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Semana del 28 de junio al 5 de julio de 2020.

La energía y sus costes, en medio de los problemas

El tema del coste energético, para toda la agricultura de regadío, es un tema fundamental que sería necesario resolver de forma inmediata. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) a reclamado al Gobierno central que, en los nuevos sistemas que se quieren establecer, para calcular los peajes del transporte y la distribución de la energía eléctrica, se prescinda de todos los gastos que son ajenos al riego agrícola.

Actualizado 9 julio 2020  
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Redacción Agrolibre
  
Así se abarataría, en más de un 30%, la factura energética a los regantes. En concreto se trata de pasar, a los presupuestos Generales del Estado los costes derivados de, “los incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos” (18,8% del coste total), “otros costes regulados” (9,6%) y los “impuestos aplicados” a estos capítulos.
 
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“Los agricultores ya estamos atravesando una durísima crisis de rentabilidad como para, además, pagar cuando regamos nuestros huertos unos gastos suplementarios que no tienen nada que ver con nosotros”. Ajuicio de AVA-ASAJA, la Circular 3/2020 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su modificación adoptada en el estado de alarma por el Covid-19 auguran a partir del 1 de abril de 2021 “más costes económicos, más penalizaciones por excesos puntuales de potencia y más lío burocrático para adaptarse a las nuevas exigencias técnicas como ocurrió en 2008”. Y eso terminará por ahogar al sector productivo.
“El Gobierno, especialmente el ministro de Agricultura, tiene aún margen de tiempo para reconducir este desaguisado y conseguir que los regantes paguen una factura eléctrica acorde a sus necesidades y a sus posibilidades económicas. Si mantiene sus planes, habrá más gastos para menos usuarios, y eso solo puede empeorar la crisis agraria y el abandono del campo”.
Nosotros, estando absolutamente de acuerdo con las peticiones de AVA-ASAJA, así lo venimos manifestando desde siempre uniendo nuestras peticiones a las ya clásicas de FENACORE, nos tememos, una vez más, que nuestro gobierno seguirá ninguneando al sector agrario y ahora más que nunca cuando ya sabemos con absoluta certeza que, está en manos de todos los hooligans medioambientalistas y que nuestro Ministro mes el monaguillo de la Ribera.

 
Las amenazas de nuevos aranceles de EE.UU., que podrían llegar hasta el 100%, abren un verano caliente repleto de negociaciones y de desafíos comerciales para el sector agroalimentario tras la pandemia, entre ellos el Brexit, Mercosur e incluso una discusión mundial sobre el futuro de las ayudas a la pesca. En la actualidad, los aranceles gravan productos como el aceite de oliva, la aceituna de mesa, el vino y los licores, las frutas y hortalizas en conserva, los cítricos, la carne de porcino y los quesos.
En relación con la posibilidad de un Brexit “duro” trae de cabeza al campo y a la pesca españoles al margen de que ya, al parecer, el Reino Unido ha decidido gravar a las clementinas y naranjas de la UE con un 16% de arancel, demás mandarinas y con un 3.2% a naranjas de la Unión Europea, a partir del 1 de enero de 2021
¡Planas a trabajar y déjate ya de “normar” todo lo que no has querido ni sabido resolver!
Alemania, la potencia de facto en Europa asume a partir de este miércoles y durante seis meses la presidencia de turno de la Unión. Pero tras sus declaraciones iniciales vemos que, a pesar de la ruina total que sufren o sufrirán todos los países del sur de Europa, los alemanes siguen erre que erre con sus prioridades e inanidades medioambientalistas. En su primera declaración oficial la han afirmado que, “la transformación pasa, a ojos de Berlín, por un irremediable reverdecimiento de la política y la economía, que deben avanzar también en el proceso de digitalización”. ¡Qué pena!
 
Al fin y tras el tercer trílogo, celebrado hoy en Bruselas, el Parlamento Europeo y el Consejo han cerrado un Acuerdo Político provisional y parcial sobre las disposiciones transitorias que regirán la PAC, hasta la entrada en vigor de la próxima reforma y se ha aprobado la autorregulación para el aceite de oliva.
Las propias Cooperativas Agro-alimentarias de España han remitido a la Comisión Europea su propuesta de autorregulación del sector del aceite de oliva cuyo objetivo es paliar situaciones críticas de mercado como la actual. La nueva propuesta de autorregulación que toma como base el artículo 209 de la OCM de los productos agrarios (OCM-A), permitiría la adopción de acuerdos entre las cooperativas sobre el almacenamiento de sus aceites. Tal y como ha destacado el presidente sectorial, Rafael Sánchez de Puerta, “de haberse puesto en marcha esta campaña hubiera permitido a las cooperativas inmovilizar hasta 400.000 toneladas de aceite”.
Lo único que nosotros pedimos es que, cualquier medida que se adopte, sea tomada con la necesaria rapidez para que sea eficaz.

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, se ha mostrado totalmente en contra de aprobar en estos momentos nuevos impuestos, como la tasa Google, pues puede desatar, como así ha sido, “nuevas represalias comerciales”.
“Vamos a vivir de la deuda pública, que tiene que ir dirigida a impedir que la gente se quede atrás y que las compañías que tienen capacidad de volver al nuevo mundo caigan. Y ya a medio plazo habrá que diseñar un plan estratégico y pensar cómo vas a pagar esa deuda. Introducir primero sistemas para pagar un pasivo que todavía no tienes cuantificado no me parece adecuado”. “Países como Estados Unidos ya están utilizando fórmulas como los aranceles para forzar situaciones y sectores como el campo español ya se sienten muy maltratados, porque este conflicto nació al fin y al cabo de una disputa entre Boeing y Airbus”.
“Estados Unidos ya ha paralizado las negociaciones con la OCDE para fijar una tasa Google común. Con una nueva tasa puede haber otra vez represalias de tipo comercial que afecten a sectores del campo español, entre otros”. A su juicio, lo que se va a conseguir con esa tasa “no sirve ni para cubrir un porcentaje mínimo del problema y vas a dar mala imagen. Muchos países lo están parando y no parece lógico seguir adelante con esta iniciativa”.

De nuevo el sector agrario será el "paganini” de la situación. ¡Ya está bien!
Todos los implicados y con intereses directos en el tema del aceite de oliva español y tal como nosotros editorializamos la pasada semana, están en contra del cambio previsto para los envases del aceite virgen de oliva. Algunas organizaciones agrarias, grandes empresas del sector oleícola como Deoleo, Dcoop, Sovena o Migasa han criticado de forma unánime la propuesta del Gobierno de obligar a vender el aceite de oliva virgen extra únicamente en formato de botella de cristal, prohibiendo el uso del plástico o la lata.
Dcoop apuesta por permitir a los productores almacenar aceite cuando haya excedente para utilizarlo en otras campañas, contribuyendo así a que los precios a pagar por el consumidor sean más estables.
La intención del Ejecutivo de obligar a envasar todo el aceite de oliva virgen extra en botella de cristal ha sido contestada por todos los ponentes sin excepción. «Antes de tomar medidas de este tipo, hay que asegurarse de que van a dar el resultado esperado. ¿Acaso le hemos preguntado ya al consumidor si está dispuesto a pagar más?, ha planteado el presidente y consejero delegado de Deoleo.
Pues lo ya dicho, Planas, dedícate a lo que tiene hoy sentido, déjate de torear de salón… … ¿lo entiendes?

La falta de unidad en el sector se empieza a ver con la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. ¿Se debe establecer un precio mínimo sobre los costes o es un error que afectará al sector?
Para J.M. de las Heras, (Unión de Uniones), el tema es delicado, pero lógicamente hay que tener referencias de costes para marcar precios mínimos, con la letra pequeña que tenga que haber para marcar alguna excepción y demás, pero no se tiene en pie que el agricultor siempre tenga el precio que la distribución o la agroindustria quiera. Consideramos que lo que hay que hacer es definir muy claro lo que es posición de dominio para que no aludan a que no se puede marcar precios porque hay libertad de mercado. Ahora mismo las cartas están marcadas, no hay libertad de mercado. Hay una posición dominante por parte de dos que controlan y hacen y deshacen. Esto tiene que cambiar y la ley de cadena tiene que cambiar en los tres aspectos: sistemas para medir lo que es un precio mínimo al agricultor, controlar la venta a pérdidas y definir lo que es posición de dominio. Me gustaría recordar que Aznar, que yo creo, si no estoy equivocado, no es una persona bolivariana – como les gusta decir a cierta gente de ciertos grupos –, puso un porcentaje a las eléctricas cuando gobernaba. El dominio que hay aquí entre dos cadenas, es insoportable, hacen y deshacen a su antojo y al son de ellas, baila el resto…. …
¡Sin comentarios, no merece la pena insistir ante alguien que no quiere entender nada!

La agricultura tendrá un respiro en el asunto de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) tras anunciarse una prórroga de la actual que estará vigente, por el momento, al menos hasta el año 2022. Esa prórroga supone que se mantendrán los presupuestos anuales tal y como han estado funcionando estos años atrás.
Para las organizaciones agrarias supone un paréntesis en las disputas mantenidas en los últimos meses y su oposición frontal a los recortes que se habían venido anunciando, para unos del 9 por ciento, para otros hasta el 15,3 por ciento sobre las cantidades actuales.
Esperemos que no se haga la gatada de vaciar los dineros de las ayudas directas y trasvasarlos a las políticas de “enverdecimiento” que todos vamos a sufrir.
 

Noticias.
- La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama al Gobierno central que la nueva metodología que prevé poner en marcha para calcular los peajes del transporte y la distribución de la energía eléctrica prescinda de gastos ajenos al riego agrícola con la finalidad de abaratar más de un 30% la factura energética a los regantes.
Entre esos gastos que la organización agraria pide que el ejecutivo elimine de la factura eléctrica y que financie a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destacan “los incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos” (18,8% del coste total), “otros costes regulados” (9,6%) e “impuestos aplicados” a estos capítulos.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, subraya que “los agricultores ya estamos atravesando una durísima crisis de rentabilidad como para, además, pagar cuando regamos nuestros huertos unos gastos suplementarios que no tienen nada que ver con nosotros. La normativa que necesita el sector debería dirigirse a abaratar la factura, no al revés”.
Y es que, a juicio de AVA-ASAJA, la Circular 3/2020 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su modificación adoptada en el estado de alarma por el Covid-19 auguran a partir del 1 de abril de 2021 “más costes económicos, más penalizaciones por excesos puntuales de potencia y más lío burocrático para adaptarse a las nuevas exigencias técnicas como ocurrió en 2008”.
Aguado agrega que “el Gobierno, especialmente el ministro de Agricultura, tiene aún margen de tiempo para reconducir este desaguisado y conseguir que los regantes paguen una factura eléctrica acorde a sus necesidades y a sus posibilidades económicas. Si mantiene sus planes, habrá más gastos para menos usuarios, y eso solo puede empeorar la crisis agraria y el abandono de campos”.
AVA-ASAJA.
 

-Las amenazas de nuevos aranceles de EE.UU. abren un verano caliente repleto de negociaciones y de desafíos comerciales para el sector agroalimentario tras la pandemia, entre ellos el Brexit, Mercosur e incluso una discusión mundial sobre el futuro de las ayudas a la pesca.
El anuncio desde Washington pone en guardia de nuevo al Gobierno español y a los productores agroalimentarios, tras varios meses en los que el coronavirus ha centrado todas las atenciones.
EE.UU. proyecta impuestos para la cerveza, la ginebra, el vodka, las aceitunas, el chocolate, camiones y maquinaria; podrían llegar hasta el 100 %.
Las organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias han reaccionado con vehemencia ante el anuncio, especialmente en referencia a la aceituna de mesa, que se ha visto muy perjudicada por las sanciones estadounidenses.
En la actualidad, los aranceles gravan productos como el aceite de oliva, la aceituna de mesa, el vino y los licores, las frutas y hortalizas en conserva, los cítricos, la carne de porcino y los quesos. El próximo 26 de julio termina el período de revisión de las represalias de EE.UU. en el marco del conflicto.
El caso se cruza con la disputa de la UE contra Washington, por sus apoyos a Boeing (rival de «Airbus»). El comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, ha declarado que espera conocer este verano el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que permitiría a la UE fijar sanciones contra EE.UU. Bruselas calibrará su actuación, pero esta circunstancia puede servir para presionar a Washington.
BREXIT
La sombra de los aranceles planea sobre las estancadas negociaciones del acuerdo que marcará la relación definitiva entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, tras el Brexit. A partir del lunes, Bruselas y Londres intensificarán su diálogo y celebrarán reuniones todas las semanas (hasta el 27 de julio).
Los Gobiernos de la UE han instado esta semana a intensificar la preparación, ante la posibilidad de un divorcio sin acuerdo, pues el Reino Unido ha rechazado prolongar el período de transición más allá del 31 de diciembre. La hipótesis de un Brexit «duro» intranquiliza al campo y a la pesca españoles; en la práctica, significaría trabas aduaneras, diferencias en las reglas de origen o en la protección de las denominaciones de origen. De hecho, este verano claiente ya ha comenzado con el anuncio de que el Reino Unido ha decidido gravar a las clementinas y naranjas de la UE con un 16% de arancel, demás mandarinas y con un 3.2% a naranjas de la Unión Europea, a partir del 1 de enero de 2021, lo que ya ha provovado la alarma en España, como denuncia ASAJA Murcia.
MERCOSUR
La covid-19 puso en compás de espera los trámites para que el acuerdo entre la UE y el bloque Mercosur, tras 20 años de negociaciones, se haga realidad, una vez ratificado por los Gobiernos y parlamentos de los 27. Para la industria alimentaria española, el pacto ofrece ventajas en sectores como el vino, las bebidas espirituosas, los productos lácteos, algunas frutas y hortalizas y el aceite de oliva. Por el contrario, preocupa a sectores ganaderos o al de cítricos, que ven con preocuación cómo se acerca una negociación que no les gusta ante el inicio de este verano caliente.
Agroinformación.
 

-Alemania, la potencia de facto en Europa asume a partir de este miércoles y durante seis meses la presidencia de turno de la Unión. Berlín toma el timón en un momento en el que se acumulan desafíos excepcionales. Cuando los Veintisiete libran una batalla inédita contra una pandemia que agrieta el continente y lo sume en una profunda recesión económica, y a falta de un pacto vital post-Brexit con el Reino Unido.
… …Pero ahora, casi nada es como antes. “El mundo será diferente después de la pandemia. Por eso, resulta aún más importante invertir en el futuro ahora, en los grandes retos.
Berlín aspira a convertir este desafío monumental en oportunidad. Es decir, lograr que sirva de palanca transformadora para cohesionar la Unión y hacerla más resistente a las crisis venideras y también más capaz de hablar con una sola voz en un mundo exterior crecientemente hostil. Mayor soberanía desde el multilateralismo y mayor autonomía en sectores estratégicos como la salud, cuyas carencias la pandemia ha dejado al descubierto. La transformación pasa, a ojos de Berlín, por un irremediable reverdecimiento de la política y la economía, que deben avanzar también en el proceso de digitalización.
Después de la pausa de agosto, Alemania se propone también, acometer la negociación del acuerdo comercial con Londres que debe regular la convivencia con el Reino Unido después del Brexit… …
El País.
 
-Aprobada la autorregulación para el aceite de oliva.
Tras el tercer trílogo celebrado hoy en Bruselas, el Parlamento Europeo y el Consejo han cerrado un Acuerdo Político provisional y parcial sobre las disposiciones transitorias que regirán la PAC, hasta la entrada en vigor de la próxima reforma.
El periodo transitorio abarcará los años 2021 y 2022, y su objetivo es asegurar que agricultores, ganaderos y otros beneficiarios de la PAC sigan recibiendo sus ayudas, de manera regular, sin cambiar las condiciones de admisibilidad hasta la entrada en vigor de los Planes Estratégicos de la futura PAC, algo que no será posible hasta enero de 2023.
“Proporcionar certidumbre y seguridad jurídica han sido, con carácter general, los principales objetivos que nos hemos marcado”, ha destacado la eurodiputada socialista Clara Aguilera, miembro de la Comisión de Agricultura en la Eurocámara. “También hemos aprovechado esta oportunidad para apoyar a un sector de referencia en España, como es el aceite de oliva, poniendo a su disposición una herramienta de gestión de la oferta que ya existe para otros sectores y que no tiene coste alguno para el presupuesto comunitario”, ha añadido. La inclusión del nuevo artículo 167 bis, prueba que han comprendido la importancia de la medida”. La aprobación definitiva del Reglamento de disposiciones Transitorias queda pendiente del acuerdo sobre los fondos PAC, dependientes de las negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP). “Su conclusión pasa ahora a la Presidencia alemana, presente en la negociación de hoy con la que celebraremos el trilogo final”, ha recordado Aguilera, “ y ante la que hemos reiterado, en una Declaración institucional adjunta al texto acordado, la voluntad del Parlamento Europeo de mantener el presupuesto de la PAC, al menos, a los niveles del actual MFP, al actual nivel de apoyo a las RUP y la creación de una Reserva de crisis que no dependa de recortes en los pagos directos”.
Es decir, “tan solo las cifras han quedado en suspenso, ya que el resto de medidas forman parte de las normas PAC de aplicación durante los dos años de periodo transitorio, tras el Acuerdo Político alcanzado con el Consejo bajo Presidencia croata”, ha concluido.
Olimerca.
 

-El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet se ha mostrado totalmente en contra de aprobar en estos momentos nuevos impuestos, como la tasa Google, pues puede desatar “nuevas represalias comerciales”.
En una entrevista del diario ABC, el empresario -que será reelegido este martes como presidente de la Cámara hasta 2023- ha subrayado que “ahora vamos a vivir de la deuda pública, que tiene que ir dirigida a impedir que la gente se quede atrás y que las compañías que tienen capacidad de volver al nuevo mundo caigan. Y ya a medio plazo habrá que diseñar un plan estratégico y pensar cómo vas a pagar esa deuda. Introducir primero sistemas para pagar un pasivo que todavía no tienes cuantificado no me parece adecuado”.
Malet recordó que  “países como Estados Unidos ya están utilizando fórmulas como los aranceles para forzar situaciones y sectores como el campo español ya se sienten muy maltratados, porque este conflicto nació al fin y al cabo de una disputa entre Boeing y Airbus”.
“Estados Unidos ya ha paralizado las negociaciones con la OCDE para fijar una tasa Google común. Con una nueva tasa puede haber otra vez represalias de tipo comercial que afecten a sectores del campo español, entre otros”. A su juicio, lo que se va a conseguir con esa tasa “no sirve ni para cubrir un porcentaje mínimo del problema y vas a dar mala imagen. Muchos países lo están parando y no parece lógico seguir adelante con esta iniciativa”.
El empresario cree que las políticas que apruebe España en los próximos meses determinarán la economía del país durante los próximos años. Según Malet, la crisis del coronavirus, ha acelerado las tendencias que ya existían: la ruptura de las cadenas de valor, la reducción de la globalización, la guerra comercial, el populismo, etc. En el caso de la inversión, la tendencia pasa por apostar por activos de riesgo con mucha rentabilidad o activos de calidad.
“España puede convertirse en uno o en otro. Por un lado, la prima de riesgo no está aumentando significativamente y estamos dentro de la UE. Pero todavía tenemos que ver qué decisiones se toman en política fiscal, donde no tenemos margen. Por ello España tiene que elaborar una suerte de plan de negocio que permita atraer inversión y garantice la recepción de fondos por parte de Bruselas.”
A su juicio, ese plan de negocio debería estar basado en el pragmatismo, en la eficiencia, en eliminar gastos superfluos, en buscar el apoyo del tejido productivo. Para el presidente de la Cámara “tiene que haber también flexibilidad laboral, evitando abusos, pero sin impedir despedir a los empresarios. Si se cambia la legislación laboral habrá quiebras y será muy difícil recuperar el tejido productivo”.
Por último, apuntó que “un país que puede perder hasta el 15% de su riqueza en un año necesitará cambios, pensar de forma mucho más estratégica y con cabeza. Si no, será muy difícil volver a tomar impulso”.
Agropopular.
 
 
-Al igual que algunas organizaciones agrarias, grandes empresas del sector oleícola como Deoleo, Dcoop, Sovena o Migasa han criticado de forma unánime la propuesta del Gobierno de obligar a vender el aceite de oliva virgen extra únicamente en formato de botella de cristal, prohibiendo el uso del plástico o la lata.
Ésta ha sido una de las grandes conclusiones de un foro organizado por la feria «World Olive Oil Exhibition» en el que se ha reflexionado sobre el futuro del sector en un momento de crisis como el actual, debido a los bajos precios que se pagan en el campo a los agricultores.
Los representantes de las cuatro compañías han mostrado opiniones discordantes en varias cuestiones tratadas a lo largo de la jornada a pesar de los llamamientos al consenso para tomar medidas que ayuden a resolver el desequilibrio que se da por una producción en aumento y una demanda mundial que no crece al mismo ritmo.
Por ejemplo, mientras que Dcoop apuesta por permitir a los productores almacenar aceite cuando haya excedente para utilizarlo en otras campañas, contribuyendo así a que los precios a pagar por el consumidor sean más estables, Deoleo defiende que ese producto guardado no es de tanta calidad al no ser tan fresco y resta importancia a las variaciones de precio en el punto de venta.
Sin embargo, la intención del Ejecutivo de obligar a envasar todo el aceite de oliva virgen extra en botella de cristal ha sido contestada por todos los ponentes sin excepción. «Antes de tomar medidas de este tipo, hay que asegurarse de que van a dar el resultado esperado. ¿Acaso le hemos preguntado ya al consumidor si está dispuesto a pagar más?, ha planteado el presidente y consejero delegado de Deoleo, Ignacio Silva, en alusión al mayor coste que supone el uso de ese material.
En su opinión, el Gobierno tiene una voluntad «loable» a la hora de diseñar una nueva norma de calidad, pero es necesario «llegar a un consenso» y alcanzar puntos de acuerdo entre todos los sectores para «mejorar la categoría».
Por parte de Dcoop, su director general, Rafael Sánchez de Puerta, ha considerado que envasar sólo en botella de cristal «no tiene ningún sentido», no está vinculada con el respeto medioambiental y con ella sólo se pretende «hacer más elitista este producto».
«SERÍAMOS LOS ÚNICOS OBLIGADOS A ENVASAR EN CRISTAL, INCLUSO EN FORMATOS POR ENCIMA DEL LITRO»
«Para nosotros el virgen extra tiene que ser un producto de gran consumo, al alcance del mayor número posible de consumidores, pero que esté valorado y responda a todos los criterios de calidad. Hay que dejar libertad para que cada empresa decida qué envase quiere utilizar y pueda diferenciarse», ha argumentado.
El responsable de Compras de Sovena, Gabriel Estévez, ha calificado de «completamente equivocada» la propuesta del Ejecutivo, ya que así se incrementaría el coste del producto sin alterar en nada la calidad interior del aceite. «Seríamos los únicos obligados a envasar en cristal, incluso en formatos por encima del litro», ha advertido Estévez.
En esta misma línea, el director comercial de Migasa, Antonio Gallego, ha lamentado que esta medida se sume a otras incluidas en la norma de calidad como la de tener que separar la parte envasadora de la extractora en las fábricas, lo que en su opinión restaría competitividad a España respecto a sus rivales (Italia, Grecia, Túnez, Marruecos, etc.).
«Con soluciones así no se va a resolver el problema de los precios. El Gobierno ha tirado para adelante sin preguntar, no hay consenso», ha insistido.
En el acto también ha participado la gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva, Teresa Pérez, quien ha abogado por reforzar la promoción incluso en tiempos difíciles como los actuales para «no perder más terreno», con el foco en la población joven y en elevar el consumo en países maduros -como España o Italia- y no sólo en nuevos mercados.
Agroinformación.
 
 
-El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha sometido hoy a informe el anteproyecto de ley que modifica la Ley de la cadena alimentaria para incluir la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, que comienza su tramitación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro Luis Planas ha destacado que el mejor reconocimiento que el Gobierno puede hacer es abordar los principales temas de fondo de una cadena alimentaria “moderna y competitiva”, que ha tenido un “excelente comportamiento” durante el estado de alarma, pero que no está desprovista de problemas estructurales.
En este sentido, ha señalado tres elementos básicos a los que el Gobierno buscar dar solución: desequilibrio entre los distintos elementos de la cadena, la falta de transparencia en la formación de precios y la debilidad de agricultores y ganaderos de cara a su capacidad de negociación con los demás eslabones.
Ante esta situación, la modificación de la ley incorpora medidas más ambiciosas para lograr una cadena alimentaria más justa, más equilibrada, y que forme valor en cada uno de sus elementos.
El Gobierno de España se mantiene firme en su compromiso para dar respuesta a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos con el objetivo de fortalecer su posición negociadora, dotar de mayor transparencia la formación de precios en el conjunto de la cadena y fomentar un reparto justo del valor añadido.
Los objetivos son:
·        Reforzar la posición negociadora de todos los eslabones de la cadena, de modo que se asegure la efectiva competencia de todos ellos y se dote de herramientas eficaces para que se pueda negociar en igualdad de condiciones.
·        Conformar la cadena de valor agroalimentaria de abajo hacia arriba.
·        Evitar prácticas desleales en la contratación agroalimentaria.
·        Aumentar los supuestos en que es obligatorio consignar por escrito las relaciones contractuales del sector, para ganar seguridad jurídica.
·        Ampliar el catálogo de prácticas desleales a evitar en la contratación agroalimentaria.
 Esta propuesta legislativa refuerza el desarrollo normativo iniciado, en una primera fase, en febrero para prohibir la venta a pérdida o destrucción del valor en la cadena e introducir la obligatoriedad de que el precio pactado entre productores y su primer comprador, como mínimo, tiene que cubrir los costes de producción.
Medidas para evitar prácticas comerciales desleales
La revisión de la ley de 2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se completará ahora con la transposición al derecho español de la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario.
Introducirá nuevas medidas de mayor calado contra las prácticas comerciales desleales, no recogidas en la legislación española, lo que supone un avance capital para luchar contra prácticas que distorsionan las relaciones en la cadena. De esta forma, se favorecen las relaciones equilibradas entre empresas en la cadena alimentaria y se preserva lo ya aprobado mediante el real decreto-ley de febrero.
El anteproyecto recoge la extensión de los contratos por escrito a todas las operaciones comerciales de más de 2.500 euros, amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales prohibidas y refuerza el procedimiento sancionador.
Se protege a los operadores nacionales en las relaciones comerciales internacionales, por lo que los productos importados tendrán que atenerse a las prácticas comerciales contenidas en el anteproyecto de ley de la cadena.
La norma se aplicará a las relaciones comerciales entre un proveedor y un comprador cuando uno de los dos esté establecido en la Unión Europea (UE), por lo que deja de ser necesario que ambos estén radicados en la UE. Este cambio permitirá una mejor protección a los operadores españoles en un sector marcadamente vinculado al comercio internacional. La protección contra las prácticas desleales será siempre de aplicación cuando haya un operador español.
Este anteproyecto incorpora nuevas condiciones relativas al contenido de los contratos, como las penalizaciones contractuales o las excepciones por causas de fuerza mayor.
Nuevas infracciones sancionables
Respecto a las sanciones, se incorporan algunas nuevas infracciones para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma. Quedan recogidas como infracciones la totalidad de las prácticas comerciales prohibidas en la nueva redacción que se propone para la Ley 12/2013, de 2 de agosto.
Entre las leves destacan:
.la cancelación, por cualquiera de las partes, de un pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado para su entrega por el vendedor.
·la devolución, por el comprador, de productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor sin pagar por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas cosas.
Como graves se incorporan:
·incumplir la obligación de suministrar la información cuando le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, o hacerlo de forma engañosa, así como no presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección.
·la obstrucción a la inspección.
AICA, como autoridad de ejecución estatal
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) será la entidad encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. En el ámbito autonómico, en el marco de sus competencias con potestad sancionadora, se designarán autoridades que velarán por el cumplimiento de la ley y que tendrán, al menos, las funciones atribuidas a AICA.
En consonancia con lo dispuesto en la directiva se amplían las facultades de la autoridad encargada de resolver el expediente sancionador. Así, además de la multa podrá acordar que se ponga fin a la práctica comercial prohibida y fijar una indemnización a favor del perjudicado por dicha práctica.
Tras esta primera lectura en Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley, previa consulta pública iniciada el 1 de abril, comienza los restantes trámites y consultas preceptivas.
El texto se remitirá a las Cortes Generales el próximo otoño, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, después de las preceptivas consultas a las comunidades autónomas, sector, Consejo Económico y Social, la Comisión Nacional de la Competencia y Mercados y el Consejo de Estado.
El anteproyecto de ley es fruto del dialogo y la puesta en común con todos los operadores de la cadena y el resto de Administraciones autonómicas afectadas. Se mantiene el espíritu de la Ley, pero se actualiza su contenido en cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales.
Según el ministro, se trata de un “paso adelante muy importante” por el propio contenido legal de la norma y porque constituye, junto al decreto ley aprobado en el mes de febrero, “un proceso de transformación estructural de nuestro sector primario y agroalimentario fundamental”, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la planificación empresarial.
MAPA.
 

- … … ¿Cree que Planas convocará elecciones al campo?
 El otro día en el Senado Planas dijo que no le gusta la ley de 2014, que quiere hacer una nueva y que, como mucho, en diciembre debería estar hecha. Esperemos desde Unión de Uniones que no lo esté diciendo para no cumplirlo, una vez más. Desde luego, nosotros creemos que es imprescindible y el ministro así se ha comprometido; a poner encima de la mesa la ley del 14 u otra fórmula para medir la representatividad. Porque es una vergüenza que los que se llaman más representativos lo sean con los resultados de las elecciones de 2002.
Esto hay que decirlo alto y claro porque hay mucha gente que no lo sabe. Esta es la realidad y, encima, se permiten la chulería de negar que haya un sistema de medir la representatividad. Nosotros vamos a seguir insistiendo. El ministro Planas dijo que lo iba a hacer y esperamos que así sea, porque hasta ahora todos los ministros lo han dicho, pero no lo han cumplido. Nosotros no vamos a parar de insistir en algo que creemos que es de justicia que se haga.
La falta de unidad en el sector se empieza a ver con la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. ¿Se debe establecer un precio mínimo sobre los costes o es un error que afectará al sector?
Creo, sinceramente, que el tema es delicado, pero lógicamente hay que tener referencias de costes para marcar precios mínimos, con la letra pequeña que tenga que haber para marcar alguna excepción y demás, pero no se tiene en pie que el agricultor siempre tenga el precio que la distribución o la agroindustria quiera. Consideramos que lo que hay que hacer es definir muy claro lo que es posición de dominio para que no aludan a que no se puede marcar precios porque hay libertad de mercado.
Ahora mismo las cartas están marcadas, no hay libertad de mercado. Hay una posición dominante por parte de dos que controlan y hacen y deshacen. Esto tiene que cambiar y la ley de cadena tiene que cambiar en los tres aspectos: sistemas para medir lo que es un precio mínimo al agricultor, controlar la venta a pérdidas y definir lo que es posición de dominio. Me gustaría recordar que Aznar, que yo creo, si no estoy equivocado, no es una persona bolivariana – como les gusta decir a cierta gente de ciertos grupos –, puso un porcentaje a las eléctricas cuando gobernaba. El dominio que hay aquí entre dos cadenas, es insoportable, hacen y deshacen a su antojo y al son de ellas, baila el resto…. …
J.M. de las Heras.
 

-Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, se congratula de la decisión de ampliar el plazo de la actual PAC hasta el año 2022 y pide que se avance en la formación del presupuesto agrario de los próximos siete años.
Unión de Uniones aplaude la ampliación del plazo, que considera coherente y beneficioso para que en estos momentos de crisis se cuente con un marco normativo estable que dé cobertura a los agricultores y ganaderos.
Por otro lado, sin embargo, muestra su preocupación por la falta de acuerdo en torno a las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 y reclama a todos los Estados, en especial al español, que avancen urgentemente en este sentido, dada la imperiosa necesidad de definir cuanto antes el presupuesto agrario de los próximos siete años.
La organización destaca que la última propuesta de la Comisión, realizada en mayo de 2020, fue la de reducir el presupuesto de la PAC en un 9% (precios constantes de 2018), lo que se suma a las propuestas de recorte realizadas anteriormente por la propia Comisión, que propuso inicialmente reducir un 15,3%, y por las presidencias finlandesa y croata del Consejo, que propusieron recortes del 12,7% y el 14% respectivamente. Solo el Parlamento Europeo ha defendido, hasta el momento, el mantenimiento del presupuesto de la PAC para el periodo 2021-2027, proponiendo un 0,1% más respecto al periodo anterior.
Presidencia alemana
En este semestre, con Alemania presidiendo el Consejo Europeo desde el 1 de julio, se pretende cerrar la cuestión del Marco Financiero plurianual (será una de las áreas principales de trabajo según ha reconocido la misma presidencia), lo que supone, a juicio de Unión de Uniones, una gran oportunidad para defender de verdad los intereses del sector por parte del Gobierno estatal en Bruselas y hacer valer lo que dijo el propio Pedro Sánchez de defender una PAC fuerte con presupuesto suficiente.
“La reducción del 9% de la PAC para el periodo 2021-2027 no puede ser una opción” declaran desde Unión de Uniones, “el Gobierno debe defender con uñas y dientes mantener la asignación estatal, si verdaderamente quiere que el campo español pueda ser sostenible económicamente en los próximos años”, concluyen.
Unión de Uniones.
 

-La Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (ASOLIVA) hace un llamamiento al Gobierno de España a presionar a Estados Unidos a fin de contrarrestar la reciente amenaza del Gobierno Trump de imponer nuevos aranceles a la comercialización del aceite de oliva español. En este sentido, ASOLIVA recuerda que desde octubre de 2019 el aceite de oliva español soporta ya un arancel del 25% como consecuencia de la guerra comercial que enfrenta a EEUU y la UE en el marco del conflicto relativo a las ayudas comunitarias al consorcio aeronáutico europeo Airbus, un sobreprecio que en la práctica ha supuesto la desaparición del aceite de oliva español de los lineales de EEUU.
ASOLIVA considera de extremo interés para los intereses de los agricultores españoles y la industria que tanto el Ministerio de Agricultura como el de Industria y Comercio españoles pongan toda la carne en el asador y envíen delegaciones a negociar directamente con la Administración americana la derogación o la reducción de un arancel que dejó a España en clara desventaja respecto a otros países productores comunitarios y que se ha traducido de facto en una caída en las exportaciones a EEUU del 90% del aceite producido en España.
 

-Hay batallas que se pierden sobre el terreno, pero sirven para ganar una guerra... aunque sea comercial. La decisión de los Gobiernos de España, Francia, Italia y el Reino Unido de suavizar la tasa Google esta semana, por sí sola, constituye una derrota frente Donald Trump y su guerrilla de políticas arancelarias. Sin embargo, hay un detalle que ha pasado aparentemente inadvertido y que podría indicar que se ha tomado la decisión adecuada en el frente: a través del tercer punto del documento publicado esta semana por la Oficina del Representante de Comercio, el Gobierno de EEUU se garantizaba la opción de establecer unilateralmente tasas de hasta el 100% para algunas exportaciones españolas.
Entre ellas, destaca la aceituna de mesa -aceituna negra-, a la que ya se le aplica un arancel del 35% desde mediados de 2018. El pasado mes de enero, el Tribunal Federal de Comercio Internacional de EEUU declaraba ilegales las tasas impuestas por Trump, que argüía que las ayudas que recibía este sector de la Política Agrícola Común (PAC) eran ilegales y que la importación procedente de España causaba un daño importante a la industria californiana de la aceituna de mesa. "Las nuevas amenazas, de hacerse efectivas, podrían incluso hacer aumentar los aranceles sobre algunas de estas partidas hasta el 100% del valor del producto", tal y como denuncia Cooperativas Agro-Alimentarias.
Gabriel Cabello, presidente sectorial de Aceituna de Mesa, apunta que el documento de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos representa "un nuevo golpe a la aceituna española, ajena al conflicto que ha originado esto, las ayudas de la UE a la aeronáutica Airbus". Además, aunque no cita expresamente el cambio de postura respecto a la tasa Google, añade: "Espero que la Unión Europea y el Gobierno español defiendan los intereses del sector de la aceituna, motor de nuestra economía, y clave para el mantenimiento y la sostenibilidad de nuestros pueblos".
El citado documento incluye tres anexos. "El anexo I hace referencia a aquellos productos sobre los cuales se ha impuesto un arancel del 25% pero que "en principio" no serían objeto de revisión; en el anexo II se desglosan los productos que inicialmente estuvieron amenazados, pero sobre los que finalmente no se han establecido aranceles", tal y como apunta la patronal, que destaca, sin embargo, el tercer anexo, "que recoge el listado de partidas arancelarias sobre las que se podrían incrementar los aranceles actualmente en vigor".
Concretamente, la partida 20057060 -llamada de forma bastante despectiva 'Olives, not green, others', que se podría traducir como "aceitunas, las verdes no, otras"- es la más relevante tanto en volumen (12,4 millones de kilos) como en valor (27,5 millones de dólares) y, sobre la que ya se aplican aranceles adicionales del 25% desde el pasado 18 de octubre. En este sentido, desde la patronal destacan que "EEUU es el principal destino de nuestras exportaciones de aceituna de mesa, mercado que absorbía, antes del comienzo de la imposición de aranceles, un volumen de unas 110.000 toneladas anuales, lo que traducido en valor representa más de 180 millones de euros".
Tregua entre Google y la UE.
Pocas horas después de esta amenaza velada sobre la aceituna -y sobre otros productos europeos que también podrán ser gravados al 100%-, se producía un cambio de tono significativo en la batalla por la tasa Google: la nueva versión tendrá un carácter más limitado y "facilitaría considerablemente la labor de alcanzar una solución consensuada y un acuerdo político durante este año", según una carta firmada este viernes por los ministros económicos de los cuatro países europeos y dirigida a su homólogo estadounidense, Steven Mnuchin.
En esta nueva propuesta, el impuesto abarcaría únicamente a las empresas de servicios digitales automatizados. En una fase posterior se expandiría su aplicación a otro tipo de firmas, momento en el que Google pasaría a pagar por la inclusión de información de terceros -los medios de comunicación, entre otros-, en el caso de llegar a un acuerdo entre las partes que permita suavizar las medidas inicialmente propuestas y refrendadas por el Gobierno español la semana pasada. En principio, gravará a las empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
Como respuesta a esta moderación de las exigencias de España, Francia, Italia y Reino Unido -y siendo consciente de la polémica en torno a la propiedad intelectual-, Google anunciaba esta pasada semana un programa por el que pagará a algunos medios de comunicación en Alemania, Brasil y Australia por compartir sus contenidos a través de sus servicios 'News' y 'Discover'. Una medida que el sector de la prensa lleva exigiendo desde hace años y que supone un gesto conciliador por parte del gigante de internet en plena crisis por la tasa que pretenden imponerle varios gobiernos europeos.
La Información.
 

-La agricultura tendrá un respiro en el asunto de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) tras anunciarse una prórroga de la actual que estará vigente, por el momento, al menos hasta el año 2022. Esa prórroga supone que se mantendrán los presupuestos anuales tal y como han estado funcionando estos años atrás.
Para las organizaciones agrarias supone un paréntesis en las disputas mantenidas en los últimos meses y su oposición frontal a los recortes que se habían venido anunciando, para unos del 9 por ciento, para otros hasta el 15,3 por ciento sobre las cantidades actuales.
Lectura local.
En el caso de Almería la noticia es recibida con cierta tranquilidad porque la agricultura almeriense es una de las menos dependientes de las ayudas comunitarias, y porque los capítulos que más importan, vinculados con las OPFH, las inversiones en modernización o la incorporación de jóvenes a la actividad agraria no sufrirían recortes sustanciales ni siquiera con las propuestas de reducción del presupuesto que se preveían en las negociaciones.
Así lo señala el secretario provincial de Coag en Almería, Andrés Góngora, que explica que un presumible recorte afectaría sobre todo a las ayudas directas que, en el caso de la provincia, afecta a sectores como el olivar, la almendra, los cítricos o los cereales, pero no tanto al que soporta el 90 por ciento de la producción provincial, es decir el hortofrutícola.
Esperado.
La decisión de aplazar la reforma al menos hasta 2022 era previsible, según el propio Góngora “porque todos los agentes del sector sabíamos que era imposible que llegara para este año, a pesar de que así fue anunciado. Ahora tenemos dos años más para analizar, hacer propuestas y ejercer presión para que esa reforma nos traiga una PAC justa y fuerte”.
La existencia de numerosas propuestas, la mayoría con reducciones sensibles del presupuesto agrícola, la incertidumbre por la salida del Reino Unido del seno de la Unión Europea y, finalmente, la crisis provocada por el coronavirus, han provocado la anunciada prórroga.
A.Fernández. La Voz de Almería.
 
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