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¿NADIE ES RESPONSABLE DE NADA… …?

La UE nos exige ahora que, las desaladoras del Plan Agua, ¿recuerdan ustedes?, que ellos financiaron, funcionen tal como nos prometió a todos el inolvidable, por nefasto, Presidente Zapatero. La Comisión nos recuerda que aportó, como subvención, mas de 1.500 M€para estas plantas desaladoras y que, según el propio gobierno español, las 17 plantas existentes solamente funcionan al 16 % de su capacidad, por lo que pueden cuestionar la efectividad de los fondos europeos y exigir su devolución.

Actualizado 12 abril 2012  
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Redacción Agrolibre
  
Nadie quiere enfrentarse a los temas clave

Recordemos todos que, la ex Ministra Narbona, actual Diputada socialista por Madrid, sucesora en el Ministerio de Medio Ambiente de la Popular Elvira Rodríguez, para justificar la injustificable retirada del Plan Hidrológico Nacional aprobado por el gobierno Aznar, nos intentó convencer de que, con las desaladoras en sustitución de los trasvases proyectados,  tendríamos “mas agua, en menos tiempo y más barata”. Pero la realidad, transcurridos 8 años de aquellas mendaces declaraciones es que, de las 51 desaladoras proyectadas en el Plan AGUA, Plan sustitutivo de los transvases proyectados anteriormente, solamente 17 están en explotación y 15 en construcción, que en la desastrosa situación actual se han invertido ya, al margen de las ayudas comunitarias de más de 1.500 millones de euros, 1.700 millones de euros y se precisan aún más de 800 millones de euros para poner en funcionamiento 32 de las 51 desaladoras proyectadas, que el pasado año 2011 las desaladoras produjeron unos 100 millones de hectómetros cúbicos de agua de los más de 1.100 proyectados y que es posible que, con el paso del tiempo , el proyecto AGUA, la joya de la corona socialista Zapateril, quede en la más profunda de las inanidades, eso sí, habiendo despilfarrado, habiéndose llevado por delante más de  3.500 millones de euros, sin resolver ninguno de los problemas que pretendía.

Conviene señalar que ahora, nadie responde de nada, pero por dar una idea del porqué de lo ocurrido en los últimos años, señalemos que, entre los aplaudidores de las políticas socialistas destacan que, entre los logros más señalados por la ex Ministra Narbona al frente  del Ministerio de Medio Ambiente entre los años 2004 y 2008 figuran, “ el cumplimiento por España del Protocolo de Kyoto, la suspensión del proyecto del trasvase del agua del río Ebro del PHN ideado en la legislatura anterior hacia el sureste peninsular, su apuesta por la construcción de desaladoras y el aprovechamiento de los recursos hídricos de cada territorio para solventar la escasez de agua, la  modificación del trasvase del río Júcar al Vinalopó, el impulso del proyecto de ampliación del uso de las energías renovables y su decidida apuesta por el cierre progresivo de todas las centrales nucleares existentes en España”,¡ qué les parecen los logros del personaje!, nombrada posteriormente Embajadora de España ante la OCDE con sede en Ginebra… …

Así nos ha ido a todos desde la aparición de estos pájaros, de verdad no lo duden, que son de ¡juzgado de guardia!. Todos los temas destacados en la labor de la ex Ministra son los que nosotros, desde AGROLIBRE, venimos denunciando hace años, al principio en la más completa de las soledades y  ahora, ya por fin, acompañados de los muchos “caídos del caballo”, tras la victoria del PP en las últimas elecciones generales.

Ya antes del 14M, el gobierno Aznar había iniciado el gran trasvase del Ebro, comprometiendo en ello 3.770 millones de euros y agua hacia la cuenca del Júcar (315 hm3/año), la cuenca del Segura (450 hm3/año), la provincia de Almería (95 hm3/año) y la ciudad de Barcelona (190 hm3/año). En total 1.050 hm3 de los que descontando 50 hectómetros anuales en pérdidas de transporte, se repartirían aproximadamente 1.000 hm3/año. Pero en  septiembre, la susodicha Cristina Narbona, presentaba el Programa AGUA sin debate público, social o técnico alguno, contemplando 105 actuaciones para el incremento de los recursos hídricos, mejoras en la gestión del agua y en su calidad, con prevención de inundaciones y restauración ambiental decía y con un presupuesto de 3.900 millones de euros.

El Programa A.G.U.A. se nos dijo, mejorará la gestión y reutilización del agua, contribuirá a una mejor calidad de ésta y de los ecosistemas asociados e incrementará la oferta de recursos hídricos obtenidos de una forma sostenible, garantizando la disponibilidad del agua racionalmente necesaria. Las actuaciones previstas dentro del Programa AGUA en el Arco Mediterráneo, la mayor parte de ellas urgentes, supondrían una inversión total estimada de unos 3.900 millones de euros, con  actuaciones urgentes desglosadas en:
• resolver gradualmente las carencias en la gestión, en la disponibilidad y en la calidad del agua, presentes en toda España, en particular en las cuencas mediterráneas, con soluciones duraderas y responsables.
•  superar los tópicos y el desconocimiento en materia de agua; para combatir la demagogia con la que se pretenden defender opciones obsoletas y contrarias a los criterios europeos y
•  generalizar las tecnologías del agua más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente.

Hoy de lo dicho, programado y legislado” casi nada de nada “, todo era un montaje muy bien realizado.

La  Generalitat Valenciana siempre aseguró que, el programa AGUA "no fue más que una marca, acompañada de un listado de obras de las que no se analizó su viabilidad técnico-económica” . Es claro que, la debilidad del programa de desalinización ha consistido en que, con la desalación, se ha pretendido generar caudales para el regadío con unos costes absolutamente inasumibles por los regantes y que, en su momento, se aseguró que el precio para el agricultor sería de 0.30 euros/ m3, lo que 8 años después resulta ser una enorme falsedad. Hoy ese coste previsto para la desalación es la cuarta parte  del coste real por lo que, ahora,  el Estado no es capaz de pagar la diferencia. La  desalación para usos agrarios es inviable, y lo que es más grave, se han acometido inversiones con el dinero de todos que no van a poder ponerse en marcha porque no podemos pagar ni los costes de explotación.
 El Plan Agua, diseñado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2004 para sustituir al derogado trasvase del Ebro es el paradigma de las inversiones improductivas. Casi ocho años después de ponerse en marcha, no solo no ha cumplido los plazos previstos para la ejecución de las obras, sino que las que se han ejecutado no han aportado apenas nuevos recursos hídricos.
"La desalación es útil, lo que es un error es encomendar a las desaladoras la solución del problema del agua para riego"."El programa AGUA se está yendo a pique". Ya en el año 2008 los regantes del Trasvase Tajo -Segura, teóricos beneficiarios de las obras a realizar ,afirmaban que, el precio de 36 céntimos por metro cúbico de agua, precio subvencionado porque ya entonces  se estimaba  que el coste real resultante del agua estaría entre los 50 y 70 céntimos por metro cúbico, era un precio excesivo y que no lo podían pagar porque el coste del agua trasvasada desde Castilla la Mancha les salía a 10 céntimos el metro cúbico y la de sus pozos, gratis. "Podemos pagar decían los 36 céntimos por el agua desalada en situaciones puntuales, pero no comprometernos a comprar agua todas las campañas”. ¡Qué futuro tiene hoy el Plan AGUA cuando el coste actual del agua  desalada está en 1,3 euros por metro cúbico!
Terminemos “... quiero anunciar una nueva política del agua, una política que tomará en consideración tanto el valor económico como el valor social y el valor ambiental del agua, con el objetivo de garantizar su disponibilidad y su calidad, optimizando su uso y restaurando los ecosistemas asociados…”, nos  decía en su toma de posesión el 17 de abril de 2004 el ínclito Zapatero, y así dos meses después, ( TOMA NOTA RAJOY EN LA FORMA DE ACTUAR CON MAYORÏA PARLAMENTARIA CUANDO ALGO INTERESA),  la  JEFATURA DEL ESTADO en el  BOE núm. 148 del Sábado 19 junio 2004 publicó el REAL DECRETO LEY 2/2004, de 18 de junio, por el que se modificaba, vamos se derogaba,  la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
El Decreto Ley citado es un paradigma de lo que nunca debió hacerse. Tira por tierra todo lo actuado, desprecia lo realizado en todos los ámbitos y miente de forma descarada en sus razonamientos… pero esa es otra historia. Lo que si consiguió brillantemente, el Decreto Ley, fue retrasar el desarrollo agrario español una década más, o varias décadas, si el PP actual con la mayoría de que dispone, no tiene el valor de hacer de forma inmediata, exactamente lo contrario de lo que hizo el PSOE de Zapatero hace ahora, el próximo 19 de Junio, 8 años.

Adjuntamos hoy  el citado Decreto-Ley para que ustedes, a la luz de las realidades actuales, comprueben todo lo que afirmamos y exijan de forma inmediata a los gobernantes actuales una solución al problema del agua en el Sector.

Y ahora cuando la sequía nos acosa, cuando vienen, de nuevo, ÉPOCAS DURAS PARA NUESTRAS EXPLOTACIONES, nos encontramos de nuevo ante unas realidades inasumibles por muchas veces que se repitan. La realidad de que NADIE ES RESPONSABLE DE NADA, se perdieron cuantiosísimas subvenciones comunitarias, cientos de miles de empleos, obras ingentes, soluciones definitivas para los suministros de agua, para todos los sectores, en todo el arco mediterráneo, se despilfarraron inversiones, se perdieron décadas en las soluciones del problema más grave que siempre ha tenido el sector agrario español… … ¿Y?.

Todo parece dar igual, los responsables siguen estando perfectamente situados sin que nadie se meta con ellos, con sueldos y salarios ingentes y en situación de espera ante un próximo futuro. A nosotros, a los ciudadanos que pagamos la existencia del estado español que nos den…  ¡ah!, y cuidado con protestar de nada porque ahora a muchos les dirán… …¡de que te quejas si ya han llegado los tuyos!. ¡Qué vergüenza!


JEFATURA DEL ESTADO  BOE núm. 148 Sábado 19 junio 2004
11438 REAL DECRETO LEY 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
El total de actuaciones se aplican en base al Real Decreto Ley 2/2004 por el que se modifica la Ley 10/2001 de 5 de Julio del Plan Hidrológico Nacional, donde se recoge el carácter prioritario de dichas actuaciones y el resto de especificaciones al respecto. La totalidad de las instalaciones peninsulares se localizan en la zona de la costa mediterránea, principalmente en el sur de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el levante almeriense, debido a que se trata de la zona con menores reservas hídricas. En los dos archipiélagos también encontramos localizaciones, tanto en servicio, como proyectadas. En la ciudad autónoma de Melilla hay una planta en servicio.
El Plan Hidrológico Nacional, aprobado por la Ley10/2001, de 5 de julio, incluye en el capítulo III del título I las previsiones ligadas a las transferencias de agua entre el bajo Ebro y las cuencas hidrológicas interna de Cataluña, del Júcar, del Segura y del Sur, bajo unos supuestos objetivos de racionalidad, eficiencia socio económica y ambiental, que distintos informes técnicos han puesto en entredicho, al considerar que en una decisión de tanto calado como la de llevar a cabo el trasvase no han merecido la debida atención y tratamiento aspectos fundamentales, entre los que cabe destacar los siguientes:
a) En su dimensión económica, en tanto se han exagerado los beneficios del proyecto, sus costes aparecen sistemáticamente infravalorados, y en algunos casos ni siquiera han sido tomados en consideración; la estructura de precios para la industria, la agricultura y los consumidores no ha sido suficientemente bien explicada; no se ha aclarado si se aplicarían tarifas diferentes según los territorios, ni cómo establecerían los acuerdos en materia de precios; los beneficios positivos, en términos de creación de empleo, han sido sobreestimados, y la relación entre el precio y la demanda no está bien contemplada.
b) En cuanto a las repercusiones ambientales, no se han analizado adecuadamente los efectos de una posible reducción de las cantidades de agua a trasvasar, y no se han despejado las incertidumbres sobre el caudal futuro del Ebro; no se han adoptado las medidas necesarias para la protección del río Ebro y en particular del Delta; no se ha asegurado la protección de las especies protegidas existentes, contrariamente a lo exigido por la legislación comunitaria sobre hábitats; existe un riesgo real de propagación de especies invasoras; en la evaluación de impacto ambiental y sus documentos asociados no se recoge ninguna información sobre la toma y la distribución del agua del trasvase, ni sobre los bombeos de agua y las instalaciones eléctricas necesarias, aspecto clave para determinar el consumo de  energía que requieren y su impacto en el cumplimiento por España del Protocolo de Kioto; tampoco se ha informado en el trámite de consulta sobre el aumento de salinidad previsto tanto en la cuenca cedente como en las cuencas receptoras, pospuesta a estudios futuros, que pueden llegar cuando el daño sea ya irreparable.
c) Y en cuanto a los aspectos técnicos, ha de subrayarse la ausencia del rigor necesario en los estudios sobre la disponibilidad efectiva de agua para trasvasar, de forma que no es posible determinar cuánta agua puede ser transferida, ni con qué garantías, existiendo por otra parte un margen de duda excesivo sobre la capacidad de los embalses previstos para almacenar el agua en las cuencas receptoras. Estas acusadas y graves deficiencias en los criterios que prestan soporte al trasvase han quedado corroboradas en buena medida por la valoración sumamente crítica que en distintas fases y trámites ha merecido el proyecto a las autoridades comunitarias, lo que resulta determinante para estimar que las posibilidades de obtener financiación con cargo tanto a Fondos de Cohesión como al FEDER para un proyecto de las características descritas resultan prácticamente inexistentes. Por otro lado, de realizarse el señalado trasvase no quedaría garantizado el cumplimiento de las cautelas ambientales y socioeconómicas previstas en la legislación de aguas, destinadas a garantizar que en ningún caso el desarrollo futuro de la cuenca cedente pueda verse comprometido por la transferencia, ni quedaría asegurada la obligada circulación del caudal ambiental aguas abajo de la toma de derivación y el mantenimiento de los ecosistemas asociados, tal y como expresamente exige la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco sobre Política de Aguas), patrón por el que deberán perfilarse las políticas hidráulicas de los Estados miembros en el siglo XXI. De acuerdo con la citada directiva europea, las transferencias entre cuencas sólo deben plantearse cuando se hayan optimizado los recursos hídricos de cada cuenca; y, en todo caso, cualquier actuación hidráulica debe ser compatible con el mantenimiento de los caudales que garanticen la calidad ecológica de las aguas. Ello es aplicable, evidentemente, a la única transferencia de agua de importancia significativa existente en España, el trasvase Tajo-Segura, cuya utilización deberá ajustarse, estrictamente, a las condiciones establecidas en la legislación vigente. Adicionalmente, el exigible principio de recuperación de los verdaderos costes asociados al trasvase haría inviable económicamente la utilización de los recursos aportados para el regadío y retrasaría en el tiempo la puesta en marcha de soluciones a problemas que son que la propia Ley 10/2001, de 5 de julio, establece en el artículo 12. Es necesario por todo ello adoptar mediante real decreto ley unas medidas cuya urgencia se justifica en las razones hasta aquí expuestas, ya que carecería de toda racionalidad continuar invirtiendo en las obras necesarias para realizar un trasvase que no se va a llevar a cabo. Además de un evidente despilfarro de recursos públicos, ello supondría impedir o retrasar, por inmovilización de recursos financieros, la exigible y urgente realización de las medidas estructurales de inversión y de gestión que se aprueban mediante este real decreto ley con el carácter de prioritarias y urgentes. Porque la satisfacción de las necesidades hídricas de las cuencas mediterráneas no admite demora, y debe procurarse asegurando la estabilidad de un desarrollo más equilibrado, sostenible y concertado en todos los territorios a los que hubiera afectado el trasvase del Ebro. Las medidas recogidas en este real decreto ley, ajustadas rigurosamente al parámetro constitucional de extraordinaria y urgente necesidad, se circunscriben estrictamente a la derogación de los preceptos que regulan el trasvase y a la aprobación del desarrollo de aquellos proyectos urgentes y prioritarios que más directamente pueden incidir en una mejora de la disponibilidad de recursos para las cuencas con déficit o con graves problemas de sobreexplotación y contaminación de acuíferos. En este sentido, el anexo III incorpora las nuevas actuaciones que se declaran de interés general, en tanto que, por razones de claridad y sistemática, el nuevo anexo IV comprende y reordena el conjunto de actuaciones que van a acometerse con carácter prioritario. En suma, se atiende así cabalmente el mandato que el artículo 45 de la Constitución dirige a los poderes públicos para velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, entre los que necesariamente hay que incluir el agua, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de junio de 2004,

DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, se modifica en los siguientes términos:
Uno. El apartado 5 del artículo 36 queda redactado como sigue:
«5. Todas y cada una de las obras incluidas en los anexos II y III se declaran de interés general con los efectos previstos en los artículos 46.2, 127 y 130 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa respecto de la utilidad pública implícita en los planes de obras del Estado.
El Ministerio de Medio Ambiente, los organismos públicos dependientes de aquel y, en su caso, por convenio, otras Administraciones públicas, realizarán las actuaciones relacionadas en el anexo IV con carácter prioritario y urgente, de conformidad con lo establecido por la normativa vigente.»

 

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