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La UE amenaza al Gobierno Sánchez con el TJUE

La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum de dos meses a España para que reduzca los "excesivos" retrasos que existen en los pagos por parte de comunidades autónomas y municipios a sus proveedores del sector privado y evitar así que el asunto acabe en el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).

Actualizado 9 junio 2021  
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Redacción y Agencias
  
El expediente contra España fue abierto en 2015 y ahora el Ejecutivo comunitario da un paso más en el procedimiento de infracción con el envío de un dictamen motivado, el último aviso antes de elevar el caso a la Justicia europea si pasado el plazo establecido persisten los incumplimientos. "España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir llevar al país ante el Tribunal de Justicia", de la UE, ha explicado Bruselas.

La Comisión Europea ha reconocido en un comunicado "Los esfuerzos realizados por España en los últimos seis años para mejorar la puntualidad de los pagos de su sector público", pero sigue "preocupada" por los retrasos "persistentes" de las autoridades regionales y locales porque "su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse" a las normas europeas. El Ejecutivo comunitario busca en particular que España adopte las medidas necesarias para garantizar una "correcta aplicación" de la directiva sobre morosidad y así "evitar pérdidas a empresas, en especial a pequeñas y medianas empresas".

En concreto, la directiva sobre morosidad obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de treinta días (o de sesenta días en el caso de los hospitales públicos) y otorga al sector público una "obligación especial" de pagar a sus proveedores a tiempo y "servir de ejemplo" en la lucha contra las malas prácticas de pago en el entorno empresarial.

Además de a España, la Comisión Europea ha abierto un expediente a Italia por incumplimiento de la misma directiva, pero en su caso se trata de el primer paso dentro del procedimiento de infracción y no del último ante de elevarlo al TUE, como ocurre con España.
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