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¿Hacia la colectivización del Sector Agrario Español?

Sí, aunque hace solo unos días era impensable, los agrarios, como el resto de los ciudadanos españoles estamos sufriendo ya un increíble recorte de nuestros derechos y libertades. Según el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León TSJCYL, José Luis Concepción, el estado de alarma del Gobierno de Pedro Sánchez contra la pandemia de la covid-19 mantiene "suspendidos algunos derechos fundamentales".

Actualizado 21 mayo 2020  
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Redacción Agrolibre
  
El Presidente ha afirmado que se encuentra "muy preocupado" ante la "crisis sanitaria y económica" y también ante la "crisis política derivada de un Gobierno que usa la paralización de un país para fines distintos que salvar a la gente de la enfermedad". El magistrado sostiene que "de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución y la ley" el estado de alarma "permite al Gobierno limitar o restringir algunos derechos". No obstante, considera excesiva su aplicación ante derechos como "la libertad ambulatoria".
 
"Se está utilizando un estado de los previstos en la ley de estados de alarma para algo más de lo que permite la ley de 1981 para restringir ocasionalmente algún derecho, con la finalidad exclusiva en este caso de parar una epidemia", añadía el presidente del TSJ de Castilla y León que dudaba en denominarlo "estado de alarma" o "estado de excepción" porque este mecanismo se está empleando "para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia".
Y aunque aún son muchos los ciudadanos que, con buena voluntad, siguen creyendo que, en la España europea, no puede ocurrir lo que siempre ha ocurrido en los países donde el comunismo ha logrado tomar las riendas del poder, desde aquí les sugerimos que vean el desarrollo de los acontecimientos que estamos viviendo y analicen, críticamente, las etapas que está adoptando nuestro gobierno, en el actual estado de alarma, aprovechando la pandemia del coronavirus.
Tras esta introducción, que a muchos les parecerá exagerada, insistamos de nuevo en nuestra alarma. El sector agrario, es parte de la sociedad, para muchos el sector más esencial de nuestra economía como así se ha demostrado en la crisis actual y como parte del todo nacional va a ser sometido a la más estricta de las vigilancias por parte del gobierno actual, no vaya a deslizarse por caminos libertarios no autorizados.
Así ha ocurrido ya, veamos.

“¿Presenta el trabajador indicios de malos tratos, como magulladuras?, ¿Está encerrado en el lugar de trabajo? ¿Hay signos visibles que indiquen que no puede abandonar el lugar de trabajo, como alambradas o la presencia de guardianes u otras limitaciones de este tipo? ¿Se amenaza al trabajador para que no abandone el lugar de trabajo?».
La dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha ordenado a las jefaturas provinciales que se lleve a cabo una campaña específica en el campo entre los meses de mayo y junio para detectar posibles casos de «explotación laboral» e incluso, de «esclavitud» por parte de empresarios agrícolas.
La ampliación de la actuación inspectora al sector agrario va a permitir que 23 inspecciones provinciales realicen visitas a explotaciones a fin de realizar comprobaciones en materia de economía irregular y de seguridad y salud en el trabajo, especialmente para verificar que se respetan las medidas acordadas por las autoridades sanitarias para evitar contagios por corovonavirus.
Según la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente, el cometido de los inspectores no será sólo vigilar el cumplimiento en materia de Seguridad Social y comprobar si los patrones ponen a disposición de los jornaleros en el tajo Equipos de Protección Individual (EPI), medios de higiene personal o cuáles son las medidas que adoptarían en caso de contagio o sospecha por covid-19. El objeto último es «garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores» y «salvaguardar» su dignidad frente a posibles agresiones y abusos.

“Por parte de distintos tipos de asociaciones, medios de comunicación o incluso de la Administración ya se ha alertado sobre el posible incremento de casos de explotación laboral y de trata de seres humanos en el sector agrícola dada la excepcional situación que se está viviendo actualmente. Situaciones a las que podría contribuir además la posible percepción de que el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, habida cuenta de las restricciones y dificultades de movilidad, no van a llevar a cabo durante estos meses las campañas agrícolas», justifica.
¿Presenta el trabajador indicios de malos tratos como magulladuras?” y “¿está encerrado en el lugar de trabajo?», son algunas de las preguntas del cuestionario
Para desarrollar la actuación, el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social -dirigido por Yolanda Díaz (Unidas Podemos)- ha enviado una nota ampliatoria y un cuestionario como guía a seguir durante las visitas a las explotaciones agrarias.
El tenor de algunas de las preguntas ha molestado a inspectores de Trabajo por la imagen que dejan traslucir: “Traslada la idea que la actual dirección del Ministerio y de la Dirección General tienen sobre el sector agrícola español, más cerca de una plantación de esclavos del siglo XIX o del campo extremeño de la película Los santos inocentes”.
Para facilitar la actuación, los inspectores dispondrán de un formulario tipo en el que se incluyen 17 puntos que le servirán para detectar sobre el terreno si un trabajador está siendo víctima de trata o de explotación laboral, tanto por los signos de violencia física o verbal que puedan manifestar como por restricciones a la libertad de movimientos o a las comunicaciones con su entorno y con sus familias que puedan intuir.
«Su objetivo es la posible detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales, en especial casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre», expone la guía, a la que ha tenido acceso este diario.
Tras las entrevistas, los inspectores de Trabajo estarán en disposición de responder si el trabajador presenta «indicios de malos tratos como magulladuras», si muestra «signos de ansiedad», si los empresarios o manijeros demuestran un «comportamiento violento», si el jornalero da señales de «pérdida de voluntad por presión del empleador» o si los trabajadores notifican las amenazas que puedan dirigirse contra ellos, sus compañeros o los miembros de su familia.
«Alambradas o guardianes».

La visita también servirá para comprobar si el obrero está «encerrado» en su lugar de trabajo y si se le obliga a dormir en el mismo, así como para apreciar la posible existencia de «alambradas o guardianes» como señal de que se impide a aquél abandonar el tajo.
Se trata, igualmente, de conocer si el trabajador tiene la posibilidad de «comunicarse con su familia», «cuánto tiempo pasa» sin que regrese a su casa, si existen «condiciones de infraestructura física» para que pueda volver a su lugar de origen y si existen «multas y/o sanciones económicas» en caso de que aquél decida marcharse por motivos de salud u obligaciones familiares, detalla el cuestionario.
Trasladan la idea que Podemos tiene del sector agrícola, más cerca de una plantación de esclavos del siglo XIX o del campo extremeño de ‘Los santos inocentes», señala un inspector
«Son varias las circunstancias que justifican la adopción de estas orientaciones: los condicionantes en el ejercicio de la actuación inspectora derivados de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma, la especial afectación al sector del cierre de fronteras y consiguiente disminución de demanda de empleo en el sector, las normas específicas para el sector en materia de colocación y compatibilización de prestaciones aprobadas por el real decreto-ley 13/2020 [medidas urgentes en materia de empleo agrario] y las alarmantes noticias respecto de las condiciones de vida de las personas trabajadores empleadas de forma temporal en el sector, fundamentalmente en cuanto al alojamiento (fenómeno de asentamientos chabolistas)», defiende.

En sus visitas, los inspectores deberán preguntar también al trabajador agrícola si el patrón le suministra gratuitamente EPI para prevenir el contagio por coronavirus o si, por el contrario, «debe comprarse» cada uno los medios de protección necesarios. El desplazamiento debe servir también para comprobar si las letrinas se encuentran «en óptimas condiciones higiénicas» y a no más de 200 metros del tajo, si el botiquín es «accesible» y está «convenientemente equipado», así como que el comedor esté resguardado de las inclemencias meteorológicas y disponga de capacidad suficiente.
Las visitas al campo se realizarán en grupos operativos mixtos integrados por un inspector, un subinspector laboral y dos agentes de la Guardia Civil en vehículos de este Cuerpo, lo que implicará disponer de dos coches para poder cumplir las limitaciones derivadas del estado de alarma. En caso de detectar posibles situaciones de explotación laboral y circunstancias sociales «indignas» deberán ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.”

En relación con el tema anterior, Agropopular nos ha informado que:
“Inmediatamente las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) ASAJA, COAG y UPA han mostrado su malestar por la campaña de inspección extraordinaria que va a poner en marcha este mes el Ministerio de Trabajo y Economía Social para tratar de detectar casos de “esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas.
El secretario de organización de COAG Andalucía, Eduardo López, ha recordado que “España está en Europa, esto no es África ni ningún país con dictadura” donde la gente trabaje en esas condiciones de esclavitud.
No comprenden que desde el propio Gobierno se traslade la idea de una situación generalizada de maltrato al trabajador.
Desde la organización no se cuestiona ni el cumplimiento de la legislación laboral ni el funcionamiento de los cuerpos de inspección, sin embargo, no comprenden que desde el propio Gobierno se traslade la idea de una situación generalizada de maltrato al trabajador, “cuando los casos, si existen como tal, son muy aislados”.
López ha asegurado que están “hartos de que, cuando llegan estas fechas y en otros países competidores empiezan a sacar sus producciones, nos hagan la guerra con este tipo de afirmaciones. La institución no puede entrar en ese juego”.
Por último, ha advertido que “lo que no puede el Gobierno es confundir asentamientos de inmigrantes irregulares con la cuestión laboral agraria”. Se trata de un problema que tiene el Gobierno y la Junta de Andalucía.
También el secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos, ha subrayado que en el campo español no hay esclavitud, lo que hay es una falta de precios justos que hunde la rentabilidad del sector primario y “eso es lo que se debe perseguir”.


 
Por su parte Asaja Córdoba:
“Ha lamentado la “sorprendente” campaña de inspección que va a poner en marcha este mes el Ministerio de Trabajo y Economía Social para tratar de detectar casos de “esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas. La organización agraria considera que la sombra de duda que se proyecta no tiene nada que ver con la realidad actual del campo español y que mensajes sobre la posible existencia de trabajadores en situación de “esclavitud” no ayudan a la convivencia pacífica, que es la que mantienen Asaja y los sindicatos en la negociación colectiva con los sindicatos y las comisiones paritarias del mismo, que con esta actuación la ministra Yolanda Díaz echa por tierra.
Asaja considera inaceptable que en el cuestionario de la ministra se hagan preguntas como: “¿presenta el trabajador indicios de malos tratos como magulladuras?; o ¿Existen otros indicios de confusión mental o de violencia?, o ¿Notifican los trabajadores las amenazas dirigidas contra ellos, sus compañeros o miembros de su familia? Todas ellas son “inaceptables y propias de alguien que obra de mala fe movida por un sectarismo ideológico inadmisible y un desconocimiento absoluto de la realidad, que le hacen estar incapacitada para desempeñar sus funciones de ministra”, por lo que el Presidente del Gobierno “debería cesarla de forma fulminante o de lo contrario se entendería que apoya este ataque a nuestro sector”.
 No obstante, la ministra, de Podemos, en vez de atacar a los agricultores y ganaderos, “debería empezar por sancionar e inspeccionar a alguno de sus compañeros de partido, muy representativos, que son los que no pagan la Seguridad Social”.
Añade Asaja Córdoba que esta campaña “hace mucho daño” a un país como España en el que la agricultura es un “sector estratégico” y que, además, ha demostrado en los últimos meses que han sido los primeros en colaborar solidariamente con sus pueblos y vecinos en labores de todo tipo durante la pandemia a consecuencia del Covid-19, además de proporcionar alimentos a toda la población y mantener el medio ambiente y el mundo rural. Así lo ha reconocido el propio ministro de agricultura, Luis Planas, al que Asaja Córdoba pide amparo y contundencia ante la ministra de trabajo para que con su silencio no parezca que apoya esta actuación”.
Y, ante estas realidades, ¿de verdad, no entienden ustedes, no entendemos todos, lo que realmente está ocurriendo tras las medidas que se están adoptando en el actual e inconstitucional “estado de alarma? ¿No creemos todos que habría que reaccionar antes de que sea demasiado tarde, incluso, aunque seamos tachados de alarmistas?
 
Ahora ya se nos dice que, el Presidente pedirá una nueva prórroga de 1 mes que nos llevaría hasta el 24 de junio fecha exacta en que se cerrarán las Cortes, ¡por vacaciones!, hasta finales de setiembre y… …pues que así el estado de alarma se prolongaría hasta… … ¡Pensemos en ello!
Si nos cargamos a los empresarios agrarios y estamos en ello, no damos un paso más hacia la colectivización de nuestra agricultura y ganadería. ¿Es lo que queremos?
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