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Luksic amenaza con nuevas demandas si la JUR no publica el informe

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El empresario chileno Andrónico Luksic critica el último informe de Deloitte sobre Popular y asegura que encabezará una nueva ola de acciones judiciales si la Junta Única de Resolución (JUR) no publica el informe definitivo que derivó en la resolución del banco.

Actualizado 9 agosto 2018  
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Redacción y Agencias
  
Aeris Invest, la firma a través de la que opera Luksic, carga contra la JUR por pretender "manipular a la opinión pública" con el documento conocido esta semana, en el que descartaba compensar a los accionistas y tenedores de deuda subordinada ya que la declaración de un proceso de insolvencia al uso habría supuesto la pérdida de más dinero. Esta firma ostentaba en torno a un 3,45% del capital del banco entonces presidido por Emilio Saracho en el momento en el que se procedió a su resolución y posterior venta al Santander en junio del año pasado.
El vehículo inversor del grupo chileno ha calificado este trabajo de "ejercicio fútil", y ha cuestionado su pertinencia, en tanto que "es absolutamente irrelevante y no se corresponde con la situación real en el momento de la resolución".
Aeris asegura que dicho texto "no tiene sentido" pues todavía no se conoce el informe de valoración definitivo, del que dependería el cálculo correcto del valor del Popular. De hecho, su amenaza ahora es de interponer uevas demandas contra Bruselas si ese informe definitivo no se hace público. Según explica el empresario, el tercer documento difiere del segundo en que usa el supuesto de que el banco está siendo liquidado, algo que no se correspondía con la situación real en el momento de su resolución. "Por tanto, el valor de los intangibles del banco es cero o cercano a cero y sus activos se liquidan en un periodo limitado de tiempo, lo que implica un fuerte descuento", apunta el brazo inversor de la familia chilena.
La decisión del magnate tiene vital importancia porque, si otros afectados siguen sus pasos, las demandas podrían multiplicarse, ejerciendo el efecto contrario que el pretendido por los organismos europeos, desde el principio rehacios a los procesos judiciales derivados del caso.
El empresario ya acumula una avalancha de reclamaciones por las distintas vías juciales abiertas en Eurpa, y también en España. De hecho, ha reclamado formalmente al Santander más de 113 millones de euros invertidos en acciones del Popular a través de Aeris Invest, que resultaron amortizadas tras la resolución de la entidad el pasado 7 de junio. Según criticó en aquel momento, el Santander "obtuvo un enriquecimiento injusto en la compra" del banco por el precio simbólico de un euro, y lo acusa de incurrir en "abuso de derecho y competencia desleal". A través de una carta dirigida a la propia presidenta del grupo financiero, Ana Botín, Aeris Invest instaba al desembolso de dicha cantidad más intereses legales o a una "solución alternativa satisfactoria" como paso previo a un posible inicio de acciones civiles "y de toda índole".
Este procedimiento discurre en paralelo a los ya interpuestos por el vehículo inversor del Grupo Luksic contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la Audiencia Nacional y la Junta Única de Resolución (JUR), organismo comunitario del que partió la decisión, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Todo apunta a que otros grandes inversores podrían seguir los pasos del magnate, después de que Deloitte haya calculado que, en el caso de un proceso de insolvencia 'al uso' las pérdidas para los acreedores habrían sido en el mejor de los casos de 23.400 millones de euros y en el peor de 34.100 millones, frente a los 11.400 millones que perdieron con la resolución.
Además, según la consultora la insolvencia ordinaria habría generado unas pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos, que habrían tenido que utilizarse para proteger los depósitos de menos de 100.000 euros de la entidad. Un escenario del que desconfían los perjudicados por la amortización a cero de las acciones del Popular, que recuerdan que de conformidad con la ley española, un eventual concurso no equivale a la liquidación automática de la empresa.
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