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UN PLAN FISCAL POCO CONCRETO

Fedea señala los agujeros del Plan de Recuperación de Sanchez

Actuaciones de "carácter genérico o simplemente enunciativas", "falta de concreción" para poder evaluar el alcance real de las inversiones y reformas y carencia de "ambición". Con estas palabras describe Fedea los agujeros del Plan de Recuperación, que contiene las 212 medidas que el Gobierno ha trasladado a la Comisión Europea para recibir los más de 140.000 M€ del fondo de reconstrucción comunitario. 

Actualizado 10 junio 2021  
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Redacción y Agencias
  

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En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: un resumen anotado, publicado ayer, el Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 traslada cuáles son, a su juicio, las principales dudas que plantea el plan en asuntos clave como las reformas laboral, fiscal o de pensiones.

En el capítulo del mercado del trabajo, donde el Ejecutivo muestra su intención de simplificar a tres los contratos (uno estable, otro temporal restringido y un tercero de formación), modernizar la negociación colectiva o restringir la subcontratación, Fedea echa en falta “la concreción en muchas de las medidas”, sobre todo teniendo en cuenta que el plan del Gobierno en esta pata “es un compendio de buenos propósitos”.
Según detallan los expertos, el Plan no establece prioridades claras y no todas las medidas propuestas se basan en las recomendaciones del Semestre Europeo. En concreto, apuntan, el Gobierno plantea una reforma de los pilares básicos de la negociación colectiva resultantes de la reforma laboral de 2012, “mientras que las recomendaciones, validadas por todos los Estados miembros, desaconsejan una posible contrarreforma sin una evaluación previa de los efectos de la reforma anterior”. Muchos de estos expertos, a su vez, son contrarios a dar marcha atrás en temas como la ultraactividad o la prevalencia de los convenios sectoriales.

Por el contrario, la simplificación de contratos “es una medida necesaria”, recalcan en Fedea, “pero no suficiente para erradicar la dualidad”. Entre los mayores riesgos destacan los efectos que una regulación “excesivamente rígida” podrían acarrear al empleo, y sugieren medidas adicionales que reduzcan las diferencias entre trabajadores fijos y temporales en indemnizaciones y seguridad, obligando a las empresas a internalizar los costes de la rotación.

En esta línea, se propone combatir la dualidad con un sistema que eleve las cotizaciones sociales de las empresas que presenten un exceso de rotación laboral, con un fondo de capitalización con aportaciones de la empresa a la seguridad social por cada empleado, y con un contrato único con indemnizaciones crecientes con la antigüedad.

La propuesta de los ERTE para hacerlos estructurales, por su parte, “plantea muchas dudas” a los expertos. Si bien Fedea valora la intención de establecer mecanismos para amortiguar el impacto de caídas cíclicas o extraordinarias de la demanda, la aplicación de los ERTE fuera de la pandemia puede generar incentivos perversos y un “riesgo de financiación de empresas no viables”.

En la pata de pensiones, los expertos dudan de que la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, que descargan al sistema de los conocidos gastos impropios trasladándolos al Estado, sea efectiva. “Es muy cuestionable que el grueso de los gastos citados como impropios lo sean realmente, y su clasificación como tales tiende a dar una imagen distorsionada de la situación real de las finanzas del sistema público de pensiones”, explican.

En Fedea también valoran la propuesta de que los autónomos coticen por sus ingresos reales. Sin embargo, “sería aconsejable mantener una base mínima de cotización” igual a la de los asalariados por motivos de “equidad horizontal”. En su ausencia, los autónomos tendrán acceso a una pensión mínima con pagos muy inferiores a los de los asalariados con ingresos similares. Fedea también recuerda que hay cuestiones fundamentales que quedan en el aire como el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional y la duración propuesta para el período de cómputo de las pensiones.

El componente 28 del Plan, que detalla la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, es, en opinión de los expertos de Fedea, “poco concreto”. A grandes rasgos, “no se han especificado, por ejemplo, los beneficios fiscales que se quiere evaluar, por lo que no es posible pronunciarse sobre la pertinencia de los mismos”. Entre otros puntos, no se ve con acierto que el Gobierno proponga una reforma del sistema tributario que suba la presión fiscal a niveles semejantes a los de la media europea, porque “no debería ser un objetivo en si mismo” si no viene acompañado por un aumento similar en la eficiencia del sector público. El Ejecutivo también se plantea un calendario demasiado “ambicioso” para llevar a cabo la reforma fiscal, mientras que las medidas de adopción a corto plazo, aunque son de escaso potencial recaudatorio elevan la carga tributaria de empresas y familias, algo que hoy “quizá no sea lo más adecuado”.
 
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