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 Funcas y el impacto social de la pandemia 

El confinamiento y las restricciones al movimiento de personas han tenido un fuerte impacto en el empleo y permiten anticipar un mayor deterioro generalizado de los indicadores de desigualdad social y pobreza, según el estudio Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar, editado por Funcas.

Actualizado 19 noviembre 2020  
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Redacción
  

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De momento, con datos de la Encuesta de Población Activa, el número de hogares sin ningún tipo de ingresos había aumentado en el segundo trimestre del año en 105.600 respecto al último trimestre de 2019, con un total de 278.000 personas. Por otra parte, a finales de septiembre eran en torno a 1,25 millones más que en febrero los trabajadores que percibían prestaciones derivadas del empleo (por ERTE, por desempleo, o por cese de
actividad en el caso de los autónomos) y que, como poco, suponían una reducción del 30% de su salario previo. Aunque abultada, la cifra era más baja que la de abril (5,3 millones), cuando el número de personas que bien por haber causado baja como afiliados a la Seguridad Social, bien por encontrarse en ERTE, o por percibir la prestación extraordinaria para autónomos por cese de actividad percibían ingresos inferiores a sus salarios.
Además, las empresas con una deuda elevada y, por ello, con un cierto riesgo de insolvencia, emplean actualmente en España a unos 2,2 millones de personas. Son empleos vulnerables, sobre todo en los sectores más afectados por la pandemia, cuyo mantenimiento solo será posible si las empresas en hibernación pueden reactivarse.
Una de las características de esta crisis, como constata el estudio, es la asimetría de su impacto. La pérdida de ingresos se concentra en los estratos de menor renta, más asociados a las actividades que no se han podido realizar durante el confinamiento y a los sectores, como el turístico, con mayores dificultades para reanudar su actividad. Es decir, que las personas más castigadas principalmente trabajaban en los sectores donde ya se
concentraban los salarios medios más bajos del mercado laboral.
El aumento en la desigualdad se ha mitigado por los ERTE y otras medidas implementadas para compensar la caída de la actividad, de forma que, de momento, el impacto es menos significativo de lo que se podía temer en comparación con crisis anteriores y teniendo en cuenta la magnitud sin precedentes del shock. Sin embargo, la cobertura de las medidas de
prevención y contención de la crisis está sujeta a condiciones que limitan su universalidad y no han podido evitar que aumente la pobreza efectiva en algunos colectivos.

Como el deterioro de las rentas de las familias se ha concentrado en los estratos sociales que ya tenían rentas más bajas, las situaciones de necesidad severa han aumentado de forma considerable. En consecuencia, y ante los huecos en la cobertura de las políticas sociales, por diseño o por su implementación, la demanda de acción social por parte de las ONG ha crecido enormemente.
El análisis de Funcas estima que la demanda de acción social de las grandes ONG (Cáritas, Cruz Roja, FESBAL, entre otras) ha aumentado entre un 40% y un 60% durante los seis primeros meses de la pandemia. Entre una cuarta parte y un tercio de esa demanda está formada por personas que han recurrido por primera vez a los servicios que ofrecen estas organizaciones (entre 150.000 y 200.000 personas) y, por tanto, cabe atribuir su situación al
impacto de la crisis.
Los perfiles predominantes de los nuevos solicitantes de ayuda se asemejan a los de los usuarios previos (personas sin ingresos o con ingresos muy bajos e irregulares, inmigrantes y miembros de familias monoparentales), si bien diversas evidencias apuntan a la mayor juventud de los nuevos solicitantes.
Aunque la crisis aún se está desarrollando y los datos disponibles son incompletos, el análisis del impacto social de la pandemia en España a día de hoy es útil para identificar los problemas y las necesidades que se van a plantear en el futuro. Si la crisis se prolonga, la sociedad española puede enfrentarse a serios riesgos de cohesión social.
Ante este escenario, los principales desafíos pasan por reactivar el empleo en hibernación (o restringido por las medidas de contención de contagios); mejorar la situación de los colectivos vulnerables no cubiertos (o insuficientemente cubiertos) por las medidas actuales; la gestión y coordinación de las políticas sociales; la sostenibilidad financiera de las medidas anticrisis en un entorno económico complicado con un elevado déficit público; y la búsqueda de consensos políticos y sociales para aprobar e implementar ágilmente políticas eficaces contra las repercusiones sociales más negativas de la pandemia.
 
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