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Más allá de la presión fiscal : la carga fiscal soportada es excesiva

La crisis pandémica que actualmente acaece ha hecho más evidentes las deficiencias estructurales de nuestra economía, y la necesidad de abordar las correspondientes reformas para resolverlas. 

Actualizado 27 abril 2021  
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Gregorio Izquierdo. Director General del Instituto de Estudios Económicos Nicolás Vicente. Investigador asociado del Instituto de Estudios Económicos
  
Si bien estas reformas son perentorias para agilizar la recuperación y sentar las bases de nuestro crecimiento potencial, es igualmente relevante que se realizan en la dirección adecuada para que no sean contraproducentes, lo que implica realizar primero un adecuado y riguroso diagnóstico de la situación de partida, basado en la evidencia y despojado, en la medida de los posible, de sesgos.

Por desgracia, esto no es lo que parece suceder en el actual debate sobre la necesaria reforma fiscal pendiente, donde se realiza una aproximación parcial del problema, de la que se suceden soluciones que son distorsionantes y perjudiciales. Es el caso de la tantas veces citada ratio de presión fiscal recaudatoria, que deja a España en una posición ópticamente baja con relación a nuestro entorno comparado, lo que, una vez asumida esta perspectiva errónea, parece justificar la existencia de margen para abordar subidas impositivas. 

El problema es que esta ratio tiene un poder explicativo muy limitado sobre el sistema fiscal de un territorio concreto, sobre todo cuando se pretende usar en términos comparados con otras regiones, ya que no tiene en cuenta aspectos muy relevantes como el nivel de renta per cápita y de economía sumergida, y otros elementos distintos a la recaudación que generan también cargas y distorsiones sobre las decisiones de los agentes. Todos estos factores son comparativamente peores en España que en la media de la Unión Europea, por lo que, cuando se incluyen en el análisis del sistema fiscal, arrojan un resultado muy distinto al inicialmente previsto: la carga fiscal en España es equiparable, e incluso superior en muchos aspectos, a nuestro entorno comparado.

Un indicador alternativo más significativo de cara a servir como brújula de una reforma tributaria es el de la presión fiscal normativa, que trata de recoger, precisamente, los costes y distorsiones que introduce la falta de eficiencia y competitividad de un sistema fiscal, lo que se denomina el exceso de gravamen. Bajo esta métrica, se comprueba la mala situación de España en este ámbito, con una Presión Fiscal Normativa que es 10 puntos superior a la media de la Unión Europea. 

No nos podemos olvidar que, en el caso de nuestro país, el sistema fiscal español tiene un componente autonómico, que afecta tanto a la competitividad de cada una de las regiones, como a la del conjunto de España. En este sentido, las Comunidades Autónomas también presentan un elevado margen de mejora en lo que se refiere a eficiencia y competitividad del sistema fiscal, registrando la mayoría de ellas, salvo contadas excepciones como Madrid y las provincias vascas, una presión fiscal normativa sensiblemente superior al promedio de la Unión Europea, y en no pocos casos, cercana a las peores prácticas a nivel internacional.
 
Por todo ello, las propuestas de llevar a cabo incrementos impositivos no son sino el fruto de un error de diagnóstico, que desencadena un elenco de soluciones igualmente equivocadas, con efectos nocivos sobre el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. En su lugar, si se quiere abordar una reforma efectiva del sistema fiscal, esta debe basarse en los principios de eficiencia y competitividad, de suerte que se canalice la recaudación con el menor número de distorsiones posibles al tiempo que se permite la atracción y retención de capital productivo y talento. 

Habida cuenta de las facilidades de movilidad de los factores trabajo y capital en un entorno cada vez más global, es esencial que el sistema fiscal se diseñe con una perspectiva de derecho comparado, teniendo en cuenta las mejores prácticas y la interacción de otros sistemas tributarios con el nuestro, de modo que se mantengan unas condiciones que permitan el desarrollo de la actividad económica y el crecimiento a largo plazo.

A la vista de estas conclusiones, la armonización fiscal al alza que parece plantearse tampoco es el camino, ya que en la práctica no sería sino aumentar la carga fiscal sobre los ciudadanos y empresas y acentuar las deficiencias de nuestro sistema tributario. Si, como se ha puesto de manifiesto, la mayoría de las comunidades autónomas presentan un sistema fiscal ineficiente, gravoso y poco competitivo, muy alejado de las mejores prácticas de nuestro entorno comparado, carece de todo sentido plantear la extensión de este fallido modelo a todas las regiones. 

La corresponsabilidad fiscal debe mantenerse y reforzarse, ya que actúa como un mecanismo disciplinante para el sector público, limitando su sobredimensionamiento e incentivando una gestión más eficiente y responsable. La corresponsabilidad fiscal estimula la innovación para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de la forma más eficiente posible, al tiempo que les permite a estos manifestar y satisfacer sus preferencias por diferentes modelos de administración, lo que redunda en una mejora del bienestar social.

En definitiva, es totalmente contraproducente querer equipararnos con nuestro entorno en presión fiscal recaudatoria a base de implementar normativamente incrementos impositivos sin haber convergido previamente en niveles de renta, de desempleo, de economía sumergida, o de competitividad del sistema fiscal, ya que sería como comenzar la casa por el tejado. Paradójicamente, cuando logras homologarte en todas estas áreas y adoptas las mejores prácticas impositivas, las mejores en renta, competitividad, y empleo, y los menores niveles de economía sumergida, permiten incrementar las bases imponibles haciendo innecesarios los incrementos de impuestos. 

El mejor ejemplo se encuentra en la Comunidad de Madrid, que es la región dentro de España con la menor presión fiscal normativa, y a pesar de ello consigue, con mucha diferencia respecto al resto de regiones, los mayores niveles de recaudación por habitante (un 63% superiores a la media española), con las menores tasas de economía sumergida de nuestro país. Por eso es tan importante, también, la corresponsabilidad fiscal, porque permite ensayar y emular las mejores prácticas tanto a nivel internacional como doméstico, en lugar de converger hacia las peores imponiendo una recentralización.


 
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