del estado de vulnerabilidad del área geográfica y de los colectivos afectados, así como los compromisos que adquieren las partes, incluidas las empresas beneficiarias de las medidas de apoyo a la transición. También las medidas fiscales, de financiación, de empleo, de protección social y actividades formativas para fomentar la adaptación de los trabajadores a los objetivos reflejados en el convenio y un calendario que recoja la adopción de medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.
El acuerdo minero, primer paso
El pasado mes de octubre, el Gobierno de España y el sector de la minería del carbón firmaron un acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. Con él, se da respuesta a las consecuencias sociales y económicas que se producirán con el cierre obligado -a finales de 2018- de las minas de carbón en cumplimiento de la normativa comunitaria. El sector de la minería en España ya sufrió una transformación significativa en la década de 1990, pasando de 45.000 mineros a los alrededor de 2.000, en la actualidad.
El acuerdo recoge tres tipos de medidas que tienen como objetivo común sentar las bases de una transición justa para trabajadores y territorios en las zonas especialmente implicadas en el futuro económico descarbonizado, hacia el que debemos avanzar. En primer lugar, contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores de las empresas mineras abocadas al cierre en cumplimiento de la legislación de la Unión Europea.
En segundo lugar, se diseñará un plan de formación y apoyo a la inserción laboral concebido para los trabajadores de minería, incluyendo a los trabajadores de las empresas de subcontratación, para ajustarse a las nuevas necesidades de empleo que surgirán en el nuevo entorno productivo.
Y, por último, el acuerdo prevé un fondo de 250 millones de euros, para un periodo de cinco años, destinado al apoyo de iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas afectadas para lograr su transformación estructural, la recuperación económica y el bienestar social. 
Se lanzará un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno convenios de transición justa.
RETEMA.

- El Ministerio de Agricultura, por tercer año consecutivo va a congelar las nuevas plantaciones de superficie de viñedo para producir Cava en España, de hecho tiene previsto aprobar un incremento de 0,1 ha de nuevas plantaciones y de 377,06 ha para replantaciones.
De publicarse este borrador de Resolución a Extremadura apenas le correspondería un aumento de apenas 15 has de viñedo para Cava.
El potencial de producción y venta de cava extremeño permitía un aumento para este año de más de 1.000 ha de viñedo, por lo que como prosiga la decisión del Ministerio, las bodegas productoras de cava extremeño van a tener que comprar cava catalán para poder envasarlo en Extremadura y poder cumplir los compromisos comerciales.
La Consejería de medio Ambiente y Rural de Extremadura ha vuelto a negociar de manera calamitosa para los intereses de los agricultores de la Región. El año pasado echaba las culpas a la Ministra Tejerina (que las tenía) y este año no sabemos si culpara al Ministro Planas (compañero de partido).
El plantear el problema entre los intereses de Extremadura y Cataluña, es un error, ya que en esta guerra tenemos todas las de perder, en cambio se debería haber consensuado una propuesta entre Extremadura, Valencia y Aragón que tenemos los mismos intereses y que vamos a ser los principales perjudicados.
La Unión Extremadura exige al Presidente Fernández Vara, que aparte los intereses de partido y exija al Presidente Sánchez, una rectificación de la propuesta de Resolución y permita a Extremadura y a otras regiones de producción de cava, que planten en función de la perspectivas de mercado que cada territorio tenga.      
Almendralejo, que es el municipio que está autorizado apara la elaboración de cava en Extremadura, tiene un potencial de más de 1.000 has de nuevas plantaciones y se prevé una demanda de más de 14 millones de botellas en los próximos años, una vez se pongan en producción esta superficie.
Unión Extremadura.
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