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Semana del 13 al 20 de mayo de 2018

La estupideces deberían estar prohibidas

En la reunión del Consejo Provincial del Aceite de Oliva, algún día tendremos que hacer inventario del número de Consejos y demás se mantienen viviendo muy ricamente de los demás, el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo ha dicho "que la Junta seguirá reclamando que la futura Política Agrícola Común (PAC) no sólo mantenga su nivel de ayudas para el olivar andaluz sino que lo aumente "para garantizar su mantenimiento y progreso sostenible".

Actualizado 24 mayo 2018  
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Redacción Agrolibre
  
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 Por supuesto que todos estamos legalizados para pedir lo que nos parezca pero por favor estupideces las mínimas cómo pedir algo, en este caso el progreso,  en base a su sostenibilidad”.
En la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados  se ha presentado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE)  con un total consolidado de 9.649 millones de euros (+1,78 % anual) para el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama).
Y ciertamente las Organizaciones Profesionales no han estado excesivamente críticas, veamos.
El PP solamente ha propuesto correcciones técnicas.
El PSOE ha pedido un aumento de 63 millones de euros en la financiación de los seguros agrarios y una partida extra de 80 millones para combatir la despoblación rural.
Además propone un plan de ayudas al sector lácteo (+25 millones) y otra para el segmento de la fruta de hueso (+5 millones), elevar las dotaciones para, la renovación de maquinaria agrícola (+5 millones), el fomento de la agricultura ecológica (+2 millones), la internacionalización (+5 millones) y la modernización de explotaciones e instalación de jóvenes (+8 millones).
Unidos Podemos ha pedido la devolución al Gobierno de la sección de los presupuestos de 2018 para el Ministerio, por considerar que no responde a las necesidades del sector. Además ha presentado enmiendas, con el fin de reforzar las asignaciones a la lucha contra la despoblación (por valor de 5 millones), al “uso social de la tierra” (25,5 millones) y a acciones para el desarrollo sostenible rural (86 millones). Por otra parte, reclama un cambio en el programa de reparto de alimentos y lucha contra la pobreza, financiado por la UE, de forma que esos fondos fomenten la agricultura sostenible y el apoyo a sus productores.
Ciudadanos  ha dado prioridad a la lucha contra el cambio climático y a la protección de la biodiversidad. Ha pedido un millón de euros adicionales para las actuaciones en favor de la biodiversidad, “para afrontar plagas agrícolas y forestales como la Xylella y amenazas por especies exóticas”. Además, ha presentado otra enmienda para incrementar en seis millones la Oficina de Cambio Climático.
PNV propone  propuestas para mejorar las inversiones en regadíos en Álava.
 y Compromís  ha solicitado una dotación de 23 millones de euros para combatir la plaga de “Xylella”. También ha pedido medio millón de euros para proyectos de investigación en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).
Creen ustedes que con estos bueyes puede labrarse algún campo…,¡qué  propuestas!, qué falta de aptitudes y objetivos, así nos va.
Todos de acuerdo, en qué. Según nos dicen todos los países comunitarios tras la presentación de los presupuestos agrarios dicen estar de acuerdo en “la negociación del nuevo presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, el primero tras el brexit, será "compleja y difícil".
Nos dicen que los principales escollos son, el tamaño total del presupuesto, los recortes a las ayudas agrícolas y regionales, la vinculación de los fondos al respeto del Estado de derecho y la cuantía de los nuevos impuestos para financiar la UE. ¡Casi nada!
¿Y en estos temas, definidos ya como básicos,  tenemos ya clara y consensuada, entre todos los interesados, Organizaciones y Autonomías, cual es nuestra posición?
En una nota de prensa, COAG ha calificado de “injusto y abusivo el pago de los agricultores de un canon anual durante 25 años por la reutilización de sus propios granos como semillas, por el mero hecho de una procedencia anterior como semilla certificada protegida”.
Para esta organización agraria, que ya ha manifestado en el pasado su descontento, “el agricultor ya paga un alto coste por la compra de semillas certificadas con un precio que triplica el precio del grano”, por lo que ha aseverado que el convenio legitima “un abuso que enmascara un afán desmedido de lucro, atentando contra los intereses de miles de agricultores en nuestro país”.
Pues nada ustedes mismos. Hagan una empresa de semillas y certifíquense lo que necesiten sus socios y quizás así el sector se avendrá a razones. Pero qué zafios son y que caritativos se muestran siempre con los dineros ajenos. Eso sí cuando tienen o pueden … les pasa lo que al parecer le ha pasado al nuevo Lenin español, al podemita Iglesias, que, según se denuncia, se ha comprado un chalet en Galapagar con una hipotequita de 680.000 euros ¡que pequeñez no!.
Según Isabel García Tejerina la Estrategia Nacional 2018 – 2025 concibe el regadío como un instrumento clave para promover un desarrollo rural sostenible y una agricultura productiva, eficiente y rentable. Y tú, al margen de planes y más planes, que has hecho durante tu tiempo de mandato. No está muy bien proyectar claro futuro sobre el agua en España, cuando lo normal en que tú ya lo veas como lo hemos sufrido nosotros durante tu mandato, como una simple espectadora.   
NOTICIAS
-El consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha dicho hoy que la Junta seguirá reclamando que la futura Política Agrícola Común (PAC) no sólo mantenga su nivel de ayudas para el olivar andaluz sino que lo aumente "para garantizar su mantenimiento y progreso sostenible".
Durante su intervención en la reunión del Consejo Provincial del Aceite de Oliva de Jaén, la principal provincia productora del mundo, el consejero ha insistido en que "los sectores agrícolas más vulnerables y de importancia social, económica y medioambiental, como el olivar en pendiente, deberán ser objeto de pagos asociados para favorecer su viabilidad".
En este sentido, ha destacado que las características de la agricultura jiennense la sitúan en una buena posición ante la próxima reforma de la PAC.
Ha destacado la aportación de la olivicultura a la biodiversidad, la integración de buena parte de la superficie olivarera en zonas naturales protegidas y la producción de alimentos saludables y de alto valor cualitativo, amparados por Denominaciones de Origen Protegida y distintivos de calidad.
El consejero ha informado de que ésta va a ser precisamente una de las cuestiones que trasladará personalmente a representantes de la Comisión Europea, con quienes se reúne esta semana en Bruselas para abordar la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (UE) para 2021-2027, "que prevé un recorte del 16 % en términos reales para la PAC".
Ante este escenario, ha explicado, "es el momento, ahora que se están elaborando las propuestas de reglamento, de insistir en aquellos aspectos que defendemos como vitales desde Andalucía".
Estos son las ayudas directas que deben destinarse a quienes realizan la actividad agraria y cumplen los objetivos de la política europea, e incluye tanto a quienes viven exclusivamente de esta actividad como a aquellas explotaciones familiares y pequeños agricultores que, debido a su baja renta, complementan su actividad agraria con otras.
Además, en su opinión, los planes estratégicos que incluirán las ayudas directas y para el desarrollo rural, "deben diseñarse con flexibilidad y eficazmente, adecuándose a las necesidades de Andalucía, mientras que deben limitarse los pagos directos y el reparto a través de los pagos redistributivos, con el objetivo de que sirvan para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones, a los jóvenes y mujeres del medio rural de la comunidad autónoma en la que se aplique".
El representante del Gobierno andaluz ha recordado la importancia de la PAC para Andalucía, que recibe más de 1.700 millones al año.
En el caso concreto de Jaén, se reciben cada campaña más de 360 millones de ayudas directas, cerca del 24 % del total regional, de las que se benefician más de 92.000 personas y las ayudas del Programa de Desarrollo Rural 2014-202 asignadas en Jaén hasta la fecha superan los 90 millones. EFE
 
-En lo único en lo que coinciden los Gobiernos de la UE es en que la negociación del nuevo presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, el primero tras el brexit, será "compleja y difícil".
Así lo han repetido los ministros de Asuntos Europeos de los 28 durante la primera discusión pública celebrada este lunes sobre las cifras propuestas por la Comisión. Un debate que sólo ha servido para poner de relieve los numerosos puntos de conflicto entre los países contribuyentes y los beneficiarios netos de las ayudas europeas, entre el Norte y el Sur o entre el Este y el Oeste.
El comisario de Presupuestos, el alemán Günter Oettinger, ha pedido un acuerdo a tiempo para las elecciones europeas de mayo de 2019 con el fin de generar confianza entre los ciudadanos. Pero lo alejado de las posiciones hace casi imposible cumplir este calendario.
Para cuadrar las cuentas tras la salida de Reino Unido, que dejará un agujero presupuestario de hasta 14.000 millones de euros al año, Bruselas propone un pequeño aumento en el próximo marco financiero: desde el actual 1,03% del PIB comunitario hasta el 1,11%, cifra que representa un desembolso de 1,28 billones de euros en siete años. Sin embargo, plantea recortes en las dos principales partidas, las subvenciones a la agricultura (5%) y los fondos regionales (7%). El objetivo es dejar espacio a un incremento del gasto en las nuevas prioridades: inmigración, seguridad, defensa, I+D y Erasmus. Pero las propuestas de la Comisión no han contentado a ningún Estado miembro. Estos son los cuatro principales escollos que han emergido en el debate.
El tamaño total del presupuesto
El ligero incremento del gasto que plantea el Ejecutivo comunitario ha indignado al grupo de los contribuyentes netos, que lo tachan de "inaceptable". "Una UE más pequeña implica un presupuesto más pequeño y, como consecuencia del brexit, el marco financiero posterior a 2020 debe ajustarse a la baja", ha reclamado el ministro holandés de Finanzas, Stef Blok. Además de Holanda, los países que han exigido que el tamaño total del presupuesto no supere el 1% del PIB comunitario son Finlandia, Dinamarca, Suecia, Chipre y Austria. Estos Gobiernos se quejan de que su contribución a las arcas de la UE aumentará de forma desproporcionada debido al brexit.
En el extremo contrario, Portugal, Grecia o Hungría se han quejado de que las propuestas de Bruselas son poco ambiciosas y se han posicionado en sintonía con la Eurocámara, que pide subir el gasto al 1,3% del PIB. Países como Francia, España o Eslovaquia se declaran dispuestos a aportar más al presupuesto de la UE. Pero la gran novedad esta vez es que Alemania se ha cambiado de bando. Ya no está con los halcones de la austeridad sino que acepta "hacer una mayor contribución financiera", ha dicho el ministro de Asuntos Europeos, Michael Roth. Eso sí, reclama a cambio reformar el presupuesto para hacerlo más moderno y eficaz.
Los recortes a las ayudas agrícolas y regionales
Contra los recortes en los fondos regionales se han levantado todos los nuevos Estados miembros salvo Chipre: Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Malta y Rumanía. Bulgaria no ha expresado su posición porque ocupa la presidencia de turno de la UE, pero previsiblemente se sitúa en el mismo bando. Estos países han defendido la eficacia de la política de cohesión a la hora de acelerar la convergencia económica. Y han pedido que no se les penalice por el fuerte crecimiento económico que han experimentado en los últimos años. De acuerdo con sus cálculos, el tijeretazo real que plantea Bruselas será muy superior al 7% y podría llegar en algunos casos al 40%, por lo que exigen que cualquier reducción de ayudas sea paulatina. "Los recortes en cohesión y agricultura son excesivos", ha dicho también la representante de Portugal, Ana Paula Zacarías, que ha sido secundada por Grecia.
En cambio, Francia, España e Irlanda se han quejado sólo de la reducción del gasto en agricultura, lo que indica que según sus cálculos quedan bien en el reparto de fondos regionales. "No podemos aceptar este recorte radical, que hace que la política agrícola común asuma una parte desproporcionada del coste de la salida de Reino Unido", sostiene la ministra francesa, Nathalie Loiseuau. En contraste, los contribuyentes netos piden que el tijeretazo en agricultura y cohesión sea todavía mayor. "Para financiar el incremento del gasto en migración, seguridad e investigación, debemos reducir el gasto en fondos estructurales y agricultura", reclama el ministro de Exteriores danés, Anders Samuelsen.
La vinculación de los fondos al respeto del Estado de derecho
Por primera vez, la Comisión propone que se congelen los fondos comunitarios a aquellos países que ponen en riesgo el Estado de derecho, en particular la independencia del poder judicial. En el punto de mira están Polonia y Hungría, cuya deriva autoritaria preocupa en Bruselas. Esta condicionalidad ha sido respaldada explícitamente durante el debate por Francia, Alemania, Grecia o Suecia. "Es muy razonable que los Estados miembros defiendan los valores comunes y respeten el Estado de derecho como requisito previo para recibir apoyo de la UE", ha dicho la ministra sueca, Ann Linde.
Como cabía esperar, los países aludidos se han revuelto contra este nuevo mecanismo de condicionalidad. "La propuesta de vincular los fondos al Estado de derecho nos parece una masiva usurpación de poder por parte de la Comisión Europea, que deja demasiada discreción en sus manos" para ejercer presión política, ha protestado el secretario de Estado polaco para la UE, Konrad Szymanski. "Tenemos muchas preocupaciones sobre esta propuesta por su base legal, su proporcionalidad y los criterios utilizados, que son bastante vagos", ha coincidido el representante húngaro, Olivér Várhelyi.
Los nuevos impuestos para financiar la UE
Las nuevas fuentes de ingresos propios para la UE propuestas por Bruselas se han topado con una recepción gélida de los ministros. La Comisión plantea crear una tasa al plástico de 0,80 euros por kilo no reciclado, así como dedicar el 3% del impuesto de sociedades y el 20% de los ingresos del sistema de comercio de emisiones de CO2 a financiar el presupuesto de la UE. Ningún país ha apoyado estas medidas por considerar que podría tratarse de una invasión de competencias nacionales. Es más, Hungría, Malta y Chipre han rechazado expresamente que el impuesto de sociedades se convierta en ingreso propio de la UE. En el otro extremo, Francia o Grecia han pedido que la nueva tasa digital que ha propuesto el Ejecutivo comunitario para que Google, Apple o Facebook paguen más impuestos se utilice para cubrir parte del agujero del brexit.
J. Sanhermelando. El Español.

-La agricultura española utiliza en torno a un 32 % de semillas certificadas, un porcentaje bajo en comparación con algunos países del entorno europeo en donde su uso llega hasta el 70 %.
La situación ha mejorado gracias a acciones como jornadas de formación y campañas de comunicación, que ha permitido aumentar el uso de semillas certificadas en España, donde su utilización estaba en niveles del 18 %.
 “LA SEMILLA ES EL PRIMER ESLABÓN DE LA CADENA AGROALIMENTARIA”
“Nosotros obtentores, invertimos mucho dinero para poner en el mercado nuevas variedades vegetales y la gasolina que necesitamos para esa inversión es el cobro del canon por la semilla certificada de variedades protegidas”, ha señalado la directora de Anove.
A su vez, los agricultores van a tener las mejores semillas disponibles, las mejores variedades “y eso se hace a través de la investigación y el desarrollo de nuevas variedades”, ha añadido.
Y ha recalcado que el uso de semilla certificada “es una garantía para el agricultor”, ya que tiene controlada su identidad varietal, su germinación, su sanidad “y por lo tanto su uso es una inversión no un gasto”.
Por su parte el presidente sectorial de cultivos herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha defendido el convenio firmado con los obtentores “porque creemos que la semilla es el insumo más importante”, ya que no es de los que tiene mayor coste para el agricultor y el que “hace avanzar en productividades”.
COAG HA CALIFICADO DE “INJUSTO Y ABUSIVO EL PAGO DE LOS AGRICULTORES DEL  CANON ANUAL.
El secretario general de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha afirmado que “hay que acogerse a la normativa y nosotros queremos estar en el lado de la legalidad”, aunque ha puntualizado “lo que tenemos que hacer es que la ley sea lo más suave posible para el agricultor”.
Sin embargo, la organización agraria COAG ha expresado su rechazo al convenio, porque considera que “enmascara un afán desmedido de lucro de las empresas de semillas”.
En una nota de prensa, COAG ha calificado de “injusto y abusivo el pago de los agricultores de un canon anual durante 25 años por la reutilización de sus propios granos como semillas, por el mero hecho de una procedencia anterior como semilla certificada protegida”.
Para esta organización agraria, que ya ha manifestado en el pasado su descontento, “el agricultor ya paga un alto coste por la compra de semillas certificadas con un precio que triplica el precio del grano”, por lo que ha aseverado que el convenio legitima “un abuso que enmascara un afán desmedido de lucro, atentando contra los intereses de miles de agricultores en nuestro país”. Agroinformación.

- Según Isabel García Tejerina la Estrategia Nacional 2018 – 2025 concibe el regadío como un instrumento clave para promover un desarrollo rural sostenible y una agricultura productiva, eficiente y rentable
Afirma que el reto de la Estrategia Nacional de Regadíos es culminar la modernización de las 800.000 hectáreas de superficie regada susceptible de modernizar
La ministra anuncia que en los próximos días se debatirá, junto con representantes del sector agrario, el primer borrador de esta Estrategia Nacional
Explica que contempla cinco objetivos estratégicos como son la mejora de la eficiencia en el uso del agua y la energía, generación de empleo y riqueza, la eficiencia en la financiación de las actuaciones, la mejora del marco normativo y la incorporación de la innovación y la formación
Señala que se va a realizar un seguimiento individualizado de las actuaciones a desarrollar y un seguimiento general y periódico de la sostenibilidad de las principales zonas de riego españolas
Ha anunciado hoy que en los próximos días se debatirá, junto con los representantes del sector agrario, el primer Borrador de la Estrategia Nacional de Regadíos 2018 – 2025. Un instrumento del Ministerio para orientar las actuaciones a medio plazo, ha añadido, que concibe el regadío como un elemento clave para promover el desarrollo rural sostenible, para alcanzar una agricultura productiva, eficiente, resilente, competitiva y rentable y para luchar contra la despoblación.
Para ello según la ministra se ha realizado un diagnóstico de las debilidades, fortalezas y oportunidades del sector para definir los cinco objetivos estratégicos que se plantean como son la mejora de la eficiencia en el uso del agua y la energía; la generación de empleo y riqueza, especialmente en zonas amenazadas por la despoblación; la búsqueda de eficiencia en la financiación de las actuaciones;  la mejora del marco normativo y el impulso de la innovación y la formación, así como la sensibilización de la sociedad sobre el papel clave del regadío.
Mapama.
 
-La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo (PE) aprobó este miércoles 16 conceder 104,2 millones de euros a varios países de la Unión Europea (UE) por distintos desastres naturales, entre los que se incluyen 3,2 millones para paliar los daños causados por los fuegos en Galicia en octubre de 2017.
También recibirán ayudas Portugal, Francia y Grecia, por causa de incendios, huracanes y terremotos, respectivamente.
ESTA ES LA TERCERA OCASIÓN EN QUE ESPAÑA RECIBE DINERO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD
El objetivo de este dinero del Fondo de Solidaridad para Galicia es ayudar a financiar la reconstrucción de infraestructuras públicas y los costes de las operaciones de limpieza y de alojamiento temporal, informó el Parlamento Europeo en un comunicado.
Agroinformación.

-La agenda digital agroalimentaria, forestal y rural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente está “muy avanzada” y se presentará el 11 de junio por la ministra del ramo, Isabel García-Tejerina, según ha anunciado la directora general de Desarrollo Rural, Esperanza Orellana, quien ha asegurado que abordará una serie de retos encaminados, entre otros, a frenar el despoblamiento rural y potenciar la incorporación de jóvenes y el relevo generacional.
Esta agenda recogerá 8 grandes retos a los que hay que hacer frente para abordar esa transformación digital del rural, pero también “da una visión global” y las medidas e “instrumentos que hay que poner encima de la mesa para afrontarlos”.
HAY UN PLAN DOTADO CON 100 MILLONES DE EUROS PARA GENERALIZAR ESA BANDA ANCHA
La necesidad de luchar contra el despoblamiento rural, fomento de la incorporación de jóvenes y reducción de la brecha digital es uno de los retos recogidos en el texto sobre los resultados preliminares del Grupo Focal sobre digitalización y “big data” en el sector agroalimentario, forestal y el medio rural.
Este es un “reto importantísimo”, entre cuyas barreras figuran la conectividad e interoperabilidad, pero “no es la única necesidad”.
LA SOSTENIBILIDAD, LA MEJORA PRODUCTIVA Y LOGÍSTICA O LA VIGILANCIA, DETECCIÓN PRECOZ DE ENFERMEDADES FITO, TAMBIÉN RETOS
Se han identificado necesidades de tipo formativo “no se saca todo el partido posible a esa tecnología digital”.
Además del reto de la despoblación, figuran también los de la sostenibilidad, mejora productiva y logística; la vigilancia, detección precoz de enfermedades fito y zoosanitarias, desarrollo de red de sistemas de alerta temprana; la gestión forestal sostenible y prevención, detección y extinción de incendios.
También el reparto equitativo del valor añadido a lo largo de la cadena y fomento del desarrollo rural; la globalización y la competitividad en los mercados; las demandas del consumidor en términos de información y participación en la oferta del mercado; y la gestión de la Política Agrícola Común (PAC).
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