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La fiscalía catalana imputa a los segundos niveles

El pasado abril, la juez de Barcelona Alejandra Gil dio por cerrada la instrucción sobre los preparativos del referéndum después de más de dos años de investigación. Exculpó a 15 personas y decidió seguir adelante contra otras 30 por delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación.

Actualizado 15 mayo 2019  
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Redacción y Agencias
  
Los procesados son subordinados de los consellers de Carles Puigdemont —los números dos y tres de distintos departamentos—, cargos de organismos públicos de la Generalitat —como los máximos responsables de TV3 y Catalunya Ràdio—, funcionarios y empresarios.
El fiscal ha recurrido ahora en un escrito el auto judicial y pide que se incluya como delito imputable el de organización criminal. Castiga a las agrupaciones de dos o más personas que, "con carácter estable" y de manera "concertada y coordinada", se reparten "tareas o funciones con el fin de cometer delitos". Está castigado con penas que pueden llegar a los ocho años de cárcel.
Los tres fiscales que firman el escrito —Isabel Nevot y los fiscales anticorrupción Fernando Maldonado y Teresa Duerto— se apoyan en el propio auto judicial para defender esa tesis. Aquella resolución concluye que, al menos desde 2012, la Generalitat tuvo el "firme propósito" de "celebrar una consulta refrendaria" y "constituir un nuevo Estado independiente". La juez indicó que hubo "un plan común" de actuación y que cada uno de los altos cargos y empresarios procesados "dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación, contribuyó de manera decisiva en la consecución del fin conjunto”.
Los criterios que fija la jurisprudencia para este delito se cumplen sobradamente, razonan los fiscales, que critican que la juez los haya "obviado": jerarquía (el presidente de la Generalitat y los altos cargos), reparto de papeles (siguieron las "directrices" de cada departamento), objetivo delictivo ("celebrar un referéndum hacia la independencia" con el uso de fondos públicos) y vocación de estabilidad (el plan se exteriorizó "con intensidad creciente desde 2012").
Los fiscales hablan de un "plan delictivo soberanista". Y consideran que un total de 28 de los 30 procesados actuaron "de forma concertada y permanente" para "conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña del Reino de España mediante su aportación individual y jerarquizada".
Que la Fiscalía considere que deben ser procesados por organización criminal no supone automáticamente que, llegado el momento, vaya a acusarles de ese delito. En el juicio del procés que se sigue en el Tribunal Supremo, solamente Vox —que ejerce la acusación popular— acusa a los líderes independentistas de organización criminal.
La Fiscalía ha presentado un recurso de reforma contra el auto de la juez. Lo considera "insuficiente" y cree que contiene diversos "errores" y "omisiones" que deben subsanarse. La magistrada había exculpado a 15 personas y procesado a 30, pero la Fiscalía no lo ve igual. Solicita, por ejemplo, que se abra causa contra Maria Àngels Barbarà, directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos (APDCAT) por desobediencia. La Fiscalía cree que hay indicios de delito porque "omitió deliberadamente" su obligación de adoptar medidas cuando "tuvo conocimiento" de que la Generalitat podría estar haciendo un uso indebido de datos personales. Eso es así, razona, porque recibió "múltiples denuncias de los ciudadanos". Los fiscales piden acusar por más delitos a otros altos cargos y, en cambio, solicitan el archivo para tres personas que han sido procesados por la juez: Meritxell Masó (secretaria general de Gobernación), Montserrat Vidal (jefa del área de procesos electorales) y Josep Maria Gispert (consejero de Indugraff).
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