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ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LA DESCARBONIZACIÓN

La nueva planificación energética prescinde del carbón antes de 2030

La comisión de 14 expertos nombrada por el Gobierno, a propuesta de grupos parlamentarios, sindicatos y patronal, ha dado las claves para desarrollar la estrategia de descarbonización de la economía española mediante la Ley de Cambio Climático y el Plan de Energía y Clima, que ahora toca acordar.

Actualizado 5 abril 2018  
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Redacción Agrolibre
  
El deficit energetico sigue siendo preocupante
El informe «Análisis y Propuestas para la Descarbonización», entregado al ministro de Energía, plantea al Ejecutivo los escenarios viables para que España cumpla sus compromisos climáticos a 2030: reducción de emisiones del 26% respecto a 2005 en sectores no industriales, un 27% de energía final consumida de fuentes renovables y un 30% de ahorro energético.
Los expertos consideran que para alcanzar ese objetivo es necesaria una reforma de la fiscalidad energética, sustituyendo los impuestos actuales por otros que interioricen los costes ambientales, y cuya recaudación financie sobrecostes que actualmente soporta el consumidor. De este modo, plantean crear un impuesto al CO2 para todos los consumos energéticos finales (no sólo para las instalaciones industriales) y otro para tres de los contaminantes atmosféricos más dañinos: los óxidos de nitrógeno, las partículas (PM) y los óxidos de azufre. El precio del CO2 debe fijarlo el Gobierno, aunque los expertos recomiendan valores entre los 15 y 30 euros por tonelada emitida, de los cuales la industria ya sometida al comercio europeo de derechos de emisión sólo pagaría la diferencia para llegar a la cifra fijada en España respecto a Europa (donde se paga 12 euros por tonelada), al igual que ocurre en Reino Unido. Este impuesto expulsa al carbón del escenario base, al considerarlo inviable con los precios de CO2 esperados.
Advierten de que cerrar las nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años, a partir de 2023, incrementaría el coste de generación entre 2.000 y 3.200 millones anuales según el escenario, y las emisiones contaminantes aumentarían por el mayor uso de gas. Manteniendo las nucleares en 2030, el 76% de generación eléctrica sería libre de emisiones, pero seguiría haciendo falta un 11% de generación por ciclo combinado y un 12% de cogeneración.
Los expertos también proponen sustituir los actuales pagos por capacidad regulados (aproximadamente 1.000 millones anuales para que los ciclos combinados estén disponibles) por un mecanismo de subastas de capacidad. Reconocen, que la transición es un reto «colosal» y que habrá perdedores (fundamentalmente el sector petrolero, el del carbón y las zonas con centrales nucleares), por eso dedican uno de sus 8 capítulos a plantear propuestas para una transición justa, destacando que la descarbonización es una oportunidad para la creación de empleo. Sus escenarios parten de hipótesis conservadoras, en las que no se tienen en cuenta cambios de comportamiento, se contempla un PIB medio del 2% en la próxima década, una penetración modesta del vehículo eléctrico (un 10% del total en 2030) y de las bombas de calor (1,2 millones ese año).
En otro orden de cosas, saber que el trabajo, dirigido por Jorge Sanz, ha sido aprobado con un elevado consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que lo convierte en un instrumento de referencia para la discusión parlamentaria de la futura norma. Aemas, el estudio, destaca el alto grado de cumplimiento esperado sobre los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero y de eficiencia energética comprometidos con la Unión Europea, en todos los escenarios analizados. Respecto al objetivo de renovables, su cumplimiento dependerá del grado de electrificación de la economía. Por ello, el informe recomienda la reforma de la fiscalidad ambiental en el sector energético y una revisión de los actuales peajes de acceso de electricidad y gas. El objetivo, indica el texto, es abaratar la electricidad, "que es artificialmente cara por los elevados impuestos y cargas no relacionadas con el coste del suministro que soporta en la actualidad", especialmente, en referencia al 7% a la producción eléctrica. De no alcanzarse el suficiente grado de electrificación, será preciso impulsar medidas de eficiencia energética adicionales, como el aislamiento térmico de edificios, o potenciar las renovables no eléctricas (solar térmica o biocarburantes) a pesar de que son más caras.
Los expertos señalan que el cierre de las centrales nucleares duplicaría los niveles de emisión de CO2 a la atmósfera en el sector eléctrico, incrementaría el precio del mercado eléctrico en un 20% (entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año) e incluso podría provocar situaciones de falta de cobertura de la demanda máxima de potencia en determinados escenarios. La extensión de vida de las centrales nucleares a 50 años podría resolver el actual desequilibrio entre ingresos y gastos del fondo de Enresa destinada al desmantelamiento y gestión de los residuos. La Comisión propone que el Gobierno revise cuanto antes el Plan General de Residuos Radioactivos para reducir la incertidumbre que pesa actualmente sobre el equilibrio de dicho fondo. Con los precios de los combustibles fósiles y del CO2 previstos para 2030, el carbón tendrá una participación casi nula en el mix energético, mientras que el gas tendrá un papel relevante como tecnología de respaldo en 2030, pero su importancia desaparecerá en 2050, lo que "ha de llevar a reflexionar sobre las inversiones en el sector que pudieran no recuperarse en el mencionado plazo", indica
La reforma de la fiscalidad, gradual en el tiempo, propone sustituir los impuestos actuales a la energía por impuestos medioambientales aplicando el principio de que “quien contamina, paga”, pero con mecanismos de compensación a los colectivos sensibles (industria sometida a competencia internacional, agricultores y profesionales del transporte).
Igualmente, se propone repartir la financiación de las energías renovables entre todas las fuentes de energía final (actualmente, el 90% del esfuerzo lo lleva a cabo el consumidor de electricidad). La reforma apunta a un abaratamiento significativo de la electricidad (casi el 7% para el consumidor doméstico) y a un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo; especialmente, del gasóleo (28,6%). El Informe alude a las distorsiones de la actual estructura de peajes en la que una parte importante de los costes fijos del sistema se recuperan a través del término variable de la factura. Eso hace que los autoconsumidores dejen de contribuir a los costes fijos que les corresponden, por lo que justifica el actual “peaje de respaldo”. En este sentido, propone la revisión del sistema de peajes y la supresión del “peaje de respaldo” de forma simultánea.
En un contexto de creciente penetración de las energías renovables, la Comisión propone mejorar el funcionamiento del mercado con la creación de mecanismos de capacidad que permitan que el resto de instalaciones de generación puedan recuperar sus costes fijos. El mecanismo ha de estar abierto a nuevas inversiones (en ciclos combinados o extensión de vida de las nucleares), a centrales ya instaladas e, incluso, a la participación de la demanda.
Por otra parte, el Informe pide una reflexión sobre la posibilidad de hibernar centrales, así como monitorizar las actuales subastas de renovables para garantizar el cumplimiento de los objetivos climáticos. También, una regulación específica para impulsar la generación distribuida.
El estudio reclama una transición eficiente (con medidas fiscales) hacia los vehículos con energías alternativas, "pero sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan conducir a generar costes no recuperables". En materia de ahorro y eficiencia energética, se propone avanzar en la reconversión del parque de edificios existente, priorizando los proyectos en los que la diferencia entre la inversión y el ahorro futuro sea mayor y dando prioridad a los colectivos más vulnerables. En cuanto al apoyo al ahorro energético en la industria, se proponen ayudas a la inversión, exenciones fiscales o mediante empresas de servicios energéticos. El informe propone una "transición justa" para minimizar el impacto negativo que los cambios de la descarbonización puedan tener sobre los colectivos más vulnerables y la creación de un bono social energético financiado por los Presupuestos del Estado.
Por último, en materia de gobernanza, propone la creación de un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático, que se encargaría de hacer una evaluación rigurosa, independiente y continuada de la transición; para lo que debería contar con los medios y la dotación presupuestaria adecuados.
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