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Semana del 5 al 12 de enero de 2020

La clave es tener agua

Un ejemplo de como se gestiona el agua

"La demanda mundial de agua se ha más que duplicado desde la década de 1960, y la agricultura representa el 70 por ciento de las extracciones de agua dulce a nivel mundial. Ante esta situación, las inversiones en agua son cada vez más necesarias.

Actualizado 16 enero 2020  
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Redacción Agrolibre
  
Por ese motivo, cobra importancia la colaboración pública privada para tratar de desarrollar las infraestructuras necesarias para poder garantizar el acceso a los alimentos y al agua potable de una población creciente y con menor presencia en el medio rural. España está entre los países que consumen entre el 40 por ciento y el 80 por ciento de su suministro de agua disponible al año. Sin embargo, zonas de sur, este e incluso del centro de la península alcanzarían la situación de riesgo hídrico extremo”. ¿Y con una “situación de riesgo hídrico extremo” seguimos sin abordar el tema de los trasvases desde las zonas excedentarias de agua situadas a menos de 250Km de distancia?
¿A qué esperamos?
 
Comentarios.
Las diferentes posturas de los países sobre el cambio climático se volvieron a evidenciar durante la celebración de la Cumbre del Clima celebrada en Madrid entre el 2 y el 15 de diciembre. Bajo la presidencia chilena, la COP25, la más larga celebrada hasta la fecha, dejó un sabor agridulce para todos los asistentes. Tras largas negociaciones que se extendieron hasta el domingo 15 de diciembre por la mañana -la cumbre tendría que haberse cerrado el viernes 13-, el texto aprobado se limitó a una declaración de intenciones para aumentar la ambición climática y dejó fuera uno de los asuntos candentes de esta cita por la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático: el mercado de carbono.
La COP25 ha demostrado palpablemente el tremendo socavón en el que está inmerso nuestro país y del que, tras los nombramientos del nuevo gobierno español socialista-comunista-independentista-separatista en materia medioambiental, tardaremos demasiado tiempo en salir.
Pero para que vean ustedes como resuelven los británicos este problema, el problema de las emisiones industriales de CO2, vean lo publicado por el periódico inglés The Sunday Telegraph:
“Los proveedores de energía del Reino Unido han recurrido a Europa del Este para comprar certificados de energía verde baratos que les permitan afirmar que proporcionan energía renovable de 100 piezas mientras continúan dependiendo de los combustibles fósiles. Dichos esquemas se conocen en la industria como "REGO´s sucios", en referencia al plan de garantías de origen de energía renovable (REGO) de la agencia de vigilancia Ofgem.
Según las normas gubernamentales actuales, los proveedores pueden reclamar la venta de electricidad limpia de 100 piezas comprando certificados REGO de generadores renovables como parques eólicos. Entonces, en lugar de pagar por la energía limpia de las fuentes renovables, las empresas están comprando certificados en papel equivalentes a una unidad de energía verde.
Estos certificados permiten a las empresas comercializar sus tarifas como completamente ecológicas, cuando en realidad podrían estar comprando electricidad de una central eléctrica a carbón.
Ahora, los expertos de la industria dicen que, en lugar de comprar estos certificados de generadores renovables del Reino Unido, los proveedores de energía los están comprando en Lituania, el mercado más barato para REGO en la UE. Esta es la primera vez que se revela la existencia de un mercado europeo para certificados verdes transfronterizos. No está claro cuántos proveedores de energía del Reino Unido se han involucrado en esta práctica, aunque una fuente dijo que al menos dos empresas para las que habían trabajado habían comprado REGO sucios, y describió lo incómodo que esto hizo a los miembros del personal en ese momento”
Así que los ingleses seguirán siendo competitivos y nosotros tendremos que seguir cerrando industrias.

Será verdad que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) convocará movilizaciones desde este mes de enero por la "brutal crisis" que vive el campo. Al parecer y tras reunirse en Madrid a finales de diciembre, la organización llegó al acuerdo, por unanimidad, de impulsar un proceso de movilización general agraria, "en unidad de acción, ante la crisis que padecen la mayoría de los sectores agrícolas y ganaderos de nuestro país". Además, COAG estudiará con el conjunto del sector la convocatoria de un paro general en el campo. La caída generalizada de los precios en origen y, en consecuencia, de las rentas de los agricultores; el permanente incremento de los costes de producción; la desregulación de los mercados y eliminación de la preferencia comunitaria; así como la “uberización” progresiva del modelo social y profesional de agricultura, son algunos de los motivos por los que la asociación prevé un 2020 cargado de movilizaciones.
Será verdad, seguimos insistiendo nosotros, o todo se parará tras la consolidación del nuevo gobierno español de coalición socialista-comunista-independentista-separatista, porque nadie dude que los nuevos gobernantes estarán dispuestos a regar a sus teóricos votantes-socios con las prebendas que estos digan exigir y necesitar. ¡Ya lo iremos viendo y por supuesto denunciando!

“La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar los datos de la Agencia Tributaria sobre los rendimientos agrarios netos declarados en 2017 (último ejercicio disponible), constata que los rendimientos netos medios de los declarantes que viven fundamentalmente de la actividad agraria se encuentra un 36,5% por debajo de la media de la base imponible declarada. La misma fuente muestra que, a medida que disminuye el tamaño de la población, decrecen también de forma progresiva tanto los rendimientos del trabajo, como los rendimientos de las actividades económicas.
Según la información tributaria a la que ha tenido acceso Unión de Uniones, en España, en el ejercicio fiscal 2017, habría un total de 1.042.414 declarantes de ingresos agrarios. Para el 81,2% de los mismos, sus rendimientos agrarios representarían menos del 50 % del total de todas sus actividades y, en el conjunto, solo generarían el 35% del rendimiento neto total agrario declarado en España.
Por su parte, los 195.714 que sí tendrían en la actividad agraria su actividad principal, habrían declarado ese año unos rendimientos netos medios de 11.707 euros, cifra que es un 36,5% inferior a la del conjunto de rendimientos, imputaciones de renta y otros componentes de la base imponible total del conjunto de las actividades declaradas a través del IRPF. Con ligeras variaciones, las cifras siguen la misma tónica entre los ejercicios 2014 y 2017, por lo que se puede considerar un escenario general”.
Es que a alguien puede extrañar que, “a medida que disminuye el tamaño de la población, decrecen también de forma progresiva tanto los rendimientos del trabajo, como los rendimientos de las actividades económicas”, es que aún no hemos comprendido el porqué de la España vacía que no “vaciada”.

“La existencia de un Ministerio de Agricultura y Alimentación es una “condición irrenunciable” para la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). La organización se ha mostrado inflexible a ese respecto, y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “no se olvide” de la situación crítica que vive el campo.
La coyuntura que atraviesan la agricultura y la ganadería en España es muy difícil, con una renta agraria que el pasado año se ha desplomado un 8,6% y con una inmensa mayoría de sectores productivos en dificultades.
“El panorama es crítico”. “Deseamos suerte al nuevo Gobierno, pero deben ponerse a trabajar de inmediato”.
Al fin ya tenemos nuevo gobierno y casi una veintena de nuevos Ministerios y Vicepresidencias de gobierno, pero… … lean el artículo de hoy sobre el tema, en Agrolibre, e intenten averiguar a qué Ministerio tendrán que acudir con sus peticiones.
Terminemos hoy deseando al nuevo-viejo Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación toda la suerte del mundo en su gestión. Créannos la va a necesitar.

 
Noticias.
-La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, como cada año aprovechando la festividad de los Reyes Magos, hace un repaso de las cuestiones que en este 2020 que inicia década deberían ocupar la futura agenda política, destacando en sus demandas un Ministerio preparado para todos los retos que se deben afrontar en la agricultura, la ganadería y el medio rural.
Unión de Uniones lamenta que, en muchos aspectos, tenga que hacer hincapié en las mismas peticiones que en ocasiones anteriores, ante la desatención que han sufrido algunos asuntos vitales para el campo, ya sea por falta de medios o de voluntad política de sacarlos adelante.
Por ello, la organización demanda un Ministerio de Agricultura con peso en el Gobierno y liderado por una persona con experiencia, que conozca profundamente el sector y que sea consciente de las urgencias a las que debe responder. Igualmente, en caso de configurarse un Ejecutivo con un futuro Ministerio responsable de la lucha contra la despoblación, la organización insta a que no sea un órgano florero y a que disponga realmente de las herramientas políticas y presupuestarias para asumir el reto de superar la brecha del medio rural con el entorno urbano.
Equilibrio en la cadena alimentaria, reparto justo de la PAC y democracia en el campo, repiten como principales peticiones
En relación con la falta de voluntad política, la organización critica que, a pesar de los intentos, la cadena alimentaria sigue sin funcionar y su Ley sin ser revisada para poner en marcha mecanismos que ayuden a los eslabones más débiles – productores y consumidores – a tener el mismo peso negociador que la industria y la distribución para poder alcanzar precios justos.
En este sentido, Unión de Uniones se congratula de los avances legislativos desde Europa, pero pide mayor contundencia, como la definición de posición de dominio y una postura más firme sobre las producciones que se importan hasta la UE para defender nuestro modelo agrario.
Asimismo, la organización reitera la importancia de un mejor y más justo reparto de la PAC que favorezca al agricultor genuino, en una definición que lo delimite de manera clara para lograr que las ayudas vayan destinadas a quienes viven fundamentalmente de esta actividad, que son quienes más contribuyen a mantener el medio rural.
“Este 2020 es clave para nuestro sector, por la reforma de la PAC, los retos que ofrece el cambio climático y por la inestabilidad del mercado internacional, con sus guerras y su competencia desleal”, comentan desde la organización. “Necesitamos que quien ocupe el cargo lo entienda bien y nos defienda porque cree en ello, no porque represente un papel para mantener su sillón”, añaden. Unión de Uniones se muestra muy preocupada sobre los ataques injustificados que la agricultura y, sobre todo, la ganadería está sufriendo últimamente en relación a su papel ambiental.
Unión de Uniones insiste, por otro lado, en la necesidad de democratizar el escenario de representatividad de las organizaciones agrarias mediante la convocatoria de elecciones en el campo. “Es impresentable que se tenga secuestrado el derecho de los agricultores y ganaderos a elegir libremente a quienes se sientan a negociar en su nombre la política agraria para mantener el cómodo corralito del que se benefician algunas OPAs y el propio Ministerio”, añaden.
Finalmente, cerrando su carta, la organización recalca la importancia de dotar al Ministerio de un presupuesto suficiente, y que se ejecute como debe, para, entre otros asuntos, vigilar la fauna salvaje, posible fuente de enfermedades en el ganado y de destrozos en cultivos y rebaños; y también, la adaptación de nuevas normativas, especialmente, de naturaleza agroambiental, y a la revisión de otras que no están dando los resultados deseables, como las de sanidad animal.
Unión de Uniones.
 
-El Gobierno debe mantener la colaboración público-privada.
El 32 por ciento de los cultivos de regadío a nivel mundial se encuentran bajo riesgo de estrés hídrico extremo, según el World Resources Institute (WRI). Esto significa, que actualmente, hay 17 países que se enfrentan a una situación en la que consumen más del 80 por ciento de su suministro de agua disponible, de media, cada año. Si hoy el 32 por ciento de los cultivos están en riesgo, en el año 2040 será el 40 por ciento del total del regadío, mientras que en el caso del porcentaje de producción de cultivos de secano se cuadriplicará entre los años 2010 y 2040.
España está entre los países que consumen entre el 40 por ciento y el 80 por ciento de su suministro de agua disponible al año. Sin embargo, zonas de sur, este e incluso del centro de la península alcanzarían la situación de riesgo hídrico extremo.
En el grupo de España, de alto riesgo de estrés hídrico, están otros 26 países, entre ellos los correspondientes al área mediterránea, como Chile, Chipre, Grecia, Italia o Portugal, en el lado europeo -en este grupo también se encuentra Bélgica-, pero también Marruecos, Túnez, Argelia, Siria, Turquía o Egipto.
La demanda mundial de agua se ha más que duplicado desde la década de 1960, y la agricultura representa el 70 por ciento de las extracciones de agua dulce a nivel mundial.
Ante esta situación, las inversiones en agua son cada vez más necesarias. Por ese motivo, cobra importancia la colaboración pública privada para tratar de desarrollar las infraestructuras necesarias para poder garantizar el acceso a los alimentos y al agua potable de una población creciente y con menor presencia en el medio rural.
El mundo camina inexorablemente hacia megaurbes que harán necesaria una mayor planificación de los sistemas hídricos, así como una apuesta por mantener la salud de un medio tan importante como es el agrario.
Los riesgos climáticos son claros. La COP25 y los informes científicos lo han dejado muy claro en estos últimos años. Por ello, tal y como reclamaba el lema de la reunión de la ONU, hará falta ambición.
Queda por ver ahora si, tal y como recoge el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, las cuentas públicas serán capaces de movilizar la inversión necesaria para reducir la presencia de las empresas en el sector del agua. Una propuesta, desde luego, populista y poco acertada.

La COP25 evidencia la brecha entre países.
Las diferentes posturas de los países sobre el cambio climático se volvieron a evidenciar durante la celebración de la Cumbre del Clima celebrada en Madrid entre el 2 y el 15 de diciembre. Bajo la presidencia chilena, la COP25, la más larga celebrada hasta la fecha, dejó un sabor agridulce para todos los asistentes. Tras largas negociaciones que se extendieron hasta el domingo 15 de diciembre por la mañana -la cumbre tendría que haberse cerrado el viernes 13-, el texto aprobado se limitó a una declaración de intenciones para aumentar la ambición climática y dejó fuera uno de los asuntos candentes de esta cita por la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático: el mercado de carbono.
“No es suficiente para afrontar con urgencia la crisis climática”, apuntaba la ministra de medio ambiente chilena y presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, al finalizar la reunión de alto nivel y mostrar así su decepción por el acuerdo alcanzado tras más de 40 horas de negociación.
Acuerdo de mínimos
El texto final aprobado, un acuerdo de mínimos, emplaza todas las decisiones importantes a la reunión de 2020 que se celebrará en Glasgow. El nombre de la declaración final Chile-Madrid Tiempo para la Acción muestra más las intenciones de algunos países que el resultado que se obtuvo de la Cumbre del Clima de Madrid, ya que en ella solo se hace un llamamiento a “aumentar la ambición” en la reducción de emisiones de cara al próximo año más que acuerdos concretos y a presentar sus compromisos climáticos antes de la próxima cumbre, para que Naciones Unidas pueda elaborar un Informe de Síntesis previo en el que se indique el estado en el que se encuentran con respecto al objetivo de mantener la temperatura del planeta por debajo de 1,5ºC.
De hecho, la COP26 ya lleva implícito ese aumento de la ambición, ya que será en esa reunión en la que los países tengan que dar a conocer sus nuevos objetivos en cuanto a la contribución determinada a nivel nacional -los NDC, por sus siglas en inglés- en el caso de aquellos que tengan un marco temporal a 2025, o actualizar sus contribuciones en el caso de aquellos estados que tengan como fecha límite 2030. Por lo tanto, en este aspecto, la Cumbre de Madrid no ha superado las expectativas, y se ha quedado en una mera reunión de transición, a la espera de que este año los países muestren sus cartas y decidan o no aumentar esa ambición.
“Claramente no es suficiente. El mundo nos está mirando y espera resoluciones mayores”, se lamentaba Schmidt, en la lectura de las conclusiones. Teresa Ribera, mientras para la transición ecológica en funciones, también calificó como “agridulce” esta cumbre.
El texto, por el lado positivo, también acepta los tres temas facilitados por la Ministra en funciones de la Transición Ecológica, Teresa Ribera: ambición, perdidas y daños y financiación, por el cual se dirigirán más recursos, además de la mitigación y adaptación, a los daños producidos por los impactos de los fenómenos climáticos extremos.
En el ámbito de financiación, España ya volvió a dejar claras sus intenciones, por lo menos en cuanto a contribución a la financiación del cambio climático, con un acuerdo para aumentar hasta 150 millones la aportación de España al Fondo Verde para el Clima en el periodo 2019-2023, lo que supone un incremento de hasta el 25 por ciento sobre la cantidad comprometida inicialmente. Este fondo se destinará a financiar proyectos de inversión en economía en desarrollo con un doble objetivo: mitigar los efectos del cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a estos países a adaptarse al cambio climático.
“El mandato es claro: los países tenemos que presentar contribuciones nacionales más ambiciosas que las actuales en 2020, es importante responder a las demandas de la gente y de la Ciencia, y comprometernos a hacer más y más rápido”, indicó Ribera.
El Plan de Acción de Género, otra de las dificultades de los últimos días, también ha sido aceptado y estará vigente hasta el año 2025 -cuando se tendrá que revisar-. Pretende lograr más participación de las mujeres en la negociación internacional, y asegurarles un papel activo en la toma de decisión a nivel nacional.
“El problema de género no es un problema de las mujeres sino de la humanidad, como el cambio climático”, defendió Carolina Schmidt que destacó “la vulnerabilidad” de las mujeres ante el cambio climático y su “poder transformador”.
Uno de los países que más trabas puso al acuerdo fue Brasil, que se oponía a dos párrafos del texto y que estuvo a punto de bloquear el acuerdo final.
Sin mercado de carbono
La gran decepción de la COP25 fue, sin duda alguna, la falta de acuerdo respecto al mercado de carbono. Teresa Rivera se lamentó de que “se estuvo muy cerca” de conseguir el acuerdo del mercado de emisiones, pero “no puede ser a cualquier precio”.
Unos minutos antes del cierre de la cumbre, Ribera aseguraba en una red social que “algunos no se sintieron cómodos” con la regulación que no contó con suficiente apoyo ya, en la anterior COP, la cumbre de Katowice (Polonia) de 2018. “Se trabajó intensamente para asegurar unos mercados de carbono globales que aseguren una contabilidad robusta respetuosa de la integridad ambiental. Algunos no se sintieron cómodos, así que queda pendiente para el año que viene”, afirmaba.
El mercado de emisiones de carbono busca que se repercutan los costes de la contaminación sobre los que más emisiones generan, para que, a medida que se aumente el gasto, se desincentive su producción. Sin embargo, definirlo a nivel técnico es complejo ya que se debían decidir quién tiene derecho a emitir gases contaminantes y en qué cantidad, algo que ya produjo falta de consenso en Katowice y que ponía todas sus esperanzas, ahora frustradas, en la de Madrid.
En este sentido, el sábado, más de 28 países, entre ellos España, reclamaron la inclusión en el acuerdo de los Principios de San José, 11 condicionantes que incluían evitar la doble contabilidad en los mercados de carbono -que dos países se apunten la reducción al venderlo y al comprarlo-, garantizar recursos financieros a los países en desarrollo o evitar el traspaso de créditos anteriores a 2020 al nuevo sistema. En este último ámbito discrepaban países como China, India o Brasil que poseen derechos de emisión acumulados desde hace años y que quieren poder hacer uso de ellos cuando entre en vigor el Acuerdo de París en sustitución al Protocolo de Kioto de 1997.
Finalmente, los países se comprometieron a trabajar en el diseño de mecanismos de mercado en la próxima cumbre que eviten la doble contabilidad, que garanticen la integridad ambiental del sistema y “que sirva a la ambición del Acuerdo de París”, apuntaron desde el Ministerio para la Transición Ecológica.
Reacciones
Si bien, la COP25 no se cerró de manera satisfactoria para ninguna de las partes, ni tampoco para las organizaciones ecologistas que declararon que “los países contaminantes han secuestrado la COP25”, según los responsables de Greenpeace, se produjeron avances desde el ámbito privado, con compromisos y demandas de las empresas privadas para avanzar en la lucha contra el cambio climático.
El sector financiero español, por ejemplo, firmó en el marco de la Cumbre del Clima un acuerdo colectivo de acción climática, promovido por la Asociación de la Banca Española y la CECA, por el que una veintena de entidades, que representan el 95 por ciento del sector, se comprometieron a reducir en un plazo determinado la huella de carbono de sus carteras, de una forma susceptible de ser medida con criterios homologados internacionalmente.
El Economista.es
 

-Aunque la normativa es la que es y quienes no se hayan adaptado a la nueva normativa de la maquinaria de purines pueden ser sancionados y hasta perder el pago único de la PAC, algunas CCAA van a dar un respiro al sector y mantendrán la prórroga este año e incluso hasta 2021. Este el caso de Galicia, donde la Xunta ha confirmado su intención de prorrogar, como ya ha hecho dos veces. Sin embargo, esta medida y su necesario su cumplimiento no está acabando con la preocupación del sector.
Pero fuentes de la Consellería de Medio Rural confirmaron que, ejerciendo su potestad para marcar excepciones al real decreto aprobado en el 2017 por el Gobierno de Rajoy para cumplir con la reducción del nivel de emisiones de amoníaco que pide Bruselas, mantendrán el permiso para poder usar el método de plato o abanico para esparcir purines como ya se hizo en las campañas del 2018 y del 2019. Lo que no podrán usar los agricultores gallegos es el método de aspersión con cañón, según recogen M. Cedrón y S. Martínez en lavozdegalicia.es.
De este modo, añaden que la orden de la Xunta que regula para este año la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de las ayudas al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control no cambiará el párrafo referido a los purines con respecto a la del ejercicio anterior: “Las aplicaciones de purín o fracciones líquidas de deyecciones con sistemas de plato o abanico podrán realizarse excepcionalmente mientras no se resuelvan los condicionantes que dieron lugar a su excepción”.
Fuentes de Medio Rural apuntaron que la intención es mantener la excepcionalidad, al menos hasta que una norma de rango superior prohíba el uso de abanico, el método más utilizado en la comunidad. De todas formas, aclaran que estas directrices únicamente son de obligado cumplimiento para los perceptores de ayudas de la PAC. De hecho, recuerdan que hay muchos productores de porcino o de pollos que no las reciben y, por tanto, no estarían afectados por la norma sobre maquinaria de purines.
Agroinformación.

-Agricultores y ganaderos se movilizarán a partir de este mes por la "brutal crisis" que afecta al campo. Según prometió COAG a través de un comunicado, comenzarán cuando se forme un Gobierno en plenas funciones, para que las reivindicaciones tengan un "destinatario claro y directo".
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) convocará movilizaciones desde este mes de enero por la "brutal crisis" que vive el campo. A través de un comunicado, la asociación prometió que llamaría a la acción a pequeños agricultores y ganaderos en cuanto se forme un Gobierno con plenas funciones, "para tener un destinatario claro y directo de las reivindicaciones".
Así pues, y tras reunirse en Madrid a finales de diciembre, la organización llegó al acuerdo, por unanimidad, de impulsar un proceso de movilización general agraria, "en unidad de acción, ante la crisis que padecen la mayoría de los sectores agrícolas y ganaderos de nuestro país". Además, COAG estudiará con el conjunto del sector la convocatoria de un paro general en el campo.
La caída generalizada de los precios en origen y, en consecuencia, de las rentas de los agricultores; el permanente incremento de los costes de producción; la desregulación de los mercados y eliminación de la preferencia comunitaria; así como la “uberización” progresiva del modelo social y profesional de agricultura, son algunos de los motivos por los que la asociación prevé un 2020 cargado de movilizaciones.
Caída de la renta agraria.
Los agricultores y ganaderos tienen que hacer frente a más costes para vender sus productos a menor precio, lo que se traduce en una caída de sus ingresos. De hecho, en 2019, según los datos publicados por Eurostat, la renta agraria en España se desplomó un 8,6%, por la caída de un 3% en el valor de los productos y el aumento de los costes de producción en un 3,6%. "Estas cifras reflejan la presión a la que está sometidos los profesionales agrarios por ambos lados de la cadena. Por una parte, vía costes, unos fabricantes que tienden a la composición de monopolios y, por el otro, una distribución fuertemente concentrada: las seis primeras cadenas concentran el 55% de la cuota de mercado en España" denunciaron desde COAG.
Además, la asociación advirtió que este proceso de concentración, que daña a pequeños agricultores y ganaderos -la mayoría autónomos-, se está empezando a trasladar al eslabón productivo. Según aseguraron, "del millón de explotaciones que hay en España, el 93,4% son con titular físico y el 6,6% son empresas. Ese pequeño porcentaje de explotaciones que son sociedades obtienen ya el 42% del valor de la producción. Todo ello, amplificado con el aterrizaje de los fondos de inversión y las grandes multinacionales agroalimentarias".
La amenaza de los falsos autónomos llega al campo.
Cada vez es más habitual ver a muchos autónomos del sector trabajando para unas pocas grandes empresas. Es más, según la asociación, el verdadero peligro estaría en que estos trabajadores por cuenta propia (la mayoría de ellos, productores) estarían perdiendo progresivamente todo aquello que les distingue como autónomos para convertirse en asalariados.
"El cambio de modelo amenaza con convertir a los profesionales independientes en “asalariados” en precario de las grandes corporaciones agroalimentarias. Si el modelo de oligopolios empresariales se impone en el campo, España camina hacia una agricultura sin agricultores, con el riesgo que eso conlleva para el desarrollo económico y social del medio rural. Estamos ante la “uberización del campo español" denunció Miguel Blanco, presidente de COAG.
A la presión de los pequeños agricultores y ganaderos, y la caída del valor de sus productos, se suman las amenazas que vienen desde fuera de nuestras fronteras. "Es el caso del Brexit -que afectaría a pequeños exportadores-; las importaciones masivas sin control de estándares de calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y condiciones laborales y sociales (como es el caso de las frutas y hortalizas procedentes de Marruecos); o la política arancelaria de la administración Trump" comentaron desde COAG.
Si no se pone remedio, 2020 será el año de las movilizaciones.
Asociaciones como la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) también denunciaron éstas y otras amenazas para el sector en su balance de 2019. Este año terminó con "menos agricultores y ganaderos, y más pobres que a principio de 2019". Falta de precios justos, meteorología muy adversa, parálisis política y ausencia de medidas reales contra la despoblación. Han sido los cuatros motivos por los que, según UPA, 2019 ha sido "un año para olvidar o, más bien, para recordar y, así, tratar de corregir las situaciones que nos han llevado a acabar con un balance tan negativo".
De hecho, desde la asociación andaluza también advirtieron que, de no ponerse remedio a éstas y otras cuestiones, 2020 será un año cargado de movilizaciones. "La situación es límite para cientos de miles de productores. La urgencia es tal que no podemos esperar más" concluyeron desde UPA.
Emprendedores y autónomo.es
 

-La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar los datos de la Agencia Tributaria sobre los rendimientos agrarios netos declarados en 2017 (último ejercicio disponible), constata que los rendimientos netos  medios de los declarantes que viven fundamentalmente de la actividad agraria se encuentra un 36,5% por debajo de la media de la base imponible declarada. La misma fuente muestra que, a medida que disminuye el tamaño de la población, decrecen también de forma progresiva tanto los rendimientos del trabajo, como los rendimientos de las actividades económicas.
Según la información tributaria a la que ha tenido acceso Unión de Uniones, en España, en el ejercicio fiscal 2017, habría un total de 1.042.414 declarantes de ingresos agrarios. Para el 81,2% de los mismos, sus rendimientos agrarios representarían menos del 50 % del total de todas sus actividades y, en el conjunto, solo generarían el 35% del rendimiento neto total agrario declarado en España.
Por su parte, los 195.714 que sí tendrían en la actividad agraria su actividad principal, habrían declarado ese año unos rendimientos netos medios de 11.707 euros, cifra que es un 36,5% inferior a la del conjunto de rendimientos, imputaciones de renta y otros componentes de la base imponible total del conjunto de las actividades declaradas a través del IRPF. Con ligeras variaciones, las cifras siguen la misma tónica entre los ejercicios 2014 y 2017, por lo que se puede considerar un escenario general.
A nivel regional, la Región de Murcia (15.703 €), la Comunidad de Madrid (15.509 €) y Andalucía (14.313 €) son las comunidades que presentan un mayor nivel de renta entre los trabajadores cuya actividad principal es la labor agraria.  No obstante, Castilla y León (31,0%), Cantabria (29,5%) y La Rioja (25,6%) son las regiones que cuentan con un mayor peso de declarantes que viven fundamentalmente de la agricultura.
La brecha entre lo rural y urbano
Esta brecha económica que separa a los agricultores y ganaderos de otros ciudadanos, afecta también al medio rural respecto del urbano. Así, en el mismo ejercicio 2017, mientras que los rendimientos medios del trabajo declarados en las poblaciones de más de 500.000 habitantes fueron de 26.360 euros, en los municipios más pequeños - por debajo de los 1.000 habitantes - la media estuvo en 13.437 euros. Igualmente se comportan los rendimientos de actividades económicas, que se colocaron en los 16.774 de media en las grandes poblaciones, frente a los 5.932 euros de las de menor dimensión.
La tendencia es además progresivamente decreciente a medida que el tamaño de la población disminuye y también constante en el tiempo, ya que datos similares pueden encontrarse en los ejercicios precedentes.
Necesidad de diagnósticos fiables
La situación que reflejan los datos fiscales, para Unión de Uniones la más ajustada a la realidad, contrastan significativamente con los indicadores de renta que maneja el Ministerio de Agricultura y para el año 2017 arrojarían una renta agraria por unidad de trabajo de 33.433 €.
La organización conoce que las estimaciones del Ministerio relacionadas con la renta agraria se elaboran conforme a las normas de la UE, no obstante, considera que las herramientas estadísticas deben mejorarse cuando conducen a conclusiones tan alejadas de la realidad que se vive en el campo. En este sentido, Unión de Uniones ha planteado una revisión de los indicadores de renta agraria del futuro Plan Estratégico de PAC que incluya, también, los rendimientos netos declarados por los agricultores a la Agencia Tributaria. De lo contrario, se estaría partiendo de un diagnóstico erróneo en cuanto a alcanzar el objetivo de mejorar las rentas de los agricultores.
Por otro lado, de confirmarse finalmente que en el nuevo Gobierno tendría cabida un Ministerio sobre el reto demográfico, su función principal será abordar los motivos que conducen al desfase económico entre el medio rural y el urbano y que, con la infradotación en infraestructuras y servicios básicos, son la razón fundamental del despoblamiento y el abandono de la España Vaciada. En todo caso, esta es una situación que debería ser acometida con urgencia por el nuevo Ejecutivo.
Unión de Uniones.
 
-La existencia de un Ministerio de Agricultura y Alimentación es una “condición irrenunciable” para la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). La organización se ha mostrado inflexible a ese respecto, y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “no se olvide” de la situación crítica que vive el campo.
La coyuntura que atraviesan la agricultura y la ganadería en España es muy difícil, con una renta agraria que el pasado año se ha desplomado un 8,6% y con una inmensa mayoría de sectores productivos en dificultades.
“El panorama es crítico”, ha explicado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, tras la celebración de su Comisión Ejecutiva Federal, hoy en Madrid. “Deseamos suerte al nuevo Gobierno, pero deben ponerse a trabajar de inmediato”, ha señalado.
El Ministerio de Agricultura: institución imprescindible
Desde UPA han querido trasladar a Pedro Sánchez –que en estos momentos cierra la configuración del nuevo Ejecutivo- que la existencia de un Ministerio de Agricultura es un factor “imprescindible” de cara a resolver los problemas que afectan al sector primario. Es por ello que piden que esta institución tenga un “fuerte peso político” en el Gobierno y sea dirigida por una persona “experta en la materia”.
El Ministerio de Agricultura del nuevo Gobierno deberá hacer frente a asuntos clave como la negociación de la nueva PAC en el difícil contexto europeo, el necesario reequilibrio de la cadena agroalimentaria para que los productores reciban precios justos, las barreras comerciales a nivel global o el urgente y difícil relevo generacional en la profesión agraria.
La agricultura y la ganadería vertebran España
UPA ha recordado la enorme importancia de la agricultura y la ganadería, no sólo como proveedores de alimentos para toda la sociedad, sino como actividades que vertebran España, manteniendo vivos los pueblos, cuidando el medio ambiente, generando empleo, equilibrando la balanza comercial gracias a las exportaciones y luchando a su vez contra el despoblamiento y el cambio climático. “Son elementos que justifican sobradamente un Ministerio”, han concluido.
UPA.
 
-Los retos de la industria agroalimentaria se aborda hoy en un debate al que asisten representantes de todos los ámbitos vinculados a la actividad primaria, más de 150 personas que han asistido a este encuentro promovido por CaixaBank y por La Tribuna de Ciudad Real. Entre los retos figura la reforma de la PAC, los aranceles de Trump, el agua o la "brutal" competencia que tiene el sector en los mercados, según ha señalado el consejero, quien ha subrayado el peso que tiene la agricultura en la región.
Martínez Arroyo ha hecho un amplio repaso de todos los asuntos que afectan hoy al sector, como es el caso de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que se debe abordar en este 2020 para configurar el programa-marco comunitario para el periodo 2012-2027. Sobre esta cuestión, ha detallado que más que garantizar "un presupuesto mínimo" le interesa más la regulación que se contemple en dicha normativa comunitaria, de manera que cuente con mecanismo que supongan una defensa del sector para ganar en competitividad en los mercados y lo "autorregulación". En concreto, ha recordado que en la región hay 120.000 explotaciones y 100.000 perceptores de la PAC y que la pretensión del Gobierno regional con estos fondos es dedicarlos a la agricultura, a quienes están en los pueblos, generan empleo en los pueblos y de verdad están innovando, ha dicho. 
El consejero también se refirió al peso que tienen las organizaciones interprofesionales, como la del aceite y del vino, del mismo modo que ha indicado que considera que la segunda licitación del almacenamiento privado del aceite de oliva "sigue siendo insuficiente" y aboga por un almacenamiento de 50.000 toneladas de aceite, así como porque la PAC tenga en cuenta al olivar tradicional.
Los aranceles que ha impuesto la Administración Trump a productos como el queso, el vino, el aceite de oliva o los cárnicos también fue puesto de relieve por el responsable de Agricultura de Castilla-La Mancha, quien avanzó que se va a iniciar una campaña de promoción del queso manchego "con recursos de Castilla-La Mancha" mientras que se trabaja para introducir este producto en una importante cadena de distribución del país.
En clave política, se ha congratulado de que ayer saliera adelante la investidura de Pedro Sánchez y afirmado que con el nuevo gobierno espera "grandes avances" en materias como el agua o la agricultura. En este sentido, ha señalado "la buena sintonía" que existe con el Gobierno actual en funciones. Preguntado acerca de si le han ofrecido ser ministro o si ha recibido esa llamada por parte de Pedro Sánchez ha indicado que dicha llamada no se ha producido y que trabajará por el futuro del campo "aquí o dónde toque" y que su compromiso hoy está con Castilla-La Mancha, aunque ha comentado que también tuvo otras responsabilidades anteriormente y que "la vida da muchas vueltas".
En relación con el agua, ha recordado que la Mesa Regional del Agua está convocada para el próximo 31 de enero y que el objetivo es aprobar un documento en el que se lleva trabajando desde hace y medio para fijar la posición de Castilla-La Mancha en materia de agua. De este modo, indicó que se espera una "negociación nacional" que podría quizás plantear cuestiones como el trasvase Tajo-Segura o las conexiones entre cuencas. En este sentido, avanzó que no va a ser una postura "frentista", que nadie espera "llevarse mal con otra comunidad autónoma" ya que la solución, ha dicho, tiene que llegar desde la defensa de los intereses de la región, pero "desde la solidaridad y llegar a acuerdos". También en relación al agua ha asegurado que está "muy orgulloso" de la propuesta que hizo la Junta a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para que sólo se aprobara una disminución del 5% en las dotaciones de riego en el Alto Guadiana condicionada a la falta de precipitaciones y no un 10% como proponía el organismo de la cuenca.
En el encuentro también ha intervenido la directora territorial de CaixaBank, Cristina González Viu, quien ha destacado la apuesta de esta entidad financiera por el sector a través de AgroBank, pues ha subrayado el peso que tiene el sector primario en Castilla-La Mancha y por eso la entidad creó una sección específica y especializada en este ámbito con el fin de estar cerca de este sector y de darle oportunidades de desarrollo. Así, se refirió a las facilidades que ofrece a través de sus líneas de negocio para ser una banca líder responsable, teniendo en cuenta cuestiones como el cambio climático o las energías renovables. Además, destacó el equipo de personas especializado con el que cuenta la entidad y recordó que el compromiso de desarrollo del territorio en el que está presente CaixaBank está en el ADN de la entidad.
La Tribuna de Ciudad Real.
 
-El Gobierno ha mantenido en las últimas semanas cuatro reuniones bilaterales con la Administración estadounidense para protestar y tratar de revertir los aranceles impuestos a productos agroalimentarios españoles, en un momento en el que existe la “amenaza” de que se produzcan nuevas alzas.
Así lo han explicado este jueves los ministros en funciones de Industria, Comercio y Turismo, y Agricultura, Pesca y Alimentación, Reyes Maroto y Luis Planas, respectivamente, tras mantener un encuentro con la plataforma que agrupa a los principales sectores afectados por dichos aranceles, entre ellos los del aceite, vino y queso.
Pese a la consulta pública abierta en Estados Unidos sobre la posibilidad de elevar los aranceles e incluso ampliar el número de productos afectados -que expira el próximo 13 de enero-, el Ejecutivo se ha mostrado optimista por el “cambio de actitud” detectado en la Administración Trump, aunque han advertido de su carácter “imprevisible”. “No sabemos si la consulta que acaba el día 13 se traducirá en cambios. Somos optimistas pero realistas, de la Administración Trump se puede esperar cualquier cosa”, ha señalado Maroto, quien ha resaltado que las autoridades del país norteamericano muestran ahora un tono “dialogante” en las reuniones bilaterales y mantendrán la próxima semana una reunión con el comisario europeo de Comercio, Phil Hogan. “Llegar dos días después de la imposición de aranceles no sería la mejor manera” de sentarse a negociar, ha apuntado la ministra.
Maroto ha incidido en que al trabajo realizado por Bruselas para revertir los aranceles -ya que es un asunto de su competencia- se han sumado los esfuerzos de España en términos bilaterales, ya que la relación con Estados Unidos es “muy buena” y estos impuestos la deterioran. “Este Gobierno, pese a estar en funciones, funciona”, ha defendido.
Planas, por su parte, ha recordado que a mediados de diciembre España y Francia reclamaron a la Comisión Europea más medidas de apoyo para los sectores afectados para compensar las pérdidas que ya están sufriendo.
Hasta ahora ya se han activado algunos mecanismos, como dotar de mayor flexibilidad a las ayudas a la promoción -muy enfocadas al sector del vino- o el almacenamiento privado de aceite, un sistema dirigido a retirar una parte de la producción del mercado para que su precio suba, que por el momento no ha conseguido su objetivo.
LA PLATAFORMA DEJA CLARO QUE SE TRATA DE UNA “CUESTIÓN DE ESTADO”
Por su parte, la Plataforma contra los aranceles ha mostrado su “máxima preocupación” por la situación, aunque valoran positivamente esas reuniones bilaterales.
La Plataforma, integrada por FIAB, ASOLIVA, ASEMESA, ANICE, FEBE, FENIL, FEV, FENAVAL, COOPERATIVAS AGRO – ALIMENTARIAS, ASAJA, COAG, UPA y CECRV se constituyó el pasado mes de octubre para rechazar la imposición de aranceles en Estados Unidos a sus productos como represalia por el conflicto Airbus – Boeing.
 “La injusta imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos españoles no es una cuestión sectorial, sino un problema de Estado”, ha asegurado Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, en nombre de la Plataforma.
En la reunión con los ministros en funciones, los integrantes de la Plataforma también han insistido en la importancia de las negociaciones bilaterales y de la Unión Europea y han puesto de manifiesto “la importancia de que la Administración ofrezca compensaciones a los sectores afectados mientras estén en vigor las medidas del Gobierno estadounidense”.
Los integrantes de la Plataforma, que están a la espera de un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han comprometido a facilitar a la Administración todos los datos de los que disponen hasta la fecha sobre cómo está afectando la medida a sus sectores.
Agroinformación.
 

-El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a confiar en Luis Planas como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien tendrá como principales retos la negociación de la próxima Política Agrícola Común (PAC), mitigar el impacto del Brexit en el sector agroalimentario y en la pesca, y hacer frente a los aranceles impuestos por la Administración Trump.
De esta forma, Planas continuará al frente del departamento de Agricultura en un momento difícil para el futuro de la PAC, teniendo en cuenta que en los próximos meses se tienen que negociar los presupuestos de la Unión Europea para 2021-2027, según Europa Press.
EEUU se plantea disparar hasta el 100% los aranceles a la agricultura española
De hecho, el que fuera consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y exembajador en Marruecos tiene gran experiencia en Bruselas, ya que inició su carrera en Europa poco antes de la adhesión de España a la UE, ocupando distintos cargos que le han permitido conocer el funcionamiento de las instituciones europeas.
Planas, buen conocedor del funcionamiento de las instituciones europeas tras su estancia en la Comisión Europea y del sector agroalimentario como consejero del ramo en Andalucía, deberá negociar en Bruselas para conseguir una PAC suficientemente dotada que garantice la estabilidad de los agricultores y ganaderos españoles para los próximos años.
Sobre la pesca y la flota española
En materia de pesca, deberá seguir trabajando y negociando con otros países para ampliar los acuerdos de pesca para que la flota española pueda seguir faenando en caladeros internacionales, mientras que deberá trabajar en Bruselas para que el impacto del 'Brexit' sea el menor posible para la flota pesquera nacional.
Al margen de la PAC y el 'Brexit', Agricultura deberá hacer frente en esta legislatura al impulso de las negociaciones bilaterales y de la Unión Europea con la Administración Trump para que Estados Unidos retire los aranceles a los productos agroalimentarios españoles, entre ellos el aceite de oliva.
Desde las asociaciones agrarias también reclaman al nuevo Gobierno el necesario reequilibrio de la cadena agroalimentaria para que los productores reciban precios justos, las barreras comerciales a nivel global o el urgente y difícil relevo generacional en la profesión agraria
A ello se suman peticiones específicas de la industria de alimentación y bebidas como trabajar por una política armonizada y basada en evidencias científicas en nutrición y salud, apostar por una comunicación activa que impulse el reconocimiento del sector y sus productos, defender e impulsar la unidad de mercado; transitar hacia una economía circular y sostenible, contribuir al equilibrio en la cadena en las relaciones comerciales, promover la competitividad industrial y el equilibrio fiscal e impulsar la internacionalización, la innovación y la digitalización, entre otras.
Planas entró en 1982 en la Comisión Europea dentro de un programa de preparación previo a la adhesión y fue diputado del Parlamento Europeo entre 1986 y 1993, donde tomó parte en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Seguridad, y de Asuntos Institucionales. En 1993 fue nombrado consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de Manuel Chaves, y unos años después regresó a Bruselas para dirigir los gabinetes del vicepresidente primero de la Comisión Europea, Manuel Marín, y después del comisario Pedro Solbes.
Planas fue nombrado por Rodríguez Zapatero embajador de España en Marruecos en 2004 y, en 2010, embajador representante permanente de España ante la Unión Europea. Tras estos cargos, en 2012 fue designado de nuevo consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, hasta que el 20 de enero de 2014 fue nombrado secretario general del Comité Económico y Social Europeo, cargo que ostentaba en la actualidad. En 2018, Planas fue nombrado ministro de Agricultura en sustitución de Isabel García Tejerina.
La información.com.
 
-A renglón seguido de confirmarse oficialmente la continuidad de Luis Planas como ministro de Agricultura, las organizaciones agrarias mostraron sus reacciones.
Cada una con un enfoque diferenciado, las principales organizaciones de agricultores y ganaderos de España difundieron sus respectivas notas de prensa para valorar el nombramiento de Luis Planas como ministro de Agricultura.
Asaja pide "diligencia"
Asaja valora la continuidad del ministro al frente de la cartera de Agricultura en un momento clave para el futuro del sector por la gran cantidad de decisiones que se tendrán que tomar en los próximos meses y que van a ser determinantes para los agricultores y ganaderos españoles. “Planas es un buen conocedor del sector agropecuario español y también de los entresijos de la política comunitaria, pero deberá emplearse a fondo porque el momento es muy delicado para el campo español”, señala el presidente de la organización, Pedro Barato.
En el terreno comunitario, las negociaciones sobre la nueva PAC; la amenaza de recortes en el Marco Financiero Plurianual; los aranceles impuestos por EE UU a las producciones europeas; el Brexit; la nueva estrategia 'Del campo a la mesa' del Pacto Verde Europeo o la política de tratados comerciales de la UE que, como en el caso de Mercosur, lesiona los intereses de los productores agrarios europeos y por ende españoles, van a ser asuntos de mucho calado en los que el ministro Planas deberá emplearse a fondo para lograr resultados satisfactorios para los intereses de los agricultores y ganaderos españoles.
En política nacional, debe abordar los bajos precios percibidos por los productores en sectores como el aceite de oliva, las frutas o la leche son una muestra de lo que ocurre en el sector. En Asaja se muestran preocupados por los desequilibrios que aún persisten entre los distintos eslabones de la cadena en la conformación de los precios. La realidad es que el productor sigue siendo el eslabón más débil y soportan bajos precios en origen y unos altos costes de los factores de producción.
De igual forma, prosiguen fuentes de la organización, es prioritario que este Gobierno afronte el reto de vertebrar España mediante obras hidráulicas porque donde hay agua hay futuro, riqueza y la población está arraigada. En materia de vertebración del medio rural es necesario mejorar las dotaciones de infraestructuras y servicios, digitalizar el medio rural y poner en marcha políticas de incentivos para lograr el asentamiento poblacional. Y en todos estos asuntos, como en otros (bienestar animal, innovación, comercio, cambio climático… …) que serán competencia compartida o exclusiva de otros ministerios el ministro Planas deberá hacer valer los intereses del sector productor.
También consideran necesario dignificar la figura del empresario agrario. Ante los reiterados ataques de movimientos radicales ecologistas, veganos y anti especistas contra el modelo de producción europeo es necesario reivindicar la figura del agricultor y el ganadero que proporcionan alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad y son la única garantía de supervivencia de un mundo rural que contribuye de forma decisiva a la sostenibilidad y actúa como mitigación del cambio climático, afirman desde Asaja.
COAG reclama un Estatuto de la Agricultura Social y Profesional
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que la continuidad de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura, y su conocimiento de las problemáticas que afectan en estos momentos al campo español, debería servir para acelerar y afrontar con garantías las mejoras que necesita el modelo social y profesional de agricultura en nuestro país.
Indican que se debe dar respuesta a las múltiples amenazas que se ciernen sobre el sector a corto y medio plazo, caso del Brexit, el pleno desarrollo de acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países (Mercosur, próximos Australia y Nueva Zelanda), mantenimiento del presupuesto de la nueva PAC, las importaciones masivas sin control de estándares de calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y condiciones laborales y sociales, (caso de las frutas y hortalizas procedentes de Marruecos), la salvaje política arancelaria de la administración Trump, el desmantelamiento de los sistemas de regulación de mercados y del principio básico de preferencia comunitaria en el seno de la UE. Además, para reactivar los bajos precios del aceite de oliva en el campo es vital ejercer una mayor presión en Bruselas para que la UE aumente el presupuesto para el almacenamiento privado, un auténtico fiasco en las últimas licitaciones por falta de voluntad política y presupuestaria de las autoridades comunitarias.
A todo ello, se suma la creciente "ola de criminalización" de la actividad agrícola y ganadera por parte de los movimientos más radicalizados del animalismo y de los grupos ecologistas. El desplome de la renta agraria en 2019 (-8,6%) ilustra la crisis generalizada que los sectores agrícolas y ganaderos de nuestro país. La caída de los precios y la espiral alcista de los costes ha situado a miles de pequeñas y medianas explotaciones por debajo del umbral de rentabilidad. Para revertir este proceso, COAG pedirá a Planas la renovación de la actual Ley 19/95 de Modernización de Explotaciones a través del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional, una iniciativa legislativa que debe priorizar el desarrollo de un modelo social agrario, mediante la puesta en marcha de un paquete de medidas que impulsen un relevo generacional sostenible en el sector, facilitando la incorporación de jóvenes y mujeres ( acceso a la tierra, ventajas fiscales, amplificación ayudas primera instalación, formación, etc..).
Esta organización considera necesaria la creación del Observatorio de costes y mercados de insumos para aumentar la vigilancia de los oligopolios que controlan los insumos del sector: energía, fertilizantes, piensos, semillas, etc. y evitar así la especulación y los costes injustificadamente elevados para los agricultores y ganaderos. Señala el seguro agrario como herramienta fundamental del mantenimiento de rentas ante el entorno económico actual, aboga por asignar más recursos a un proceso de transformación digital inclusivo y democrático y, finalmente, califica de necesario un Pacto Nacional del Agua y una firme y decidida defensa del regadío.
UPA califica de “buena noticia” la continuidad del ministro
La noticia de la confirmación del ministro fue recogida con optimismo por parte de la Unión de Pequeños Agricultores y ganaderos (UPA), que expresó su satisfacción por que finalmente exista un Ministerio de Agricultura en el nuevo Gobierno de coalición.
La organización desea suerte a Planas tras su nombramiento, y le recuerdan la urgencia de los retos que debe afrontar, como la actualización de la Ley de la cadena agroalimentaria, la reforma de la Política Agraria Común europea, la estrategia frente a la imposición de barreras comerciales a los productos españoles o el “muy necesario” impulso que necesita el sistema de seguros agrarios ante el reto del cambio climático.
UPA ha mostrado su disposición a seguir colaborando con el Ministerio dirigido por Planas, en coordinación con los otros estamentos e instituciones que se van conociendo del nuevo Ejecutivo. “Para nosotros el Ministerio de Agricultura es la referencia institucional. Algo irrenunciable. Un Ministerio que debe estar a la vanguardia de nuestra defensa como protagonistas del futuro”, explicó. Lorenzo Ramos, secretario general de esta organización.
Fepex dice que contribuirá a superar los retos del sector
La continuidad de Planas contribuirá a superar los grandes retos a los que se enfrenta el sector de frutas y hortalizas para seguir contribuyendo a la sostenibilidad social y económica del medio rural. Así lo señala la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), que valora muy positivamente el "profundo conocimiento" que tiene el ministro de la realidad productiva y social del sector, así como del funcionamiento de las instituciones comunitarias, lo que permitirá impulsar la adopción de las medidas que requiere la situación.
Fepex considera que la globalización del mercado nacional y comunitario exige la adopción urgente de medidas de mejora de la competitividad, que contribuyan a transitar simultáneamente hacia un modelo de explotación, que cumpla los objetivos medioambientales y de acción por el clima del nuevo Gobierno y de la Política Agraria Comunitaria.
En 2020, el sector deberá afrontar también los retos derivados del Brexit y de las graves crisis existentes en los mercados de algunos productos, así como la aplicación de la nueva PAC en el sector de frutas y hortalizas, que representa más de la mitad de Producción Vegetal Agraria.
Interempresas.net.
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