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Semana del 23 de febrero al 1 de marzo de 2020

Las movilizaciones, continuaran

Insistimos de nuevo en que, el aumento del salario mínimo interprofesional, ha venido a agravar la situación laboral del campo español, sumándose al ya grave problema de encontrar jornaleros para las labores de recolección fundamentalmente por la existencia del famoso PER.

Actualizado 5 marzo 2020  
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Redacción Agrolibre
  
En contra de toda racionalidad, también se han bajado las peonadas necesarias para percibir este último. Ahora para cobrar el PER durante seis meses, 512 euros al mes, solo es necesario justificar 20 peonadas.

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El sector agrario continúa con su calendario de movilizaciones para reclamar soluciones a la crisis de rentabilidad que afecta al campo. Según nos informa Agropopular las movilizaciones siguen absolutamente activas y así el lunes 2 de marzo se movilizarán los agricultores y ganaderos en Ponferrada. El día 5 de marzo el campo onubense se manifestará para protestar por “la grave crisis que afecta al campo”. En la provincia de Ciudad Real, los agricultores y ganaderos se concentrarán el 9 de marzo con la intención de colapsar toda la provincia. El 12 de marzo el sector se movilizará en el Puerto de Algeciras, en la provincia de Cádiz; el 14, en Santa Cruz de Tenerife, donde también reclamarán precios justos de sus productos y mejoras en el sector; y el 19, en Motril, Granada. Hasta el momento la última movilización que se conoce es la de Córdoba, que tendrá lugar el 20 de marzo por la mañana.
Al parecer las medidas adoptadas por el gobierno, centradas en el Real Decreto aprobado para la modificación de la cadena alimentaria, no convencen a nadie. 
Como agricultores que somos, nos dice FERAGUA, “nos sumamos a todas y cada una de sus reivindicaciones que tienen el consenso unánime de todas las organizaciones agrarias. Apoyamos la tabla completa de reivindicaciones consensuada por todas las organizaciones agrarias y cooperativas: precios dignos, equilibrio justo de la cadena agroalimentaria, salario mínimo interprofesional ajustado a la realidad del campo, lucha contra la competencia desleal procedente de países terceros y contra los aranceles y barreras exteriores que nos expulsan del mercado…pero, queremos insistir en otras demandas que son específicas del regadío y que también están asfixiando nuestro futuro. Necesitamos ya medidas de alivio frente a la subida desmesurada de los costes eléctricos. Exigimos el urgente desarrollo reglamentario de la ley aprobada en 2018 para poder cambiar de potencia dos veces en el año, rechazamos la nueva propuesta de tipos de tarifas y periodos tarifarios planteado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y necesitamos un impulso real a las energías renovables para autoconsumo, y particularmente que se dejen de poder obstáculos para la conexión a la red de las plantas solares promovidas por el regadío. El regadío no admite más presión recaudatoria y subrayamos que si seguimos incrementando nuestros costes (por la vía eléctrica o impositiva), y en un escenario de caída en picado de los precios, la sostenibilidad del regadío estará en grave riesgo, no digamos los proyectos y las inversiones de modernización que los regantes han venido haciendo en los últimos años para mejorar su eficiencia y el impacto ambiental de su actividad”.

El ministro Planas, el ministro Cadena, ha recalcado que en el pasado Consejo de Ministros se aprobó el un Real Decreto-Ley con un conjunto de medidas de carácter urgente que, entre otros aspectos, incluyen la obligatoriedad de incluir los costes de producción en los contratos y la prohibición de que el precio de venta no pueda ser inferior a los costes de producción.
De igual forma, el Gobierno está dispuesto a que el régimen fiscal (módulos) para el campo permanezca durante los próximos cuatro años.
El gasóleo agrícola, afirma, gozará durante toda la legislatura de las mismas bonificaciones que tiene actualmente, con el objetivo claro de defender los intereses de agricultores y ganaderos.
Ha apuntado la intención del Gobierno de proponer un aumento de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para financiar los seguros agrarios en, al menos, un diez por ciento.
Asimismo, ha mostrado la apuesta clara del Gobierno por un regadío eficiente, a través de una óptima utilización del agua. Para ello, el Gobierno va a ofrecer dos líneas de ayudas concretas para el sector agrario y ganadero: una para la mejora de la eficiencia energética en las explotaciones de riego y explotaciones agrícolas, con un presupuesto de 30 millones de euros, y una segunda para el fomento del autoconsumo y uso de energías renovables, con una dotación presupuestaria de 30 millones de euros y ha destacado la firme defensa del presidente del Gobierno de los intereses españoles en las negociaciones del presupuesto para la Política Agraria Común (PAC) y de los Fondos de Cohesión que son “objetivos básicos para España”.
Además, el Gobierno incrementará en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2020 la partida para financiar el Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola (Plan Renove) por encima de los ocho millones de euros y establecerá una nueva línea de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), dependiente del ministerio, para facilitar los créditos de compra y de modernización de maquinaria.
El Ministerio modificará el real decreto sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola (ROMA) para introducir mejoras en alguno de sus apartados y adaptarlo a los nuevos objetivos relacionados con la maquinaria, para actualizar el censo de maquinaria agrícola en uso de España y crear una marca de calidad donde incluir a aquellos tractores que hayan sido clasificados como A, B o C de acuerdo a su eficiencia energética.
Planas ha incidido en la necesidad de evitar en lo posible que se produzcan accidentes mortales en España por falta de medidas de seguridad en el trabajo, poniendo al día todos los aspectos que se refiere al control sobre esta maquinaria.
Y, nos preguntamos nosotros, ¿alguien está tomando alguna nota de las exigencias del sector? Nos tememos que no, porque lo propuesto hasta ahora, lean las medidas anteriormente apuntadas,al margen de la letra del Real Decreto que tiene un coste cero,  no tienen presupuesto alguno. Vuelven una vez más a ser un chau, chau, chau….
 
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia, con toda razón, “la incoherencia y la hipocresía” de la Comisión Europea al proclamar una Política Agrícola Común (PAC) más verde y el Green New Deal mientras, al mismo tiempo, incentiva el incremento de las importaciones de cítricos procedentes de países terceros que sustituyen y desplazan del mercado comunitario la producción europea.
“Para Bruselas una cosa son las palabras en defensa del medio ambiente y otra radicalmente distinta son los hechos en forma de acuerdos comerciales donde, de repente, parece que ya no le importa la huella de carbono que entrañan las importaciones venidas desde miles de kilómetros, el uso de productos fitosanitarios que prohíbe a los productores europeos, pero consiente a los envíos foráneos, o el despoblamiento de la Europa rural. Su política en materia alimentaria no solo es suicida, sino también un absoluto contrasentido que no se sostiene en lo más mínimo”.
Sudáfrica ha plantado en los últimos años más de 23 millones de plantas y las previsiones más objetivas apuntan a que en cinco temporadas podrá introducir en la Unión Europea unas 600.000 toneladas de mandarinas tardías durante el inicio de la campaña citrícola comunitaria. Este volumen al alza tendrá un efecto demoledor sobre las 300.000 toneladas de variedades extra-tempranas y tempranas que se cultivan actualmente en España. “Sudáfrica todavía no es el gran problema de nuestra citricultura, pero con estos datos es evidente que, si Bruselas no lo impide, la sobreoferta y el desplazamiento de la producción local no solo se producirá de una forma drástica sino también irreversible”, agrega Aguado.
Por su parte, Egipto está llevando a cabo un ambicioso plan para ampliar la superficie dedicada al cultivo de naranjas y convertirse en la principal potencia productora en la cuenca mediterránea. Dicha ampliación, sin embargo, carece de registros oficiales y, por tanto, se desconoce hasta qué punto crecerá su producción en los próximos años y ocasionará un daño comercial a los cítricos europeos comercializados simultáneamente.
Además del impacto sobre los precios en origen, AVA-ASAJA alerta del grave riesgo fitosanitario que entraña la entrada a Europa de los cítricos procedentes de terceros países. Precisamente Sudáfrica encabeza el ranking de interceptaciones de cargamentos citrícolas en los puertos de la UE contaminados con plagas y enfermedades, con un total de 34 casos en 2019: 21 de Thaumatotibia leucotreta o falsa polilla (provoca graves daños comerciales a los frutos) y 9 de Phyllosticta citricarpa (el hongo que causa la mancha negra de los cítricos, una plaga no presente en Europa), entre otros patógenos. “Da la impresión que Europa no se entera de que está jugando con fuego”, asegura Aguado.
Critica el dirigente agrario que “la Comisión Europea está llevando a cabo una estrategia premeditada que sacrifica sistemáticamente a la agricultura mediterránea para poder vender en esos países terceros otros productos tecnológicos o industriales, aunque dicho intercambio comercial suponga destruir un sector europeo tan estratégico del que depende la soberanía y la seguridad alimentaria, la fijación de población en el medio rural o la lucha contra el cambio climático. A diferencia de los cultivos continentales, las frutas y hortalizas no tienen un mercado con unas mínimas condiciones de reciprocidad y reciben unas ayudas PAC sencillamente testimoniales que no inciden sobre la renta de los productores”.
Planas hay que afrontar los problemas reales y dejarse de engaños y demás zarandajas, las peticiones agrarias tienen que atenderse y no demorarlas de forma administrativa.

La Consejera de Agricultura andaluza, ha manifestado que, las medidas incluidas en el Real Decreto Ley del Gobierno central para responder a la crisis de precios en el sector agrario “son insuficientes y llegan tarde, “el objetivo de las medidas adoptadas “parecen estar dirigidas a frenar las movilizaciones del sector”, al tiempo que ha hecho hincapié en que para poder evaluar su impacto “habrá que esperar al menos un año”. El Gobierno central no pone “recursos económicos encima de la mesa” para paliar la situación que viven los productores, como sí se han hecho en otros países como Francia o Alemania. Sobre el sector del olivar ha recordado el retraso que también ha caracterizado al Ministerio de Agricultura. En este sentido, ha recordado que el Consejo del Olivar ya solicitó el almacenamiento privado el 15 de marzo de 2019, lamentando que "entonces se podía haber influido más en los precios que ahora".
Por este motivo ha solicitado al Gobierno de España que ahora, de cara a la futura Política Agrícola Común (PAC) y a la futura OCM, se establezcan mecanismos de autorregulación rápidos, urgentes y con un precio de referencia actualizado. Al mismo tiempo ha pedido que se defienda que el olivar sea considerado en la nueva PAC como un sector que cumple con el régimen de los nuevos eco-esquemas.
"El Estado, dentro de sus competencias, no ha estado ni en Bruselas ni en Washington, ni se le espera, ni ha pedido " mecanismos de crisis, ni modificar los umbrales de referencia, ni que, pese a las expectativas que todos teníamos, no puso encima de la mesa, aunque fuese tarde, ninguna medida fiscal, ninguna medida de modificación de los costes de producción, ninguna medida económica".
¡Como ven, nadie está conforme!
Terminemos reseñando la tristeza que nos ha producido la Proposición que Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso presentando su Plan de Choque para relanzar el sector agroalimentario español incluyendo 29 medidas urgentes en materia presupuestaria, fiscal y comunitaria, entre ellas el establecimiento de mecanismos de compensación ante la alarmante subida de costes del sector.
Entre las propuestas del GPP, un auténtico corta y pega, figuran:
. analizar el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, por regiones y sectores, en la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrarias, para poder establecer mecanismos de compensación.
. establecer un nuevo Plan de Seguros Agrarios que haga atractiva su contratación, con seguro de ingresos asociado a variaciones de precios; reducción de módulos fiscales en sectores con problemas.
. desgravar las primas a la primera instalación de jóvenes y a inversiones en explotaciones agrarias
. conceder préstamos bonificados para sectores en crisis
. bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social, la tarifa eléctrica especial para que no se pague la potencia máxima cuando la actividad es menor a 12 meses, o la promoción de energías alternativas.
. modernizar los regadíos.
. garantizar el acceso ágil a internet en todos los municipios rurales
. aprobar un Plan de control de la fauna silvestre
. renegociar con eficacia los aranceles que penalizan las ventas de productos españoles muy por encima de nuestros competidores europeos.
. reforzar los instrumentos de vigilancia económica y sistemas de alerta temprana de la cadena alimentaria
. implantación de medidas de garantía para estabilización de rentas que complementen la PAC, facilitando a los productores la gestión de la volatilidad y el futuro de su actividad; realizar la transposición de la directiva relativa a prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario; afrontar reformas legislativas para impedir de manera efectiva la venta a pérdidas, y alcanzar un consenso para garantizar la estabilidad de los precios.
. instar a la Unión Europea y a sus países miembros a un mayor control, en cantidad y calidad, de las importaciones de terceros países, garantizando la competencia en igualdad de condiciones.
. impulsar ayudas europeas para las zonas especialmente despobladas, de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales precisas para que nuestros productos no estén sometidos a aranceles diferentes a los de nuestros países competidores.
. e instar al Gobierno a que negocie los recursos necesarios para asegurar una renta viable y la sostenibilidad del sector a largo plazo, nunca con una dotación inferior a la actual.
¡Ustedes mismos!, pero eso sí, para darle credibilidad democrática los peperos nos dicen que, este paquete de medidas, las producen tras un diálogo  con las asociaciones agrarias, al contrario que ha hecho el Gobierno en su reciente Real Decreto. ¡Qué bien verdad!
 

Noticias. 
-El aumento del Salario Mínimo Interprofesional ha venido a agravar uno de los problemas endémicos del campo andaluz y extremeño: las dificultades para encontrar mano de obra disponible.
El incremento de los costes laborales se suma así a los problemas a los que cada año se enfrentan los agricultores para encontrar jornaleros y acometer las labores agrícolas, una auténtica paradoja en unas comunidades que registran altos índices de paro en las zonas rurales.
Los agricultores señalan como principal causa para encontrar jornaleros el sistema de subsidios agrarios que se institucionalizó en Extremadura y Andalucía hace 36 años, con las famosas peonadas del PER, y que se perpetúa a día de hoy con un coste nada desdeñable para las arcas públicas.
Seis meses de ayuda
En 2018, un total de 191.298 personas se beneficiaron de los subsidios agrarios, que permiten a un jornalero cobrar ayudas durante seis meses, con poco más de uno trabajado. Ese año, la factura para el Servicio Público de Empleo Estatal ascendió a 985,49 millones de euros.
Un coste que aumentará a tenor de las intenciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de introducir una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo, "dotándolo de mayor estabilidad, de manera que haga posible elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección de las personas desempleadas que lo necesiten".
La última decisión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la de rebajar de 35 a 20 las jornadas (peonadas) necesarias para acceder al subsidio agrario. La medida tiene, según aseguró el Gobierno, "carácter coyuntural" y se justifica en la reducción de la demanda de mano de obra por las minoraciones de cosechas, debidas a las malas condiciones meteorológicas que ha sufrido el campo, lo que dificulta a los jornaleros hacer las peonadas necesarias para acceder a las ayudas económicas.
Los perceptores de ayudas, según los informes del Servicio Público de Empleo, suponen el 5,65 por ciento del total de beneficiarios de prestaciones por desempleo que hay en la actualidad en España.
El subsidio y la renta agraria son las dos modalidades de la prestación por desempleo para los trabajadores eventuales del campo en Extremadura y Andalucía. El primero surgió en 1984. Para solicitarlo se debe al menos haber cotizado un mínimo de 35 jornadas durante los doce meses anteriores a la situación de desempleo y acreditar que no se tienen rentas ni ingresos que superen el Salario Mínimo Interprofesional anual, excluyendo dos pagas extraordinarias.
El subsidio medio que se puede recibir es de 512 euros al mes, cantidad a la que se debe restar 86 euros por el sello agrario (cotización), que deben ser abonados por los jornaleros.
Existe un subsidio agrario especial para mayores de 52 años. Para ello además de tener la edad, se debe haber cotizado al subsidio agrícola y haberlo recibido durante los últimos cinco años de forma ininterrumpida antes de la solicitud. Para estos casos, no hay requisitos de peonadas mínimas y la duración es todo el año.
En lo que se refiere a la renta agraria, coincide con el subsidio agrario en que son necesarios como mínimo acreditar 35 jornales, aunque en esta ocasión no sirven los que se puedan realizar dentro del Plan de Fomento del Empleo Agrario, como en el caso del subsidio.
Las condiciones son mayores, ya que para poder solicitarlo hay que haber estado empadronado en Andalucía o Extremadura un mínimo de 10 años y no haber sido beneficiario del subsidio por desempleo agrario en alguno de los tres años anteriores a la solicitud.
Desincentivan al trabajador
Los empresarios agrícolas consideran que el mantenimiento de los subsidios desincentiva a los jornaleros para trabajar, lo que les genera grandes dificultades para encontrar mano de obra. El problema, además, se intensifica cuando los ayuntamientos y diputaciones hacen coincidir las obras para contabilizar peonadas con las campañas agrícolas de recolección o de poda de la aceituna o la uva.
Estas contrataciones se realizan a través del PER (Plan de Empleo Rural), ahora Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), un conjunto de inversiones para el mundo rural en cuya financiación colaboran las administraciones central, autonómica, provincial y los ayuntamientos que se benefician del mismo. Se puso en marcha en 1986 y desde entonces ha permitido invertir en obras de interés general y social en toda Andalucía, la contratación de cientos de miles de trabajadores y millones de jornales.
El Estado subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales, cuyo importe asciende al 60% del coste total de la subvención. Por su parte, las diputaciones provinciales y la Junta de Andalucía subvencionan el 40% de esa cantidad, que se corresponde con el coste de adquisición de los materiales necesarios para realizar los proyectos aprobados. De este 40%, la Junta de Andalucía subvenciona el 75% de esta cantidad y la Diputación Provincial, el 25% restante.
Esta iniciativa se traduce cada año en actuaciones en el sector agrícola, ganadero, industrial y de servicios, desde la construcción de dotaciones de equipamientos sociales, parques o jardines, hasta la modernización de regadíos, pasando por la urbanización de polígonos industriales o el arreglo de calles.
Sigue la rebelión agraria
Tras más de un mes de movilizaciones agrarias, la rebelión del campo no pierde intensidad.  Este lunes tomarán el relevo los agricultores de Jaén, una provincia líder en producción olivarera que sufre con especial intensidad el incremento de los costes laborales por el alza del SMI y la fuerte caída de los precios del aceite.
Los precios que se pagan en origen por el aceite de oliva han arrancado 2020 entre un 20% y un 30% más bajos que hace justo un año, reflejo de una tendencia a la baja que se prolonga desde mediados de 2017.
Mañana las protestas de los Agricultores al Límite llegarán a Sevilla y Alicante y el jueves se trasladarán al centro y al norte de España con movilizaciones en León y Santander.
La unidad del sector en estas movilizaciones es total. De hecho, algunas cooperativas han cerrado los días para facilitar la presencia en las manifestaciones. Es el caso de Dcoop, que se sumará a las protestas convocadas por las organizaciones agrarias en Jaén y Sevilla, con el cierre de sus centros de trabajo en sendas provincias. Esta acción se suma a la ya realizada en días pasados en Córdoba, Granada y Málaga. Marzo se estrenará también oyendo los gritos del  campo con protestas en Ponferrada (León), para pasar luego a Huelva y Canarias.
Los anuncios del Gobierno de formar mesas de diálogo y poner en marcha reformas no han calmado a los agricultores, que reclaman medidas concretas, que acaben con los bajos precios que reciben por sus productos y que ponen en riesgo la viabilidad de sus explotaciones y de su forma de vida. Al malestar acumulado se ha unido la inquietud por el futuro de los fondos de la Política Agraria Común, que negocian, por ahora sin éxito, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.
El Economista.es. R.Daniel.
 

-El sector agrario continúa con su calendario de movilizaciones para reclamar soluciones a la crisis de rentabilidad que afecta al campo.
Convocados por ASAJA, COAG y UPA este viernes -28 de febrero- los agricultores y ganaderos de Santander y León han salido a la calle para protestar por la situación en la que se encuentran y exigir precios justos.
En el caso de la capital leonesa, casi 5.000 agricultores y ganaderos, escoltados por 800 tractores, han tomado las calles del centro de la ciudad para exigir un futuro para el sector. La protesta ha comenzado a las 11:00 horas en el aparcamiento del Estadio Reino de León, con rumbo a la sede de la Subdelegación del Gobierno, donde las principales organizaciones se han reunido con su titular, Faustino Sánchez.
En Santander, el sector agrario de la Cornisa Cantábrica se ha manifestado de forma pacífica para reclamar medidas que mejoren su situación, sobre todo referidas a los precios y a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). En total, han salido a la calle 240 tractores.
La protesta, que ha comenzado a las 11:30 en la calle Vargas, ha recorrido el centro de la ciudad hasta llegar a la Delegación del Gobierno en Cantabria, donde han entregado un manifiesto a su titular, Ainoa Quiñones.
Calendario de movilizaciones
El lunes 2 de marzo se movilizarán los agricultores y ganaderos en Ponferrada. Se concentrarán en las inmediaciones del campo de fútbol de la Ponferradina para recorrer después las calles más céntricas de la ciudad.
El día 5 de marzo el campo onubense se manifestará para protestar por “la grave crisis que afecta al campo”.
En la provincia de Ciudad Real, los agricultores y ganaderos se concentrarán el 9 de marzo con la intención de colapsar toda la provincia. Tienen previsto cortar la A4 en diferentes puntos (Valdepeñas, Manzanares, Tomelloso y Socuéllamos) desde las 10:00 a las 15:00 horas.
El 12 de marzo el sector se movilizará en el Puerto de Algeciras, en la provincia de Cádiz; el 14, en Santa Cruz de Tenerife, donde también reclamarán precios justos de sus productos y mejoras en el sector; y el 19, en Motril, Granada, donde recorerrán las calles de la ciudad hasta llegar al Puerto.
Hasta el momento la última movilización que se conoce es la de Córdoba, que tendrá lugar el 20 de marzo por la mañana. Según han informado ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, la manifestación saldrá de la plaza de Andalucía y finalizará en la plaza de Colón.
Agropopular.
 

-Como agricultores que somos, nos sumamos a todas y cada una de sus reivindicaciones que tienen el consenso unánime de todas las organizaciones agrarias…
El regadío representa el 65% de la producción agrícola andaluz, más del 60% de su empleo y más del 80% de las exportaciones agrícolas. Y con eso, está todo o casi todo dicho de cuál es nuestra postura en relación con las manifestaciones que las organizaciones agrarias vienen promoviendo durante todos estos días por Andalucía y por toda España. Como agricultores que somos, apoyamos la tabla completa de reivindicaciones consensuada por todas las organizaciones agrarias y cooperativas: precios dignos, equilibrio justo de la cadena agroalimentaria, salario mínimo interprofesional ajustado a la realidad del campo, lucha contra la competencia desleal procedente de países terceros y contra los aranceles y barreras exteriores que nos expulsan del mercado…
A todas esas medidas, desde Feragua queremos insistir en otras demandas que son específicas del regadío y que también están asfixiando nuestro futuro. Necesitamos ya medidas de alivio frente a la subida desmesurada de los costes eléctricos. En particular, exigimos el urgente desarrollo reglamentario de la ley aprobada en 2018 para poder cambiar de potencia dos veces en el año, algo que aún no podemos hacer a pesar de estar aprobado mediante Ley. Asimismo, rechazamos la nueva propuesta de tipos de tarifas y periodos tarifarios planteado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que tiene previsto entrar en vigor el próximo mes de noviembre, ya que incrementaría aún más los abusivos costes energéticos para el regadío.
Por otro lado, necesitamos un impulso real a las energías renovables para autoconsumo, y particularmente que se dejen de poder obstáculos para la conexión a la red de las plantas solares promovidas por el regadío. Finalmente, y ante las propuestas de modificación de los cánones y tarifas de agua que hay a nivel regional y nacional, advertimos que el regadío no admite más presión recaudatoria y subrayamos que si seguimos incrementando nuestros costes (por la vía eléctrica o impositiva), y en un escenario de caída en picado de los precios, la sostenibilidad del regadío estará en grave riesgo, no digamos los proyectos y las inversiones de modernización que los regantes han venido haciendo en los últimos años para mejorar su eficiencia y el impacto ambiental de su actividad.
FERAGUA.
 
 
-Los líderes de la Unión Europea (UE) debatirán una nueva propuesta de presupuesto comunitario para los próximos siete años que recortará la dotación prevista en el plan que ha servido de base negociadora hasta el momento, del 1,074 % de la renta nacional bruta conjunta al 1,069 %. Esto afectará directamente a la propuesta inicial sobre los recortes de la PAC, que había quedado en mil millones menos en los próximos siete años para toda Europa.
La clave del este revés en el recorte de las ayudas y en el Desarrollo Rural está los países denominados “austeros” -Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria-, que quieren más recortes en la agricultura y en otras partidas. Curiosamente, ninguno de ellos tiene a la agricultura como eje de su economía.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que respaldaba la propuesta inicial sobre la PAC, ha dejado claro que “no vamos a aceptar una propuesta que consolide los recortes” acerca del plan presupuestario presentado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
Durante las dos jornadas de negociaciones y varios encuentros bilaterales, el presidente ha defendido un presupuesto comunitario que asegure un mínimo indispensable para dos políticas fundamentales para España, como son las políticas de cohesión y la Política Agrícola Común. Sánchez ha defendido asimismo que las “nuevas políticas” sobre cambio climático, innovación, la seguridad y defensa, y acción exterior deben contar con una dotación acorde a los grandes retos, pero, en opinión del presidente, no puede ir en detrimento de la vertebración y la cohesión de la Unión.
El documento técnico que abordarán los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios, reunidos en una cumbre extraordinaria en Bruselas, plantea un presupuesto equivalente al 1,069 % de la Renta Nacional Bruta (RNB) conjunta de los Veintisiete, dijeron fuentes europeas a Efeagro.
El montante es inferior al 1,074 % de la RNB que proponía el plan elaborado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha sido rechazado por los países, en unos casos por considerarlo escaso y, en otros, demasiado ambicioso.
Agroinformación.
 

-El Gobierno aprueba medidas urgentes para modificar la ley de la cadena alimentaria y prohibir la venta a pérdidas.
Se introduce, como cláusula obligatoria en los contratos, la indicación expresa de que el precio pactado entre agricultores y ganaderos y su primer comprador cubre los costes de producción
En la nueva norma se prohíben las actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, también la destrucción del valor a lo largo de la cadena y se endurecen las infracciones
Adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea se prevé la publicidad de las infracciones graves o muy graves
En materia de fiscalidad, se introducen modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas
En el ámbito del empleo, se reduce el número mínimo de jornadas cotizadas (peonadas) para acceder al subsidio por desempleo de trabajadores eventuales agrarios, y se contemplan bonificaciones para la conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos discontinuos
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto Ley que contempla medidas urgentes para garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria.
Unas medidas concretas que tienen como finalidad evitar el abandono de las explotaciones agrarias e impulsar el reequilibrio entre todos los eslabones (productores, cooperativas, industria alimentaria, distribución y consumidores).
MODIFICACIONES LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA
Costes de producción. La nueva norma introduce el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, que se incluirá como un factor obligatorio a tener en cuenta para establecer el precio en los contratos agrarios.
Es decir, que se incorpora, como cláusula obligatoria, incluir en los contratos la indicación expresa de que el precio pactado -entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de los mismos y su primer comprador- cubre los costes de producción.
Actividades promocionales. Para evitar la banalización de los productos, se exige que el lanzamiento y desarrollo de promociones, que se realicen en el ámbito de aplicación de la ley de la cadena alimentaria, se basen en un marco de acuerdo y libertad de pactos, interés mutuo y flexibilidad para adaptase a las circunstancias particulares de los distintos operadores.
Unas actividades promocionales que no podrán inducir al error sobre el precio o imagen de los productos, ni perjudicar la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos.
Prohibición de venta a pérdida o destrucción de valor en la cadena. Otra de las novedades es la prohibición de destruir valor a lo largo de la cadena. Para ello cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción.
Publicidad de las sanciones graves y muy graves. En el nuevo Real Decreto-Ley se consideran graves, infracciones que antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio. Se consideran como infracciones graves la destrucción de valor en la cadena alimentaria, así como realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos.
Adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, se prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves que sean firmes, en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial.
MEJORAS EN LA TRIBUTACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
En materia de fiscalidad, la norma aprobada hoy introduce modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes agricultores que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.
Con esta modificación se garantiza una mejora del tratamiento fiscal, ya que se permitirá imputar en cuatro años los importes recibidos en las ayudas a la primera instalación, de forma que el impacto fiscal no se concentre en el año en que se reciben, lo que incentiva la apuesta por el relevo generacional.
PROTECCIÓN TRABAJADORES EVENTUALES
También se introducen importantes medidas en materia de empleo para hacer frente a las especiales circunstancias del mercado laboral en el ámbito agrario y se fijan medidas de protección de los trabajadores eventuales del campo.
Se establece una medida de carácter social, que tiene como destinatarios a los trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura, afectados por el descenso de actividad, mediante la reducción a 20 del número de jornadas cotizadas (peonadas) necesarias para acceder al subsidio por desempleo, así como a la renta agraria. De esta forma se refuerza la protección social de un colectivo vulnerable de personas trabajadoras.
La norma recoge bonificaciones para la conversión de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos o en contratos fijos discontinuos, pertenecientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social. Se facilitará la bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes, distinguiéndose su cuantía en función del encuadramiento del trabajador y de la modalidad de cotización, mensual o por jornadas reales trabajadas.
Para introducir medidas positivas para reducir la brecha de género, se establecen cuantías incrementadas en el caso de la conversión de contratos de mujeres trabajadoras.
Igualmente se contempla una modificación de la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, incluyendo, dentro de su ámbito de actuaciónlos locales, viviendas, u otros lugares habilitados para las personas trabajadoras, en los que residan, se alojen o puedan permanecer los trabajadores y hayan sido puestos a disposición de los mismos por el empresario, aun cuando no se encuentren en las empresas, centros y lugares de trabajo en que se ejecute la prestación laboral.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha trasladado hoy a las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA el conjunto de medidas que impulsa el Gobierno para responder a las reivindicaciones del sector agrario español de mejorar los márgenes en su actividad y lograr unos precios justos.
En rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa de Diálogo Agrario, el ministro ha agradecido a las organizaciones agrarias el ambiente constructivo y positivo en el que se ha desarrollado esta reunión. Según ha recalcado, “este es un Gobierno de diálogo y de acción”. Hoy se han dado pasos “muy claros y muy firmes para responder a gran parte de las demandas del sector”, siendo conscientes de que estos problemas no tienen una solución fácil e inmediata.
Ha apelado a la necesaria colaboración de comunidades autónomas para trabajar junto a la Agencia de Inspección y Control Alimentarios (AICA) para velar por el cumplimiento de las relaciones contractuales, así como del propio sector para concentrar la oferta y mejorar su posición negociadora.
Planas ha presentado a las organizaciones agrarias el Real Decreto Ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros para modificar la cadena alimentaria y prohibir la venta a pérdidas. En el transcurso de la reunión ha planteado a ASAJA, COAG y UPA un conjunto adicional de medidas fiscales, de financiación y  promoción.
En declaraciones a los medios, el ministro ha destacado que el Gobierno incrementará en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2020 la partida para financiar el Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola (Plan Renove) por encima de los ocho millones de euros.
Con el Plan Renove 2019, dotado con 5 millones de euros, se concedieron un total de 558 subvenciones para una inversión total en compra de maquinaria que ha superado los 18 millones de euros (la subvención ha supuesto un 27,5% del total del gasto). En Aragón se ha destinado un 13,6% del presupuesto total, con más de 675.000 euros.
De manera paralela, el ministro ha apuntado que se va a establecer una nueva línea de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), dependiente del ministerio, para facilitar los créditos de compra y de modernización de maquinaria.
Asimismo, el Ministerio modificará el real decreto sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola (ROMA) para introducir mejoras en alguno de sus apartados y adaptarlo a los nuevos objetivos relacionados con la maquinaria, para actualizar el censo de maquinaria agrícola en uso de España y crear una marca de calidad donde incluir a aquellos tractores que hayan sido clasificados como A, B o C de acuerdo a su eficiencia energética.
Planas ha incidido en la necesidad de evitar en lo posible que se produzcan accidentes mortales en España por falta de medidas de seguridad en el trabajo, poniendo al día todos los aspectos que se refiere al control sobre esta maquinaria.
MEDIDAS A FAVOR DEL SECTOR
El ministro ha recalcado que en el pasado Consejo de Ministros se aprobó el un Real Decreto-Ley con un conjunto de medidas de carácter urgente que, entre otros aspectos, incluyen la obligatoriedad de incluir los costes de producción en los contratos y la prohibición de que el precio de venta no pueda ser inferior a los costes de producción.
De igual forma, el Gobierno está dispuesto a que el régimen fiscal (módulos) para el campo permanezca durante los próximos cuatro años. Además, el gasóleo agrícola gozará durante toda la legislatura de las mismas bonificaciones que tiene actualmente, con el objetivo claro de defender los intereses de agricultores y ganaderos.
El ministro también ha apuntado la intención del Gobierno de proponer un aumento de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para financiar los seguros agrarios en, al menos, un diez por ciento.
Asimismo, ha mostrado la apuesta clara del Gobierno por un regadío eficiente, a través de una óptima utilización del agua. Para ello, el Gobierno va a ofrecer dos líneas de ayudas concretas para el sector agrario y ganadero: una para la mejora de la eficiencia energética en las explotaciones de riego y explotaciones agrícolas, con un presupuesto de 30 millones de euros, y una segunda para el fomento del autoconsumo y uso de energías renovables, con una dotación presupuestaria de 30 millones de euros.
Por otra parte, Planas ha destacado la firme defensa del presidente del Gobierno de los intereses españoles en las negociaciones del presupuesto para la Política Agraria Común (PAC) y de los Fondos de Cohesión que son “objetivos básicos para España”.
 
MAPAMA.

-La portavoz del PP en las Cortes regionales, Lola Merino, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, el cese inmediato del consejero de Agricultura «por el engaño a más de 1.000 agricultores de la región a los que entusiasmó con ayudas para la modernización de sus explotaciones agrarias para ahora anunciar que no hay dinero».
En un comunicado, Merino ha afirmado que «no es de recibo que los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha tengan que aguantar los falsos anuncios y tanto humo vendido por Francisco Martínez Arroyo, y más aún en un momento en el que los profesionales agrarios se manifiestan en toda España por la falta de rentabilidad de su trabajo y los bajos precios que cobran por sus producciones».   
La dirigente ‘popular’ ha señalado que el consejero de Agricultura «no solo no ha puesto ni una sola medida sobre la mesa para atender las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, sino que ha asestado un duro zarpazo en el peor momento dejando a más de 1.000 agricultores sin ayudas para la modernización de sus explotaciones agrarias».    
 En este sentido, Merino ha asegurado que el sector agrario de Castilla-La Mancha «no merece tener como responsable de Agricultura a un consejero que es el único de España que ha recortado el agua para riego a los agricultores, el único que ha dejado sin ayudas a más de un millar de agricultores en sus planes de mejora y, además, el único que ya ha anunciado falta de presupuesto para la incorporación de jóvenes».    
Por ello, Merino ha pedido a García-Page el cese inmediato de un consejero que, a juicio del PP, «solo busca la notoriedad y propaganda de su persona, dejando sin atender la resolución de las diferentes convocatorias y los pagos y que permanece callado, en lugar de defender una PAC fuerte y sin recortes en el presupuesto, a pesar de que ya se anuncian recortes del 14 por ciento en las ayudas directas y del 25 por ciento en las ayudas al desarrollo rural».
El PSOE ve necesario impulsar una ley de desarrollo rural a nivel estatal
El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Manuel González Ramos, «ve necesario impulsar una «ley de desarrollo del medio rural», basada en la que se aprobó en 2007, ante retos como la despoblación, el cambio climático o la continuidad de la actividad agraria.
González Ramos afirma que mantener el medio rural es una prioridad política para la legislatura y, por ello, se requiere una normativa específica. Recuerda que la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada en 2007, fue «muy avanzada», pero no llegó a desarrollarse y el Gobierno del PP «no quiso saber nada», por lo que es un momento adecuado para rescatarla. Aquella normativa recogió entre sus objetivos mantener y ampliar la base económica del medio rural, estableciendo políticas horizontales y coordinando competencias de varios ministerios.
La Tribuna de Ciudad Real.
 

- Las medidas incluidas en el Real Decreto Ley del Gobierno central para responder a la crisis de precios en el sector agrario “son insuficientes y llegan tarde”. Así lo ha señalado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en su intervención parlamentaria, que, desde su punto de vista, el objetivo de las medidas adoptadas “parecen estar dirigidas a frenar las movilizaciones del sector”, al tiempo que ha hecho hincapié en que para poder evaluar su impacto “habrá que esperar al menos un año”. Por otro lado, también ha criticado que el Gobierno central no ponga “recursos económicos encima de la mesa” para paliar la situación que viven los productores, como sí se han hecho en otros países como Francia o Alemania.
Sobre el sector del olivar, Crespo ha recordado el retraso que también ha caracterizado al Ministerio de Agricultura. En este sentido, ha recordado que el Consejo del Olivar ya solicitó el almacenamiento privado el 15 de marzo de 2019, lamentando que "entonces se podía haber influido más en los precios que ahora".
Por este motivo, la consejera de Agricultura ha solicitado al Gobierno de España que ahora, de cara a la futura Política Agrícola Común (PAC) y a la futura OCM, se establezcan mecanismos de autorregulación rápidos, urgentes y con un precio de referencia actualizado. Al mismo tiempo ha pedido que se defienda que el olivar sea considerado en la nueva PAC como un sector que cumple con el régimen de los nuevos ecoesquemas.
La titular de Agricultura de la Junta de Andalucía ha hecho referencia a todos los problemas por los que atraviesa el sector del aceite de oliva y respecto de los aranceles, ha advertido que el "Estado, dentro de sus competencias, no ha estado ni en Bruselas ni en Washington, ni se le espera".
Igualmente, ha recordado que tampoco "ha pedido mecanismos de crisis, ni modificar los umbrales de referencia, ni el precio", para concluir señalando que, "pese a las expectativas que todos tenían ayer, no puso encima de la mesa, aunque fuese tarde, ninguna medida fiscal, ninguna medida de modificación de los costes de producción, ninguna medida económica".

El régimen de ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva aprobado en noviembre de 2019 ha concluido hoy, con el último procedimiento de licitación.
En conjunto, el régimen se ha aplicado a un volumen total de 213.500 toneladas de aceite de oliva, que representaban aproximadamente el 27% de las existencias totales de la UE al comienzo de la campaña de comercialización 2019/20.
La ayuda se ha fijado 0,83 euros por tonelada y día para todas las categorías de aceite. Ello ha permitido aprobar la retirada de 41.645 toneladas de aceite, de las que 25.486 corresponden a operadores españoles. Este límite de ayuda fijado supone la admisión del 71% de las ofertas presentadas por nuestros operadores.
Con estas cuatro licitaciones celebradas se ha logrado retirar para almacenar con ayuda una cantidad total superior a las 213.445 toneladas de aceite, de las que 196.395 toneladas han sido retiradas por el sector español, el 93,6% de la categoría lampante. La ayuda que los operadores españoles han recibido en el conjunto de las cuatro licitaciones asciende a 27.376.654 euros.
El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, ha declarado: “ La Comisión Europea ha demostrado una vez más su compromiso y apoyo a los agricultores europeos, especialmente cuando tienen que hacer frente a perturbaciones del mercado".
En general, la mayoría de las ofertas procedían de España, donde el mercado está especialmente bajo presión y las existencias son excepcionalmente altas. La tercera licitación, en la que se acogieron a las ayudas la mayor parte de las existencias, fue la que tuvo más éxito.
A pesar de los primeros indicios de mejora, hará falta algo más de tiempo para que el impacto total de estas medidas sea apreciable en los precios del aceite de oliva de la UE. La Comisión se mantendrá vigilante y seguirá supervisando de cerca la evolución del mercado en el sector del aceite de oliva.
OLIMERCA.
 
 
-El Decreto-Ley 5/2020 de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación refuerza la reclamación que AGAPROL OPL venía haciendo desde hace meses para evitar que el índice FEGA fuese utilizado como índice de referencia para algunos contratos en el sector lácteo.
El nuevo Decreto-Ley establece una corrección con respecto a la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y un su artículo primero establece que la letra c) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley de la Cadena alimentaria queda redactado como sigue:
“Precio del contrato alimentario, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los descuentos aplicables, que se determinará en cuantía fija o variable. En este último caso, se determinará en función únicamente de factores objetivos, verificables, no manipulables y expresamente establecidos en el contrato. En ningún caso se utilizarán factores que hagan referencia a precios participados por otros operadores o por el propio operador. Los factores que emplear podrán ser, entre otros, la evolución de la situación del mercado, el volumen entregado y la calidad o composición del producto. En todo caso, uno de los factores deberá ser el coste efectivo de producción del producto objeto del contrato, calculado teniendo en cuenta los costes de producción del operador efectivamente incurridos, asumidos o similares.”.
La nueva redacción refuerza la descripción anterior de los índices de referencia que debían de ser “Objetivos, verificables y no manipulables” añadiendo que, además, nunca se utilizarán factores que hagan referencia a precios participados por otros operadores o el propio operador” como venía sucediendo hasta ahora con el índice FEGA.
AGAPROL OPL llevaba meses haciendo público y reclamando a la Administración una decisión de estas características porque la utilización del Índice FEGA por parte de las industrias lácteas como referencia para el establecimiento de precios de los contratos lácteos con los ganaderos de vacuno de leche supone una clara distorsión de los precios de mercado.
Según documentos públicos del INLAC -ahora reforzados por el propio Ministerio en el Decreto-Ley 5/2020-: “los precios FEGA no pueden considerarse una referencia válida por no cumplir la condición de independencia que deben reunir los indicadores: los precios FEGA están afectados directamente por la indexación, y un indicador en base al FEGA sería un indicador auto-referenciado,”
Una referenciación al FEGA, en caso de ser mayoritaria en el sector y mantenerse en el tiempo, daría como resultado una serie plana, equivalente en la práctica a un precio fijo, con escaso margen para seguir las tendencias de los mercados, que vienen mostrando una volatilidad considerable.
Por todo ello AGAPROL OPL celebra la nueva redacción del articulado y seguirá reclamando al Ministerio que haga cumplir la normativa existente y prohíba, la utilización del índice FEGA como referencia para los contractos lácteos en España.
AGAPROL
 
-El coche eléctrico "no resolverá la crisis climática" debido a que la fabricación de las baterías "requiere de grandes cantidades de minerales escasos como el litio, cobalto o níquel", cuya extracción "está causando graves problemas ambientales y sociales en el Sur global", defiende Ecologistas en Acción.
La organización ecologista reconoce ventajas al vehículo eléctrico, sobre todo en lo que respecta a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que cifra entre el 17 % y el 30 %. Una disminución considerable de las emisiones de gases contaminantes, que genera menos residuos peligrosos y puede reducir la contaminación acústica.
Sin embargo, Ecologistas en Acción recuerda que el coche eléctrico comparte muchos de los impactos generados por el vehículo de combustión interna, entre ellos la ocupación del espacio público y los accidentes de tráfico. Además, fomenta igualmente el sedentarismo y sus enfermedades derivadas, como diabetes, hipertensión, sobrepeso o enfermedad cardíaca.
Asimismo, para la organización ecologistas es fundamental recordar que la fabricación de coches eléctricos requiere de grandes cantidades de minerales escasos como el litio, cobalto o el níquel que se extraen principalmente en el Sur global, donde esa extracción ya está causando graves problemas ambientales y sociales, incluso de vulneración de los derechos humanos… …
El Español.
 
-Caída de precios, sequías, subida del salario mínimo, exigencias comunitarias, retos tecnológicos, crisis de aranceles con Estados Unidos€ El sector agrícola vive momentos muy duros y, como ya ha sucedido en otros años, los agricultores han decidido ponerse en pie para reivindicar el abandono que sufren.
"El problema del campo no es coyuntural, puede que la subida del salario mínimo interprofesional haya puesto de relieve su situación o que haya afectado de forma puntual, pero no es un problema de hoy, sino que se lleva arrastrando tiempo. El campo está bastante abandonado", afirma el profesor de EAE Business School, Mariano Íñigo.
Lo cierto es que son muchas las dificultades a las que se enfrentan los agricultores. Además de los precios que imponen las grandes cadenas de distribución -reclaman un precio 'justo'- y las ventas a pérdidas, muchos otros son los factores que influyen en la precaria situación del campo. La gran dispersión de la oferta, los productos importados que no tienen que cumplir las mismas normas fitosanitarias ni las restricciones en el uso de fertilizantes, nuestro modelo de exportación y la escasa capacidad para que los consumidores perciban la calidad de los productos son algunos de los desafíos del sector agrícola en nuestro país, según este experto.
"El precio es algo más que el coste, es una expresión de valor, lo que depende de la percepción que se tiene del producto. El problema que tienen los agricultores españoles es que no han sabido poner en valor nuestros productos. Tienen una calidad extraordinaria, pero la gente no parece dispuesta a pagar más por ellos", afirma rotundo Mariano Íñigo.
Y si con esta falta de percepción no fuera suficiente, a esto se le suma que más del 70% de la producción española se comercializa en el exterior, de ahí que sacar músculo sea otro reto al que nos enfrentamos. "Para poder negociar con esas potencias internacionales hay que ganar dimensión", aclara el profesor.
La Política Agrícola Común
Otro de los principales inconvenientes que afronta la agricultura convencional en España es la falta de agua, así como el reparto de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC). "Muchas explotaciones agrícolas han dependido de las subvenciones para su subsistencia. Si se reforma la PAC, puede ocasionar que muchas de ellas no sean rentables, por lo que entramos en un problema superior ya que España ha sido receptor neto de ayudas, mientras que, a partir de ahora, con la incorporación de los países del este de Europa, va a ser financiador", explica Mariano Íñigo.
Además, según manifiesta este experto, la 'amenaza' sobre nuestros agricultores no solo proviene de la reducción del importe de la PAC -que consume más del 30% del presupuesto-, sino también de la disminución de las aportaciones con el Brexit. Es decir, en vez de recibir, aportar, lo que cambia por completo las reglas del juego.
Ante este escenario aciago para los agricultores, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas entre las que se incluye la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, a través de la cual se van a incluir los costes de producción, con lo que se intentará que los precios mejoren en origen o que por lo menos se cubran los costes.
Cambios en materia de trabajo
Aparte de esta medida, se han incluido en el Decreto-ley otras para proteger a los trabajadores eventuales del campo con vistas a que este sector sea más estable. Tal es así, que se ha aprobado una bonificación para aquellos contratos temporales que pasen a ser fijos discontinuos o indefinidos -bonificación que será mayor en los casos que afecten a las trabajadoras-, al mismo tiempo que se cambiará la ley de Inspección de Trabajo para supervisar los alojamientos y locales de descanso de los agricultores, con el objetivo de garantizar unas condiciones laborales dignas.
Asimismo, se ha reducido a 20 el número de jornadas de los agricultores para acceder al subsidio de desempleo, así como a la renta agraria a trabajadores eventuales de Andalucía y Extremadura. ¿Serán suficientes estas medidas para calmar la 'voz' del campesinado?
Byznes.

-Como medida para aliviar la crisis del sector agropecuario y calmar las protestas del campo, el Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros reducir de 35 a 20 las peonadas (jornadas de trabajo) necesarias para que los empleados del campo puedan acceder a los subsidios del Programa de Empleo Agrario (Profea, antes conocido como PER) en Andalucía y Extremadura.
Una iniciativa "coyuntural" promovida por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que permitirá a los temporeros cobrar un subsidio de 430 euros durante seis meses con tan solo haber trabajado 20 días, frente a los 35 vigentes hasta el momento. Una receta pensada por el Gobierno para apaciguar principalmente al sector olivarero, temeroso por los efectos de la sequía y los aranceles de EEUU, y que, sin embargo, no ha servido para contentar a los productores agrícolas.
"Es una medida que no ayuda para nada a las explotaciones agropecuarias", explica Juan Metidieri, presidente de APAC Extremadura ASAJA. "Estamos en contra. Tenemos un grave problema de falta de mano de obra a la hora de recolectar, y reducir las peonadas solo va a dificultar más nuestros problemas para encontrar trabajadores. Desincentiva la mano de obra", añade.
"¿Quién va a querer trabajar una jornada completa en el campo para sacar sólo 20 euros más de lo que gana por quedarse en casa cobrando el subsidio sin esfuerzo alguno?"
"Nos condena a la economía sumergida", indica por su parte Eduardo López, responsable de Relaciones Laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
Una idea de Felipe González
Los subsidios del Plan de Empleo Rural (PER) nacieron en 1986, durante el Gobierno socialista de Felipe González, con la intención de frenar la despoblación y mejorar las condiciones laborales en las áreas rurales deprimidas de Andalucía y Extremadura, donde hay un mayor número de trabajadores temporales.
A partir de 1996 se pasó a llamar Plan de Fomento del Empleo Agrario (Profea) y se amplió a otras comunidades autónomas: Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia.
A través del Profea, en los últimos años se han destinado más de 200 millones de euros anuales para 48 provincias con zonas rurales, la mayoría centradas en Andalucía y Extremadura
El problema es que, según los productores, si un empleado que está cobrando el subsidio decide trabajar un día más de los 20 días ahora estipulados, se le descuenta la parte proporcional del subsidio de 430 euros que puede cobrar sin necesidad de ir a trabajar.
"Ha sido un subsidio positivo para frenar la despoblación, pero al mismo tiempo ha desincentivado la mano de obra", indica Eduardo López. "¿Quién va a querer trabajar una jornada completa en el campo para sacar sólo 20 euros más de lo que gana por quedarse en casa cobrando el subsidio sin esfuerzo alguno?", añade el responsable de relaciones laborales de COAG.
"Al final prefieren no trabajar, buscarse la vida en otros sectores o exigir cobrar en negro para que les quede intacto el subsidio. Tal y como está en la actualidad, nos empuja a una economía sumergida", agrega.
Cambiar el modelo de subsidios
Para Juan Metidieri, hay que cambiar por completo el sistema de subsidios y actuar sobre los precios de venta para que los productores puedan reducir la temporalidad en el empleo.
"Nosotros lo que queremos es poder pagar al menos los 950 euros del salario mínimo y que realmente los trabajadores estén empleados, no cobrando 430 euros por no hacer nada", indica el presidente de APAC Extremadura ASAJA. "Hay que incentivar al empresario para que realmente tenga al trabajador en condiciones favorables".
Por su parte, COAG pide que se elimine la incompatibilidad que impide a los empleados temporales del campo cobrar un sueldo y percibir íntegro el subsidio al mismo tiempo. "Eso ayudaría a tener más disponibilidad de mano de obra", señala Eduardo López.
"Al final la reducción de las peonadas hace que la gente no quiera trabajar o que solo quiera hacerlo si se le paga en 'B'. Eliminar la incompatibilidad del subsidio nos permitiría promover la mano de obra autóctona y no tener que contratar inmigrantes y además nos permitiría abonar mayores cuotas a la seguridad social.
A.Sierra.VOZPOPULI.
 
-El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición en el Congreso en la que presenta su Plan de Choque para relanzar el sector agroalimentario español, que incluye 29 medidas urgentes en materia presupuestaria, fiscal y comunitaria, entre ellas el establecimiento de mecanismos de compensación ante la alarmante subida de costes del sector.
La iniciativa, firmada por Cayetana Álvarez de Toledo y por la portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, destaca en su exposición de motivos la disminución de la renta agraria bajo el mandato del Gobierno socialista, así como el aumento del paro agrícola. Se trata, por tanto, de resolver los problemas que ha generado la inacción del Gobierno de Sánchez.
Asimismo, se pone de manifiesto la importancia de una buena negociación de la PAC para la viabilidad de buena parte de las explotaciones agrarias, a lo que se suma la crisis de precios y también la de aranceles impuestos por la administración norteamericana a productos españoles como el aceite, la aceituna o el vino.
Por ello, el Grupo Popular considera que es necesario adoptar medidas con carácter urgente para paliar dichas dificultades y para mantener un sector moderno, competitivo y sostenible, y se insta al Gobierno en primer lugar a elaborar un Plan para la gestión de Crisis Agrarias y Estabilización de Rentas que permita dar respuesta inmediata cuando surjan situaciones imprevistas.
Impacto del SMI y otras medidas.
Entre las propuestas del GPP figura la de analizar el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, por regiones y sectores, en la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrarias, para poder establecer mecanismos de compensación.
Otras medidas serían la de establecer un nuevo Plan de Seguros Agrarios que haga atractiva su contratación, con seguro de ingresos asociado a variaciones de precios; reducción de módulos fiscales en sectores con problemas; desgravar las primas a la primera instalación de jóvenes y a inversiones en explotaciones agrarias; préstamos bonificados para sectores en crisis; bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social; tarifa eléctrica especial para que no se pague la potencia máxima cuando la actividad es menor a 12 meses, o promoción de energías alternativas.
Asimismo, se pretende la modernización de regadíos, garantizar el acceso ágil a internet en todos los municipios rurales, aprobar un Plan de control de la fauna silvestre y renegociar con eficacia los aranceles que penalizan las ventas de productos españoles muy por encima de nuestros competidores europeos.
En relación a la cadena alimentaria, entre las medidas propuestas está la de reforzar los instrumentos de vigilancia económica y sistemas de alerta temprana; implantación de medidas de garantía para estabilización de rentas que complementen la PAC, facilitando a los productores la gestión de la volatilidad y el futuro de su actividad; realizar la transposición de la directiva relativa a prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario; afrontar reformas legislativas para impedir de manera efectiva la venta a pérdidas, y  alcanzar un consenso para garantizar la estabilidad de los precios.
Finalmente, se insta a la Unión Europea y a sus países miembros a un mayor control, en cantidad y calidad, de las importaciones de terceros países, garantizando la competencia en igualdad de condiciones.
Se trata, además de impulsar ayudas europeas para las zonas especialmente despobladas, de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales precisas para que nuestros productos no estén sometidos a aranceles diferentes a los de nuestros países competidores.
En cuanto a la PAC, el GPP insta al Gobierno a que negocie los recursos necesarios para asegurar una renta viable y la sostenibilidad del sector a largo plazo, nunca con una dotación inferior a la actual.
Este paquete de medidas se produce tras un diálogo del PP con las asociaciones agrarias, al contrario que ha hecho el Gobierno en su reciente Real Decreto.
PP.
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