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JUICIO DEL PROCES

Las defensas dudan de la imparcialidad del tribunal

El juiicio mas importante de la historia ha comenzado sin sorpresas

El Supremo inicia el proceso contra doce responsables de impulsar el desafío soberanista - La Fiscalía pide para ellos penas de entre 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia

Actualizado 12 febrero 2019  
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Redacción y Agencias
  

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El abogado del exvicepresidente de la Generalitat Junqueras y del exconsejero Romeva, Van Den Eynde, ha sido el primero en intervenir en el juicio por el 'procés' independentista que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremoy ha afirmado que esta causa "atenta contra la disidencia política". "Nos encontramos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales", ha afirmado en el arranque del turno de una hora que le ha concedido el presidente del tribunal, Marchena, para exponer su alegato. Van Den Eynide ha intervenido en el turno de las denominadas cuestiones previas, dirigidas a exponer posibles vulneraciones de derechos fundamentales antes de dar comienzo al juicio en sí con los interrogatorios de los procesados. "Tengo que hablar de derecho penal democrático, no vamos a hacer una defensa política sino a defender valores y derechos humanos", ha manifestado el abogado, aludiendo a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el opositor pro-kurdo Demirtas que a su juicio" tiene que ver con el silenciamento de la disidencia política y sobre cómo se puede utilizar la prisión provisional para afectar a la agenda política".
Según el letrado de Junqueras y Romeva, la causa buscaba desde un principio sacar de la arena política al anterior Govern y ha afirmado: "La causa no puede impedir que se debata y se delibere en un parlamento sobre independencia". Van den Eynde ha dirigido buena parte de su intervención a argumentar que "la causa ha sido una suspensión generalizada e indebida de los derechos políticos" de los acusados.
 
 Por otra parte, ha cuestionado también que se diga que la causa no tenga una vertiente política porque la primera resolución del juez instructor Pablo Llarena, en la que se decidió el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, se decía que no había una solución pacífica para el conflicto en Cataluña. "La autodeterminación es la fórmula de que no existan conflictos en el mundo", ha añadido. Unos derechos que, a su juicio, se deben "garantizar sin perturbaciones ilegítimas" porque "cuando te quitan los derechos políticos te excluyen de la realidad". Y ha añadido: "Al señor Junqueras no se le ha visto, le han quitado de la arena política y esa es la realidad".
Van den Eynde ha sostenido que en la causa se aprovechó la imputación de buena parte del antiguo Govern y su ingreso en prisión para impedirles después ejercer sus derechos políticos con la prohibición de participar en la última campaña electoral en Cataluña.
Tras el abogado de Junqueras, el letrado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez, Jordi Pina, ha pedido a los magistrados del tribunal que "hagan de jueces y no de salvadores de la patria" pues ellos están para juzgar y no para defender la unidad de España. "Son magistrados no héroes nacionales", ha dicho Pina en su intervención para exponer las cuestiones previas. El letrado ha cargado contra la "falta de imparcialidad" del alto tribunal al mencionar determinados comportamientos de sus magistrados y de su presidente Carlos Lesmes. "Así lo perciben mis mandantes y yo lo pongo de manifiesto muy a mi pesar".

Al respecto, ha dicho que Lesmes envió una carta al entonces instructor del Juzgado 13 de Barcelona, en la que le decía que "había cambiado el rumbo de la historia de España y que su desempeño profesional merecía ser calificado de heroico".
Con ello, ha precisado, "se trata de intentar hacer parecer que los magistrados están para defender la unidad de España", por lo que les ha pedido que "hagan de jueces y no de salvadores de la patria, porque de esto no va este procedimiento".
Asimismo, ha denunciado la "actuación no imparcial" del juez del Supremo Francisco Monterde, que formó parte de salas de apelaciones en la causa, por ser vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que hizo "tuits en contra de los acusados". También ha vertido críticas contra el instructor Pablo Llarena al manifestar que Rull, Turull, Forcadell, Romeva, Bassa tienen un récord porque "la misma persona que los puso en prisión los puso en libertad y sin pasar absolutamente nada mas que el mero hecho de estar en política decidió volver a acordar la prisión".
Símbolos independentistas Los exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont han comparecido en esta primera sesión del juicio con la insignia de la Generalitat en la solapa y sin lazos amarillos, que únicamente ha lucido el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez.
En su primera aparición pública tras meses en prisión provisional, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva lucen en la solapa de su traje la insignia de la Generalitat que acostumbran a llevar los miembros de Consell Executiu. Por su parte, la exconsellera Dolors Bassa, también en prisión preventiva, no lleva ningún símbolo político, al igual que el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
De los doce acusados, únicamente el exlíder de la ANC y diputado de JxCAT Jordi Sànchez luce pequeño un lazo amarillo, mientras los tres exconsellers que no están en prisión provisional -Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs-, no llevan ningún símbolo político en su vestimenta.
 
La expresidenta del Parlament, Forcadell, también en prisión preventiva, ha acudido al Supremo con una insignia institucional en la solapa. Todos los acusados van vestidos con traje, aunque en su primera comparecencia en el juicio el exvicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han optado por no llevar corbata. El Supremo ha iniciado esta mañana el juicio del "procés", en el que están acusados doce líderes independentistas, incluido el exvicepresident Oriol Junqueras, por el proceso soberanista catalán que derivó en la celebración del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI). En torno a 20 minutos después de la hora prevista, el juicio ha comenzado con todos los acusados sentados en el banquillo, frente al tribunal.
El presidente de la Generalitat, Torra, y dos de sus consellers, la de Justicia, Esther Capella, y el de Territorio, Damiá Calvet, presencian esta primera jornada desde el interior de la Sala de Plenos del Supremo. También dos representantes del Parlamento catalán y dos del parlamento vasco.
Los nueve presos independentistas que permanecen encarcelados han llegado en vehículos de la Guardia Civil hasta el Supremo, mientras que los otros tres encausados que se encuentran en libertad lo han hecho a pie.
En el caso de los encarcelados, los reclusos independentistas han salido de las cárceles de Soto del Real y Alcalá Meco sobre las 7.30 horas y han llegado a la zona del Supremo poco después de las 8.00, las mujeres en un furgón y los hombres en otro.
El Tribunal Supremo ha dado inicio así al juicio del 'procés', en el que están acusados doce líderes independentistas, incluido el exvicepresident Oriol Junqueras, por el proceso soberanista catalán que derivó en la celebración del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI). Encabezados por Junqueras, que se enfrenta a la mayor petición de pena, 25 años de cárcel, son los acusados sobre los que pesa el delito más grave, el de rebelión.
Junto a él, la lista la engrosan los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los representantes de las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
La Fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre los 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión al acusar por sedición. Vox, acusación popular, pide condenas de 24 a 74 años.
 
Las divergencias de criterio entre las acusaciones se asientan en un elemento clave sobre el que pivotará el juicio: la violencia.
Mientras que la Fiscalía y Vox sustentan en ella su acusación por rebelión, al considerar que hubo violencia y que fue permitida por los acusados, la Abogacía ve más bien una "actitud hostil" y las defensas presumen del carácter pacífico del 'procés' y apuntan a que la única violencia que se produjo en las calles fue la policial.
 
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