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NUEVO PROYECTO DE LEY

MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA

Entre los temas que el nuevo Ministro de Agricultura parece tener absolutamente decididos, para su inmediata realización, destaca la promulgación de una Ley para la mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria.

Actualizado 16 febrero 2012  
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Redacción Agrolibre
  
El señor ministro tiene materia para reflexionar

Se trata fundamentalmente, nos dicen, de reequilibrar las relaciones entre los distintos elementos de la cadena alimentaria, en el convencimiento de que, el productor agrario, primer elemento de la cadena se encuentra siempre en posiciones de inferioridad en relación con el resto de los eslabones. Las voces ministeriales afirman que, el productor agrario está siempre a merced de los demás, depende de todos y sufre en su totalidad todas las volatilidades de los precios alimentarios sin posibilidad alguna, se nos dice, de evitar sus consecuencias.

Se quiere lograr, con la justificación final de ser más eficientes ante el consumidor (vaya falacia), una conceptuación integral de la cadena alimentaria en la creencia y certeza de que, haciendo más fuertes a todos los actores intervinientes en el proceso, se reforzará la eficiencia del conjunto, aunque, aunque no se diga, el primer objetivo sea fortalecer la posición de los primeros actores, de los productores agrarios. El Ministerio trabajará prioritariamente, nos afirman, en reforzar la posición de los productores agrarios elaborando, tras haber decaído un Proyecto de Ley  presentado el 15 de julio de 2011 por el gobierno socialista anterior, un nuevo “Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria” , nuevo Proyecto de Ley que evitará las  posiciones de privilegio hoy existentes. Con el reequilibrio que se pretende entre lo agrario, la industria agroalimentaria y la distribución, se trata de equilibrar los márgenes entre los diversos agentes intervinientes, agricultores, ganaderos, transformadores, intermediarios y distribuidores mayoristas y minoristas y de  reforzar la posición de los productores haciendo mayor su participación en el valor añadido de sus producciones.

El Ministro se ha comprometido también y estas son  quizás las únicas acciones válidas para nosotros, a favorecer el asociacionismo, la concentración de la oferta y a fomentar y consolidar las organizaciones interprofesionales. En esta misma línea reclamará, cosa absolutamente necesaria, la modificación de las reglas de la “competencia”, para evitar las amenazas y sanciones del Tribunal de la Competencia, organismo que desde ya debería desaparecer, al jugar siempre en contra de lo que teóricamente dice defender. Es inconcebible y una auténtica incoherencia hoy la existencia, en un mercado libre, de una legislación, leyes, decretos y normas sobre la Defensa de la Competencia y un  Tribunal “ad hoc” de la Competencia que persigue y sanciona todo lo que se mueve, que demoniza a las empresas mediante denuncias de sus competidores menos eficientes y juzga con procesos secretos como en el caso de la Inquisición medieval, condenando tanto los precios de venta elevados, acusando a la empresa de “posiciones de privilegio o monopolísticas”, como los precios de venta bajos cuando dicen que, el precio de venta es ¡inferior a los costes de producción!, (qué barbaridad conceptual... ... ¡como si el precio de venta fuese función de los costes de producción!), acusando de “dumping”,  o como si se venden productos  a precios iguales entre varias empresas acusándolas entonces  de “confabulación”. La “competencia” jamás debería ser defendida por el “Estado ni por ninguno de los  organismos creados al efecto”, es un sinsentido; la “competencia” surge sola en todo mercado libre, dejando libertad a los emprendedores, siempre y cuando se consiga la “no intervención” de la “negra mano” del Estado.

Finalmente se nos dice, al margen de proponer la creación del “Consejo Coordinador del Sistema Agroalimentario Nacional” con participación de todos los actores, nuevo órgano administrativo en la línea de avance de la socialización a la que tan acostumbrados nos tienen todos nuestros políticos, sean del signo que sean, que se potenciará el funcionamiento del Observatorio de Precios, con el objetivo de que, además de “observar”, pueda desarrollar una actitud proactiva en la corrección de las disfunciones que se detectan, ¡qué barbaridad! y que, se prestará también una especial atención a la implantación de los contratos en la regulación de las relaciones de compra–venta de los productos agroalimentarios.

Dicho lo anterior, traslación de lo que parece querer el nuevo Ministro, tenemos que afirmar, una vez más, nuestra total oposición a la idea que se pretende por considerar que, tratar de regular el desarrollo de cualquier mercado, sean cual sean las intenciones que se persigan, es una incongruencia total y clara demostración de la inconsistencia conceptual en la que todos nos movemos. Intentar como muchos pretenden fijar precios de salida y decidir márgenes comerciales nos llevaría a la socialización total del sistema, a tiempos ya pasados, a cartillas de racionamiento o a producciones excedentarias que luego hay que liquidar al precio que sea con pérdidas milmillonarias a cargo del ciudadano.

Sin embargo queremos decirle al Ministro que, aunque el Ministerio no debe participar en acciones directas a favor de nadie, ni debe interferir en los mercados porque cualquier acción debe ser emprendida por los propios actores, sí debe advertir sobre los problemas existentes y eliminar las trabas que vea para los desarrollos empresariales.  Por ello estamos de acuerdo con él en sus manifestaciones tratando “... ...de eliminar obstáculos, (impuestos por el propio Estado), a la concentración de ofertas, a nivel nacional. Hoy, (aunque los propios productores lo acuerden e intenten), no se puede hacer una oferta de una provincia ni de una comunidad autónoma. Tengan ustedes en cuenta que las cifras son muy claras: un millón de agricultores, 4.000 cooperativas, 9 grupos de la gran distribución, y uno de ellos dentro de tres años va a controlar el 25 por ciento de la alimentación. O concentramos oferta o hay un desequilibrio en la cadena agroalimentaria, (más correcto sería decir que... O ustedes concentran la oferta o sufrirán el desequilibrio que puede originarse). Por tanto lo primero es facilitar los mecanismos legales porque, si ustedes intentaran integrar una cooperativa de un pueblo con la del pueblo de al lado les resultaría difícil; la de una provincia con la de la limítrofe virtualmente increíble; la de una autonomía con la del otro lado es imposible, porque a partir del momento en que se integran dos cooperativas autonómicas ninguna cooperativa las apoya porque, como no tiene el territorio exclusivamente en su autonomía, desde su presupuesto no financia sus actuaciones... ....”

Pero el Sr. Ministro a continuación, pág. 147 de su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, le sale su vena protectora y nos hace un canto a lo que no debe ser. Culpa “de todos” los males del sector a los demás, ordena los contratos futuros, evita suprimiéndolos a los intermediarios,  intenta regular la competencia y llega hasta citar con nombres y apellidos a los culpables y eso... ... lo diga quién lo diga son barbaridades económicas. 
Nos dice el Ministro
“...donde está de verdad el problema del sector del tomate es cuando se negocia con las industrias el tomate para la industria y, cuando se negocia el tomate, con las grandes distribuidoras, con Mercadona, con Eroski, con Alcampo; ahí está el problema del tomate, de los cítricos, del pomelo, de la naranja, de las nectarinas y de todo, porque no se participa en el valor añadido en la cadena. Entonces, donde tenemos que trabajar es en la mejor estructuración de la cadena evitando todos los escalones intermedios, en la concentración de la oferta y en una ley que haga relaciones comerciales transparentes, donde estén los contratos ordenados y donde haya una regulación de la competencia que se adecue al sector agrario y que permita que la interprofesión pueda hacer extensión de norma, por ejemplo, para la tirada de productos... ...”

¿De verdad sabemos todos dónde estamos?, ¿nos gobierna un partido liberal conservador, amigo del comercio libre o estamos en manos de personajes Keynesianos, social demócratas?

Los diagnósticos que se apuntan son muy viejos,  hace ya más de cuarenta años, decíamos lo mismo y siempre el desarrollo temporal demostró la falsedad de las recetas apuntadas, recetas que, en síntesis, eran las mismas que ahora se proponen como novedosas. “Llevemos al productor agrario hasta el consumidor”, decíamos siempre como paradigma de la modernidad... ... ¡cuántas veces lo hemos intentado y siempre ha sido un fracaso estrepitoso!, incluso regalando los “puestos de mayoristas”, en Mercamadrid a los productores y cooperativas de frutas y hortalizas de la Comunidad y pagando, durante muchos años, a los teóricos gerentes de las asociaciones y… … siempre se ha vuelto a la cruda realidad. Nadie puede imponer nada  a nadie, la “función empresarial” a desarrollar es propia del individuo integrado en cada tramo de la pomposamente llamada “cadena alimentaria” y surgirá entre los emprendedores cuando cada uno, conociendo sus temas, descubra, por y para  sí, las diversas situaciones de “negocio”  

Pero al margen de sinrazones, por favor Ministro no confunda a nadie porque, en este caso, las trabas a la concentración de ofertas no son exclusivas de la Administración española, son más bien propias de la UE y  derivan de los compromisos asumidos por España nada menos que en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y aunque nosotros somos absolutamente contrarios y exigimos la completa derogación del Capítulo I de su Título VII sobre  “Normas Comunes sobre Competencia”, no podemos olvidar su existencia.
Recordemos a todos lo que  los artículos 101 y 102  nos dicen y obligan:

Artículo 101
(antiguo artículo 81 TCE)                                                                                 
1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:
a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias ,que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.
3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:
— cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
— cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
— cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate
.

  Artículo 102
(antiguo artículo 82 TCE)
Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.
Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:
a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas;
b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;
c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasio­nen a éstos una desventaja competitiva;
d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

Además y ello es taxativo, tenemos el Informe de la CNC sobre “Competencia y Sector Agroalimentario”, 81 páginas, solicitado formalmente, tras la comparecencia anual en el Congreso de los Diputados del Presidente de la Comisión Nacional de Competencia el 3 de diciembre de 2009, el 17 de diciembre del mismo mes, por el Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, el 17 de diciembre del mismo mes, que concluye afirmando:

CONCLUSIONES


PRIMERA. La normativa de competencia tanto comunitaria como nacional resulta plenamente aplicable al sector agroalimentario.
En relación con la normativa comunitaria de competencia, aunque existen Reglamentos sectoriales que establecen algunas exenciones, los supuestos en que éstas se aplican son tasados y en ningún caso permiten conductas anticompetitivas como por ejemplo, los acuerdos de fijación de precios.............

SEGUNDA. Tanto los productores agrarios individualmente considerados como las asociaciones de productores y, sin perjuicio de las salvedades establecidas por la normativa comunitaria, las organizaciones interprofesionales, se someten a las normas de competencia en el desarrollo de su actividad económica. En consecuencia, recae sobre ellos la responsabilidad de autoevaluar si, con sus conductas, pueden estar incurriendo en alguna práctica restrictiva de la competencia. A estos efectos debe tenerse en cuenta que la participación de los poderes públicos en acuerdos que faciliten, permitan o conduzcan a dichos comportamientos no modifica su condición de conductas prohibidas.........

TERCERA. Esta Comisión considera que el actual marco de interrelación entre las normas de competencia y las que regulan el sector agroalimentario, que parte de la aplicabilidad general de aquéllas a este sector, debe seguir constituyendo la base jurídica sobre la cual vertebrar el futuro funcionamiento de la cadena agroalimentaria, incluido el sector productor.

CUARTA. Existen instrumentos de muy diverso tipo que los poderes públicos y los operadores privados pueden utilizar para superar los problemas de los productores agrícolas, sin contravenir necesariamente el actual contexto regulatorio de la defensa de la competencia. Por ejemplo, el fomento del cooperativismo, la generalización de la contractualización formal de las relaciones entre productor y cliente, y el establecimiento de códigos de conducta provistos de instrumentos que aseguren su adecuado cumplimiento pueden resultar efectivos para garantizar una mejor ordenación de las relaciones entre productores y el resto de agentes de la cadena. Los poderes públicos, por su parte, deben velar asimismo por que las iniciativas que desarrollen a estos efectos estén diseñadas de manera que no resulten restrictivas de la competencia. 


Terminamos ya Sr. Ministro, tenga cuidado con admitir como bueno lo que no es, las ideas que circulan, entre muchos, centradas en fijaciones de precios y márgenes, son inaceptables e impropias de un país donde prima una  economía de mercado, una economía libre. Si algún proyecto de Ley debe servir de guía al futuro Proyecto, sea el decaído Proyecto de Ley presentado, en el Congreso de los Diputados, en Julio del pasado año, sobre él sí se puede trabajar, aunque eso sí, habría que deshojarle de todo lo que huele a participación y controles estatales, dejémonos, ya va siendo hora,  de soluciones social democráticas.

Esperemos a ver en que queda todo pero, la verdad, los inicios del tema ¡no nos huele excesivamente bien! 

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