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Ministra en que cajón tienes el desarrollo de la Ley de representación

Es el momento de actuar con luz y taquigrafos

El 8 de agosto del año 2013, hace ya tres años, decíamos que al fin, "tras medio año de espera, ya que el borrador de la Disposición estaba concluido desde comienzos de año, el pasado 27 de julio el Gobierno había aprobado al fin, con cierta nocturnidad pero sin alevosía alguna, el anteproyecto de "Ley de representatividad de las organizaciones agrarias" a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Actualizado 28 julio 2016  
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Redacción Agrolibre
  
Una vez más, decíamos nosotros, al margen de la nefasta opinión que nos merece la permanente e indestructible obsesión estatal de controlar y regular todo y a todos, nuestro actual Ministro, el ínclito Cañete hoy en dificultades, vuelve a jugar fuerte pues, la medida adoptada ha movido instantáneamente de su placentero sillón a todos los "establecidos", organizaciones, sindicatos y demás canónigos de la actual maraña de representaciones y amenaza, esta vez sí, con demostrar la representatividad real de todos y cada uno de los actuales voceros agrarios.
 
La situación entonces, en el año 2013,¿regida? por la ley 10/2009 de 20 de octubre y su Reglamento de aplicación del 2010, era un cúmulo de despropósitos, útil solo para que, los establecidos en la feria de las subvenciones y los acuerdos desde hacía muchos lustros, los herederos de Hermandades y Cámaras agrarias siguiesen en sus poltronas, a la manera de los sindicatos de clase actuales de los que nadie conoce nada, ni incluso el número real de sus afiliados. La Ley 10/2009 vigente nos indicaba en su preámbulo que nacía de" la Disposición transitoria única, apartado 2, de la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias" y que venía a cumplimentar el mandato legal que desde 1986 tenía el gobierno para" remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley en el que se establezca un nuevo sistema para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal.......
¡Desde entonces han sido necesarios quince años para intentar poner orden en la representación agraria! ¿Y?
 
El Gobierno del PP, aunque también con retraso de más de 5 años, se vio en la obligación de " derogar la ley de 2009 sobre órganos consultivos en el ámbito agroalimentario y hacer una nueva Ley para realizar, con toda la urgencia posible, una consulta de ámbito estatal y simultánea para que, todos los profesionales del sector puedan elegir libremente a sus representantes en el nuevo Órgano de Representación, el Consejo Agrario, que se diseña a nivel nacional".
En el citado anteproyecto se recogía también la creación del Consejo Agrario con el objetivo de potenciar la interlocución con el sector y garantizar la participación de los agricultores en los asuntos públicos y en las políticas agroalimentarias. Y lo que era más impactante, la previsión de que la primera consulta directa y simultánea, sobre la representatividad agraria tuviera lugar a lo largo del año 2014.
Como era absolutamente previsible, los representantes agrarios actuales, instalados en el sistema, ante la aprobación del anteproyecto, afilaronsus uñas y comenzaron a mostrar sus dientes.
Hablamos fundamentalmente de los representantes de las organizaciones llamadas de izquierdas, singularmente la UPA que sin creer en eternidad alguna, siguen entendiendo su presencia de forma perpetua, no quieren que nadie ni nada vengan a comprobar su actual trinchera.
 
Todas las OPA´s coincidieron en la necesidad de disponer, previo a la consulta, de un Censo de votantes basado en agricultores dados de alta en el régimen especial agrario, lamentando la "indefinición" y el desconocimiento actual de las intenciones ministeriales.
Para este tema, que se nos antoja ciertamente fundamental, el anteproyecto prevé que, "para acceder a ese censo se contemplan tres vías: por afiliación a la Seguridad Social por actividades empresariales agrarias, por la obtención de ayudas agrícolas de la Unión Europa superiores a una determinada cantidad, y por la declaración de rentas agrarias iguales o superiores al 25 por ciento de la renta total. En el caso de las personas jurídicas, deberán reunir determinados requisitos como ser sociedades mercantiles cuyo objeto social único y exclusivo sea la actividad agraria, no estar acogidas al régimen fiscal de atribución de rentas, y acreditar una facturación mínima de 10.000 euros en, al menos, uno de los ejercicios previos al de la convocatoria para la celebración de la consulta".
Desde la UPA se mantuvo la exigencia de garantías para todo aquel que fuera a participar en este censo exigiendo además que, "tendremos que ser los agricultores y ganaderos que estamos dados de alta en la Seguridad Social", señalando que la Ley fuese como la " que tenemos en Castilla y León, cambiando simplemente Cámaras por Consejo".
ASAJA por boca de su presidente en Castilla y León, que no quiere nuevas aventuras, mantiene ya que, en Castilla y León ya se han celebrado unas elecciones el pasado mes de diciembre por lo que considera necesario que se convaliden los resultados obtenidos. Al tiempo, ha insistido en que, el censo tiene que estar integrado por los agricultores y ganaderos activos, que coticen a la Seguridad Social y paguen sus impuestos "no entenderíamos que en la representatividad se aplicaran otros criterios".
UCCL, organización escindida de la COAG, fueron los únicos en reconocer " la valentía del ministro para poner en marcha esta iniciativa a pesar de la oposición de las tres organizaciones agrarias ,que dicen ahora ser las más representativas" afirmando que, la democracia en el campo es un derecho, no un capricho"
 
Nosotros ya entonces señalábamos que la batalla iniciada sobre la representatividad agraria, no iba a ser fácil pero que, una vez emprendida, había que llevarla hasta su final.
Por muchas reglamentaciones, decíamos, que se promulguen y de hecho se promulgan constantemente, los objetivos se consiguen ejecutando lo acordado y no, como demasiadas veces ocurre, pensando exclusivamente en el mantenimiento de los privilegios obtenidos, viviendo en el pensamiento único del "vayan días y vengan ollas".
 
Además ocurre, según se cuenta por los despachos ministeriales, que a veces, cuando se cita oficialmente a reuniones de trabajo y formulación de acuerdos sobre asuntos sectoriales, a otras organizaciones agrarias distintas de las cuatro privilegiadas por el sistema, el propio Ministerio tiene que volver de sus acuerdos iniciales y anular las citaciones realizadas tras amenazas de "boicot" de las "citadas", que se tienen perfectamente repartido todo "el cortijo".
 
Han vuelto a pasar los años y como nos temíamos, los "establecidos", han conseguido que el anteproyecto de "Ley de representatividad de las organizaciones agrarias", aprobado en Consejo de Ministros en agosto del año 2013 y que según afirmó Cañete tendría que surtir sus efectos electorales en el 2014, haya quedado en eso… en un anteproyecto arrinconado en … … ¡quién sabe dónde!.
 
Hoy la representación agraria, en una España que se dice democrática y que abominaba, por franquista y decían falta de representatividad, la representación de Cámaras y Hermandades, está ¡oh casualidad!, matemáticamente repartida entre ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas en partes absolutamente equivalentes, cada una de las organizaciones citadas tiene el 25% de la representación del sector.
 
¿Creen de verdad ustedes que la situación creada con el consentimiento gubernamental tiene algún pase?
 
Hasta cuándo durará la situación actual…¡Ministra en qué cajón de tu despacho te han escondido las Disposiciones de aplicación de la "Ley de representatividad de las organizaciones agrarias" a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente!
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