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Semana del 21 al 28 de mayo de 2017

Hernando, a pesar de ser manchego, se equivoca

El diputado alcarreño a veces, se pasa

Vamos a dejarnos ya de chulerías o al portavoz del PP, Sr Hernando, se le va a seguir permitiendo que insulte a los ciudadanos de Castilla la Mancha que tienen que soportar que le impongan una solidaridad de imposible cumplimiento.  "Vamos a seguir adelante con el trasvase del Tajo-Segura… …"  ha dicho el, al parecer, insustituible portavoz.

Actualizado 1 junio 2017  
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Redacción Agrolibre
  
El Tribunal Supremo (TS) sigue acordado la suspensión cautelar de todas las multas "por pastos", procedente de la Unión Europea (UE) que el Gobierno repercutió a muchas Autonomías, (Extremadura, Galicia, La Rioja, Andalucía, Castilla la Mancha, Cantabria, Comunidad Valenciana…)  por incumplimientos en la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).
Según recogen los respectivos autos, la Abogacía del Estado no se ha opuesto a la concesión de dicha suspensión cautelar ya que el Gobierno está a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la demanda interpuesta en coordinación con las comunidades autónomas al considerar que la multa es “desproporcionada y no ajustada a derecho”, aunque ha dejado claro que él no pagará ni un euro de esta multa al considerar que es responsabilidad de las CCAA. Esperemos que el gobierno no se vuelva de sus pretensiones y al final, como siempre ocurre, termine pagando los desafueros autonómicos.

El Mapama sigue elaborando las normas para certificación de insumos (fertilizantes y fitosanitarios) aptos para la agricultura ecológica y según confirma, las publicará previsiblemente este otoño. Estas normas privadas, de cumplimiento voluntario, tratarán de homogeneizar el uso de insumos en la agricultura ecológica y versarán sobre fertilizantes, productos para la gestión de plagas y enfermedades (fitosanitarios) y la evaluación de la conformidad de los insumos para agricultura ecológica.
El conjunto normativo incluiría los fertilizantes y acondicionadores del suelo, así como productos fitosanitarios recogidos en los anexos I y II del Reglamento 889/2008. "Ambos anexos regulan qué productos podrán utilizarse cuando las necesidades nutricionales o de protección de las plantas no puedan satisfacerse según las medidas incluidas para la producción ecológica". Es decir que, como dijimos la semana pasada, el Mapama "aunque no se lo crean",  sigue permitiendo que los productores ecológicos puedan vender sus producciones, con múltiples motivos, sin que estas cumplan con lo establecido en las Normas ortodoxas de la producción Ecológica.
La noticia de la semana es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha inaugurado esta mañana las jornadas de debate para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En la inauguración ha participado también el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, acompañado por la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.
En su intervención la Ministra García Tejerina García Tejerina ha precisado que la Ley “es el instrumento adecuado para orientar la necesaria transición hacia un nuevo modelo económico, bajo en emisiones, con vocación de permanencia”, para lo que se necesita un amplio consenso social y político. Ha recalcado también la importancia de diseñar una norma que favorezca la competitividad, el empleo y la sostenibilidad de los sistemas naturales y del tejido económico de España. Para ella la lucha contra el cambio climático es una oportunidad de desarrollo.

Desde la patronal de supermercados Asedas, se pide que la ley recoja objetivos “sensatos” y “realizables” de mitigación y reducción de emisiones, consensuados y con una visión de la cadena agroalimentaria en conjunto.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, recuerda que la PAC ha impuesto medidas a los agricultores y ganaderos, como el pago verde o “greening”, que “estamos cumpliendo desde hace mucho tiempo; nos debemos acostumbrar y estamos dispuestos a recibir nuevas normas”.
Desde la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) se hace hincapié en que hay una superficie significativa de masas viejas sobre las que no se realiza ninguna gestión, que son las que sufrirán en mayor medida los efectos del cambio climático. Aboga, así, por fomentar la gestión forestal sostenible en todas las superficies y aumentar su extensión y calidad, e impulsar el aprovechamiento de la biomasa forestal, agrícola y de subproductos.
Para WWF España la norma debería implicarse en la lucha contra el desperdicio, en el cumplimiento de las directivas marco de agua y sobre nitratos y la eliminación de normas “perversas” como las que penalizan el uso de energías renovables en la agricultura o la transformación de nuevos regadíos donde no hay garantías de agua.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) demanda que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética reconozca el carácter estratégico del modelo social y profesional agrario. COAG considera imprescindible la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que regule las circunstancias concretas de los sectores afectados, para hacer frente al problema del cambio climático a nivel global.
UPA, Alianza por el Clima, considera que las jornadas de debate en torno a la futura ley de cambio climático y transición energética convocadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para los días 25 y 26 de mayo son insuficientes en cuanto a la temática, escasas en cuanto al tiempo disponible para el debate y desequilibradas en cuanto a la composición de los participantes.
En fin para qué seguir… ¡lo de siempre!, somos los más sostenibles de los europeos, esperemos ver en qué queda todo, de momento todo son alabanzas porque, ciertamente, España necesita con toda urgencia una LEY para decidir fundamentalmente el próximo futuro del sector energético español, que sigue desde hace tiempo "manga por hombro".
Una filial de la empresa pública Mercasa, que depende de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), incluyó en sus presupuestos varias partidas destinadas a pagar comisiones ilegales a altos funcionarios del Gobierno de Angola y al prófugo de la Justicia Guilherme de Augusto de Oliveira Taveira.  Dos abogados del Estado, Arturo Cortés y su mujer María Jesús Prieto, aprobaron el pago de estas comisiones como consejeros delegados de la filial internacional Mercasa Incatema.
España sigue financiando proyectos ciertamente "raritos", Centros de formación y venta de armas, :
. La ministra angoleña de Pesca, Victoria de Barros Neto, colocó en septiembre de 2015 la primera piedra del Centro de Formación de Pesca (Cefopescas) que ahora construye en Luanda la empresa de ingeniería Incatema, la mitad privada del consorcio español Mercasa Incatema.

El proyecto supone una inversión de 98 millones de dólares y ha sido financiado por el Gobierno español mediante una línea de crédito. señalan que los responsables de Incatema, los hermanos Pardo de Santayana, han recurrido de nuevo a los contactos que Taveira, intermediario, tiene con varios ministros del Gobierno de Angola para sacar adelante este proyecto. Fue precisamente Javier Pardo de Santayana, como consejero delegado de Mercasa Incatema, quien firmó los contratos que otorgaban a Taveira una comisión del 8% en el proyecto de construcción del CLOD de Luanda cuyas obras se prolongan ya desde hace diez años. Los contratos también fueron rubricados por dos abogados del Estado: Arturo Cortés y su esposa María Jesús Prieto. Ambos se incorporaron al organigrama de alta dirección de la empresa pública Mercasa durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Al menos hasta hace pocos meses, el comisionista Taveira ha intervenido ahora en las gestiones para la construcción de la escuela de pesca de Luanda por encargo de Incatema.
. Venta de armas a la Policía de Angola
Tal como explicó la ministra Victoria de Barros Neto al colocar la primera piedra, el centro ocupará una superficie de 5.000 metros cuadrados. Contará con una residencia para 310 estudiantes, laboratorios, bibliotecas, tanques para la acuicultura y talleres de carpintería naval, mecánica de motores, soldadura y tratamiento del pescado. Además, el complejo albergará un simulador de navegación de alta tecnología y contará con un buque escuela completamente equipado. La obra se inició en 2015 y debe estar concluida en un plazo de tres años.
Mientras participa en estos proyectos, el comisionista portugués Guilherme Taveira Pinto permanece huido de la Justicia desde julio de 2014, precisamente por su intervención en una operación de venta de armas españolas a la policía de Angola. El contrato ascendía a 150 millones, de los cuales 41 millones fueron desviados a una cuenta en Luxemburgo.
Y nuestra  Ministra, ministra de la "cosa",  responsable hasta hace muy poco de MERCASA, no tiene nada que decir del nuevo piélago en la que se está hundiendo una de las perlas más brillantes del viejo collar de nuestro Ministerio.
Los seis gigawatios de potencia instalada renovable que tendrá España antes de 2020 ampliará un problema de dimensiones millonarias y fuera de foco en la opinión pública: la sobrecapacidad del sistema de generación eléctrica. Así lo hemos venido denunciando nosotros desde hace tiempo y hemos venido denunciando que España cuenta con muchas más fuentes de generación eléctrica de lo que demanda la sociedad. Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy acaba de adjudicar 3.000MW de energía renovable a los que se añadirán otros 3.000MW antes de verano anunciados por el propio Rajoy este jueves.

España arrastra del pasado, recuerdan las tonterías subvencionables en la época de Zapatero, importantes inversiones en otro tipo de tecnologías que ahora infrautiliza por no existir demanda suficiente.
El sistema eléctrico obliga a que se priorice el uso de renovables antes que las demás por el menor coste de generación lo que  provoca que a medida que vayan entrando más fuentes renovables a producir, la curva que casa oferta y demanda dejará menos lugar para el resto de industrias. La sobrecapacidad del sistema a día de hoy no tiene forma de compensarse por la parte de la demanda.
Los expertos apuntan directamente hacia las centrales térmicas de carbón. El compromiso contra el cambio climático las pone en el punto de mira. Se trata de la fuente de generación que más emisiones de CO2 produce, por lo que sólo fuertes inversiones de desnitrificación podrían salvarlas de su desaparición. Sin embargo, no parece que el Ejecutivo esté por la labor de cerrarlas
Por otro lado están los ciclos combinados, las centrales que usan gas para producir electricidad. La planificación energética de la década pasada pasaba por un importante abastecimiento a través de gas. Sin embargo, a día de hoy estas centrales funcionan de media por debajo del 10% de su capacidad.

Por último, está el peso específico que tiene en el sistema eléctrico la energía nuclear. El presidente del Foro Nuclear argumenta que su cierre sería un varapalo para la economía del país.
De esta manera, el Gobierno de Rajoy se enfrenta a los intereses de industrias influyentes como son el carbón, el gas y la nuclear, las cuales cobran vía factura de la luz una serie de peajes por su disponibilidad y capacidad (aunque no se usen) como respaldo del sistema eléctrico. Si el Gobierno decide mantener la sobrecapacidad como hasta ahora (que además seguirá creciendo por la penetración de renovables), habrá que ver con cargo a qué, si a la factura de la luz, a nuevos impuestos o se tira incluso de los presupuestos.
En definitiva, el Gobierno debe decidir en qué medida se enfrenta a las grandes empresas energéticas, al contribuyente, o al consumidor para dejar paso a la energía renovable que viene. J.C.Peña El Confidencial.
Y ahora qué. Pues que, totalmente de acuerdo con la Fundación Renovables, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética "es de extrema importancia para España ya que, mientras la mayor parte de las economías de nuestro entorno se han ido dotando en los últimos años de herramientas para asumir este reto, a través de leyes y planes de acción sobre cambio climático y normativas sobre transición energética (elemento central para la mitigación del cambio climático y vector del cambio de modelo económico), España se está quedando atrás". La Fundación denuncia la política energética que ha ejecutado a lo largo del último quinquenio el Partido Popular. A saber: la paralización de las energías renovables, las trabas al autoconsumo, las subvenciones a energías contaminantes, como el carbón, y la ausencia de planificación energética a medio y largo plazo.
 
23 de mayo.
- El alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos (PP), se ha mostrado crítico con las declaraciones en Twitter del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, respecto a la continuidad del trasvase, ya que en su opinión “han sonado a chulería”.
De este modo y mediante un comunicado, el regidor ha respondido a Hernando, quien el pasado 19 de mayo publicaba en su cuenta de Twitter: “Vamos a seguir adelante con el trasvase del Tajo-Segura y del Negratín para que #Almería no vuelva a tener problemas de agua”.
Ramos ha reconocido que, aunque es un compañero de partido, no puede estar “más en desacuerdo con lo que ha dicho” y ha afirmado que si Hernando visitase Talavera comprobaría el estado del Tajo a su paso por la ciudad “y rebajaría bastante el tono con el que ha hecho estas declaraciones” porque “aquí han sonado a chulería”.
“No sé qué agua se van a llevar ya. Se podrán llevar otro tipo de cosas, como bancos de arena, algas que proliferan de una manera increíble o mosquitos, pero agua no nos queda en el Tajo para que se la lleven”, ha añadido.
Por eso, el alcalde ha confiado en que la próxima vez que el portavoz popular se refiera al Tajo “sea para decir que desde el Grupo Parlamentario Popular instan al Gobierno de España a buscar soluciones que satisfagan a todos y no para arreglar los problemas de unos para creárselos a otros”, ha concluido. Agroinformación.
- El Tribunal Supremo (TS) ha acordado la suspensión cautelar de la multa por pastos procedente de la Unión Europea (UE) que el Gobierno repercutió a Extremadura, Galicia y La Rioja por incumplimientos en la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).
La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del TS ha suspendido la cuantía de 79,7 millones de euros de multa por pastos impuesta a Extremadura; la de 7,7 millones a Galicia; y la de 4 millones a La Rioja, según el auto de la sala de lo Contencioso Administrativo.
Fuentes judiciales han apuntado a Efeagro que se espera que el Tribunal resuelva próximamente las peticiones cautelares interpuestas por otras regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
Según recogen los respectivos autos, la Abogacía del Estado no se ha opuesto a la concesión de dicha suspensión cautelar ya que el Gobierno está a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la demanda interpuesta en coordinación con las comunidades autónomas al considerar que la multa es “desproporcionada y no ajustada a derecho”, aunque ha dejado claro que él no pagará ni un euro de esta multa al considerar que es responsabilidad de las CCAA. Agroinformación.
- Más de 300 tractores y vehículos han transcurrido este martes 23 por la N-430 para protestar en contra de la titulación ambiental Reserva de la Biosfera para La Siberia extremeña. Durante el recorrido se pueden leer carteles con los mensajes ‘No a la Reserva de la Biosfera’; ‘No al engaño’; ‘Biosfera en La Siberia, con Reservas…’; o ‘Sanciones impuestas = Pueblos sin gestas’, entre otras.
Esta llamada en forma de tractorada para que de una vez se retire este proyecto está siendo secundada satisfactoriamente, según ha indicado el presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, que, junto a cooperativas de la comarca ha organizado esta protesta.
SER RESERVA DE LA BIOSFERA VA A GENERAR MÁS PROBLEMAS QUE SOLUCIONES EN SU TRABAJO A AGRICULTORES Y GANADEROS
Metidieri ha destacado que con esta movilización se busca que la Junta de Extremadura tenga en cuenta a las cientos de personas “que no quieren atraso para sus municipios, así como más trabas burocráticas, despoblación y exceso de proteccionismo ambiental, que ya de por sí sufren los profesionales del campo debido a que esta comarca forma parte de la Red Natura 2000″. En definitiva, considera que lo último que necesita La Siberia son estos perjuicios que solo va a traer consigo la designación Reserva de la Biosfera. Agroinformación.
 
24 de mayo.
- Los ataques a producciones españolas en territorio francés son una constante desde hace años. Los productores galos utilizan, dentro de su catálogo habitual de protestas, la destrucción de mercancías con origen España, sea su destino final Francia o cualquier otro país de Europa. En los últimos meses, son los viticultores franceses los que han llevado a cabo una serie de protestas contra el vino español, vaciando cisternas o incluso destruyendo botellas en supermercados.
Con el objetivo de poner fin a estos ataques injustificados e ilógicos, hoy se ha celebrado un encuentro en la sede del Ministerio de Agricultura, en Madrid, en el que han participado representantes de los Gobiernos de España y Francia, así como de organizaciones de productores y cooperativas de ambos países.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha mostrado su esperanza en que los ataques en Francia al vino y a otros productos españoles sean “cosa del pasado”. La organización ha participado en un encuentro “inédito” con representantes de los Gobiernos de España y Francia, así como de las principales organizaciones de viticultores y cooperativas francesas. Todos han coincidido en que los ataques “son inadmisibles y no deben repetirse”. UPA.

- Las normas para certificación de insumos (fertilizantes y fitosanitarios) aptos para la agricultura ecológica se publicarán previsiblemente este otoño, según han informado a Efeagro fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama).
En principio, su publicación estaba prevista para esta primavera, pero el “proyecto avanza a un ritmo algo más lento de lo esperado, debido a su extraordinaria complejidad técnica y por la gran variedad de partes interesadas que participan de las reuniones de los trabajos”, han añadido las mismas fuentes.
EL CONJUNTO NORMATIVO INCLUIRÍA LOS FERTILIZANTES Y ACONDICIONADORES DEL SUELO, ASÍ COMO PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Han detallado que prevén enviar estas tres normas privadas Aenor (Asociación Española de Normalización y Certificación) al Boletín Oficial del Estado (BOE) para información pública en torno al verano, entre julio y agosto, “con vistas a una posible publicación en otoño”.
Estas normas privadas, de cumplimiento voluntario, tratarán de homogeneizar el uso de insumos en la agricultura ecológica y versarán sobre fertilizantes, productos para la gestión de plagas y enfermedades (fitosanitarios) y la evaluación de la conformidad de los insumos para agricultura ecológica.
El conjunto normativo incluiría los fertilizantes y acondicionadores del suelo, así como productos fitosanitarios recogidos en los anexos I y II del Reglamento 889/2008.
Ambos anexos regulan qué productos podrán utilizarse cuando las necesidades nutricionales o de protección de las plantas no puedan satisfacerse según las medidas incluidas para la producción ecológica. Agroinformación.

- ASAJA de Castilla-La Mancha se reunirá este jueves con el Director General de Política Forestal y Espacios Naturales, para tratar los daños que causa la superpoblación de caza mayor y la plaga de conejos en las explotaciones agrarias y ganaderas y buscar medidas a uno de los puntos más reclamados de la tabla reivindicativa que llevó al sector a movilizarse por la región.
La organización agraria, que ha recordado que las movilizaciones seguirán activas hasta que haya soluciones reales a las reivindicaciones del sector, demandará en primer lugar que se publique urgentemente la suspensión temporal del Plan General del conejo de monte en Castilla-La Mancha, vigente desde 2009 por el Decreto que declara esta especie cinegética de interés preferente.
ASAJA CLM considera que para terminar con el problema se necesita la puesta en marcha de actuaciones consecutivas por parte de todas las administraciones implicadas, empezando por la declaración de plaga, pues hasta el momento se han desarrollado medidas aisladas, como las declaraciones de comarcas de emergencia cinegética temporal, que no han dado los resultados deseados.
Por ese motivo, también se ha solicitado en múltiples ocasiones al Gobierno nacional que asuma sus responsabilidades y actúe en las zonas de seguridad que están bajo sus competencias, principalmente taludes de carreteras y vías de comunicación, así como las riberas de ríos y arroyos, que se han convertido en auténticos criaderos de conejos.
Desde esas zonas, principalmente en la jurisdicción de las Confederaciones Hidrográficas, ADIF y el Ministerio de Fomento, los conejos se desplazan hasta las explotaciones más cercanas para alimentarse, principalmente de cereales, y ocasionar cuantiosas pérdidas económicas a los agricultores.
Junto con los animales de caza mayor, como los jabalíes o los ciervos, los conejos dañan los cultivos leñosos, como almendros o vid, o las oleaginosas, como el girasol, reduciendo la producción e impidiendo el adecuado desarrollo de las plantas en las campañas sucesivas. A ello hay que sumar que la mala gestión medioambiental de la fauna silvestre está poniendo en riesgo la cabaña ganadera, debido al riesgo de contagio de enfermedades como la tuberculosis.
La Cerca.com.

25 de mayo.
- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha inaugurado esta mañana las jornadas de debate para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En la inauguración ha participado también el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, acompañado por la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Mapama.
- Desde ayer, los consumidores daneses han podido encontrar en los frigoríficos de los supermercados, carne de porcino con el etiquetado de corazones que indica niveles de bienestar animal por encima de la actual normativa comunitaria. Un gran número de cadenas de distribución ha decidido adoptarlo, como son Lidl, Aldi, Spar, Netto entre otras.
En noviembre pasado fue cuando el Ministerio de Agricultura de Dinamarca lanzó este sistema de etiquetado y se inició la producción de animales con estos nuevos requerimientos, pero no ha sido hasta esta semana cuando se ha comenzado la comercialización.
En este nuevo etiquetado, junto con la palabra danesa "BedreDyrevelfærd" que significa Mejor Bienestar Animal, aparecerán 3 corazones. Según este coloreado uno, dos o los tres corazones, el nivel de bienestar animal de los cerdos de los que procede la carne aumenta. El etiquetado más básico es el de 1 corazón, pero ya significa una exigencia de bienestar superior a la establecida en la normativa de la UE. Con un corazón, los cerdos tienen más espacio y paja que los convencionales y no sufren el corte de rabo. A medida que aumenta el número de corazones, son mayores los requerimientos, especialmente de espacio.
Con dos corazones, la superficie se aumenta en un 30%. Con tres corazones, hay un nuevo aumento de espacio, los animales tienen que criarse en el exterior y se limita a 8 horas la duración máxima del transporte.
 Esta iniciativa ha comenzado con la carne de porcino pero para el año próximo quiere ampliarse a huevos y posteriormente a carne de vacuno y ave. Agrodigital.
- Las grandes cadenas de distribución están saturando el mercado español de patata vieja francesa mientras compran la patata nueva española, más saludable y de más calidad, para sus clientes del resto de Europa. Según denuncia Asaja Sevilla, a los consumidores españoles se les está dando “gato por liebre”, ya que en España solo se queda con el 30% de patata nueva, el resto de patatas que se consumen son patatas viejas procedentes de Francia, donde se han mantenido conservadas en cámaras durante nueve meses.
Sevilla es la primera productora de patata temprana de España. En las 4.000 hectáreas que se cultivan en la provincia se recolectan 150.000 toneladas de patata que, en su mayor parte, se destinan a la exportación. Aproximadamente al 70 por ciento de la producción sevillana va a los mercados europeos, donde los consumidores son más exigentes.
LA PATATA DE CALIDAD SÓLO SE PUEDE ADQUIRIR EN ESTABLECIMIENTOS DE CERCANÍA ANTE LA POSTURA DE LA DISTRIBUCIÓN
La campaña de recolección de la patata nueva se inicia en Andalucía a finales de abril y concluye a mediados de junio, en esas fechas, el consumidor español cuenta con una patata de proximidad de excelente calidad, pero para encontrarla debe adquirirla en los mercados de abasto y las fruterías y verdulerías de barrio, puesto que en España las grandes superficies “hurtan” a sus clientes la posibilidad de acceder a la patata nueva española y les dan “gato por liebre” al poner a la venta las patatas viejas francesas, que en ocasiones se vende bajo la denominación de “patata lavada”, y que se presenta con una piel limpia y brillante, lo que induce a los consumidores a pensar que se encuentran ante una patata nueva.
Las patatas nuevas, que se recogen y se comercializan en plena temporada, nada tienen que ver con las patatas de conservación, que se han conservado de forma artificial durante nueve meses, tiempo en el que han perdido muchas de sus cualidades.
Las diferencias entre las patatas viejas y la patata nueva son muchas y en todos los sentidos, tanto a nivel nutricional como organoléptico, las patatas nuevas tienen una piel más fina y dorada, su carne es más blanca y su composición es más acuosa, tienen más vitamina C y no se reblandecen cuando se fríen. Agroinformación.
 
- Una filial de la empresa pública Mercasa, que depende de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), incluyó en sus presupuestos varias partidas destinadas a pagar comisiones ilegales a altos funcionarios del Gobierno de Angola y al prófugo de la Justicia Guilherme de Augusto de Oliveira Taveira.  Dos abogados del Estado, Arturo Cortés y su mujer María Jesús Prieto, aprobaron el pago de estas comisiones como consejeros delegados de la filial internacional Mercasa Incatema.
En una operación conjunta dirigida por los jueces Eloy Velasco y José de la Mata, la Guardia Civil detuvo el pasado 19 de abril al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a su hermano Pablo González, que en ese momento era director de Operaciones de Mercasa y consejero de Mercasa Incatema. La investigación judicial ha permitido constatar que el Canal de Isabel II (bajo la presidencia de Ignacio González) y Mercasa Incatema (con su hermano Pablo González como directivo) utilizaron prácticas corruptas parecidas, con el pago de comisiones ilegales para obtener contratos públicos en varios países. El consorcio Mercasa Incatema (participado al 50% por Mercasa) obtuvo en 2006 un contrato del Gobierno de Angola para construir un mercado central de abastos y un Centro Logístico y de Distribución (CLOD) en la capital del país, Luanda.
El proyecto se amplió posteriormente, mediante sucesivos contratos, hasta alcanzar un presupuesto global de 533 millones de dólares. De esta cifra, al menos 20,1 millones de dólares se destinaron al pago de comisiones ilegales, según la investigación que instruye el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.
 
26 de mayo.
- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado la enorme trascendencia de abordar la transición hacia un nuevo modelo bajo en carbono desde la ambición y la responsabilidad.
Isabel García Tejerina, y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, han clausurado hoy, en la sede del Ministerio, las jornadas “España, juntos por el clima”, un encuentro de debate para orientar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
En su intervención, García Tejerina ha precisado que la Ley “es el instrumento adecuado para orientar la necesaria transición hacia un nuevo modelo económico, bajo en emisiones, con vocación de permanencia”, para lo que se necesita un amplio consenso social y político.
Según ha destacado, la presencia del presidente Mariano Rajoy en la jornada inaugural reafirma el compromiso del Gobierno en esta Legislatura para adoptar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética ambiciosa. En este sentido, García Tejerina ha recalcado la importancia de diseñar una norma que favorezca la competitividad, el empleo y la sostenibilidad de los sistemas naturales y del tejido económico de España. Según ha subrayado, la lucha contra el cambio climático es una oportunidad de desarrollo. Mapama.
 
- El sector agroalimentario defiende la participación de los agentes implicados y de la sociedad civil, y la búsqueda de consensos de cara a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una norma que debería incluir iniciativas “ambiciosas” y “realistas”.
Así lo detallaron ayer diferentes expertos durante la sesión de trabajo sobre el sector agrícola, ganadero, forestal y alimentario, que tuvo lugar en el contexto de las Jornadas de debate “España, Juntos por el Clima”.
Dicho encuentro, que acoge la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente entre ayer y hoy, tiene entre sus objetivos establecer las bases para la elaboración del citado anteproyecto de Ley.
Los representantes del sector agroalimentario coinciden en apuntar que la normativa debe tener un presupuesto suficiente para sus objetivos y promocionar las energías renovables, la agricultura ecológica, la ganadería extensiva y las políticas forestales y de gestión sostenible de los bosques, sin olvidar la necesaria armonización de legislaciones, con ámbitos competenciales definidos.
Asimismo, defienden que tenga una visión amplia, desde la oferta a la demanda, es decir, con implicación de toda la cadena, incluyendo la lucha contra el desperdicio, y que esté bien conectada con la Política Agraria Común (PAC) y las diferentes normativas.
Asedas:
Desde la patronal de supermercados Asedas, se pide que la ley recoja objetivos “sensatos” y “realizables” de mitigación y reducción de emisiones, consensuados y con una visión de la cadena agroalimentaria en conjunto. Se debería incorporar el concepto de “flexibilidad” -ya que existe una multitud de agentes, empresas y explotaciones agrarias con realidades distintas- para que puedan cumplir los objetivos sin afectar a la competitividad.
Asaja:
El presidente de Asaja, Pedro Barato, recuerda que la PAC ha impuesto medidas a los agricultores y ganaderos, como el pago verde o “greening”, que “estamos cumpliendo desde hace mucho tiempo; nos debemos acostumbrar y estamos dispuestos a recibir nuevas normas”.
Barato destaca que el sector “acata y cumple” con las decisiones de la comunidad científica porque ésta “no nos ha defraudado hasta ahora” y ha contribuido a la mejora competitiva. “Estamos dispuestos a seguir mejorando nuestro ritmo de trabajo y en muchas zonas de España los cultivos ya se hacen con siembra directa”, que reducen las emisiones, ejemplifica.
Patronal forestal:
Desde la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), Ignacio Macicior hace hincapié en que hay una superficie significativa de masas viejas sobre las que no se realiza ninguna gestión, que son las que sufrirán en mayor medida los efectos del cambio climático. Macicior aboga, así, por fomentar la gestión forestal sostenible en todas las superficies y aumentar su extensión y calidad, e impulsar el aprovechamiento de la biomasa forestal, agrícola y de subproductos.
WWF España
Para la responsable de Agricultura y Desarrollo Rural de WWF España, Celsa Peiteado, la norma debería implicarse en la lucha contra el desperdicio, en el cumplimiento de las directivas marco de agua y sobre nitratos y la eliminación de normas “perversas” como las que penalizan el uso de energías renovables en la agricultura o la transformación de nuevos regadíos donde no hay garantías de agua. Peiteado insiste también en reformar el sistema fiscal para “quien contamine pague, y quien conserve reciba”, recuperar la ley de desarrollo sostenible del medio rural y garantizar presupuestos suficientes para desarrollar las diferentes herramientas.

UPA y COAG
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) demanda que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética reconozca el carácter estratégico del modelo social y profesional agrario. COAG considera imprescindible la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que regule las circunstancias concretas de los sectores afectados, para hacer frente al problema del cambio climático a nivel global. Para ello, “las aportaciones de las organizaciones profesionales deben ser un referente que identifique claramente las circunstancias que afectan a cada uno de los sectores”.
 UPA, Alianza por el Clima, considera que las jornadas de debate en torno a la futura ley de cambio climático y transición energética convocadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para los días 25 y 26 de mayo son insuficientes en cuanto a la temática, escasas en cuanto al tiempo disponible para el debate y desequilibradas en cuanto a la composición de los participantes. Entre otros aspectos, inciden en que la estructura planteada “no deja cabida para los aspectos socioeconómicos transversales y transición justa, la arquitectura institucional y la planificación de las acciones, los instrumentos de participación ciudadana o la justicia climática internacional”.
 
- Los seis gigawatios de potencia instalada renovable que tendrá España antes de 2020 ampliará un problema de dimensiones millonarias y fuera de foco en la opinión pública: la sobrecapacidad del sistema de generación eléctrica.
 España cuenta con muchas más fuentes de generación eléctrica de lo que demanda la sociedad. Esta cuestión que habrá de enfrentar el Gobierno tarde o temprano, puede desembocar en cierres de centrales, subidas de impuestos o más recargos en la factura de la luz.
Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy acaba de adjudicar 3.000MW de energía renovable a los que se añadirán otros 3.000MW antes de verano anunciados por el propio Rajoy este jueves. El compromiso de tener un 20% de la generación eléctrica procedente de fuentes verdes comprometidos con Bruselas obliga al Ejecutivo a añadir potencia renovable al sistema.
El problema es que España arrastra del pasado importantes inversiones en otro tipo de tecnologías que ahora infrautiliza por no existir demanda suficiente.
España tiene autopistas energéticas por las que no pasa casi nadie. Pero igual que ahora tiene encima de la mesa un agujero por la sobreestimación que hizo con las radiales y otras infraestructuras, tendrá que hacer frente a las centrales de generación a través de combustibles fósiles cada vez más en desuso.
El sistema eléctrico, por su diseño, obliga a que se priorice el uso de renovables antes que las demás por el menor coste de generación. Esto provoca a medida que vayan entrando más fuentes renovables a producir, la curva que casa oferta y demanda dejará menos lugar para el resto de industrias. La producción diaria con renovables supera la mayoría de días el 40% del total, según datos de REE.
La sobrecapacidad del sistema a día de hoy no tiene forma de compensarse por la parte de la demanda.
Esta se encuentra estable alrededor de los 260.000GWh anuales desde hace varios años y los expertos no vislumbran un aumento sustancial en el futuro.
Con este panorama, el Gobierno está obligado a tomar decisiones de calado sobre el futuro energético del país, algo que se podrá ver en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ya se está debatiendo con la sociedad civil en el Congreso de los Diputados.
Los expertos apuntan directamente hacia las centrales térmicas de carbón. El compromiso contra el cambio climático las pone en el punto de mira. Se trata de la fuente de generación que más emisiones de CO2 produce, por lo que sólo fuertes inversiones de desnitrificación podrían salvarlas de su desaparición. Sin embargo, no parece que el Ejecutivo esté por la labor de cerrarlas. Según explicaba esta misma semana el presidente de Enagás, Antonio Llardén, la presencia de carbón en el mix de generación eléctrica en 2010 fue del 8% mientras que en 2015 escaló hasta el 20%. Por otro lado, el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, afeó en el Senado a Enel su intención de cerrar las centrales térmicas de Endesa en Teruel y León.
El Gobierno debe decidir en qué medida se enfrenta a grandes empresas energéticas o al contribuyente para dejar paso a la energía renovable que viene
Por otro lado están los ciclos combinados, las centrales que usan gas para producir electricidad. La planificación energética de la década pasada pasaba por un importante abastecimiento a través de gas. Sin embargo, a día de hoy estas centrales funcionan de media por debajo del 10% de su capacidad. Una cantidad que podría incluso disminuir a medida que las renovables cobre peso.
No obstante, la secretaria general de Sedigas, Marta Margarit, argumenta que dentro de la nueva ley que se tramita para el cambio climático, el gas cuenta con el apoyo del Ejecutivo. El propio secretario de Estado, Daniel Navia, destacó públicamente esta misma semana la presencia del gas como complemento energético en el compromiso para el cambio climático. Sedigás pone encima de la mesa su valor como fuente de respaldo menos contaminante que otras para los momentos en que no operan otras tecnologías.
Por último, está el peso específico que tiene en el sistema eléctrico la energía nuclear. Con Garoña en el punto de mira, el Ejecutivo empieza a ponerse de perfil para que sean las dueñas de las centrales quien decidan sobre su futuro. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señaló públicamente que el negocio nuclear en España da pérdidas y aboga por el cierre de Garoña, una posición contraria a la de Endesa, con quien comparte la propiedad. Endesa, por su parte, tiene más exposición nuclear en España que Iberdrola. El presidente del Foro Nuclear argumenta que su cierre sería un varapalo para la economía del país.
De esta manera, el Gobierno de Rajoy se enfrenta a los intereses de industrias influyentes como son el carbón, el gas y la nuclear, las cuales cobran vía factura de la luz una serie de peajes por su disponibilidad y capacidad (aunque no se usen) como respaldo del sistema eléctrico. Si el Gobierno decide mantener la sobrecapacidad como hasta ahora (que además seguirá creciendo por la penetración de renovables), habrá que ver con cargo a qué, si a la factura de la luz, a nuevos impuestos o se tira incluso de los presupuestos.
En definitiva, el Gobierno debe decidir en qué medida se enfrenta a las grandes empresas energéticas, al contribuyente, o al consumidor para dejar paso a la energía renovable que viene. J.C.Peña El Confidencial.

- "España necesita una Ley de Cambio Climático y Transición Energética cuanto antes", según la Fundación Renovables, que acaba de difundir un comunicado en el que, además, concreta su propuesta. "Queremos que esta Ley -dicen desde la Fundación- ponga las bases para una verdadera transición energética: para 2050, España tiene que tener un 100% de la energía producida con renovables, una electrificación de la demanda del 80% y una reducción de la energía primaria del 50% sobre 2005 para que nuestra economía esté completamente descarbonizada". La Fundación destaca la necesidad de que, en esa ruta, haya hitos u objetivos intermedios (2030). A saber: una reducción de emisiones del 55%, una electrificación de la demanda del 55% y una penetración de las renovables del 50% llegado ese año.

Ley de extrema importancia
Según la Fundación, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética "es de extrema importancia para España ya que, mientras la mayor parte de las economías de nuestro entorno se han ido dotando en los últimos años de herramientas para asumir este reto, a través de leyes y planes de acción sobre cambio climático y normativas sobre transición energética (elemento central para la mitigación del cambio climático y vector del cambio de modelo económico), España se está quedando atrás". En el comunicado que acaba de difundir, la Fundación denuncia por otra parte la política energética que ha ejecutado a lo largo del último quinquenio el Partido Popular. A saber: la paralización de las energías renovables, las trabas al autoconsumo, las subvenciones a energías contaminantes, como el carbón, y la ausencia de planificación energética a medio y largo plazo. Todo lo cual se ha traducido -concluyen desde la Fundación- en "un aumento considerable de las emisiones en los últimos años". Energías Renovables.
 
- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha declarado que “no entiende qué esconde el Ministerio al tardar tanto en publicar la regulación del etiquetado de la leche y los productos lácteos”. UPA ha explicado que es “absurdo” cuando hay “un importante consenso” de todo el sector sobre la necesidad de un etiquetado de origen de los lácteos: “está de acuerdo todo el sector, incluida la interprofesional láctea, las asociaciones de distribución e incluso muchas empresas de distribución individuales”, aseguran.
Es por ello que desde UPA no se explican cómo este Real Decreto puede “estar guardado en un cajón cuando ha sido motivo de fuertes discusiones e incluso de movilizaciones por parte de los productores de UPA”, de modo que finalmente “ha sido aceptado mayoritariamente por los distintos agentes del sector lácteo”. UPA
- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este viernes un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para anular el auto del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM) que anulaba la protección del espacio natural de la Laguna del Hito en relación con el ATC de Villar de Cañas (Cuenca).
 El recurso presentado hoy “es un paso más, ya anunciado hace tiempo, que viene a continuar la línea de trabajo, no solamente en la protección de los espacios naturales, sino también en la apuesta por un modelo distinto del que nos puede aportar en la zona un almacén nuclear”, ha aseverado el consejero Arroyo. Y ha apostillado que, en este empeño, el Gobierno regional va a continuar, no sólo en las instancias judiciales españolas, como es el caso del recurso presentado hoy ante el Supremo, sino también a nivel comunitario europeo.
En este punto, el consejero ha confirmado que el Gobierno regional ya ha informado a la Comisión Europea de que la protección de la Laguna del Hito se está viendo amenazada por las reiteradas sentencias y autos de los tribunales que ponen en cuestión la protección de este espacio.
Y que, en su opinión, “se está incumpliendo la directiva Hábitat que se aprobó en el seno de la Comisión Europea, que exige la protección de los espacios naturales”, al existir en la Laguna del Hito “suficientes elementos de biodiversidad vegetal y animal y también vinculados con el suelo especial de la zona que exigen un nivel de protección adecuado”. El Periódico de la Energía.

27 de mayo.
- El Gobierno de Angola ha pagado al consorcio español Mercasa Incatema (participado al 50% por la empresa pública Mercasa) 533 millones de dólares por la construcción de un gran mercado de abastos en Luanda que, diez años después de iniciar las obras, carece de servicios básicos como suministro eléctrico, agua potable, red de saneamiento, depuradora y accesos por carretera adecuados.
El llamado Centro Logístico y de Distribución (CLOD) de Luanda, diseñado y construido por la empresa española, se ha convertido en un pozo sin fondo. De los 533 millones de dólares que ha costado la obra, Mercasa Incatema pagó más de 20 millones en forma de comisión a su delegado comercial en Angola, el portugués Guilherme Taveira Pinto, que se encuentra huido de la Justicia española desde julio de 2014.
El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata tiene sólidos indicios de que una parte de este dinero se ha destinado a pagar sobornos a altos funcionarios del Gobierno de Angola. Así lo declaró ante el juez, también, el ex director general de Mercasa Incatema Armando Andrade.
En el marco de esta investigación judicial, la Guardia Civil detuvo el pasado 19 de abril al hermano del ex presidente madrileño Ignacio González, Pablo González, que ocupaba el cargo de director de Infraestructuras de Mercasa y consejero de Mercasa Incatema.
Un proyecto faraónico fallido:
Y pese al dineral que el Gobierno de Angola ha pagado al consorcio español para construir la obra, el gran mercado mayorista de Luanda hoy se encuentra impracticable. Las instalaciones ocupan una superficie de 23 hectáreas y deberían convertirse en el gran centro de distribución de alimentos perecederos (carne, fruta y pescado) a todo el país.
El mercado mayorista está ubicado junto a la vía férrea que unirá el puerto de Luanda con el futuro aeropuerto internacional que el Gobierno de Angola presidido por José Eduardo dos Santos quiere convertir en el mayor del continente. Pero el aeropuerto todavía no existe.
El hecho de que el CLOD se encuentre a 30 kilómetros de distancia de la capital tampoco garantiza las mejores condiciones para la distribución de productos perecederos. Los propios informes elaborados por Mercasa Incatema señalan que el principal acceso al mercado se encuentra completamente impracticable, especialmente para los vehículos pesados: una carretera de 3 kilómetros de longitud llena de baches y con el firme en mal estado.
Diez años después de iniciar las obras, sólo se encuentran operativas las primeras cuatro naves provisionales que se construyeron, además de un edificio destinado a la administración. Pero todo el complejo carece todavía de suministro de agua potable.
Llevan el agua con cubas:
En su lugar, se utiliza un servicio de transporte de cubas de agua cuyas condiciones higiénicas son muy dudosas. Proceden del caudal del río Bengo, potabilizado con lejía, y de un pozo del que no consta que se haya realizado ningún análisis sanitario. Todo ello resulta insuficiente para atender las necesidades básicas de los futuros puestos del mercado, desde la limpieza o la fabricación de hielo para conservar los alimentos.
El Centro Logístico construido por Mercasa Incatema también carece de una red de saneamiento para evacuar las aguas residuales. En su ausencia, las aguas sucias se vierten actualmente en el exterior, en varias balsas, a las que con frecuencia acude la población del país a abastecerse. Todo ello constituye un riesgo sanitario de primer orden. El CLOD de Luanda también carece de depuradora para reciclar las aguas fecales.
Lo mismo ocurre con el suministro eléctrico, que en la actualidad es completamente precario. Hasta el punto de que la nave frigorífica que ya ha comenzado a utilizarse se abastece con un grupo electrógeno alimentado con gasoil.
El Gobierno de Angola ha pagado 533 millones de dólares a la filial de la empresa pública Mercasa por la construcción de estas instalaciones. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata intenta determinar ahora qué altos funcionarios del Gobierno de Angola se han beneficiado de mordidas por este proyecto.
Una comisión del 8% para Taveira:
Como ha informado OKDIARIO, tres consejeros delegados de Mercasa Incatema (Javier Pardo de Santayana y los abogados del Estado María Jesús Prieto y Arturo Cortés) firmaron los contratos que estipulaban el pago de comisiones del 8% al intermediario portugués Taveira, que tenía hilo directo con varios ministros del Gobierno de José Eduardo dos Santos.
Además de esta comisión del 8%, Mercasa Incatema pagaba desde 2008 a Taveira una asignación fija de 10.000 euros al mes, y sufragaba todos los gastos en los que pudiera incurrir en el país (como alquiler de viviendas y vehículos) a través de su empresa Sonadi.
Taveira está buscado por la Justicia desde julio de 2014 por su intermediación en un contrato de venta de armas españolas a la Policía de Angola, a través del consorcio Defex, por importe de 153 millones de euros. De esta cantidad, se desviaron 41 millones a una cuenta bancaria en Luxemburgo. M.A Ruiz Coll OK Diario
 
28 de mayo.
- Primero dio un pelotazo de 41 millones de euros en una operación de venta de armas españolas a la Policía de Angola a través del consorcio Defex. Luego, durante los ocho últimos años, ha estado cobrando comisiones del consorcio español Mercasa Incatema en la construcción de un mercado mayorista en Luanda.
Mientras la Justicia investiga estos hechos, el comisionista portugués Guilherme Taveira Pinto vuelve a intervenir ahora en otro proyecto que se ejecuta en el país africano con financiación pública española: la construcción de una escuela de pesca en Ramiro (Luanda).
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acreditado que Taveira ha estado cobrando comisiones del consorcio Mercasa Incatema (participado al 50% por la empresa pública Mercasa) en la construcción del Centro Logístico y de Distribución (CLOD) de Luanda.
El intermediario portugués se habría embolsado más de 20 millones de dólares, de los 533 millones que ha costado la obra. El magistrado sospecha que una parte del dinero ha ido a parar a altos funcionarios del Gobierno de Angola en forma de comisiones ilegales.
España financia el proyecto:
La ministra angoleña de Pesca, Victoria de Barros Neto, colocó en septiembre de 2015 la primera piedra del Centro de Formación de Pesca (Cefopescas) que ahora construye en Luanda la empresa de ingeniería Incatema, la mitad privada del consorcio español Mercasa Incatema.
El proyecto supone una inversión de 98 millones de dólares y ha sido financiado por el Gobierno español mediante una línea de crédito. Las fuentes consultadas por OKDIARIO señalan que los responsables de Incatema, los hermanos Pardo de Santayana, han recurrido de nuevo a los contactos que Taveira tiene con varios ministros del Gobierno de Angola para sacar adelante este proyecto.
Fue precisamente Javier Pardo de Santayana, como consejero delegado de Mercasa Incatema, quien firmó los contratos que otorgaban a Taveira una comisión del 8% en el proyecto de construcción del CLOD de Luanda cuyas obras se prolongan ya desde hace diez años. Los contratos también fueron rubricados por dos abogados del Estado: Arturo Cortés y su esposa María Jesús Prieto. Ambos se incorporaron al organigrama de alta dirección de la empresa pública Mercasa durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Al menos hasta hace pocos meses, el comisionista Taveira ha intervenido ahora en las gestiones para la construcción de la escuela de pesca de Luanda por encargo de Incatema.
Venta de armas a la Policía de Angola
Tal como explicó la ministra Victoria de Barros Neto al colocar la primera piedra, el centro ocupará una superficie de 5.000 metros cuadrados. Contará con una residencia para 310 estudiantes, laboratorios, bibliotecas, tanques para la acuicultura y talleres de carpintería naval, mecánica de motores, soldadura y tratamiento del pescado. Además, el complejo albergará un simulador de navegación de alta tecnología y contará con un buque escuela completamente equipado. La obra se inició en 2015 y debe estar concluida en un plazo de tres años.
Mientras participa en estos proyectos, el comisionista portugués Guilherme Taveira Pinto permanece huido de la Justicia desde julio de 2014, precisamente por su intervención en una operación de venta de armas españolas a la policía de Angola. El contrato ascendía a 150 millones, de los cuales 41 millones fueron desviados a una cuenta en Luxemburgo. M.A.Ruiz Coll OK Diario.
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