Transcurridos diez años desde la aprobación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo sostenible del medio rural, contando también con nuevas leyes autonómicas en la materia y, sobre todo, en la salida de una intensa crisis económica que ha afectado e intensificado sus problemas tradicionales, el momento parece especialmente oportuno para atender a la situación actual del medio rural español y valorar el alcance que han tenido las distintas políticas desarrolladas en este ámbito.

 Para afirmar la importancia del medio rural en España basta acercarse a los datos sobre su magnitud, dado que afecta al 85 por 100 del territorio e integra en torno al 20 por 100 de la población (aunque podría elevarse hasta el 35 por 100 si se incluyen las zonas periurbanas). Pero, además, hay que recordar que aquí se encuentran la totalidad de los recursos naturales y una parte significativa del patrimonio histórico y cultural, con un impacto muy elevado en variables clave, desde la seguridad alimentaria hasta la preservación del medio ambiente. El medio rural es, en efecto, estratégico, por cuanto abastece de alimentos seguros y de calidad, resultado de la actividad agraria (en sentido amplio, esto es, agricultura, ganadería y silvicultura) y pesquera (pesca y acuicultura), actividades que, pese a tener impacto en el medio ambiente, son muy importantes para la prevención de daños en este (como es el caso en los incendios, o en la erosión) y para una adecuada gestión ambiental.