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Semana del 4 al 11 de marzo de 2018

Los dineros de la PAC cada vez mas escasos

Lo de la PAC hara hitoria como una de las grandes tomaduras de pelo comunitaria

Nueva semana en la que, lo más noticiable, ha vuelto a ser el tema del agua para el riego, tema que, al margen de cualquiera otra consideración, demuestra la inutilidad de nuestros políticos agrarios y no agrarios. La solución pasaría por retomar, a nivel nacional, todas las transferencias sobre el agua para riego y abandonar de una vez por todas las cesiones y concesiones trasferidas, responsabilidad hoy de las autonomías.

Actualizado 15 marzo 2018  
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Redacción Agrolibre
  
Ahora tras los fiascos provocados por unos y otros, las anulaciones del PSOE Zapateril que hubieran solucionado definitivamente el problema y la falta total de actitud de los gobiernos de Mariano Rajoy, los ciudadanos españoles tenemos que mendigar que los políticos autonómicos vuelvan de su egoísmo y permitan , al fin, la realización de un Pacto Nacional, remedo del que se logró e inició hace ya… …y que, insistimos, en un par de semanas destruyeron los socialistas.
Es inasumible que hoy volvamos a estar en manos de políticos que se conforman con proyectar y que tengamos que presenciar tras las lluvias de estas últimas semanas como vertemos al mar más de 8.000 hectómetros cúbicos, 8 veces más de lo que se necesita en el Levante español que, de pasada terminaría además con la , ya impresentable sangría, del trasvase Tajo-Segura.

Cuidado con el aún nonato "código nacional de buenas prácticas agrarias para controlar las emisiones de amoniaco", en aplicación de la normativa comunitaria sobre contaminación atmosférica, una de las medidas incluidas en el Programa nacional de control de la contaminación del aire que tiene que elaborar este departamento con el fin de cumplir con los compromisos nacionales de reducción de emisiones de ciertos contaminantes.
Cuidado con las obligaciones que nos marcamos, no sería la primera vez que intentando encabezar sostenibilidades hacemos el ridículo. Recordamos, entre otros muchos, el desarrollo de los biocombustibles o se nos han olvidado ya los miles de millones de euros tirados, sin aprovechamiento alguno.
Mantengamos una acción decidida sobre las subvenciones en los PDR porque, no es muy razonable que digamos que, como nos dicen desde Cádiz, " un proyecto de peluquería para la zona rural tiene más opciones que cualquier iniciativa vinculada a la actividad agrícola.
El comisario europeo de Presupuesto, Günter Oettinger, se llevó esta semana de su visita a Madrid una respuesta afirmativa a un posible aumento de las aportaciones españolas al próximo presupuesto europeo, que se pondrá en marcha entre 2021 y 2027. La principal razón para esta respuesta tan rápida es que el Gobierno espera poder seguir recibiendo las cuantiosas ayudas que recibe, tanto a través de los fondos de cohesión como de las partidas destinadas a la producción agrícola y el desarrollo rural.

El propio Mariano Rajoy aseguró hace unos días en relación con este asunto que «España mantendrá una actitud constructiva en las negociaciones del próximo presupuesto europeo plurianual», al tiempo que añadía que intentaría «asegurar las dotaciones para fondos agrícolas y de cohesión tras la salida de Reino Unido del bloque comunitario, prevista para 2019».
Oettinger explicó que «España tiene un enfoque factual y pragmático y ha adoptado una actitud positiva que puede ayudar a influir sobre el resto de socios de la UE a la hora de incrementar su dotación».
En principio nada que oponer a la decisión española aunque, eso sí, no pongamos nunca "el carro delante de los bueyes" como, demasiado a menudo, solemos hacer. Es decir para que nos entendamos, primero la certeza del mantenimiento de los fondos después el envío de los fondos comprometidos. ¡De acuerdo!
Más de 2.500 personas han firmado una petición en la plataforma ‘Change.org’ para pedir al Ayuntamiento de Luzón (Guadalajara) y a la Junta de Castilla-La Mancha que no autoricen una macro-granja de cría intensiva de cerdos en el municipio, según ha informado Ecologistas en Acción de esta Comunidad.

La campaña de recogida de firmas estará abierta durante los próximos días y posteriormente se presentarán las firmas al Gobierno autonómico.
Según la organización ecologista, la creación de macro-granjas, que se pretende llevar a cabo dentro de la Red Natura 2000 en la Zona de Especial Conservación ‘Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Arangoncillo’, provocaría una sobreexplotación de los acuíferos que abastecen a los municipios circundantes y los contaminaría por nitratos.
Asimismo, ha recordado que este tipo de instalaciones desprende fuertes olores y emite contaminantes como metano y amoniaco a la atmósfera.
El colectivo ha detallado que la explotación generaría 4.300 metros cúbicos de purines al año (residuos ricos en nitrógeno) y que son “el principal problema que tienen las explotaciones intensivas porcinas”. Ello se debe a que se suelen esparcir por los campos de labor a modo de fertilizante, contribuyendo a contaminar los acuíferos con los nitratos no asimilados por los cultivos.
¿Y? dejémonos de estupideces, tómense todas las medidas sanitarias que procedan, hagan cumplir todas las normas que estén establecidas que son legión y déjense de prohibiciones ¡estamos!.
 

Noticias
- El Ministerio de Agricultura adoptará un código nacional de buenas prácticas agrarias para controlar las emisiones de amoniaco, en aplicación de la normativa comunitaria sobre contaminación atmosférica.
Esta medida será una de las incluidas en el Programa nacional de control de la contaminación del aire que tiene que elaborar este departamento con el fin de cumplir con los compromisos nacionales de reducción de emisiones de ciertos contaminantes.
El código de buenas prácticas agrarias para controlar las de amoniaco incluirá diversas medidas, por ejemplo estrategias de alimentación del ganado, técnicas de esparcimiento de estiércol y sistemas de almacenamiento de estiércoles con bajo nivel de emisiones. Recogerá asimismo sistemas de albergue de animales con bajo nivel de emisiones y opciones para limitar las emisiones de amoniaco generadas por el uso de fertilizantes minerales.
A la hora de adoptar esas medidas, se valorará su impacto en las pequeñas explotaciones, que podrían quedar exentas de su aplicación cuando sea posible teniendo en cuenta los compromisos de reducción de emisiones aplicables.
Estas acciones específicas para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de amoniaco asignados a España están recogidas en el proyecto de Real Decreto del Ministerio sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinantes contaminantes atmosféricos, que incluye también las de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles no metánicos y partículas finas.
El texto, que está sometido a información pública hasta el próximo 20 de marzo, recoge no solo los compromisos de reducción de esas emisiones sino también el contenido y el procedimiento para elaborar el programa nacional de control de la contaminación atmosférica dirigido a lograr esos objetivos de reducción y el sistema para el seguimiento de las emisiones y de sus efectos en los ecosistemas.
Hay que recordar que, en el caso del amoniaco, España debe reducir sus emisiones en un 16% para el año 2030 con respecto al año 2005. Agropopular.
 
- Miles de agricultores y agricultoras se manifestarán este miércoles en Madrid convocados por el Círculo del Agua. Provenientes de Murcia, Almería y Alicante, los productores repartirán en la Plaza de Callao 25.000 kg. de frutas y verduras y después se dirigirán al Ministerio de Agricultura, donde transmitirán sus reivindicaciones, que se resumen en reclamar al Gobierno y los partidos políticos soluciones inmediatas para erradicar el déficit hídrico del Levante, así como un trato equitativo en cuanto a su precio, de forma que pueda equipararse al del resto de usuarios de España.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos participará  en los actos de protesta. UPA ha reiterado su "indignación" por las decisiones tomadas por el Gobierno que, en lugar de ayudar a resolver los problemas, "los agrava". Todas estas razones son las que han llevado al secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, a confirmar su participación en el acto de reparto de fruta previsto el día 7 en la Plaza de Callao de Madrid y en la Manifestación del Círculo del Agua.
Ramos considera que el Gobierno debe dar garantías a los agricultores de que pueden desarrollar su actividad y no podrán hacerlo si no disponen de un elemento fundamental como el agua. “El Gobierno debe resolver los problemas de agua de los agricultores del levante y realizar un plan de inversiones en obras e infraestructuras hidráulicas en toda España para asegurar la disponibilidad del recurso”. UPA.
 
- El agua es el gran protagonista de la Estrategia Española de Economía Circular para el periodo 2018-2020 y sobre todo de su presupuesto. A pesar de no tratarse de uno de los cinco sectores identificados como prioritarios en el borrador que está siendo sometido a información pública, es el área que se lleva
la mayor dotación presupuestaria. En concreto, el 57,15 por ciento de la inversión que se prevé en el plan de acción de economía circular iría destinada a la reutilización de agua. En total, el presupuesto asciende a los 836,7 millones de euros, de los cuales 478,2 irían a parar a actuaciones para contar con más recursos hídricos. Sin embargo, esta cifra no supondrá nueva inversión, sino que ya está contemplada en los distintos planes hidrológicos de las cuencas.
Las medidas incluidas en el eje de reutilización del agua se centran en el ajuste normativo para la promoción de la reutilización de aguas residuales regeneradas; la elaboración de una guía con vistas a la implementación del instrumento regulador en el ámbito europeo, el apoyo a proyectos de regadíos con aguas residuales; el fomento de trabajos de investigación para establecer los criterios mínimos exigibles de calidad de las aguas reutilizadas, y las actuaciones incluidas en los planes hidrológicos de cuencas. De todas ellas, sólo esta última cuenta con dotación presupuestaria. El Economista.
 
- Un proyecto de peluquería para la zona rural tiene más opciones que cualquier iniciativa vinculada a la actividad agrícola. Las estrategias de los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia priman a colectivos y proyectos individuales que nada tienen que ver con la agricultura en el reparto de las ayudas comunitarias, que según recuerda Asaja-Cádiz, son al fin y al cabo "fondos agrarios".
La organización agraria amplía sus críticas sobre el reparto de los fondos en general y el uso de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) como sustituta y no como complemento de las ayudas ordinarias con el repaso de la situación de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), cuyo funcionamiento es muy similar al de convocatorias como la de la modernización de explotaciones agrícolas, a su juicio, el caso más clamoroso de la discriminación que sufre el sector agrícola de la provincia pese a la ITI, que se supone iba a ser la panacea para sacar a Cádiz de su retraso frente a otras provincias andaluzas y españolas.
EN LA JANDA Y LA SIERRA, EL TOPE DE LA AYUDA ES DE 10.000 EUROS CUANDO UN TRACTOR SUPERA LOS 40.000
Las convocatorias de 2017 de los GDR de la provincia suman un presupuesto global de algo menos de 5,4 millones de euros, el más bajo de toda Andalucía junto a Huelva, que ronda los 5,7 millones, pese a que en Cádiz se incluyen los fondos de la ITI, que ascienden a 1,5 millones entre la Campiña de Jerez, la Janda-Litoral y la Sierra. El resto de provincias andaluzas supera los siete millones de presupuesto.
Aunque aún faltan por concretarse los planes de los GDR de Costa Noroeste y Alcornocales, el presidente de Asaja-Cádiz, Pedro Gallardo, asegura que la situación apenas variará y nunca se llegará a las cifras de las provincias más beneficiadas, caso de Granada, Jaén y Sevilla, cuyos presupuestos oscilan entre los 11 y los 14,6 millones de euros. Gallardo estima que la provincia podría estar en torno a los siete millones de euros como mucho, incluida la ITI, por lo que se pregunta "dónde está el beneficio de unos fondos adicionales que se supone que tienen que sacarnos del atasco".
Lo de la peluquería es sólo un ejemplo de los muchos que se pueden encontrar entre los proyectos subvencionables en las Estrategias de Desarrollo Local de los GDR de la provincia, entre ellos el de la Campiña de Jerez, en la que los agricultores y ganaderos serán destinatarios de sólo un tercio del presupuesto asignado para el actual marco de aplicación.
De las 14 líneas de ayudas que sacó el GDR de la Campiña en 2017, los agricultores únicamente pueden tener acceso a dos de ellas, mientras que de las 19 líneas que se pondrán en marcha hasta 2020, el sector agrario tendrá accesibilidad a lo sumo a cuatro de ellas. En dinero contante y sonante, el presupuesto disponible para los agricultores en 2017 asciende a 762 mil euros frente a los 1,4 millones de las líneas abiertas para otros colectivos y proyectos de las Administraciones públicas. Y en el periodo 2017-2020, el presupuesto para las líneas agrícolas es de 2,4 millones mientras que el del resto se eleva a casi 4,9 millones.
La situación empeora en la Janda-Litoral, donde los agricultores pueden beneficiarse de dos de las 16 líneas de ayuda de 2017 y de tres de las 25 previstas hasta 2020. En este caso, el presupuesto para las líneas de agricultores de 2017 es de 300.000 euros de los algo más de dos millones del total, lo que representa apenas un 14,40%, porcentaje que se reduce al 9,5% en el periodo 2017-2020, en el que la asignación presupuestaria para los proyectos agrícolas rondará los 345.000 euros de los más de 3,6 millones totales.
El reparto "clama al cielo", pero no es el único "despropósito", ya que según Asaja, es del todo inexplicable que, al margen del escaso dinero disponible para los agricultores, se establezcan unos topes en las ayudas con los que los profesionales del sector "no pueden siquiera plantearse comprar un tractor, cuyo coste medio oscila entre los 40.000 y los 60.000 euros, mientras que el límite máximo para las inversiones agrícolas en la campiña de Jerez es de 15.000 euros, y en la Janda y la Sierra se rebaja hasta 10.000 euros". Diario de Cadiz.
 
- El comisario europeo de Presupuesto, Günter Oettinger, se llevó esta semana de su visita a Madrid una respuesta afirmativa a un posible aumento de las aportaciones españolas al próximo presupuesto europeo, que se pondrá en marcha entre 2021 y 2027. La principal razón para esta respuesta tan rápida es que el Gobierno espera poder seguir recibiendo las cuantiosas ayudas que recibe, tanto a través de los fondos de cohesión como de las partidas destinadas a la producción agrícola y el desarrollo rural.
El propio Mariano Rajoy aseguró hace unos días en relación con este asunto que «España mantendrá una actitud constructiva en las negociaciones del próximo presupuesto europeo plurianual», al tiempo que añadía que intentaría «asegurar las dotaciones para fondos agrícolas y de cohesión tras la salida de Reino Unido del bloque comunitario, prevista para 2019».
Oettinger explicó que «España tiene un enfoque factual y pragmático y ha adoptado una actitud positiva que puede ayudar a influir sobre el resto de socios de la UE a la hora de incrementar su dotación».
El actual marco presupuestario europeo, que cubre los años 2014-2020, se eleva a cerca de 1 billón de euros que tienen como destino los fondos de cohesión, la Política Agrícola Común (PAC) o las ayudas a la competitividad, al crecimiento económico y al fomento del empleo.
España tenía previsto convertirse ya en el próximo periodo presupuestario en contribuyente neto al presupuesto comunitario, o lo que es lo mismo, tendrá que pagar a las arcas comunitarias más dinero del que recibe en subvenciones. Una situación que contrasta con el actual periodo 2014-2020, durante el que España se beneficiará en total de alrededor de 15.000 millones en ayudas netas de la UE.
En el club de los países ricos
Este cambio fundamental, de receptores a contribuyentes netos, se debe a que España ha seguido convergiendo económicamente tras la crisis y forma parte ya del club de países más ricos de la Unión Europea, a lo que se añade que las partidas que sufrirán más recortes, las ayudas agrícolas y las regionales, son las que más benefician a nuestro país y las que, todo apunta, podrían ser las más recortadas si no se consigue elevar el nivel total de gasto.
España ha recibido fondos europeos por importe de 260.000 millones de euros entre 1986 y 2020 entre agricultura, cohesión y regiones
Al margen de lo que suceda en el presupuesto europeo en el año 2020 y de cómo se haga finalmente el reparto de partidas, la relación entre España y la Unión Europea en materia de transferencia de fondos es sin duda una historia de éxito.
España ha recibido en ayudas agrícolas 196.400 millones de euros entre 1986 y las que están previstas hasta 2020, a los que hay que añadir 63.600 millones de euros de fondos de cohesión y de desarrollo regional, con lo que el total se eleva a 260.000 millones de euros en el mencionado periodo, alrededor del 25% del Producto Interior Bruto (PIB) anual del país.
Todo este dinero no ha llegado a España de golpe, sino que en los primeros años inmediatamente posteriores a la adhesión las cantidades eran mucho más elevadas que ahora, fruto del avance en desarrollo económico y en infraestructuras que ha ido haciendo España en las últimas décadas.
A lo anterior se le ha añadido además que los países que se han ido incorporando a Europa en las distintas ampliaciones eran más pobres que España. Así, por ejemplo, Polonia fue el país que más fondos europeos recibió en el período 2007-2013, 67.284 millones de euros, situación que se mantendrá en los próximos años, ya que se trata de un país con una renta per cápita inferior a la media europea, como muchos otros que se adhirieron a Europa en 2004, aunque todos ellos tienen el problema añadido de los problemas para absorber esos fondos.
M.Nuñez. ABC

- El comisario europeo de Presupuesto, el alemán Günther Oettinger, sigue con su gira por Europa negociando los Presupuestos europeos y reiterando el recorte que sufrirán las ayudas de la PAC, que insiste en redondear en un 10%. Una cifra que cada vez parece más consolidada y aeptada por todos los Estados. Pero para ello necesita el respaldo de los grandes países, por lo que ha requerido a Angela Merkel un aumento de la contribución anual de Alemania de 3.500 millones de euros al presupuesto europeo. “Por cabeza, teniendo en cuenta la población alemana, serán 10 céntimos al día más que ahora”, trata de endulzar.
“Tenemos poco margen porque no podemos ni endeudarnos ni crear nuevos impuestos. Así que el único recurso es la aportación de los Estados”, explica Oettinger mientras pasa la gorra y señala al sector agrícola como uno de los más “recortables”. Esta petición coincide en parte con la reciente propuesta del presidente de Asaja, Pedro Barato, quien ha defendido que Alemania sea el país que más contribuya a compensar en el nuevo modelo de la PAC, aunque no le guste tanto ese recorte anunciado y cada vez más consolidado del 10%.
SE INSISTE EN LA AMENAZA DE LA NACIONALIZACIÓN DE LAS AYUDAS Y EN QUE ÉSTAS SEAN DECRECIENTES EN LOS PAGOS DIRECTOS POR HECTÁREA.
Agroinformación
 
- La Unión de Uniones de Agricultores y ganaderos, en una reunión sectorial mantenida con todas sus organizaciones territoriales, ha hecho un primer balance de los tres años que lleva el vacuno de leche sin las cuotas lácteas.
La organización señala que, según datos oficiales, desde el fin de las cuotas, el 1 de abril de 2015, han desaparecido en España 2.530 ganaderos, lo que supone que cada día han abandonado la actividad 2,5 ganaderos, registrándose la mayor caída en Galicia con 1.514 ganaderos menos, seguida de Asturias Castilla y León con 285 y 269 ganaderos menos respectivamente. En la actualidad en España tan solo quedan 14.424 ganaderos.
Unión de Uniones realiza una primera valoración de los cuatro años de aplicación del paquete lácteo y, aunque valora que puede ser un paso para mejorar el equilibrio de la cadena de valor en el sector y reforzar la posición “negociadora” de los productores, lo considera totalmente insuficiente y denuncia constantes incumplimientos. Según tiene constancia la organización, los datos mínimos del contrato, incluidos el precio, en ningún momento son negociados por ambas partes implicadas, sino que se trata de una imposición por parte de la industria o primer comprador al productor.
La organización considera fundamental que dentro del paquete lácteo se cree un instrumento en el que se encuentren presentes todas las partes implicadas en la cadena de valor, con la presencia de la administración, que mejore la relación contractual e incorporando relaciones entre el precio y los costes de producción. Para ello, Unión de Uniones propone una metodología que  incorpore un mecanismo que determine el coste medio de producción de leche en España y que el precio que perciba, por tanto, un ganadero por su leche tenga como base esos costes de producción, al igual que se está planteando en la vecina  Francia.
Prácticas abusivas y de muy dudosa legalidad por parte de la industria en sus contratos
Por otro parte, la organización denuncia las prácticas empleadas por las industrias en referencia a los contratos de entregas. Muchas de ellas, aunque deberían haber presentado la oferta de contrato por escrito dos meses antes de la finalización del que está en vigor, o en el caso de tratarse de una nueva relación contractual, al menos dos meses antes del inicio de las entregas de la leche, no lo cumplen, dejando desamparados y bajo una gran incertidumbre a los ganaderos, sin recibir oferta alguna a un mes de la finalización de los contratos.
“Esto es presuntamente ilegal” – afirman desde Unión de Uniones – “Además, la industria, para lavarse las manos y la conciencia, hace firmar la oferta con una fecha anterior, esclavizando aún más al ganadero si cabe que, en muchas ocasiones, la única opción que le quedaría es no vender y cerrar la explotación. Por eso creemos muy importante que la Administración no mire para otro lado si sabe que esto está ocurriendo, y si no lo sabe, que lo investigue y actúe en consecuencia” – añaden.
Asimismo, Unión de Uniones considera que lo límites mínimos de volumen establecidos para la creación de una organización de productores de leche (OPL) resulta demasiado elevado, dificultando enormemente la organización del sector, y pide que sea de 50.000 toneladas en lugar de las 200.000 toneladas que exige en la actualidad, algo que serviría para incentivar, de verdad, la creación de una OPL.
Unión de Uniones.
 
- Más de 2.500 personas han firmado una petición en la plataforma ‘Change.org’ para pedir al Ayuntamiento de Luzón (Guadalajara) y a la Junta de Castilla-La Mancha que no autoricen una macro-granja de cría intensiva de cerdos en el municipio, según ha informado Ecologistas en Acción de esta Comunidad.
La campaña de recogida de firmas estará abierta durante los próximos días y posteriormente se presentarán las firmas al Gobierno autonómico.
Según la organización ecologista, la creación de macro-granjas, que se pretende llevar a cabo dentro de la Red Natura 2000 en la Zona de Especial Conservación ‘Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Arangoncillo’, provocaría una sobreexplotación de los acuíferos que abastecen a los municipios circundantes y los contaminaría por nitratos.
Asimismo, ha recordado que este tipo de instalaciones desprende fuertes olores y emite contaminantes como metano y amoniaco a la atmósfera.
El colectivo ha detallado que la explotación generaría 4.300 metros cúbicos de purines al año (residuos ricos en nitrógeno) y que son “el principal problema que tienen las explotaciones intensivas porcinas”. Ello se debe a que se suelen esparcir por los campos de labor a modo de fertilizante, contribuyendo a contaminar los acuíferos con los nitratos no asimilados por los cultivos.
En este sentido, ha apuntado que en zonas de Teruel y Cataluña (donde proliferan granjas porcinas) el 60 % de los manantiales superan los 50 microgramos de nitrógeno por litro de agua y no son potables.
Ante esta situación, decenas de vecinos de Luzón, Layna (Soria), Maranchón, Mazarete, Alustante, Alcoroches, Molina de Aragón, Corduente, Villel de Mesa, Castellar de la Muela, Sigüenza, Imón o Querencia se han empezado a movilizar y promueven la creación de una plataforma contra las macro-granjas.
Ecologistas en Acción ha criticado que la Junta de Castilla-La Mancha continúe incentivando la proliferación de macro-granjas de cría intensiva de cerdos al subvencionar estos proyectos con hasta un 65% con un máximo de 100.000 euros.
El TSCM anula la autorización de una macro-granja en Cuenca
Al hilo de este asunto, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha anulado la autorización ambiental integrada que se concendió a una macrogranja porcina en Huerta de la Obispalía (Cuenca), al estimar el recurso que presentó el Ayuntamiento de la localidad conquense de Torrejocillo del Rey.
Este Ayuntamiento comprobó por los análisis de los Servicios de Sanidad que el agua de abastecimiento del pueblo superaba el límite legal de nitratos, resultando no potable.
Agropopular.
 
- Después de varios años de intenso trabajo y reivindicaciones por parte de la Federación Española de la Dehesa (Fedehesa), la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura, la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, así como por distintas organizaciones del sector agroganadero y forestal que han trabajado intensamente en ello, por fin en el Reglamento Ómnibus aprobado recientemente por el Parlamento Europeo y el Consejo, se reconocen a los árboles y arbustos como productores de alimento para los animales, no pudiéndose restar admisibilidad en las hectáreas que son objeto de subvención en la Política Agraria Comunitaria (PAC), según lo dispuesto en el Real Decreto 27/2018, de 26 de enero.
En los años 2012 y 2013, las entidades y organizaciones del sector al conocer los borradores de la reforma de la PAC alertaron de ello, puesto que dichos documentos indicaban que para mantener el máximo de hectáreas nacionales admisibles habría que reducir de alguna forma, y con la disculpa de las sanciones por declaraciones de pastos irreales, una reducción de hectáreas aplicando el sistema técnico “Lidar”, que restaba aquellos elementos que recogían los reglamentos europeos como eran peñas, roquedales, pendiente y matorral impenetrable.
Pero como dicho sistema no discriminaba a los árboles y arbustos de más de 40 cm de altura, se comprobó que estos también eran objeto de eliminación, considerando que debajo de la copa de los árboles no existía hierba, y sin tener en cuenta que además muchos de ellos producen bellotas y ramo que sirve de alimento esencial para la ganadería. Todo ello suponía una penalización al árbol, elemento fundamental en todas las políticas medioambientales y que debía ser objeto de ayuda al propietario para su mantenimiento y no por el contrario de penalización, perjudicando claramente a las superficies de dehesa y arboladas de sierra, y por ende a la ganadería extensiva, tratándose ésta de un sistema de producción generadora de beneficios medioambientales incuantificables.
Para corregir dicho despropósito desde el conjunto de asociaciones y organizaciones se han mantenido continuas reuniones con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Comunidades Autónomas insistiendo en la incoherencia e injusticia de restar hectáreas admisibles por el hecho de ser superficies arboladas o arbustivas, reivindicándose los derechos de los productores y ganaderos, a los cuales se les aconsejó que realizaran alegaciones al SIGPAC.
El Parlamento Europeo y el Consejo en el reciente Reglamento Ómnibus han establecido que no pueden restarse los árboles y arbustos, y el Gobierno de España así lo ha tenido que recoger en el reciente Real Decreto 27/2018, reconociendo esas hectáreas admisibles a los ganaderos que realizaron alegaciones al SIGPAC. Aunque esta normativa reciente indica que los árboles y arbustos no restan admisibilidad y debe considerarse toda la superficie como pastos permanentes, lo cierto es que previsiblemente desde la administración estatal no se va a elaborar una nueva capa en el SIGPAC fijando un nuevo CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos), pero la administración si tendrá que admitir que el productor que reclame revisión del CAP, mediante alegaciones al SIGPAC, será atendido en su declaración de la PAC del presente año 2018.
El Reglamento Ómnibus establece un plazo límite hasta el 31 de marzo de 2018 para que los Estados Miembros notifiquen a la Comisión cualquier decisión sobre esta cuestión, esperando que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente adopte una decisión adecuada, ya que de lo contrario habrá que continuar trabajando en la reivindicación y reclamación de esas hectáreas injustamente restadas en la admisibilidad, por un CAP incorrecto, que debe corregirse para la aplicación de la PAC en los próximos años.
Desde las distintas asociaciones y entidades se va continuar insistiendo y  solicitando al Gobierno de España, que se aplique la corrección del CAP correspondiente a la parte del territorio nacional que proceda según los criterios actuales, sin restar árboles y arbustos, fundamentalmente en aquellas zonas de dehesa y sierra con el objetivo de corregir los derechos de PAC  y reconocer la superficie a los productores y ganaderos afectados.
Agroinformación.
 
- El Grupo de Investigación del Tajo de la UCLM presentará el miércoles 7 de marzo a las 19:00h. en la Real Fundación de Toledo un estudio sobre los impactos socioeconómicos del trasvase Tajo-Segura en los municipios ribereños de los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía. La presentación correrá a cargo de sus autores, Enrique San Martín (profesor de la UNED), Beatriz Larraz (profesora de la UCLM y coordinadora del Grupo de Investigación del Tajo) y Nuria Hernández-Mora (consultora independiente)
La construcción de infraestructuras hidráulicas fue una de las principales políticas económicas llevadas a cabo en la posguerra y acabó convirtiéndose en el eje vertebrador de la política de aguas en España durante toda la segunda mitad del siglo XX. Dichas obras, justificadas en virtud del interés general del país, solían implicar un reparto asimétrico de beneficios y costes: los beneficios se concentraban en los usuarios del agua, generalmente empresas hidroeléctricas y regantes, y los costes en los territorios anegados por los embalses o afectados de alguna manera por las nuevas infraestructuras.
Durante décadas, el trasvase Tajo-Segura (TTS) fue considerado la obra paradigmática del desarrollismo hidráulico, tanto por su complejidad técnica como por el coste económico de su construcción y operación y por la profunda transformación socioeconómica y territorial que facilitó en los territorios receptores de las aguas del trasvase. Cientos de estudios, publicaciones y artículos de prensa han resaltado los beneficios socioeconómicos del TTS. Sin embargo, hasta muy recientemente no se ha prestado suficiente atención a la posible insostenibilidad del modelo de desarrollo que el trasvase ha promovido, ni a los costes que esta infraestructura ha generado en las regiones cedentes. El “hidromito” de la rentabilidad socioeconómica de las infraestructuras hidráulicas hacía innecesario, e incluso inconveniente, plantearse estas cuestiones.
Este estudio busca subsanar en cierta medida esta carencia, haciendo una valoración de los principales impactos socioeconómicos que la gestión del TTS ha generado en los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, de donde parte esta infraestructura. La historia que relata es la de una comarca que, como muchas otras zonas rurales de montaña, ha sufrido los impactos de la política hidráulica: primero, como consecuencia de la pérdida de tierras e infraestructuras anegadas bajo las aguas de los embalses; después, por la pérdida de oportunidades económicas derivadas de la puesta en funcionamiento del TTS. Es una historia de destrucción de alternativas de desarrollo socioeconómico al priorizar unas regiones (generalmente más prósperas) sobre otras más desfavorecidas y marginales, en defensa de un supuesto interés nacional superior.
Grupo de Investigación del Tajo.
 
- Cerca de 50.000 personas, según datos de la organización, se han manifestado este miércoles 7 en Madrid para pedir soluciones ante la falta de agua y la sequía estructural que padecen los regantes de Alicante, Almería y Murcia, que está mermando sus producciones.
La protesta, que ha transcurrido sin incidentes pero con momentos de tensión entre los propios manifestantes, arrancó a mediodía en la Puerta de Alcalá y ha finalizado con una concentración ante la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en Atocha, donde se ha leído un manifiesto.
EL CÍRCULO DEL AGUA TIENE “UN COMPROMISO CLARO” CON EL SURESTE ESPAÑOL, QUE ESTÁ “HARTO DE PROMESAS INCUMPLIDAS”
La manifestación -en la que ha participado el presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras- ha estado encabezada por el portavoz del Círculo del Agua, Lucas Jiménez, quien ha asegurado en declaraciones a los periodistas que esta “locura” de falta de agua es consecuencia del cese del trasvase Tajo-Segura.
En su intervención, ha recordado que ya le han trasladado al Ministerio sus propuestas y que es a éste al que le corresponde adoptar soluciones.
Ha asegurado que el Círculo del Agua -compuesto por comunidades de regantes, organizaciones agrarias, sindicatos, universidades y patronales empresariales de estas tres provincias- tiene “un compromiso claro” con el sureste español, que está “harto de promesas incumplidas”.
“No vamos a parar, aunque llueva, hasta que tengamos una solución definitiva y justa”, ha incidido.
LA AFLUENCIA “MASIVA” DEMUESTRA LA “DESESPERACIÓN E INCERTIDUMBRE” QUE VIVEN DEBIDO A QUE “NO LLEGAN LAS MEDIDAS NECESARIAS”
Le ha acompañado en la cabecera de la manifestación el presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), Juan Marín, quien ha calificado de “vital” y “justa” esta movilización para recordar la “muchas peticiones” que han hecho.
Marín ha valorado la “respuesta” de los regantes y su afluencia “masiva”, que demuestra la “desesperación e incertidumbre” que viven debido a que “no llegan las medidas necesarias”.
 “Tenemos que reivindicar desde la unidad y pedir soluciones sostenibles” para un sector, el de la agricultura, que mantiene “miles de puestos de trabajo” en el sureste español, ha señalado.
La protesta ha finalizado junto a la sede del Ministerio del ramo, donde varias agricultoras han expuesto sus reivindicaciones antes de dar paso al periodista murciano Manuel Buitrago, quien ha pedido “una política del agua” sin caer en debates partidistas.
Asimismo, ha reclamado un pacto por el agua “duradero, con medidas eficaces” y que permitan mantener “la despensa” hortofrutícola de Europa.
Según Buitrago, el agua que el sureste español pide es “una miseria” en comparación con los recursos embalsados: “Es una gota si se compara con el agua en los embalses peninsulares”.
El ex seleccionador español de fútbol José Antonio Camacho -murciano de nacimiento- ha tomado la palabra para recordar las principales reclamaciones del Círculo del Agua: la apertura de todas las baterías de pozos de la cuenca del Segura; admitir el riego de socorro con recursos externos a la cuenca o que las tarifas del trasvase Tajo-Segura se realicen por metro cúbico de agua consumido.
Asimismo, ha repasado las principales propuestas del Manifiesto Levantino por el Agua, que pide garantizar la perdurabilidad del Acueducto Tajo-Segura, ampliar la capacidad de las desaladoras existentes, la ejecución de obras hidráulicas que garanticen el acceso al aguaen condiciones de igualdad e implementar una tarifa para regadío y hogares “justa y proporcionada” en toda España.
Con estas intervenciones ha finalizado una jornada que arrancó en Madrid en la plaza de Callao, el Cascorro y Lavapiés con el reparto de casi 30.000 kilogramos de frutas y hortalizas para sensibilizar a la población sobre el problema de falta de agua en Alicante, Almería y Murcia.
Posteriormente ha comenzado la manifestación en la Puerta de Alcalá, donde los asistentes han coreado en numerosas ocasiones la palabra “agua” y consignas como “los campos piden agua a gritos” o “se nota, se siente, el Levante está presente”.
Las “vuvuzelas”, una batucada o los silbatos que llevaban muchos manifestantes han puesto banda sonora al recorrido, mientras que el color lo daban múltiples pancartas que recogían el lema de la concentración: “En el Levante, sin agua: desierto y paro. ¡Defendamos la huerta de Europa!”.
El Gobierno considera que las principales peticiones realizadas por los regantes del sureste español son contrarias a las leyes vigentes y, por tanto, no se pueden aplicar en la práctica.
Después de la manifestación de agricultores celebrada este miércoles 7 en Madrid para pedir soluciones a la sequía que sufren Alicante, Almería y Murcia, fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente han defendido en declaraciones a Efeagro la gestión del Ejecutivo en materia de agua y han apuntado que varias de las medidas propuestas no se ajustan a la normativa de las leyes vigentes.
Han citado como ejemplo la solicitud de un riego de socorro, lo que implicaría autorizar un trasvase excepcional desde el Tajo que iría “contra la ley y el reglamento”.
En este sentido, han recordado que los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía almacenan un valor por debajo del establecido por la normativa que regula el régimen del Acueducto Tajo-Segura (ATS), que fue consensuado con las comunidades autónomas implicadas.
“Para modificar la ley se necesitaría aprobar otra, lo que requiere el apoyo de muchos grupos parlamentarios”, han argumentado.
Sobre favorecer las cesiones de derechos intercuencas, desde el Ministerio se han comprometido a “seguir autorizando” aquellas operaciones que se ajusten a derecho, pero han recordado que una mayor flexibilización exigiría modificar la Ley de Aguas y causar otros problemas, como la “mercantilización” del uso del agua.
Similar argumento utiliza el Ejecutivo para rechazar la declaración de obras de emergencia para la construcción de la red de colectores y la ampliación de la desalobradora del Mojón, ya que las soluciones a los problemas de los regantes deben abordarse respetando la política de “vertido cero” en el Mar Menor.
Por ello han abogado por comparar todas las alternativas disponibles, con sus respectivos beneficios y perjuicios tanto ambientales como socioeconómicos, antes de tomar una decisión. Además, estas mismas fuentes han recordado que cualquier proyecto de obra de emergencia que exigiera la exención del trámite ambiental debería ser autorizada por el consejo de ministros.
Han negado las críticas al “tasazo” del sector de los regantes y han incidido en que las tarifas aplicadas al trasvase Tajo-Segura se rigen por la Ley de Regulación del Régimen Económico de la Explotación del ATS y por una sentencia del Tribunal Supremo de 2014.
Asimismo, han recalcado que el Ejecutivo ya autorizó exenciones de cánones y tarifas a las cuencas del Duero, Júcar y Segura, con un ahorro para los regantes del ATS que estima en el entorno de los 35 millones de euros.
El Ministerio ha asegurado que pretende en 2018 “poner en marcha todas las baterías de pozos de sequía disponibles”, y ha destacado que ya ha aprobado invertir 10 millones de euros en los localizados en la Demarcación Hidrográfica del Segura para así extraer hasta 80 hectómetros cúbicos adicionales para el abastecimiento, el regadío y los caudales ambientales.
Acerca de la proposición de ampliar la máxima capacidad de las desaladoras, ha garantizado que las de Águilas, Valdelentisco y Torrevieja ya funcionan al 100 % de su capacidad, y en el caso de esta última ya se trabaja con Red Eléctrica Española para duplicarla de 40 hectómetros cúbicos al año hasta 80.
Estas mismas fuentes han defendido los esfuerzos del Ministerio para afrontar una sequía que se prolonga desde hace cinco años consecutivos, y han resaltado que las leyes vigentes colocan como prioritario garantizar el abastecimiento de agua a la población.
Además Hoy:
La ley que contiene diversas medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en varias cuencas hidrográficas, entre ellas, la del Segura, entre las que se encuentra la referida a la exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) Rústico, ha entrado este miércoles en vigor, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el mismo día que, por otro lado, está produciéndose una concentración en Madrid por parte de la inmensa mayoría de productores y regantes del Levante pidiendo agua y soluciones por el déficit hídrico.
El texto legislativo señala que se concede la exención de las cuotas del citado tributo correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018 y que afecten a fincas, viviendas, locales de trabajo y similares de naturaleza rústica de titularidad de agricultores y ganaderos afectados por la sequía.
SE CREARÁ UN FONDO EXTRAORDINARIO DE LUCHA CONTRA LA SEQUÍA
Y añade que aquellos agricultores que cumplan los requisitos exigidos para gozar de ese beneficio y que hubieran abonado ya el impuesto podrán pedir la devolución de lo ingresado.
Así mismo, se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para establecer una línea de préstamos de mediación por importe global de mil millones de euros, que podrá ser ampliada en función de la evaluación de los daños.
La ley contempla igualmente la creación de un fondo extraordinario de lucha contra la sequía.
Otro de los objetivos de la misma es paliar el desequilibrio económico producido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) y a los abastecimiento de la provincia de Almería en la parte que se suministran mediante el acueducto Tajo-Segura debido al uso de recursos no habituales, procedentes de pozos de sequía, contratos de cesión temporal de derecho y otros.
También se prevé la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.
Agroinformación.
 
- … …Todos los datos señalan el fuerte incremento de la demanda de los productos ecológicos, los productos bio, con crecimientos de dos dígitos, aunque también hay que tener en cuenta las cifras de las que se parte. Todas las encuestas hablan igualmente del acuerdo de los consumidores de seguir pagando la PAC a cambio de una oferta de productos seguros, saludables y de buena calidad.
El sector agrario puede producir todo ello con mejoras en materia de bienestar animal, medio ambiente, contaminación ambiental y del suelo, con el alargamiento de los periodos de cría más extensivos, pero también asumiendo el consumidor y las organizaciones que reclaman los cambios más radicales, que ello conlleva mayores costes y el riesgo de una reducción de la oferta y dependencia exterior. Por ello, por todo eso que lo rodea, las salidas solo podrían pasar por mantener reformado el actual modelo intensivo y aumentar una oferta más diferenciada en calidad y precio en función de la evolución de esa parte de la demanda. No podemos ser todos camperos, ni cosechar cuatro kilos de melocotón cada árbol o por mata de tomates.
Equilibrio entre calidad y precio siempre con la seguridad alimentaria en la base. Y la gran distribución lo sabe mejor que nadie por el “máster” que tienen en sus marcas blancas, donde todo es lo justo… justo.
Vidal Maté
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