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Semana del 6 al 13 de junio de 2021.

Los problemas se acumulan

Siguen los problemas derivados de la escasez de agua para contentar a todos los regantes levantinos a costa del Tajo que, desde hace ya demasiado tiempo, es ciertamente escasa para cubrir las necesidades de todos los demandantes.

Actualizado 17 junio 2021  
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Redacción Agrolibre
  
Es un tema demasiado conocido por todos desde hace ya décadas, tema que pudo y debió resolverse, en su momento, de forma definitiva con el trasvase del Ebro, (subvencionado incluso por la UE con 7.000 millones de euros), pero que, la intransigencia del socialista Zapatero y las exigencias de los separatistas catalanes dejó sin realizar. En su momento, la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, mujer por cierto del “abengoizado” Borrel, decidió resolver el problema con las “desaladoras” del Plan Agua. 
Y décadas después, la hooligan Ribera que padecemos, dice encontrar la solución a los eternos problemas del regadío levantino, a la manera de su antecesora y jefa Narbona, con la “desaladora” de Torrevieja. 
¡Pues muy bien, no… …! y Planas que dice… …

Comentarios.
Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, el Pacto Verde de la Unión Europea y sus derivadas, van a suponerque, para 2030 la producción agrícola europea caiga un 12%, y los ingresos de las explotaciones agropecuarias un 16%. Y con ello no solo debilitará su competitividad en los mercados nacionales y de exportación, sino que también se mermará el bienestar y la seguridad alimentaria mundial en caso de adoptarse fuera de la UE. 
¡Pues que bien, no… …! Y Planas qué dice… …

Varios agricultores y ganaderos que solicitaron una ayuda a la creación de empresas agrarias a jóvenes agricultores en el año 2016 se han puesto en contacto con COAG Asturias para ponerle de manifiesto que habían recibido una notificación de la Agencia Tributaria del Trámite de Alegaciones y Propuesta de Liquidación Provisional del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Estás liquidaciones provisionales tienen un doble objeto, en primer lugar, aumentar la base imponible del impuesto en el sentido de incluir la totalidad de la ayuda percibida (25.000 euros), en vez de los (17.500 euros) declarados por los citados jóvenes. Esa modificación de la base imponible se basa en un criterio de la Agencia Tributaria de que deben incluirse en la precitada base imponible la totalidad de la subvención concedida y no la cantidad realmente percibida, que son los 17.500 euros declarados.
En segundo lugar, la Agencia Tributaria considera errónea la aplicación de los signos, índices o módulos en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los agricultores y ganaderos afectados. Estos aplicaron en el caso de ganaderos de carne el 9% y en el caso de los ganaderos de leche el 20%. Pues bien, Hacienda considera que el índice aplicable sería el 56%, en base a que la ayuda percibida para la incorporación a la actividad es una ayuda desacoplada a la producción y que el perceptor de la ayuda directa no haya obtenido ingresos por actividades agrícolas y ganaderas.
¡Pues que bien, no… …! Y Planas que dice… …

Cómo puede permitirse, sin tomar ninguna medida de defensa de los cítricos europeos, españoles fundamentalmente, que las importaciones de cítricos sudafricanos a la UE se hayan incrementado un 30% respecto de la media de las cinco últimas campañas. En naranjas, alcanzan el 50% del millón de toneladas extracomunitarias y en pequeños cítricos, durante 2020 superaron las 180.000 toneladas (36% del total importado). Asimismo, el potencial productivo de Sudáfrica está teniendo un crecimiento exponencial: durante el periodo 2012-17 plantó más de 10 millones de plantas de variedades tardías de pequeños cítricos y más de 4 millones de plantas de naranjas tardías.
O en la misma linea anterior cómo es posible, Planas donde estás y a qué te dedicas, la entrada en la Unión Europea (UE) de aguacates ecológicos procedentes de Marruecos con residuos de Clorpirifos, una sustancia fitosanitaria cuyo uso está prohibido por la peligrosidad que entraña para la salud humana. Hace días se interceptaron por parte de las autoridades de los Países Bajos –comunicada al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos–  una muestra de la mencionada fruta foránea con una proporción de 0,29 miligramos/kilo, cuando su Límite Máximo de Residuos (LMR) está fijado en el mínimo detectable en laboratorio, 0,01 mg/kg. Estos aguacates tenían como destino a mercados de Países Bajos, España, Alemania y Austria.
Y… … ¡es que nadie va a condenar nada! 

Ante la falta de respuesta a la petición de retirada del proyecto de orden que incluye al lobo en el listado de especies de Protección Especial (LESPRE) y su actitud soberbia y autoritaria es el momento de la defensa de la ganadería extensiva y del control y regulación estricta del lobo, manteniendo su estatus como especie cinegética al norte del Duero. COAG entiende que no deben mezclarse la defensa de estos objetivos con otras causas que distorsionan las reivindicaciones del sector, por lo que propondrá un nuevo calendario de movilizaciones, bajo la unidad de acción de las tres organizaciones agrarias, en las CC.AA más afectadas por los ataques del lobo a la ganadería. Es el momento de la defensa de la ganadería extensiva y del control y regulación estricto del lobo, manteniendo su estatus como especie cinegética al norte del Duero. COAG entiende que no debe mezclarse la defensa de estos objetivos con otras causas que distorsionan las reivindicaciones del sector.
Y Planas qué dice… …


Terminemos hoy con la reproducción prácticamente total del magnífico artículo de Fernando del Pino Calvo Sotelo, publicado en Expansión, sobre la tracción eléctrica. ¿Qué puede ocurrir en la maquinaria agrícola si se suspenden las utilizaciones de gasoil y gasolina? Lean y mediten sobre una de las mayores Fake´s que hoy están tan extendidas en nuestro mundo. 
“El mito de que el futuro pertenece a los coches eléctricos es una de las ideas equivocadas de la era moderna energética”. 
… …La nueva dictadura climática quiere obligarnos a comprar vehículos que no sólo son más caros, sino que poseen características que hoy, al igual que hace un siglo, plantean desafíos que los hace inferiores a los de combustión interna. 
En primer lugar, los coches eléctricos tienen de media una autonomía de 300 km, grosso modo, la mitad que los vehículos tradicionales. Aunque en el futuro se espera que ésta aumente, el enorme peso de las baterías es un lastre estructural (un coche eléctrico pesa un 50% más que el equivalente de gasolina), y sus dimensiones reducen el volumen del maletero. La autonomía real es siempre inferior a la publicitada y produce la llamada “range anxiety” (ansiedad de autonomía) causada por la imposibilidad física de repostar en tiempos razonables y por la inexistencia de suficientes puntos de recarga, lo que impide viajar con tranquilidad... …
En segundo lugar, y al contrario que los coches tradicionales, el coche eléctrico tiene fecha de caducidad. En efecto, la vida útil de las baterías puede rondar los 150.000 km según el número teórico de ciclos de recarga, pero puede ser inferior dependiendo de la temperatura exterior, del régimen de uso y del régimen de recarga… …
En tercer lugar, existen cuestiones medioambientales sin resolver alrededor de las baterías de litio (aunque los ecologistas selectivos callen como muertos) y su intensivo uso de cobalto conlleva serios interrogantes éticos, pues la extracción de este mineral está ligada a la explotación infantil y abusos de derechos humanos en la República del Congo, donde se concentra el 70% de producción y el 50% de las reservas mundiales. Estas minas, por cierto, se encuentran fundamentalmente en manos chinas… …
En cuarto lugar, un parque automovilístico de coches eléctricos aumentaría significativamente la demanda de electricidad, exigiendo un aumento de la capacidad de generación del sistema de entre el 15 y el 25%, tema del que apenas se habla y que requeriría enormes volúmenes de inversión. Por si fuera poco, esta ley apunta a una generación basada casi enteramente en energías intermitentes, ineficientes y caras como la eólica y la fotovoltaica que no generan electricidad de noche, justo cuando la mayoría de los coches eléctricos de uso privado estarían recargándose… … 
Por último, una migración masiva del parque automovilístico privado hacia el coche eléctrico apenas reduciría el CO2 atmosférico, para frustración de los creyentes en la religión climática. Existen dos razones:
. La primera es que la fabricación de coches eléctricos es mucho más intensiva en uso de CO2 que la de coches de combustión interna tanto por las baterías como por su mayor uso de acero y aluminio. Antes de salir del concesionario y recorrer un solo kilómetro, un coche eléctrico ya ha producido entre un 20 y un 50% más CO2 que un coche diésel o gasolina. 
. La segunda razón es que la electricidad que consume un coche eléctrico procede en gran medida de energías primarias que emiten CO2 (como las centrales térmicas de combustibles fósiles) o han emitido CO2 en su fabricación (como las eólicas o fotovoltaicas), por lo que la reducción real de emisiones es mucho menor de lo que la propaganda hace creer. En efecto, el carácter “verde” del vehículo eléctrico depende de que la generación eléctrica provenga de fuentes no emisoras de CO2. Esto es una absoluta quimera, pues la intermitencia de las “renovables” exige necesariamente sobredimensionar el sistema para contar con el respaldo de fuentes de energía tradicionales, un coche eléctrico tendría que circular hoy hasta 200.000 km para empezar a suponer una reducción de emisiones de CO2 respecto a vehículos diésel o gasolina con igual kilometraje, aunque el rango depende de las fuentes de generación eléctrica. Por todo ello, y dado que el transporte por carretera de vehículos privados supone menos de un 10% del total de emisiones mundiales de CO2, distintos estudios concluyen que una flota automovilística 100% eléctrica reduciría el CO2 entre un 0 y un 5%. Para este viaje no necesitamos alforjas.
La ley de cambio climático encarecerá significativamente la factura eléctrica y también la compra de vehículos, tanto por su coste de construcción y menor vida útil, como por la ampliación del sistema eléctrico necesario para alimentarlos, como por el previsible aumento de impuestos con que se les gravaría (¿o creen ustedes que el Estado renunciará alegremente a los ingresos del impuesto sobre hidrocarburos?), y todo ello para apenas disminuir las emisiones de CO2.
“Los inteligentes deliberan y los necios deciden”, escribía Anacarsis en el 600 a.C. Redactada en ciega obediencia a intereses mundialistas y aprobada en ese mar de ignorancia en que chapotean felices nuestros legisladores, esta ley, como Cartago, debe ser destruida hasta los cimientos. “

Noticias. 
-El apoyo del Consejo Nacional del Agua a la propuesta presentada por el Miteco para recortar el caudal del trasvase Tajo-Segura ha reavivado la guerra del agua que desde hace tiempo se libra entre las autonomías afectadas y el Gobierno central. La decisión ha levantado ampollas entre los regantes y agricultores de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, que desde hace 42 años reciben agua a través de este sistema.
Castilla-La Mancha, por su parte, pide el cierre total o que, al menos, se aumenten los caudales ecológicos del Tajo, una medida que mermaría las reservas de agua para trasvasar.
La modificación de las reglas del trasvase pretende reducir el caudal máximo desembalsado en nivel 2 de 38 a 23 hectómetros cúbicos mensuales con el objetivo de “hacer un uso mucho más inteligente del recurso”, según ha declarado Teresa Ribera. La ministra de Transición Ecológica apuesta por suplir el aporte de agua a través de la desalinización y recuerda la “importante inversión” que se ha realizado recientemente en este ámbito. “La desalinizadora de Torrevieja tiene ahora una capacidad para desalar de 80 hm3 de agua, que es exactamente el mismo volumen que se transfiere al año a través del trasvase Tajo Segura a la provincia de Alicante”, afirma.
Los regantes levantinos, sin embargo, alegan que esos recortes significarán el “adiós a la huerta de Europa”, donde se cultiva el 44% de las frutas y hortalizas que se producen en España y que van a parar también a otros países.
También se niegan a aceptar que el agua desalada sustituya a la procedente del trasvase argumentando que el proceso de tratamiento al que es sometida el agua del mar hace que se reduzcan los minerales y eleva la composición de boro, un componente que resulta perjudicial para las cosechas y, especialmente, para los cítricos, uno de los cultivos con mayor implantación en las zonas regadas por el trasvase.
La utilización de agua desalada, además, presenta importantes problemas desde el punto de vista de las infraestructuras. “La desalación no está conectada con las redes de distribución del trasvase”, señala el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez. Y añade: “a día de hoy no existe distribución ni conducciones que saquen el agua de la desalación del entorno en el que está”.
Asimismo, la comunidad de regantes advierte de los perjuicios ambientales y climáticos que tendría utilizar agua desalada. Según el reciente informe Balance de carbono de las zonas regables del Trasvase Tajo-Segura elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena, los cultivos regados por el trasvase cumplen una importante función en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El estudio calcula la huella de carbono de los regadíos asociados al trasvase cuantificando su balance de carbono como diferencia entre las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades agrícolas desarrolladas y la remoción de CO2 asociada a los cultivos de la zona regable. También analiza el impacto en la huella de carbono de distintos escenarios de sustitución de las aguas del trasvase por agua marina desalinizada.
“Los resultados globales para un escenario sin aportaciones de agua marina desalinizada indican que los regadíos del trasvase Tajo-Segura representan un importante sumidero de carbono, alcanzando una cifra superior a 1,2 millones de toneladas de CO2 al año, lo que equivale a las emisiones anuales generadas por 161.078 personas en nuestro país”, destacó el catedrático Victoriano Martínez durante la presentación del documento.
Los resultados del balance de carbono por cultivos muestran que cuando no se aplica agua marina desalinizada, los cultivos analizados son sumideros de CO2, siendo en conjunto los cultivos leñosos nueve veces más eficientes que los cultivos hortícolas. “Sin embargo, en el hipotético escenario de sustitución total de agua procedente del trasvase por agua marina desalinizada, todos los cultivos hortícolas se convierten en fuente de CO2”, explicó Bernardo Martin.
El Economista.es.




-La agricultura está en el punto de mira del Pacto Verde de la Unión Europea. Dos estrategias comunitarias pretenden decir adiós a los fitosanitarios para plantar cara a la emergencia climática, haciendo de la producción ecológica el estandarte del continente en la próxima década. Pero las buenas intenciones sobre el papel tienen un alto precio.
Mayor sostenibilidad ambiental, económica y social para conseguir un sistema alimentario europeo resiliente. Este es el objetivo de la Unión Europea para afrontar la crisis alimentaria que podría derivarse de la emergencia climática, y que ha recobrado nueva fuerza en la pandemia ante la urgencia de garantizar los suministros propios en una situación forzosa de fronteras cerradas. Para alcanzarlo, la Europa del Green Deal aspira a transformar el sistema de producción de alimentos con una receta que afecta al campo y al paisaje europeo.
Entre otras medidas, Bruselas se propone disminuir para el conjunto de la Unión un 50% el uso de productos fitosanitarios, reducir al menos un 20% el de fertilizantes, recortar un 50% las ventas de los antimicrobianos empleados en la ganadería y la acuicultura, y alcanzar un 25% de tierras dedicadas a la agricultura ecológica, además de transformar, como mínimo, el 30% de las tierras y mares de Europa en zonas protegidas y retornar la biodiversidad al menos en el 10% de la superficie agrícola. Pero otra cosa es cómo materializar que la buena voluntad de la receta planteada por Europa compatibilice la agricultura de cero emisiones y sin fitosanitarios con la productividad y rentabilidad de los cultivos frente a la competencia exterior, libre de las exigencias ambientales del continente. 
En noviembre de 2020, los servicios de prospección económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) emitieron un informe nada halagüeño sobre los efectos en la economía y en la seguridad alimentaria a raíz de la reducción de los insumos agrícolas en el marco de las estrategias De la granja a la mesa y Biodiversidad 2030, las bases del plan decenal del Pacto Verde Europeo dado a conocer en mayo. En el escenario que traza la USDA alarman tanto del aumento de los precios, que repercutiría en los bolsillos de los consumidores, como la reducción del comercio y del producto interno bruto (PIB) de la UE, con una pérdida de cerca de sesenta millones de euros.
Las conclusiones prevén que, de aplicarse las restricciones, para 2030 la producción agrícola europea caerá un 12%, y los ingresos de las explotaciones agropecuarias un 16%. Y con ello no solo debilitará su competitividad en los mercados nacionales y de exportación, también mermará el bienestar y la inseguridad alimentaria mundial en caso de adoptarse fuera de la UE. 
Agrupaciones como la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han reprochado a las autoridades europeas que el Departamento de Estados Unidos haya sido el primero en publicar un análisis de impacto. También ha sido diana de críticas debido a que las estrategias europeas no se hayan acompañado de estudios técnicos de la Comisión que avalasen la idoneidad y viabilidad de los objetivos propuestos. 
Los retos que plantea Europa no son nuevos. Pocos agricultores olvidan que en 2009 se aprobó el Paquete Fitosanitario Europeo, el reglamento de uso y comercialización de estos productos que el sector agrícola ha ido aplicando hasta hacer de la agricultura europea la más sostenible, ética y segura del planeta con la salud humana y el medio ambiente, acorde también a las normas más estrictas del mundo. Por eso, las nuevas estrategias no gustan a ninguna de las mayores organizaciones agrarias valencianas, incluso entre quienes habían apostado por la producción ecológica. 
K.Suleng. Plaza




-Las medidas para hacer frente al deterioro ambiental "ya no son suficientes", por lo que se precisa "mayor esfuerzo" y "mejor gestión" según expertos consultados por Efe con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio desde 1974 y que, este año, da paso al Decenio de la ONU (2021-2030) para la Restauración de Ecosistemas.
Esta iniciativa de las Naciones Unidas tiene por objeto prevenir, detener y revertir la degradación de bosques, montañas, océanos, tierras agrícolas y demás ecosistemas del planeta, agrupando sus trabajos en el concepto de "restauración" de estos hábitats ante el progresivo menoscabo en la conservación de muchos de ellos.
"Necesitamos más medidas y acompañadas de un cambio del modelo de producción y consumo de energía diario", ha insistido el director de Conservación de WWF España, Enrique Segovia, quien diferencia entre "restauración activa" y "pasiva" según se permita a la Naturaleza regenerarse por sí misma o se actúe para eliminar los impactos perjudiciales sobre el ecosistema.
Un buen manejo combinado de ambas "debe servir para que restauremos un 15 % de la superficie terrestre y marina de nuestro país".
En estas intervenciones es preciso incluir a las ciudades como un ecosistema en sí mismas, según la portavoz de Greenpace España Sara García, pues "más de la mitad de la población mundial vive en ellas" aunque son un hábitat "muy mejorable" ya que "emiten el 70 % de los gases de efecto invernadero del mundo y consumen dos tercios de los recursos del planeta".
Además, su urbanismo "está concebido para los desplazamientos y no para las personas" por lo que en casos como el de Madrid "el 65 % del espacio público lo ocupa el coche, entre aparcamientos y calzadas", cuando sería preferible un "urbanismo táctico" basado entre otros factores en el transporte público, la peatonalización y la construcción de parques, además de potenciar el pequeño comercio de proximidad, las energías sostenibles y una mayor inversión, vía fondos europeos, para cumplir los objetivos medioambientales en 2030.
Más allá de las grandes urbes, las explotaciones agrícolas y ganaderas también configuran ecosistemas basados en la intervención humana y su orientación hacia la sostenibilidad es "prioritaria", especialmente teniendo en cuenta la creciente despoblación de las áreas rurales, según la responsable de programas de Conservación de SEO/BirdLife, Ana Carricondo.
La agricultura intensiva o el exceso de monocultivos y purines son ejemplos de impactos contaminantes con pérdida asociada de biodiversidad, por lo que Carricondo recomienda emplear la Política Agrícola Común para "fomentar modelos más sostenibles" y alcanzar realmente el 10 % de incremento de la biodiversidad en espacios agrarios que marca la estrategia europea 'De la granja a la mesa'.
Respecto a los ecosistemas forestales, también relacionados con el mundo rural y seriamente amenazados por los incendios, también son necesarias las labores de restauración como las que llevan a cabo Amigos de la Tierra en la localidad gallega de Melón, que sufrió junto a "media Galicia" los grandes siniestros de octubre de 2017, según recuerda la activista y portavoz de esta ONG María del Carmen Álvarez.
Estos trabajos no sólo incluyen la plantación de especies para suplir "la gran cantidad de bosque autóctono" que ardió sino, previamente, la retención del suelo además de numerosas labores de limpieza.
En lo referente a espacios marinos, el director de Investigación y Proyectos de Oceana en Europa, Ricardo Aguilar, ha denunciado que la protección europea para estas áreas "sólo está declarada sobre el papel, puesto que no se lleva a la práctica" y eso significa que "los ecosistemas marinos europeos siguen destruyéndose".
El informe de la ONG titulado 'Unmanaged=Unprotected' (No gestionado=Desprotegido) afirma que existen 3.449 áreas europeas amenazadas por la pesca a la vez que están oficialmente protegidas por la Red Natura 2000 y señala además a España como el país que permite la pesca en más zonas protegidas: 157 de las 308 existentes.
La restauración posee un coste "en algunos casos hasta 500 veces superior" a la conservación y ha planteado la necesidad de detectar los lugares "que de manera natural se pueden regenerar, para protegerlos y darles la oportunidad de que se recuperen". EFE.
COPE.



-Varios agricultores y ganaderos que solicitaron una ayuda a la creación de empresas agrarias a jóvenes agricultores en el año 2016 se han puesto en contacto con COAG Asturias para ponerle de manifiesto que habían recibido una notificación de la Agencia Tributaria del Trámite de Alegaciones y Propuesta de Liquidación Provisional del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
Estás liquidaciones provisionales tienen un doble objeto, en primer lugar, aumentar la base imponible del impuesto en el sentido de incluir la totalidad de la ayuda percibida (25.000 euros), en vez de los (17.500 euros) declarados por los citados jóvenes. Esa modificación de la base imponible se basa en un criterio de la Agencia Tributaria de que deben incluirse en la precitada base imponible la totalidad de la subvención concedida y no la cantidad realmente percibida, que son los 17.500 euros declarados.
En segundo lugar, la Agencia Tributaria considera errónea la aplicación de los signos, índices o módulos en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los agricultores y ganaderos afectados. Estos aplicaron en el caso de ganaderos de carne el 9% y en el caso de los ganaderos de leche el 20%. Pues bien, Hacienda considera que el índice aplicable sería el 56%, en base a que la ayuda percibida para la incorporación a la actividad es una ayuda desacoplada a la producción y que el perceptor de la ayuda directa no haya obtenido ingresos por actividades agrícolas y ganaderas.
Desde el Servicio Técnico de COAG-Asturias se asesorará a los jóvenes agricultores y ganaderos afectados porque consideran que la Agencia Tributaria no está dando un tratamiento correcto a la naturaleza de la ayuda. Respecto a los efectos económicos que tiene para cada uno de los afectados la liquidación pretendida por la Agencia Tributaria, son muy dispares y dependen de la situación personal de cada uno.
Agronews.



-La Comisión Europea ha propuesto este martes un presupuesto anual para el conjunto de la Unión por valor de 167.800 millones de euros para 2022, que se complementará con unos 143.500 millones de euros en concepto de subvenciones con cargo a NextGenerationEU. Su capacidad combinada movilizará inversiones considerables para impulsar la recuperación económica, mejorar la sostenibilidad y crear empleo. Dará prioridad al gasto ecológico y digital para que Europa se adapte al futuro y sea más resiliente.
El comisario Johannes Hahn responsable del Presupuesto de la UE, ha declarado que esta propuesta presupuestaria supone “un apoyo financiero sin precedentes para consolidar la recuperación de Europa de las crisis sanitaria y económica. Ayudaremos a las personas, empresas y regiones más afectadas por la pandemia. Invertiremos en la resiliencia de Europa y en su modernización a través de las transiciones ecológica y digital. Nuestras principales prioridades son conseguir que Europa retome su camino, acelerar su recuperación y prepararla para el futuro”.
El proyecto de presupuesto para 2022, dinamizado por NextGenerationEU, destina los fondos allí donde pueden ser más útiles, en consonancia con las necesidades de recuperación más cruciales de los Estados miembros de la UE. La financiación contribuirá a reconstruir y modernizar la Unión Europea, impulsando las transiciones ecológica y digital, creando empleo y reforzando el papel de Europa en el mundo.
El presupuesto refleja las prioridades de la UE, que están encaminadas a lograr una recuperación sostenible. Para ello, la Comisión propone asignar (en créditos de compromiso) 118.400 millones de euros en concepto de subvenciones de NextGenerationEU con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para mitigar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus y hacer que las economías y sociedades de la UE sean más sostenibles y resilientes, y estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica y digital.
La propuesta inicial de la Comisión establece una dotación de 1.900 millones de euros para medio ambiente y acción por el clima, que podría ampliarse con 4.300 millones de euros adicionales con cargo a NextGenerationEU
Así la propuesta inicial de la Comisión establece una dotación de 1.900 millones de euros para medio ambiente y acción por el clima, de los cuales 708 millones de euros para el programa LIFE a fin de sostener la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, y 1.200 millones de euros para el Fondo de Transición Justa para velar por que la transición ecológica funcione para todos. El Fondo de Transición Justa podría recibir 4.300 millones de euros adicionales con cargo a NextGenerationEU.
Las propuestas se articulan en torno a cuatro pilares: transición digital, transición ecológica, cohesión territorial e igualdad.
El proyecto de presupuestos comunitarios para 2022 destina 53.000 millones de euros a la política agrícola común y 972 millones de euros al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, para los agricultores y pescadores europeos, y también para reforzar la resiliencia de los sectores agroalimentario y pesquero y facilitar el margen necesario para gestionar las crisis. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) podría recibir 5.700 millones de euros adicionales con cargo a NextGenerationEU.
La Comisión prevé destinar 36.500 millones de euros para el desarrollo regional y la cohesión, reforzados mediante 10.800 millones de euros con cargo a NextGenerationEU en el marco de REACT-UE para apoyar la respuesta a las crisis y su reparación.
Con vista a la cooperación internacional la CE contempla una partida de 14.800 millones de euros para apoyar a los socios e intereses en el mundo, de los cuales 12.500 millones de euros con cargo al Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional – Una Europa Global (IVDCI – Europa Global), y 1.600 millones de euros para Ayuda Humanitaria (HUMA).
La innovación tendrá una dotación inicial de 13.100 millones de euros, también para investigación, de los cuales 12.200 millones de euros se destinan a Horizonte Europa, el programa emblemático de investigación de la UE. Podría recibir 1.800 millones de euros adicionales con cargo a NextGenerationEU.
Los presupuestos para el año que viene recogen otra partida de 5.500 millones de euros para inversiones estratégicas europeas, de los cuales 1.200 millones de euros para InvestEU para prioridades clave (investigación e innovación, doble transición ecológica y digital, sector sanitario y tecnologías estratégicas), 2.800 millones de euros para el Mecanismo «Conectar Europa» a fin de mejorar las infraestructuras transfronterizas, y 1.200 millones de euros para el programa Europa Digital para configurar el futuro digital de la Unión. InvestEU podría recibir 1800 millones de euros adicionales con cargo a NextGenerationEU.
La cultura contará con una dotación de 4.700 millones de euros para las personas, la cohesión social y los valores, de los cuales 3.400 millones euros para Erasmus+ a fin de brindar oportunidades de educación y movilidad a las personas, 401 millones de euros para apoyar a artistas y creadores en toda Europa, y 250 millones euros para promover la justicia, los derechos y los valores.
Otros 2.100 millones de euros para gastos dedicados al espacio, principalmente para el Programa Espacial Europeo, que aglutinará la actuación de la Unión en este ámbito estratégico.
El proyecto de presupuesto para 2022 forma parte del presupuesto a largo plazo de la Unión adoptado a finales de 2020 y persigue convertir sus prioridades en resultados anuales. Por lo tanto, una parte significativa de los fondos se dedicará al clima, en consonancia con el objetivo de destinar el 30% del presupuesto a largo plazo y del instrumento de recuperación NextGenerationEU a esta prioridad política.
El proyecto comunitario para 2022 comprende gastos con cargo a NextGenerationEU, que se financiarán mediante préstamos obtenidos en los mercados de capitales, y gastos cubiertos por los créditos correspondientes a los límites máximos del presupuesto a largo plazo, que se financian con los recursos propios.
En el caso de estos últimos, en el proyecto de presupuesto se proponen dos importes para cada programa: créditos de compromiso y créditos de pago. Los «créditos de compromiso» hacen referencia a la financiación que puede acordarse en contratos en un año determinado; los «créditos de pago» son el dinero realmente desembolsado. Así, el presupuesto de la UE para 2022 se eleva a 167.800 millones de euros en créditos de compromiso y a 169.400 millones de euros en créditos de pago. Todas las cantidades se expresan en precios corrientes.
Con un presupuesto de 807.000 millones de euros a precios corrientes, NextGenerationEU contribuirá a reparar el daño económico y social inmediato causado por la pandemia de coronavirus y a preparar a la UE para el futuro.
El AGORA.



-Los principales representantes del sector citrícola de España, Italia, Francia y Portugal han consensuado, durante el Grupo de Contacto de Cítricos celebrado hoy de manera telemática, una posición común para solicitar a los respectivos Ministerios de Agricultura de los citados Estados miembro que defiendan en el seno de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo la puesta en marcha de una investigación exhaustiva y objetiva ante la revisión del acuerdo comercial suscrito con Sudáfrica que tendrá lugar el próximo mes de octubre, coincidiendo con los cinco años de su entrada en vigor.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), que ha participado como miembro de ASAJA, ha defendido la necesidad de acometer esta investigación comunitaria tras trasladar a este foro citrícola su estudio sobre el impacto del mencionado tratado. AVA-ASAJA advierte de que las importaciones de cítricos sudafricanos a la UE se han incrementado un 30% respecto de la media de las cinco últimas campañas. En naranjas, alcanzan el 50% del millón de toneladas extracomunitarias y en pequeños cítricos, durante 2020 superaron las 180.000 toneladas (36% del total importado). Asimismo, el potencial productivo de Sudáfrica está teniendo un crecimiento exponencial: durante el periodo 2012-17 plantó más de 10 millones de plantas de variedades tardías de pequeños cítricos y más de 4 millones de plantas de naranjas tardías.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, aseguró que “la situación del sector citrícola en 2016, cuando se firmó el acuerdo con Sudáfrica, ha cambiado de forma radical, por las mayores ventajas comerciales y fitosanitarias que dispone este país tercero. Bruselas ha fomentado una escandalosa sustitución de nuestras variedades tempranas y extratempranas de pequeños cítricos (oronules, Marisol, arrufatina…) y de naranjas tempranas (Navelina). Ya está sucediendo en España, pero en pocos años alcanzará a Italia y al resto de países productores. Además del daño comercial, la UE ha elevado a niveles intolerables el riesgo de entrada de plagas y enfermedades, como la mancha negra o la falsa polilla, esta última debido a la no obligación de realizar un tratamiento en frío durante el transporte de los envíos citrícolas sudafricanos”.
Por ello, Aguado considera que “la Comisión y el Parlamento Europeos tienen muchos argumentos para iniciar una investigación y establecer medidas correctoras a fin de garantizar que este acuerdo comercial, como debería ocurrir en todos los firmados con países terceros, se limita a complementar la producción europea y no a sustituirla, cumpliendo en todo momento una reciprocidad en materia fitosanitaria, laboral, social y medioambiental que evite la competencia desleal y la entrada de plagas y enfermedades que pueden poner en peligro nuestros cultivos”.

 La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) califica de “escándalo y estafa” la entrada a la Unión Europea (UE) de aguacates ecológicos procedentes de Marruecos con residuos de Clorpirifos, una sustancia fitosanitaria cuyo uso está prohibido por la peligrosidad que entraña para la salud humana.
La organización agraria se hace eco así de la interceptación por parte de las autoridades de los Países Bajos –comunicada al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos– de una muestra de la mencionada fruta foránea con una proporción de 0,29 miligramos/kilo, cuando su Límite Máximo de Residuos (LMR) está fijado en el mínimo detectable en laboratorio, 0,01 mg/kg. Estos aguacates tenían como destino a mercados de Países Bajos, España, Alemania y Austria.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, alerta de “la especial gravedad que comporta esta nueva detección en importaciones agrícolas porque estamos hablando, no solo de la presencia de una dosis tremendamente alta de una materia suprimida hace más de un año, sino también de un producto agrario que se vende como ecológico y, por tanto, no debería tener residuos de ninguna sustancia sintética. Si tenemos en cuenta que los puntos de entrada inspeccionan menos del 10% de los cargamentos que nos llegan, esto quiere decir que hay ahora mismo aguacates de Marruecos sin las debidas garantías sanitarias. Es una estafa a todos los niveles, tanto para los productores, al tratarse de una competencia desleal, como para los consumidores, que son el objeto del engaño”.
AVA-ASAJA reclama a la Comisión Europea que castigue duramente, a través de medidas cautelares que vayan más allá de la destrucción de los lotes detectados, a aquellos países terceros que incumplen sistemáticamente los mismos estándares que se exigen a los productores europeos en uso de materias activas fitosanitarias. Para Aguado, “Bruselas está tendiendo una alfombra roja a los países foráneos sin reciprocidad y sin importarle lo más mínimo si con ello nos desplazan de nuestro propio mercado. La UE debería reconsiderar su noción mal entendida de la globalización y dejar de primar la ley de la selva. Queremos, necesitamos unos controles fitosanitarios rigurosos. Queremos, necesitamos unos tratados con estudio de impacto, reciprocidad y cumplimento estricto de las condiciones estipuladas. Queremos, necesitamos una UE que proteja a sus agricultores y no expulse a los jóvenes del campo”.
AVA-ASAJA



-Ante la falta de respuesta a la petición de retirada del proyecto de orden que incluye al lobo en el listado de especies de Protección Especial (LESPRE) y su actitud soberbia y autoritaria es el momento de la defensa de la ganadería extensiva y del control y regulación estricta del lobo, manteniendo su estatus como especie cinegética al norte del Duero. Esta organización entiende que no deben mezclarse la defensa de estos objetivos con otras causas que distorsionan las reivindicaciones del sector. COAG propondrá un nuevo calendario de movilizaciones, bajo la unidad de acción de las tres organizaciones agrarias, en las CC.AA más afectadas por los ataques del lobo a la ganadería.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) pide la dimisión inmediata de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ante la callada por respuesta a la petición de los ganaderos para que retire el proyecto de orden ministerial por el que se incluye al lobo en el listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE).
Ayer acabó el plazo dado por las organizaciones de ganaderos. La sorprendente publicación del proyecto de orden en cuestión supone liquidar el marco de negociación abierto para buscar el consenso. Con este movimiento, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico incumple de forma unilateral lo expuesto a las organizaciones agrarias en la reunión del 12 de mayo, en la que el Director de Biodiversidad del MITECO afirmó que se vincularía la aprobación de esta orden a una estrategia integral de gestión y control del lobo consensuada previamente con ganaderos y CC.AA. En este sentido, COAG rechazan frontalmente la fecha del 25 de septiembre como límite de entrada del Lobo en el LESPRE.
La inclusión o no del lobo en el LESPRE sólo puede ser el resultado o conclusión a partir de la elaboración de una Estrategia de Conservación del lobo y una normativa que de seguridad jurídica. Existe de nuevo una contradicción por parte del MITECO si sigue adelante con la publicación de esta orden, ya que no es posible abordar de forma efectiva una Estrategia de Conservación del lobo si no hay una visión integral de la situación. Es necesario que, una vez que haya sido consensuada la Estrategia, se adopten las medidas necesarias para clasificar al lobo donde sea más adecuado para su conservación sin menoscabar ni poner en peligro a la actividad ganadera.
La intención y celeridad en publicar esta orden ministerial solo puede indicar que el objetivo único del MITECO es el de la expansión del lobo en el territorio, ignorando las consecuencias que esto tendrá para la ganadería extensiva y para el medio rural. Antes de realizar actuaciones dirigidas a la expansión y aumento en el número de lobos es necesario analizar el actual número de manadas y ejemplares que existen y debatir las medidas más adecuadas y efectivas que faciliten la coexistencia del lobo con la ganadería: control poblacional, ayudas para implementar medidas de prevención y compensaciones públicas frente a los daños.
Es el momento de la defensa de la ganadería extensiva y del control y regulación estricto del lobo, manteniendo su estatus como especie cinegética al norte del Duero. COAG entiende que no debe mezclarse la defensa de estos objetivos con otras causas que distorsionan las reivindicaciones del sector. En este sentido, COAG propondrá un nuevo calendario de movilizaciones, bajo la unidad de acción de las tres organizaciones agrarias, en las CC.AA más afectadas por los ataques del lobo a la ganadería.
COAG.




-El Observatorio de la Cadena Alimentaria, organismo bajo el auspicio del Ministerio de Agricultura en el que participa UPA, ha aprobado hoy el estudio de la cadena de valor del aceite de oliva virgen extra, con datos de las últimas dos campañas. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos han calificado de "hito" este informe y han confiado en que sea una "herramienta fundamental" para que los olivareros logren precios justos por su trabajo.
El responsable de Olivar de UPA y secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, ha señalado que el informe prueba que “es posible” comercializar aceite de oliva virgen extra por encima de los costes de producción en el olivar tradicional. El estudio es una demostración de que todos los eslabones de la cadena pueden “avanzar juntos”.
Ventas a pérdidas en el olivar
El estudio demuestra que la cadena de valor del aceite sufre de graves desequilibrios: El eslabón inicial, la producción de las aceitunas, genera alrededor del 70% del valor total de la cadena, y sin embargo solo recibe el 59% del precio total, lo que supone trabajar a pérdidas si se analizan las dos campañas objeto del estudio (2018/19 y 2019/20) años en conjunto. No obstante, como hemos aportado en el seno del grupo de trabajo de este estudio, es necesario establecer un mecanismo que permita la actualización continua del mismo, campaña tras campaña y no quedarnos con la foto fija que nos da hoy.
Las conclusiones del informe, elaborado por el catedrático Manuel Parras Rosas, de la Universidad de Jaén, demuestran que, en la campaña 2018/19, las liquidaciones fueron de 2,07 a 3,34 -una diferencia de más del 61%-. En la siguiente campaña las liquidaciones fueron de 1,63 a 3,08 euros/Kg., una diferencia de casi el 90%.
Para UPA estos datos demuestran que es posible vender AOVE por encima del coste de producción en la parte del sector productor que engloba al olivar tradicional. “La asignatura pendiente es mejorar enormemente la gestión de la comercialización”, aseguran.
El trabajo da por probado que el olivar tradicional, ya sea mecanizable o no, de secano o regadío, ha sufrido las dos últimas campañas pérdidas muy destacadas. Si se incorpora al análisis el efecto del olivar intensivo y superintensivo, se oculta la verdadera situación que está atravesando el olivar tradicional, dando una falsa apariencia de ser un cultivo rentable en alguna de las campañas analizadas.
Para UPA, “queda claro a la luz de este importante estudio que los beneficios se concentran en la fase de envasado y comercialización y las pérdidas en el campo”, como demuestran los datos que se resumen en esta tabla:
     Campañas
COSTES, PRECIOS Y MARGEN NETO O BENEFICIO    2018-2019    2019-2020
Costes    En €/kg AOVE    En €/kg AOVE
Costes de producción del AOVE    2,013    2,757
Costes de extracción del AOVE    0,239    0,274
Costes de envasado    0,47    0,47
Costes de distribución    0,27    0,272
           
Precios    En €/kg AOVE    En €/kg AOVE
Precio de venta olivarero    2,281    2,122
Precio de venta almazarero    2,51    2,116
Precio de venta envasador    3,167    3,086
Precio de venta al público    3,829    3,544
           
Margen neto o beneficio    En €/kg AOVE    En €/kg AOVE
Margen del olivarero    0,268    -0,635
Margen del almazarero    -0,010    -0,280
Margen del envasador    0,187    0,499
Margen del distribuidor    0,392    0,186
UPA sigue trabajando para que se publiquen lo antes posible los estudios de leche líquida envasada, melocotón y nectarina, carne de vacuno, carne de ovino, cítricos, tomate, patata y miel, que están en fase de elaboración.
UPA.



-El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha admitido que el debate para consensuar una nueva Política Agrícola Común (PAC) en la Unión Europea (UE) se ha convertido en «cansino» después de tres años de discusiones, aunque ve «muy cerquita» el acuerdo definitivo que priorice a la agricultura familiar.
Así lo ha señalado Planas durante la apertura del foro «Madrid Food&Drink Summit», organizado por la patronal de la industria alimentaria española (FIAB) este jueves 10 y en el que también participan la ministra de Economía, Nadia Calviño, y el expresidente del Gobierno Felipe González.
«Necesitamos de un acuerdo pronto, estamos muy cerquita. Tres años de discusión entra ya en lo cansino, y es verdad que tres años de reforma no es la mejor manera de que nuestros agricultores y ganaderos estén tranquilos», ha reconocido el titular de Agricultura.
No obstante, ha insistido en que se trata de una «excelente oportunidad» para España, ya que el país cuenta por primera vez ahora con un plan estratégico nacional -elaborado en colaboración con las comunidades autónomas- donde se definen las «necesidades, fortalezas y debilidades» del sector primario.
LA PAC IRÁ DESTINADO A LA AGRICULTURA FAMILIAR FUNDAMENTALMENTE, YA QUE ES LA QUE MÁS LO NECESITA
A la espera de que se cierre a escala comunitaria la nueva PAC, Planas ha defendido que este programa de ayudas públicas irá destinado a la agricultura familiar fundamentalmente, ya que es la que más lo necesita.
El ministro ha recordado que a los cerca de 47.000 millones que recibirá España en el marco de la próxima PAC -a lo largo de siete años- se suman los fondos activados como consecuencia de la pandemia a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En este sentido, ha recordado que el Gobierno estudia la aprobación de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) dedicado específicamente a la industria alimentaria cuya dotación presupuestaria «podría superar ampliamente los mil millones de euros».
Para ello, ha instado al sector a que en los próximos meses manifieste su «disposición para articular un proyecto colectivo» que permita avanzar en digitalización y sostenibilidad.
Además, ha recomendado a las cerca de 30.500 empresas fabricantes de alimentos y bebidas que apuesten por los nuevos alimentos y las «nuevas fuentes proteícas de alta calidad» ante la necesidad de dar de comer a una población mundial sin explotar en mayor medida los recursos naturales.
Planas también se ha mostrado favorable a apostar por la edición genética en materia de alimentos, siempre «con todas las garantías tanto científicas como en materia de salud pública».
El titular de Agricultura ha valorado el comportamiento de la cadena alimentaria para garantizar el abastecimiento pese a la pandemia, y ha destacado el aumento de las exportaciones en este campo durante los últimos años.
«En los noventa nuestra balanza agroalimentaria era negativa y a principio de los 2000 se equilibró. En los últimos veinte años el crecimiento ha sido espectacular» hasta lograr un saldo positivo superior a los 20.000 millones de euros, según ha recalcado.
Por su parte, el presidente de FIAB, Tomás Pascual, ha lamentado la abundancia de «informaciones que cuestionan la calidad y la seguridad de productos y de ciertos ingredientes» al acusarlos de ser «perjudiciales» para la salud, lo que en su opinión genera «confusión y alarma».
«Eso favorece la aparición de corrientes pseudo-científicas sin rigor», ha denunciado el dirigente patronal, quien ha abogado por recuperar la defensa de una «alimentación sensata» que ha permitido a España convertirse en uno de los países con mayor esperanza de vida.
Pascual ha subrayado «la responsabilidad y el compromiso» mostrados por el sector en los últimos meses en un contexto marcado por la covid-19 y ha resaltado sus «esfuerzos en materia laboral», ya que el empleo -la industria alimentaria da trabajo a cerca de medio millón de personas, según sus datos- se ha visto menos afectado que en otros ámbitos.
Agroinformación.


-    La industria, exhausta: la subida de la luz, el CO2, los combustibles y las materias primas ahogan sus cuentas.
Los números no salen para las grandes compañías inmersas en un peligroso cóctel de costes que no paran de crecer.
La gran industria en España sigue soportando un alto coste energético. A los niveles récord históricos de los precios eléctricos se une petróleo y gas, que siguen su escalada particular. Los combustibles y la electricidad, según datos del IPC de mayo, son los responsables del 40% de la mayor alza en cuatro años de la inflación (2,7%). Y la industria no es ajena a sus efectos. 
Según datos de AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo Energético), la estimación actual del precio eléctrico final para la industria electrointensiva en 2021 es de 77 euros/MWh, más del doble que el precio francés. Como llevan reclamando varios años, esto supone un sobrecoste en el consumo eléctrico de estas empresas con respecto a sus competidores de más de 1.000 millones de euros.
"Los altos costes energéticos están mermando la disponibilidad de ingresos de los electrointensivos para afrontar con garantías el reto de la descarbonización en el que están firmemente comprometidos", señala Andrés Barceló, director general de la patronal.
Dividendos del CO2
La subida del precio eléctrico no solo preocupa a los hogares. Pese a que el Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que el recorte a las eléctricas por lo que ha llamado "dividendo del CO2" servirá para bajar la factura de la luz, los industriales no lo ven tan claro.
Los ayuntamientos podrán subir el IBI hasta un 50% a quienes tengan viviendas vacías durante más de dos añosEl conjunto de medidas que prepara el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para bajar el precio del alquiler se basa en incentivos fiscales, que incluyen tanto beneficios como ‘castigos’ tributarios. Si la legislación que prepara el departamento que dirige José Luis Ábalos sale adelante "Este anteproyecto no va a bajar el precio de la luz", explica el responsable de la patronal industrial. "El sistema del mercado marginalista seguirá funcionando como siempre".
En 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que "era perfectamente legal suprimir los 'windfall profit', tras un pleito que inició España con el Gobierno de Zapatero en 2011".
"Desde entonces no se ha hecho nada, y ahora casi 10 años después, presentan un anteproyecto que tardará en aprobarse porque necesita de un cauce parlamentario para poder ponerse en marcha". El directivo coincide en que "es un disparate que el agua cobre la producción de su energía a 80 euros/MWh" pero por otro lado se pregunta, "¿por qué el Gobierno lo limita a centrales de menos de 10 MW?".
"Vamos a presentar alegaciones a este anteproyecto porque tampoco entendemos cómo se van a utilizar esos 1.000 millones de euros que se va a recaudar". En concreto, apunta que hay un principio general que dice que los temas de política social deben ir a PGE y no pagarlos con otros instrumentos recaudatorios, mientras la industria se asfixia con el alto coste energético. 
Compensación de CO2 indirecto
AEGE reclama certidumbre en las ayudas del Gobierno para la compensación del CO2 indirecto, el recargo en la factura eléctrica por los derechos de las emisiones que internalizan los generadores térmicos (carbón y gas natural) en sus ofertas al mercado eléctrico.
Según señala Barceló, "este año el Gobierno había incorporado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dos partidas para que la gran industria recibiera esas ayudas". Una de ellas era 90 millones de euros y la otra era de 75 millones, "en total 165 millones".
El problema es que "esta segunda partida estaba ligada a que España recibiera los fondos europeos, y Bruselas ya le ha dicho al Gobierno que una cosa no tiene que ver con la otra". 
Lo peor es la diferencia que existe con la industria francesa y alemana. El pasado año, la compensación del CO2 indirecto del ejercicio de 2019 fue de 61 millones de euros, frente a los 266 millones repartidos por el Gobierno francés y los 546 millones del alemán.
Además, estos 61 millones de euros concedidos por el Gobierno español supusieron tan solo un 4,97% de los ingresos de las subastas de los derechos de emisión, que alcanzaron los 1.225 millones. La normativa comunitaria permite dedicar el 25% de lo recaudado.
Para AEGE, esta discriminación vuelve a repetirse en 2021. En España, el presupuesto previsto para compensar los sobrecostes de CO2 del año pasado es de 79 millones de euros, frente a los 350 millones que recibirán la industria francesa y los 878 millones de la alemana.
"Esta situación perjudica la recuperación de la industria, la economía y el empleo", añade Barceló, y por eso reclama la compensación máxima permitida por la Comisión Europea, destinando este año 220 millones de euros de los 1240 millones recaudados por la subasta.
Esto supone un 18% de los ingresos, lejos del 25% de lo recaudado que autoriza la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que Bruselas permite usar de forma inmediata.
El ‘superciclo’ de las materias primas
Según la consultora Cobas Asset Management, hay muchas señales de que está en marcha la recuperación económica global, combinada con un estímulo monetario y fiscal masivo, así que es de esperar que, como medida de protección y refugio, el aumento de las perspectivas de los inversores sobre la inflación futura es uno de los factores del alza del precio de las materias primas.
En concreto hay tres materias primas que considera claves para el futuro, y que se espera que continúen con su escalada alcista: el gas, el petróleo y el cobre.
"En Cobas pensamos que, cuando la demanda de petróleo vuelva a niveles prepandemia, si la oferta no tiene la capacidad suficiente de atender un nivel determinado de demanda provocará un alza en los precios de la materia prima, que en última instancia generará el incentivo necesario para que se vuelva a invertir en el sector".
Es en suma y sigue en un sector, el industrial con alto nivel de consumo energético, que hace más asfixiante su futuro. 
INVERTIA.



-… Lo de los precios justos puede estar muy bien como lema, pero la expresión tiene poca utilidad.
Se habla mucho de los precios percibidos por los agricultores y ganaderos por sus productos. Se repite hasta la saciedad lo de precios justos, pero se habla mucho menos del importante problema de los costes de producción y de la necesidad de frenarlos, dentro de lo posible, o en caso contrario, de establecer compensaciones. Lo de los precios justos puede estar muy bien como lema, pero la expresión tiene poca utilidad. El precio justo para un ganadero de leche, uno de los sectores más castigados por la situación actual, no será el mismo que para un consumidor de leche. Por eso prefiero referirme a precios que sean remuneradores para los agricultores y ganaderos, y que, por supuesto, tengan en cuenta los costes de producción. Insisto, estamos ante un problema del que se habla menos de lo que se debiera.
C.Lumbreras.



-Planas ha efectuado esta valoración una entrevista concedida a RNE, recogida por Efeagro, en la que también ha destacado que “estamos muy cerca” de lograr un acuerdo sobre la Política Agrícola Común (PAC) y que a él le gustaría “que así fuera”.
Sobre el acuerdo de aguas compartidas entre la UE y el Reino Unido, aprobado ayer por el Consejo Europeo, y la posible preocupación del sector español por el mismo, el ministro ha dicho que “lo primero es que hayamos sido capaces de llegar a él”.
REDUCCIÓN INAPRECIABLE EN LAS PRINCIPALES ESPECIES
“El resultado ha sido muy bueno, porque se ha conseguido que la reducción -al final del periodo transitorio de seis años- en las especies que más nos interesa (por ejemplo la merluza) va a ser solo del dos por ciento de las capturas, casi inapreciable, y en otras especies, como rape y gallo, puede subir hasta el seis por ciento; pero son cantidades muy pequeñas teniendo en cuenta que otros grupos han disminuido mucho, en otros países europeos, en la negociación con Reino Unido”, ha manifestado Planas.
Por este motivo, el responsable de Pesca del Gobierno español considera que tanto pescadores como armadores “pueden estar tranquilos”, aunque reconoce que la actividad pesquera “no es sencilla, sino de tremenda dureza, de tremendo riesgo”. “Tenemos en España -ha añadido- aproximadamente 9.000 buques pesqueros de todas las dimensiones, un sector con muchos armadores y pescadores implicados, la primera flota de la UE y una de las primeras del mundo, con una actividad a la que tenemos que darle continuidad, además de ser el segundo país de la UE, después de Portugal, y también uno de los primeros del mundo, en consumo de pescado, que es una proteína de alta calidad”, ha subrayado el ministro.
ACUERDO SOBRE LA PAC
Una vez cerrado este acuerdo pesquero, el reto inmediato es alcanzar un acuerdo sobre la PAC, de cara al Consejo de Ministros de Agricultura de la UE previsto para el 28 y 29 de junio, aspecto sobre el que ha afirmado que se está “muy cerca de lograrlo y a mí, me gustaría que así fuera”.
Para Planas, los agricultores y el medio rural “tienen que tener una política de apoyos de la UE porque la actividad agrícola y ganadera -a diferencia de la industrial o los servicios- tiene condiciones distintas, como por ejemplo la climatología y los mercados, sobre todo los productos frescos”.
Asimismo, ha reiterado su planteamiento de que las explotaciones de agricultores y ganaderos “sean rentables”, además de ser “sostenibles medioambiental y socialmente”, lo que permitirá abrir una oportunidad a los jóvenes.
DESPERDICIO ALIMENTARIO
Luis Planas se ha referido también al desperdicio alimentario, y en concreto a la campaña “Aquí no se tira nada”, de Alimentos de España, y al respecto ha recalcado que “es una barbaridad que tres de cada cuatro hogares españoles tiran a la basura alimentos o bebidas”, en total 1.364 de kilos de desperdicio en 2020.
Además de ser esta situación el producto de la evolución de nuestra sociedad, debido a la mayor renta y poder adquisitivo que sitúan a España como duodécima economía mundial, se trata, a juicio del ministro, de “un dilema moral, porque desperdiciar un alimento que está en condiciones de ser consumido es algo terrible, es una cuestión ética”.
EFE-Agro.com
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