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La iniciativa privada reclama un mayor protagonismo

El sector privado reclama un mayor protagonismo en la promoción de vivienda social en España y lamenta el retroceso sufrido en los últimos años, cuando se ha pasado de 50.000 viviendas a menos de 10.000.

Actualizado 14 abril 2019  
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Redacción y Agencias
  
Además, otros responsables del sector abogan por medidas encaminadas a animar a los particulares para que destinen sus viviendas al alquiler social, como es el caso del País Vasco, o a un mejor uso del patrimonio público inutilizado, así como de las viviendas vacías.
Entre 2010 y 2018 se construyeron 227.210 viviendas sociales, tres de cada cuatro en 2010, 2011 y 2012. Esta cifra supone la mitad de viviendas sociales que se hicieron durante los diez años anteriores (2000-2009) cuando fueron 566.632 o en los 90, 557.925.
Desde que el Ministerio de Fomento recoge datos (1991), ningún año se habían construido menos de 35.000 viviendas, mientras que, desde 2013, no se han promovido nunca más de 18.000, cerrándose el año 2018 con 11.860 viviendas de carácter social que han comenzado su promoción.
A la crisis económica, la vicepresidenta de Asociación de Promotores de Madrid (Asprima), Roca, añade que se ha desplazado a la iniciativa privada de la promoción de vivienda social por cuestiones políticas, cuando era "uno de los principales motores". El director de residencial y suelo de CBRE, Samuel Población, opina que uno de los principales problemas es la diferente normativa existente en las distintas comunidades, que tienen la competencia, Gobierno central e incluso ayuntamientos.
Desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) afirman que es necesario recuperar el modelo y que la Administración ceda el suelo para la vivienda social a promotoras a fin de iniciar la construcción de viviendas de este régimen.
El presidente de Asprima, Gómez Pintado, ha afirmado que entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento hay suelo reservado para 45.000 viviendas para cuya edificación el Gobierno necesita la ayuda de la colaboración privada, ya que no hay dotación presupuestaria suficiente.
El cálculo de APCE en Cataluña eleva esta cifra de suelo reservado a 192.771 viviendas en el caso de la Generalitat.  A estas recomendaciones, se suman otras medidas que plantean los portales como Fotocasa, cuya directora de estudios, Toribio, señala la exención del IVA a la promoción de viviendas para alquiler social o la agilidad de las licencias.
En España, el modelo de referencia ha sido el implantado por el País Vasco que, por ejemplo, ha construido 2 de cada 3 viviendas de alquiler protegido de España en los últimos 4 años según el área de vivienda del Gobierno de la región y, desde los 80, ha promovido 103.900 viviendas de carácter social. En esta comunidad, toda vivienda protegida que se construya será en régimen de alquiler a partir de 2020, ya que así se cubrirá prioritariamente por los sectores más vulnerables.
El Gobierno Vasco lanzó a comienzos de legislatura un programa de captación de propietarios para alquiler social en el que el ente público garantiza devolver la casa tal y como se entregó y una renta fija mensual independientemente de que la abone el inquilino que ha captado más de 5.000 viviendas.
Para la urbanista Rodríguez, el primer paso sería blindar de manera indefinida la condición social de toda la vivienda que se haga por este fin y evitar que puedan pasar al mercado libre. Rodríguez cree que también hay que analizar el mercado con profundidad para determinar cuántas viviendas vacías existen realmente, así como el patrimonio que, en caso de rehabilitarse, podría servir para tal fin, ya que, de este modo, se evitaría consumir más suelo.
Por su parte, comunidades como Madrid ofrecen deducciones al alquiler para jóvenes, uno de los colectivos más afectados por los problemas de acceso a la vivienda, ya que el 53,1 % de los que entre 25 y 29 años siguen viviendo con sus padres, según el INE.
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