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FRANCIA, ESPAÑA Y ALEMANIA:

NTENTAN MANTENER LOS DERECHOS DE PLANTACIÓN ...

Volvemos a......, de verdad que no sé hacia donde nos encaminamos, hacia donde se dirige la política Agraria de la UE, se da un paso adelante y cinco hacia atrás. Estaba ya decidido que a partir del año 2015 la UE liberalizaría las plantaciones de viñedo, liberalización que debería haberse producido hace ya tres décadas al menos. Aunque repito, muy tarde, parecía abrirse el camino hacia la competencia en la O.C.M del sector vitivinícola.

Actualizado 5 mayo 2010  
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Redacción Agrolibre
  

De repente los franceses por boca de su ministro de Agricultura Le Maire, los españoles a través de los Consejos Reguladores Vitivinícolas de España y los alemanes, en manifestaciones recientes de su primera ministra, han puesto pie con pared replanteándose, una vez más, la supresión de los derechos de plantación a partir del año 2015.
Es una vergüenza que se intenta razonar con la más artera de las justificaciones posibles, se afirma que “la calidad y la libertad no pueden convivir”. Para el ministro francés si se quieren garantizar el origen y la calidad de las producciones no cabe la libertad de plantación, “el control de la producción es tema imprescindible que debe ser debatido de nuevo en el marco de la política de calidad en la futura PAC . ¡VAYA CAMELO¡. 
En España los Consejos Reguladores exigen de la UE  el control de las plantaciones “porque si no, pueden generarse deslocalizaciones y donde hoy es rentable el viñedo puede dejar de serlo en el futuro”. Los Consejos están protegiéndose  y protegiendo a sus clientes actuales, quieren seguir recibiendo cuantiosas subvenciones tanto para reestructurar como para arrancar viñedos, para poner vides nuevas, para revender derechos, para limitar producciones, para…, en una palabra para seguir esquilmando al ciudadano europeo y no resolver nada. 
Los “manejos” de las D.O clasificando y desclasificando vinos al margen de su posible ilegalidad consiguen siempre lo contrario de lo que pretenden. Disminuyendo la oferta de vino de la denominación, la demanda se desplazará de forma inmediata a otras denominaciones, el consumidor se decidirá entonces por otras opciones. El camino nunca es la limitación obligatoria, el camino pasa por la competitividad y la calidad, ofrecer mejores vinos y a mejores precios. 
Pero volvamos de nuevo al tema que hoy nos ocupa y recordemos que todas las limitaciones a la plantación de viñedos  nacieron  con un claro carácter de limitación temporal.
 Así en el Asunto 44/79, “HAUER”, el Abogado General, cuando  presentaba sus conclusiones a la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas para respaldar la legalidad de las prohibiciones contenidas en el Reglamento (CEE) nº 1.162/76, Reglamento base de todas las prohibiciones posteriores, argumentaba que, “se trata evidentemente de medidas de carácter temporal destinadas a ser reemplazadas a medio término. El sacrificio impuesto a los particulares se reduce a un retraso; los destinatarios de esta prohibición no han sido privados de su derecho de propiedad sólo se le ha condicionado temporalmente pues la medida es coyuntural y en ese pensamiento parece que el mantenimiento será durante un período de tres años. Se trata de una forma de intervención bastante agresiva pero temporal”. Pasaron los tres prometidos años, ¡pasaron quinquenios, pasaron tres decenios!, y el cultivo del viñedo, caso único en el sector agrícola, sufre intervenciones límite en un marco jurídico general en el que la libertad es principio básico”.
Desde el año 79 han pasado ya más de treinta años y...seguimos igual y ahora, hace unas semanas, cuando se veía algo de luz, parece que de nuevo entramos en el túnel del tiempo.
No tiene sentido prohibir y menos en España, primer país vitícola del mundo, nuevas plantaciones de viñedo porque las fronteras de la UE están abiertas a las producciones de los países del nuevo mundo, que se están imponiendo en los mercados europeo y mundial, y estas no se autoimponen ninguna limitación. Las limitaciones son siempre negativas para los propios productores pues, entre otras cosas, elevan considerable e innecesariamente el valor de los derechos de producción, y consecuentemente producen una innecesaria pérdida de competitividad.
Incluso aceptando que la renta del productor de vino pudiera ser uno de los principales objetivos de la O.C.M.V., estimamos que sólo la libertad hará posible alcanzar ese objetivo de forma sostenible. Los vigentes mecanismos de intervención son el origen de muchos de los problemas que tiene el sector del vino en la actualidad y  han frenado los ajustes que hubiesen sido necesarios en la producción. Muchos problemas españoles generados a partir de los años 50 tienen su origen en que para resolver una situación “coyuntural” excedentaria, se creó con carácter transitorio, por Decreto-Ley de 11 de agosto de 1953,  la Comisión de Compras de Excedentes de Vino para, con carácter excepcional, comprar hasta 1 millón de hectolitros de vino. La Comisión creada con carácter transitorio ha estado comprando vino para quemar, durante decenios, comprando los excedentes estructurales de decenas de millones de hectolitros producidos en tierras no tradicionales ni idóneas para el cultivo de la vid.
Los agricultores españoles, y en particular los productores de vino, hace tiempo que se desprendieron de la rutina demostrando sobradamente su fantástica capacidad de reestructuración y de reconversión. En el siglo XXI el Sector Público ya no puede valorar  la vitivinicultura como una actividad que para evolucionar necesita sufrir una agresiva y permanente intervención sobre derechos básicos, como es, el uso agrícola de la propiedad privada, a través de un desproporcionado, pretendido e indefinido “interés general”.
La vitivinicultura es una actividad multifuncional y dinámica que necesita información seria y precisa y ayudas, pero no prohibiciones ni limitaciones desproporcionadas, pues de su reconversión y rentabilidad se encarga día a día el productor de vino.
La sociedad europea ha sido extremadamente generosa con el Sector habilitando durante muchos años una ficha financiera de 1.500 millones de euros anuales, y de ellos 2.400 millones en cinco años para subvencionar el arranque voluntario de unas 400.000 Has.
Nadie, en nombre de nadie, en unos momentos de inaplazables vientos globales de libertad, puede cuestionar y pretender manejar esa red de seguridad para aquellos agricultores que, voluntariamente, en un nuevo mercado globalizado y libre, no se encuentren con fuerzas para seguir siendo viticultores.
Libertad de plantación sí y red de seguridad también para el que no quiera seguir siendo  viticultor. ¡Cuántos sectores estratégicos de la sociedad desearían tener tanto apoyo!. La sociedad tiene derecho a exigir, al menos, que sus millones de euros anuales en subvenciones, se gasten de la manera más eficaz posible; la experiencia confirma que, hasta ahora, las decenas de miles de millones de euros gastados no han resuelto los problemas básicos de la OCM del vino,  incluso los han potenciado. Por tanto urge cambiar las fórmulas utilizadas.
Nuestro deseo no puede ser otro que lograr la libertad de plantaciones y  la desaparición de los derechos de replantación.  “In vino veritas” sí pero en Libertad.

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