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Semana del 1 al 8 de marzo de 2010.

Planas o como justificar, lo injustificable

Siguen los problemas con los costes salariales, derivados en esta ocasión, por las subidas de las bases de cotización a la Seguridad Social. Al parecer y en contra de lo que el gobierno avanzó con reiteración, el paro es un tema que no les preocupa nada porque, como ya sabemos todos, cualquier subida y más la prevista, que afectaría principalmente a los salarios más bajos, supondría de forma automática elevar las colas de parados.

Actualizado 12 marzo 2020  
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Redacción Agrolibre
  
Planas, (¡vaya comienzo que has tenido!), en sus declaraciones al periódico ABC nos aclara porque, a su parecer lo desconocíamos, que:
…” estamos en una economía social de mercado, tal y como lo define nuestra Constitución. Por tanto, tienen que ser vendedor y comprador quienes establezcan de común acuerdo lo que se refleja en el contrato incluyendo la referencia a esos costes de producción.
… la Administración no puede fijar precios ni costes, puede publicar -que es lo que hace este Ministerio como servicio público- lo que nosotros vemos como referencia en un determinado sector o subsector. Pero, en todo caso, estas son referencias indicativas y no pueden prescribir un precio, porque sería contrario a la ley. Lo que ocurre es que este último decreto ley busca reforzar la posición negociadora de agricultores y ganaderos. Para ello, también hace falta la generalización de los contratos escritos.
… la distribución es consciente de que determinadas prácticas comerciales, y en particular algunas que se han dado en alguna ocasión durante los últimos años como la venta a pérdidas o la publicidad engañosa, no son deseables. Sobre todo, mi petición es que también sean parte del debate y que garanticen que los precios abonados a agricultores y ganaderos tengan ese sentido de rentabilidad y justicia. Sin agricultores ni ganaderos no hay ni industria ni distribución.
… en el momento en que un ciudadano pague un bien, este debe haber sido ya liquidado al productor.
…para mí lo que es muy importante es que no se produzca una fijación de precios en vertical, es decir, que se invierta lo que debería ser la formación normal de los precios. La cadena normal es horizontal: primero qué valor añadido hay en el primer eslabón y qué precio se paga, a continuación, pasa a la industria o a un mayorista, para posteriormente trasladarse a la distribución y finalizar en el consumidor. Creo que hay margen para reequilibrar la cadena sin necesidad de que los ciudadanos paguemos más”.


Comentarios.
¡Vaya cúmulo de gansadas! y que forma más ridícula de justificar lo injustificable.
En esta misma línea Jorge Jordana, ex-secretario general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y sobre las medidas adoptadas por el Gobierno, contenidas en  Real Decreto-ley” sobre la modificación de la Cadena Alimentaria centradas en la mejora de los precios en origen”, opina que, “no se ha regulado la venta a pérdidas si no la no destrucción de la cadena de valor”, “ en el Decreto se fija que, en los contratos deberá considerarse el coste de producción para fijar el precio, que se tendrán en cuenta factores tales como las semillas, fertilizantes, pesticidas o salarios y podrán tomarse como referencia los datos relativos a los costes publicados por el Ministerio de Agricultura y que todo ello es un brindis al sol, ya que tenemos unos costes básicos y el producto se produce mezclando una determinada cuantía de esos costes”. De acuerdo con Jorge, sobretodo en su última precisión, pero querido amigo, no deberías ser un poco más contundente y renegar decididamente sobre las medidas adoptadas que son absolutamente contrarias al mercado libre, a la economía occidental, no te olvides de que ya estás jubilado… …
Hay que leer con detenimiento el análisis que ha realizado sobre el tema Enrique de los Ríos, director general del grupo almeriense integrado en la mayor cooperativa agroalimentaria de España (Grupo AN), cuando cree y afirma que hay productores que están llevando a cabo actitudes especulativas que dañan al conjunto del sector y a las organizaciones que están tratando de agrupar producción para conseguir mejores cotizaciones en origen.
 “A veces los agricultores adoptan una actitud especulativa. Si me conviene, llevo mi producción a la alhóndiga, y si no me conviene, a la cooperativa. Si están pidiendo apoyos, deben adoptar una actitud de corresponsabilidad y de mayor compromiso con las organizaciones que les agrupan”. “Nos estamos peleando por tronos pequeños y no nos unimos. Hay que mirar a Holanda, pero también a EEUU, donde el 35% de la producción está agrupado en cooperativas y están más unidos que nosotros en España”. Y sobre los incentivos públicos a la integración cooperativa, misma respuesta tajante: “Ni las fusiones, ni la inversión en innovación ni la internacionalización se hacen por subvención, se hacen por convicción”.
No tienen remedio, según la COAG Castilla y León, ”el precio de los alimentos no debe verse afectado por las medidas tomadas por el Gobierno en aras de garantizar que las cantidades percibidas por los agricultores y ganaderos en la venta de sus productos a la distribución, cubran al menos, los costes de producción”. ¡O son idiotas o, nos toman a todos nosotros por idiotas!

Al menos y ello es muy de agradecer, ASAJA, COAG y UPA continúan desarrollando un intenso trabajo de reivindicación y negociación para resolver la crisis que sufren los agricultores y ganaderos españoles.
“La próxima semana empezarán a conformarse las mesas de trabajo sobre seguros agrarios, fiscalidad, costes energéticos y empleo, acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva sobre prácticas comerciales desleales. Mientras tanto, las movilizaciones continúan.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado para el próximo 11 de marzo la mesa de trabajo sobre seguros agrarios y con posterioridad se espera la conformación de las mesas interministeriales de fiscalidad, costes energéticos y empleo, la de acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales.
En el área de seguros agrarios, se reclama, entre otras cuestiones, ajustar el sistema de seguros agrarios a la nueva realidad de cambio climático para asegurar un nivel de cobertura mínimo ante grandes catástrofes que permita, además, un aseguramiento a la carta según sectores y sensaciones de riesgo. Y todo ello en unas condiciones de precios razonables para los productores. Para ello, consideran “imprescindible” recuperar un presupuesto público anual de todas las administraciones en torno a los 400 millones de euros. El recorte acumulado del 35% en periodo 2013-2020, ha supuesto una subida del 20% de la prima del seguro para el agricultor.
En la Mesa de Fiscalidad, Costes Energéticos y Empleo, se plantea el desarrollo reglamentario Ley 1/2018 de 6 de marzo de medidas urgentes contra la sequía, para que pueda aplicarse lo que recoge en su disposición final tercera, que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos. Los regantes tienen la necesidad de una elevada potencia para bombear agua durante los meses de riego, pero cuando termina su campaña de riego, siguen obligados a utilizar la misma potencia contratada, pagando un coste muy alto durante los meses en que no la usa.
En materia fiscal, las organizaciones agrarias abogan por un incremento de los gastos de difícil justificación en la Estimación Directa del IRPF de un 15%; de la reducción del 35% de la factura del gasóleo y del 15% de la factura de plásticos y fertilizantes en el rendimiento neto en la Estimación Objetiva (estas tres medidas ya se pusieron en marcha por parte de los ministros socialistas Elena Espinosa y Pedro Solbes).
Igualmente, para contrarrestar la subida de los costes de producción haría falta reducir el IVA de los insumos, así como el incremento en dos puntos en la compensación del IVA del régimen especial. En impuestos indirectos, las tres organizaciones han solicitado la exención del 85% del impuesto especial de electricidad para los sectores ganaderos.
Respecto al empleo, se solicitan bonificaciones en materia de seguridad social en los costes empresariales para mitigar la subida de los costes laborales, así como permitir a los parados mayores de 52 años en Extremadura y Andalucía que puedan compatibilizar el cobro del subsidio con el trabajo que puedan realizar y no sufran penalización alguna.
En la mesa de acuerdos comerciales, demandarán un mayor control en frontera para evitar que se incumplan de forma sistemática las cantidades y precios de entrada recogidos en los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países. Además, instarán al Ministerio de Agricultura a que trabaje en Bruselas para que se exijan a las importaciones de productos agrarios los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria, sanidad vegetal y protección sociolaboral que cumplen las producciones europeas.
En lo referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales a la normativa española, han pedido al MAPA que aproveche este trámite legislativo para ampliar la figura del mediador a los contratos individuales, para reducir la indefensión del productor respecto a sus compradores. También reclaman que se establezca un registro oficial de contratos de compra-venta de productos agrarios y que las relaciones contractuales con el canal HORECA también estén sometidas a la Ley de Cadena Alimentaria.
Y para que la Administración no se olvide de la caótica situación agraria, continúan con fuerza el proceso movilizaciones a lo largo y ancho de toda la geografía española. La semana que viene los tractores saldrán a la calle en Ciudad Real (9M), Zaragoza, Cuenca y sector apícola frente al Ministerio de Agricultura en Madrid (10M), Soria y Valladolid(11M) y Vitoria, Albacete y Puertos de Algeciras (12M). El 14M, será el turno de los agricultores y ganaderos canarios en Tenerife, el 19M en el Puerto de Motril (Granada) y el 20M está convocada una gran manifestación y tractorada en Córdoba.”
Y si nos asomamos al conjunto de las reivindicaciones planteadas todas pueden y deben ser contempladas por el gobierno porque en contra de lo que nos han querido hacer creer, el “Precio Justo” por Decreto, tal como ha sido concebido por el gobierno y el Ministro Cadena no es lo fundamental de lo reclamado. Lean con detenimiento lo que se pide y verán que todo puede y debe ser atendido, en mayor o menor cuantía, por nuestro gobierno.
 
Noticias.
-El Gobierno aprobará en las próximas semanas una subida de las bases mínimas y las bases máximas de cotización, lo que encarecerá los costes laborales de las empresas y también lo que aportan los trabajadores a la Seguridad Social.
Las bases de cotización son la parte del salario sobre el que se aplica el tipo de cotización, que en la actualidad es del 28,3%. De éste, el 23,6% corre a cargo de la empresa mientras que el 4,7% corre a cargo del trabajador. Esas bases están topadas por arriba y por abajo: en 2019 las bases mínimas oscilaban entre 1.050 y 1.466,10 euros -en función del grupo profesional- mientras que las bases máximas se situaban en 4.070,10 euros para todos los grupos.
La base máxima supone que sea cual sea el sueldo de un trabajador, sólo se le aplicará el tipo de cotización a los primeros 4.070,10 euros de salario…
A.Olcese. Vozpopuli.
 
-Opiniones de Jorge Jordana, ex-secretario general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), sobre las medidas adoptadas por el Gobierno, contenidas en  Real Decreto-ley sobre la modificación de la Cadena Alimentaria centradas en la mejora de los precios en origen.
Medidas
En primer lugar, la prohibición de la venta a pérdidas.
“De acuerdo con la disposición aprobada, cada operador estará obligado a abonar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción o a lo que ha pagado por él. La única excepción es la venta al consumidor final cuando se trate, por ejemplo, de evitar el desperdicio alimentario (lo que justificaría descuentos en los precios), aunque no se podrá imputar al vendedor la rebaja al consumidor”.
Sobre esta medida, Jordana explicó que no se ha regulado la venta a pérdidas si no la no destrucción de la cadena de valor. “Realmente si hay alguna nueva e imaginativa fórmula de regular la venta con pérdida está un poco más atrás del Decreto-ley cuando recoge que nunca se podrá vender en promociones productos cuyo precio denigre o desacredite la imagen del producto”. En concreto, dice lo siguiente: “no podrán realizarse acciones promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, con el fin de evitar su banalización”.
En segundo lugar, costes de producción.
El documento recoge que “en los contratos deberá considerarse el coste de producción para fijar el precio. Se tendrán en cuenta factores tales como las semillas, fertilizantes, pesticidas o salarios y podrán tomarse como referencia los datos relativos a los costes publicados por el Ministerio de Agricultura”
Para Jorge Jordana, esto es un brindis al sol, ya que tenemos unos costes básicos y el producto se produce mezclando una determinada cuantía de esos costes. Puso de ejemplo el aceite de oliva producido en olivar tradicional o en superintensivo. “En este último los costes son inferiores, pero las unidades de costes son las mismas (la energía eléctrica y el gasóleo valen lo mismo en un caso que en otro) pero en el superintensivo se usa en una forma con lo que se llega a un precio medio de producto mucho más barato que en el tradicional”. Es decir, tienes dos costes de producción totalmente diferentes y, por lo tanto, dos precios diferentes.
En tercer lugar, contratos.
De acuerdo con la disposición aprobado “la no existencia de contratos escritos para la compraventa de productos se considerará una infracción grave y se dará publicidad a las resoluciones sancionadoras de este tipo de infracciones que sean firmes”. Según Jordana, todo lo que sea endurecer las condiciones de incumplimiento de la legislación es bueno. “Que todavía haya un porcentaje muy elevado de contratos que no se formalizan cuando la Ley ya lleva años vigente es intolerable”.
En definitiva, desde su punto de vista, las medidas son “bienintencionadas” y en algunos casos muy imaginativas, aunque a su juicio, los resultados pueden ser escasos y habrá que verlo poco a poco en el tiempo.
 
 

-El campo lleva un mes en las carreteras protestando por los precios que reciben y con el respaldo claro de Cooperativas. Sin embargo, ahora se ha oído otro punto de vista desde el sector con un mensaje a la contra no de las protestas sino de la situación del campo desde una de las mayores cooperativas agroalimentarias y líder en exportación de hortalizas con 500 millones en ingresos en 2019, Unica Group.
Enrique de los Ríos, director general del grupo almeriense integrado en la mayor cooperativa agroalimentaria de España (Grupo AN), cree que hay productores que están llevando a cabo actitudes especulativas que dañan al conjunto del sector y a las organizaciones que están tratando de agrupar producción para conseguir mejores cotizaciones en origen.
Enrique de los Ríos  insistió en esta idea durante un encuentro con El Confidencial con motivo de su participación en un foro alimentario organizado en Sevilla por Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía. Consultado sobre cuál es su diagnóstico de la situación del campo, el gerente de la firma que integra una quincena de cooperativas de Andalucía, Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha reparte responsabilidades sin excepción. Unica agrupa a más de 5.000 horticultores tras una década absorbiendo cooperativas.
“SOMOS EL PRIMER PRODUCTOR MUNDIAL DE ACEITE Y DE FRUTAS Y HORTALIZAS, PODRÍAMOS MARCAR LOS PRECIOS DE REFERENCIA EN EL MUNDO Y NO LO HACEMOS”
Primero se mira a sí mismo, a los agricultores: “A veces adoptan una actitud especulativa. Si me conviene, llevo mi producción a la alhóndiga, y si no me conviene, a la cooperativa. Si están pidiendo apoyos, deben adoptar una actitud de corresponsabilidad y de mayor compromiso con las organizaciones que les agrupan”.
Sobre las propias cooperativas, mensaje igualmente contundente desde su punto de vista: “Nos estamos peleando por tronos pequeños y no nos unimos. Hay que mirar a Holanda, pero también a EEUU, donde el 35% de la producción está agrupado en cooperativas y están más unidos que nosotros en España”. Y sobre los incentivos públicos a la integración cooperativa, misma respuesta tajante: “Ni las fusiones, ni la inversión en innovación ni la internacionalización se hacen por subvención, se hacen por convicción”, según recoge Carlos Pizá.
Y los supermercados, ¿qué parte de responsabilidad tienen en la situación actual? De los Ríos mantiene aquí su discurso heterodoxo y se ciñe a pedir a las cadenas de súper “más sensibilidad hacia el productor”. “La atomización de los agricultores espolea la competencia a la baja en precios entre los propios distribuidores, esta atomización es algo así como poner un filete delante de una manada de lobos”, ejemplifica gráficamente. No obstante, advierte también de que los propios grupos de supermercados saben que presionar excesivamente a la baja acaba perjudicando sus propios márgenes.
Pero quizá su mensaje de mayor calado a medio y largo plazo, que también reiteró durante su intervención en una de las mesas del foro, es que España, según su punto de vista, no está ejerciendo su liderazgo en algunos segmentos agrarios. “Somos el primer productor mundial de aceite y de frutas y hortalizas, en estos dos sectores podríamos marcar los precios de referencia en el mundo y no lo hacemos. No estamos ejerciendo ese liderazgo, a diferencia por ejemplo de lo que hace California con la almendra, significativamente a través del gran productor Blue Diamond”, detalla.
Agroinformación.
 
 
-El Consejo de Ministros ha autorizado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la concesión de ayudas para la convocatoria de subvenciones a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014–2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supra autonómico.
Estas ayudas, financiadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), ascienden a 13.832.195,28 euros para el ejercicio 2020 y de 25.000.000 euros para el ejercicio 2021.
Su objetivo es mejorar la competitividad de los productos ofrecidos por las entidades asociativas prioritarias, de manera que se beneficien los agricultores integrados, persiguiendo un aumento del valor añadido del producto objeto de la integración a lo largo de la cadena de valor.
Tras la aprobación del presupuesto, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) podrá proceder a publicar la convocatoria para el ejercicio 2020, de modo que quedará abierto el plazo para la presentación de solicitudes y se establecerán los porcentajes de subvención aplicables y los procedimientos de solicitud de subvención, instrucción, resolución y control de expedientes, así como la documentación justificativa que los interesados deberán aportar en su caso.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha remitido una carta a todos los consejeros y consejeras de Agricultura de las comunidades autónomas para que, en el ámbito de sus competencias, pongan en marcha las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para aportar soluciones a la compleja situación por la que atraviesa el sector agrícola.
En la misiva, el ministro ha destacado la importancia del diálogo y el trabajo conjunto entre las administraciones, ya que las autonomías pueden “contribuir significativamente a mejorar la situación de nuestros agricultores y ganaderos”.
Así, en relación con la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, el ministro ha pedido a las comunidades que intensifiquen los controles ante posibles incumplimientos, estableciendo un procedimiento de coordinación que permita tramitar los expedientes sancionadores de acuerdo con el reparto competencial recogido en dicha ley.
El ministro ha dado ya instrucciones a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que coordine con las comunidades autónomas la elaboración de un Plan de Control de la Ley de la Cadena, en el que se establezcan los controles mínimos a realizar por cada autonomía en su territorio. Con ello “conseguiremos un efecto multiplicador en la capacidad inspectora destinada a velar por el cumplimiento de la ley”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido hoy con las asociaciones de la distribución ACES (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados), ANGED (Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución) y ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), en el marco de encuentros que mantiene el Ministerio con los diferentes actores que conforman la cadena alimentaria para buscar soluciones, de manera conjunta, a los problemas que sufre el sector agrario español.
Durante la reunión, el ministro Planas ha destacado la necesidad de que todos los agentes de la cadena de valor y de las comunidades autónomas tomen conciencia de la situación de crisis que vive el sector agrario español y trabajen de manera coordinada para lograr una retribución justa para los productores, además de un mayor reconocimiento social por su trabajo.
Para el ministro, una distribución eficiente y moderna es parte de la solución del problema, ya que concentra una buena parte de las ventas. En este sentido, la gran distribución puede realizar un gran aporte en la valorización de los alimentos, evitando su uso como productos reclamo.
MEDIDAS URGENTES
Según ha expresado, el Gobierno quiere ayudar a la agricultura familiar y profesional, la gran clase media de la agricultura, que juega un papel determinante en la España rural como generadora de cohesión económica y social. 
Entre las iniciativas puestas en marcha destaca el Real Decreto-Ley, aprobado el pasado 25 de febrero en Consejo de Ministros, que incluye medidas urgentes en la cadena alimentaria, como la obligatoriedad de tener en cuenta los costes de producción en los contratos, la prohibición de establecer precios por debajo del coste de producción, la prohibición de la venta a pérdidas o la regulación de las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios.
MAPAMA
 

- COAG Castilla y León ha asegurado que el precio de los alimentos no debe verse afectado por las medidas tomadas por el Gobierno en aras de garantizar que las cantidades percibidas por los agricultores y ganaderos en la venta de sus productos a la distribución, cubran al menos, los costes de producción.
Según señala la organización, el Gobierno ha identificado con el ánimo de corregir prácticas desarrolladas por la distribución que perjudicaban la valoración de los alimentos producidos por los agricultores y ganaderos. Tales prácticas eran los productos reclamo, la venta a pérdidas o la fijación de precios sin tener en cuenta los costes de producción, entre otras. Con la entrada en vigor de los cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria estas medidas de la distribución van a ser revisadas.
La industria y la distribución alimentaria “rápidamente han difundido la especie de que se cercena su capacidad de competir, que los márgenes con los que trabajan son muy estrechos y que, las medidas del Gobierno, podrían incidir en una hipotética subida de precios”.
Sin embargo, desde la COAG ha dejado claro que “no es verdad, como demuestra mensualmente el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora COAG. El diferencial entre el campo y la gran superficie es, en ocasiones, superior a un 1000 por cien. De modo que hay margen suficiente para que se cumplan las medidas aprobadas por el Gobierno y los agricultores reciban precios justos sin que éstos tengan que ser alterados para los consumidores”.
COAG denuncia asimismo que una subida, en el precio de los alimentos en el punto de venta “no estaría en ningún caso justificada por unas medidas que, en caso de que realmente logren el objetivo para el que han sido diseñadas –conseguir precios justos para los productores agrarios- deberían provocar un estrechamiento del margen abusivo de beneficio en alguno de los eslabones intermedios de la cadena. Sólo la ambición del máximo lucro y el interés especulativo de alguno de estos eslabones justificaría que la pequeña subida que los productores reclamamos sea trasladada hacia los consumidores”.
Para COAG, estas maniobras de industria y distribución “persiguen contrarrestar el importante apoyo social que el sector está recibiendo tras las movilizaciones, e insiste en que los consumidores son nuestros principales aliados para consolidar un sector agrario potente, que siga proporcionando alimentos de la máxima calidad a precios asequibles y justos para todos”.
 
 

-Las organizaciones agrarias no bajan la intensidad de sus protestas pese a la reforma express de la Ley de la Cadena Alimentaria. El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha asegurado este lunes que se mantienen las manifestaciones convocadas. “Se mantienen porque las medidas [del paquete aprobado por el Ejecutivo] no son suficientes”, ha explicado Barato en su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum este lunes.
Barato, al ser cuestionado por la reforma aprobada por Agricultura, ha alabado el cambio. Aunque a renglón seguido ha insistido en que es escaso: “Queda mucho por hacer en seguros agrarios, fiscalidad, aranceles, defensa de la PAC...”. El presidente de Asaja ha justificado las protestas del campo en las “agresiones permanentes” que reciben los productores. Y también a una tormenta perfecta que les ha dejado en una crisis insostenible: “Son un cúmulo de situaciones: caída de la renta agraria, el Brexit, el salario mínimo interprofesional aunque muchos no quieran que se hable de ello, los aranceles de Estados Unidos, el veto a exportaciones rusas...”.
En clave negociadora, el presidente de Asaja ha tenido buenas palabras para el ministro de Agricultura, Luis Planas. “Hemos pedido que la negociación la tutele el Ministerio de Agricultura”, en referencia a las diferencias que han existido con el Ministerio de Trabajo y el vicepresidente Pablo Iglesias, sobre todo tras el plantón de estos en la primera reunión a la que les convocó. “Las fotos, que vaya a hacérselas a otro lado”, ha recalcado, en referencia a Iglesias.
Defensa de la PAC
Barato, como no podía ser de otra forma, ha hecho una defensa férrea de la política agraria común (PAC). Y espera que no se recorte el presupuesto que reciben los agricultores y ganaderos españoles por este concepto. “Tenemos que tener una PAC adecuada y espero que el presupuesto no baje. Estamos haciendo muchas cosas bien para que esta ayuda se mantenga”, ha dicho. Además, ha hecho igualmente autocrítica y ha pedido al sector que explique mejor a dónde van las ayudas y los avances que permite.
El desayuno informativo lo ha abierto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha sido el encargado de presentar a Barato. Y en su discurso argumentó que los cambios hay que hacerlos en la calle, pero también en los despachos. Una referencia tanto al campo como a representantes políticos. “Las cosas no se consiguen solo en la calle, protestando. Ni tampoco solo en los despachos. Casi siempre hacen falta las dos cosas”, ha incidido García-Page.
Al acto también ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, las exministras del PP Isabel García Tejerina y Fátima Báñez, o la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, entre otras personalidades del mundo de la política, la economía y del sector agrario. Ha faltado alguna representación del actual Ministerio de Agricultura, a lo que Barato se refirió con cierta ironía: “Imagino que estarán trabajando en todo lo que estamos pidiendo”.
H.Gutiérrez., El País.
 
-Tras más de un mes de protestas agrarias, y tras haberse prohibido por Ley las ventas a pérdidas y las ofertas abusivas, DIA ha respondido hundiendo aún más los precios y, en concreto al bajar más el precio del aceite de oliva. UPA pide al Gobierno que actúe.
Por ello, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha denunciado este lunes 2 que la empresa de la gran distribución DIA está realizando ofertas abusivas para bajar más el aceite de oliva. En concreto, esta corporación ha respondido a las protestas de los agricultores bajando el precio del aceite un 14%, de los 2,69 a los 2,29.
DIA incurre así en una de las prácticas prohibidas por la Ley, como es la realización de ofertas abusivas que destruyen el valor de un producto a lo largo de la cadena. UPA ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios del Gobierno (AICA) que actúe de inmediato, abriendo una investigación y procediendo a sancionar a esta empresa.
UPA ha tildado de “chulesca” y de “indignante” la actitud de DIA, una empresa a la que además “no parecen funcionarle demasiado bien estas estrategias”, han señalado desde UPA, en referencia a las cifras de negocio de DIA, que en 2019 duplicó sus pérdidas hasta los 790 millones de euros. “Esperamos que el ministro Planas haya llamado hoy al orden a DIA en la reunión que ha mantenido con sus directivos“, han dicho desde la organización de productores.
Para UPA no se justifica una oferta a la baja de estas características, ni por la situación de mercado, ni por la marcha de la actual campaña. “Lo único que justifica algo así es un mal vicio adquirido durante demasiado tiempo al que debemos poner fin. El Gobierno debe actuar ya, con la Ley en la mano, y sancionar a esta empresa de una vez por todas”.
Cabe recordar que en febrero, UPA también había denunciado que DIA porque decidió rebajar el precio de la carne de pollo y de la leche en un 21%.
Agroinformación.
 

-En el año 1962, se inició la Política Agraria Común (PAC) que se desarrolla hoy bajo el presupuesto de la Unión Europea, aunque inicialmente venía de la mano del llamado Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).
En los primeros años, compraba la producción agrícola cuando el precio de mercado caía por debajo de cierto nivel. Y a partir de la década de los setenta, la UE comenzó a gravar las importaciones agrícolas y comenzó a subvencionar sus exportaciones.
Tal y como lo define hoy la UE, se trata de una asociación entre la agricultura y la sociedad para apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, mientras que se busca asegurar el suministro estable de alimentos asequibles y que los agricultores puedan ganarse la vida razonablemente bien.
Calificada como vital, viene justificada porque los ingresos de los agricultores son alrededor de un 40% menores frente a los ingresos no agrícolas. Además, la agricultura depende estrechamente de la evolución del clima y existe una brecha de tiempo entre la demanda de los consumidores frente a la capacidad de abastecimiento de los agricultores al mercado ya que conlleva un tiempo desarrollo de todo cultivo.
Por esta razón, la PAC es la principal política que se desarrolla desde la Unión Europea. Si nos vamos a los datos, la Política Agrícola Común (PAC) es la partida presupuestaria única más grande de la UE, ya que absorbe alrededor del 38% de todo el gasto que se impulsa desde la UE en el presupuesto actual de siete años (2014-2020).
El dinero de la PAC se organiza de la siguiente manera: En primer lugar, alcanza un presupuesto de 408.000 millones de euros para el período 2014-2020. Este dinero se destina principalmente al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA, 77%) y el resto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER, 23%).
El FEAGA se utiliza para proporcionar ingresos a los productores agrícolas (se esperan 294.000 millones de euros para 2014-2020) e interviene en caso de perturbaciones adversas en los mercados agrícolas (se esperan 18.000 millones de euros).
Los 96.000 millones restantes, son empleados por el FEADER cuyo objetivo es ayudar a las comunidades rurales a desarrollarse y diversificarse económicamente, financiando proyectos regionales.
Consecuencias de la PAC: la distorsión del mercado agrícola.
En primer lugar, es difícil de encajar de que el 38% del presupuesto de la Unión Europea vaya dirigido a una población que representa el 3% de la Unión y que el impacto económico vinculado es del 6% del PIB.
A pesar de la PAC tiene un desarrollo en el mercado común, hay desigualdades en los subsidios que reciben los agricultores de diferentes estados miembros e incluso entre agricultores de un solo estado miembro.
Pudiéramos pensar que existe una función redistributiva, pero lo cierto es que, como podemos ver en la siguiente tabla, los pagos directos mayores han ido a Francia, España, Alemania, Reino Unido e Italia.
Además, el foco de los subsidios, va a los grandes agricultores y las pequeñas granjas están desapareciendo de la UE. Para hacernos una idea, el 70% de los fondos serían destinados a únicamente el 20% de las granjas.
Esta política está distorsionando claramente el mercado global agrícola porque los productores están generando una sobrecapacidad sin mucho sentido que, genera una serie de consecuencias negativas, ya sea desde el punto de vista de los contribuyentes como desde el punto de vista de los mercados locales extracomunitarios fuera de la UE.
Los Gobiernos de todo el mundo distorsionan la agricultura con sus ayudas
Podemos entenderlo si analizamos el mercado lácteo. En un intento de sostener los precios de una crisis láctea (fin de las cuotas de producción y la prohibición de la importación de alimentos frescos de la UE por parte de Rusia) intervinieron el mercado y provocaron un exceso de leche.
En un mercado libre, un exceso de oferta hunde los precios y tiende a eliminar las ofertas de los productores menos competitivas, con la imputación de pérdidas al capital hasta la quiebra. Esa menor oferta, ejerce finalmente una estabilización en los precios. Pero, tratando de aguantar los precios, Bruselas ha estado comprando leche desde 2015. La Comisión Europea ha usado dinero público para comprar unas 380.000 toneladas métricas de leche descremada en polvo. Una medida que tampoco ha funcionado y han terminado por acumular leche en los almacenes, principalmente en Francia, Alemania y Bélgica, los sacos de leche en polvo no lograron detener la hemorragia de los precios.
En resumen, primero Europa ha creado un entorno perfecto para la sobreproducción a golpe de subvenciones, con un exceso de explotaciones, y luego se ve obligada a comprar esos productos para sujetar sus cuentas... Una jugada redonda, a cargo del contribuyente.
Estas subvenciones tienen otra consecuencia: se está haciendo dumping, porque cuando estos excesos se llevan a los países en vías de desarrollo se les está obstaculizando combatir la extrema pobreza, al evitar comerciar en condiciones entre iguales. No solo eso, a pesar de que dentro de Europa existe el libre comercio, de cara a terceros establece medidas no arancelarias, de fuerte carácter regulatorio, que impide la entrada de muchos productos exteriores para competir.
En última instancia, existe una clara preocupación por el medio ambiente y también se focaliza en la PAC una serie de culpas porque para garantizar una oferta innecesaria, gracias a las subvenciones hace que valga la pena utilizar una agricultura especialmente intensiva con la ayuda de productos químicos para alcanzar cuotas de sobreproducción de los que realmente exigen por la parte de la demanda de los consumidores.
Nueva Zelanda consiguió eliminar subvenciones a la agricultura.
La PAC es del todo innecesaria, fomenta un uso inadecuado de los recursos de los contribuyentes destinados a una sobreproducción no solicitada, para supuestamente garantizar el acceso alimentario. Un acceso que en un marco de mercado libre no está en riesgo si se permite abrir puerta a las importaciones de los países en vías de desarrollo.
La amalgama de subvenciones es un error, y esto ya lo entendió Nueva Zelanda en la década de los ochenta.
Antes de 1984, la agricultura neozelandesa estaba fuertemente protegida por medio de subsidios y precios mínimos. Ese proteccionismo dio lugar a distorsiones del mercado, a la sobreproducción y a la degradación de las tierras marginales, justamente los mismos errores hoy vemos con la PAC.
Los subsidios generaban incentivos perversos... Se ponían en producción grandes superficies de tierras marginales y para 1984 más de dos millones de hectáreas se cultivaban sólo porque los subsidios hacían que fuera rentable, y no por una demanda detrás que la respaldara.
La producción ya no se ajustaba a la demanda porque la producción basada en subsidios se disparó. El gobierno pagó por el sacrificio de ovejas que no podían ser vendidas y en 1983, 6.000 toneladas del excedente de carne de oveja, se convirtió en fertilizante.
En 1984, el gobierno se enfrentó a una grave crisis fiscal y aplicó una ambiciosa desregulación que también incluía la devaluación y la posterior flotación del dólar neozelandés y la posterior liberalización de los mercados de capital.
Como parte de esta reforma de toda la economía, el gobierno eliminó todos los subsidios agrícolas. Eso incluía dejar de apoyar el precio de la lana, la carne de vacuno, la carne de ovino y los productos lácteos, apoyo vía ingresos, fertilizante, transporte y todos los subsidios para el desarrollo de la tierra.
En 1986, Nueva Zelanda eliminó todas las subvenciones a la industria pesquera. Se introdujo la ordenación basada en los derechos junto con un sistema de cuotas individuales transferibles y una compra de derechos existentes.
No fue fácil. El ajuste sectorial en el sector de la agricultura llevó siete años, pero el gobierno apoyó el sector agrícola a través de la transición con la reestructuración de los préstamos y las prestaciones sociales.
¿Y qué consecuencias tuvieron estas ambiciosas reformas?
Hoy Nueva Zelanda tiene alrededor de 80.000 explotaciones agrícolas distribuidas en 15,5 millones de hectáreas. El número de granjas se ha mantenido estable desde que se eliminaron los subsidios. La superficie terrestre ha disminuido ligeramente a medida que la tierra marginal se ha entregado a la silvicultura o se ha permitido volver a los arbustos nativos.
Desde la eliminación de los subsidios el mundo no se ha hundido para Nueva Zelanda, el sector agrícola ha crecido más rápido que el resto de la economía. La contribución de la agricultura al PIB de Nueva Zelanda aumentó del 14,2% en 1986-87 al 16,6% en 1999-2000. La agricultura representa el 11,4% de la fuerza laboral total.
La población rural ha mantenido el ritmo de la población nacional desde 1986. El empleo en las granjas ha disminuido un poco, pero estas pérdidas se han equilibrado con el aumento del empleo rural en las empresas relacionadas con el turismo. Al perder esas subvenciones, la economía rural tomó la iniciativa y se ha diversificado para incluir el turismo y otros servicios que han hecho que las comunidades rurales sean menos vulnerables a los descensos cíclicos en la agricultura.
El número de ventas de explotaciones agrícolas forzadas que resultan directamente de la eliminación de subsidios se estima en 800, o el 1% del número total de granjas.
Y lo mejor de todo... más productividad. La productividad agrícola ha aumentado un 5,9% anual en promedio desde 1986. Antes de 1986, las ganancias en productividad agrícola eran de aproximadamente 1% anual.
M. Fortuño. El Blog Salmón.
 

-AYUDA ASOCIADA AL CULTIVO DEL TOMATE PARA INDUSTRIA. IMPORTE UNITARIO DEFINITIVO CAMPAÑA 2019.
AYUDA ASOCIADA AL CULTIVO DE LA REMOLACHA AZUCARERA. IMPORTE UNITARIO DEFINITIVO CAMPAÑA 2019.
AYUDA ASOCIADA AL CULTIVO DE LAS LEGUMBRES DE CALIDAD. IMPORTE UNITARIO DEFINITIVO CAMPAÑA 2019.
AYUDA ASOCIADA AL CULTIVO DE LOS FRUTOS CÁSCARA Y LAS ALGARROBAS. IMPORTE UNITARIO DEFINITIVO CAMPAÑA 2019.
AYUDA ASOCIADA A LOS CULTIVOS PROTEICOS. IMPORTE UNITARIO DEFINITIVO CAMPAÑA 2019.
AYUDA ASOCIADA AL CULTIVO DEL ARROZ. IMPORTE UNITARIO DEFINITIVO CAMPAÑA 2019.
“Los importes en cuestión son los siguientes:
. Tomate para industria: 196,17 euros/hectárea para un total de 32.369,56 hectáreas; de ellas, cerca de 23.000 corresponden a Extremadura y unas 6.600 a Andalucía; el resto se reparte entre Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y La Rioja.
. Remolacha azucarera: 610,51 euros/hectárea para un total de 23.700,24 hectáreas en la zona norte (principalmente en Castilla y León); en la zona sur el importe se ha fijado en 375,31 euros/hectárea para 6.304,01 hectáreas en Andalucía.
. Legumbres de calidad: 55,83 euros/hectárea para una superficie de 17.865,74 hectáreas. La mayor parte de esa superficie se encuentra en Castilla y León (10.850,05 hectáreas) y Castilla-La Mancha (5.107,93 hectáreas).
. Frutos de cáscara y algarrobas: 29,98 euros/hectárea en la región España peninsular (401.596,14 hectáreas beneficiarias) y 69,03 euros/hectárea en la región insular (13.534,78 hectáreas).
. Cultivos proteicos: 52,84 euros/hectárea para las leguminosas y proteaginosas (408.288,14 hectáreas beneficiarias) y 37,72 euros/hectárea para las oleaginosas. En este último caso solo se concede ayuda para las primeras 50 hectáreas de cada explotación; teniendo en cuenta esto, la superficie por la que se concederá este pago es de 603.385 hectáreas.
. Arroz: 118,63 euros/hectárea para un total de 102.429 hectáreas, principalmente en Andalucía, Extremadura, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Enlaces:
 https://www.fega.es/sites/default/files/Superficie_Determinada_IU_DEFINITIVO_TOMATE_Ca_2019.pdf
 https://www.fega.es/sites/default/files/Superficie_Determinada_IU_DEFINITIVO_REMOLACHA_Ca_2019.pdf
 https://www.fega.es/sites/default/files/Superficie_Determinada_IU_DEFINITIVO_LEGUMBRES_Ca_2019.pdf
 https://www.fega.es/sites/default/files/Superficie_determinada_IU_DEFINITIVO_FRUTOS_CASCARA_Ca_2019.pdf
 https://www.fega.es/sites/default/files/Superficie_Determinada_IU-DEFINITIV_CULTIVOS_PROTEICOS_Ca_2019.pdf
 https://www.fega.es/sites/default/files/Superficie_Declarada_IU_DEFINITIVO_ARROZ_Ca_2019.pdf
FEGA.
 
-Ante la proliferación de contagios en España por coronavirus, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha decidido aplazar su 8º Congreso que tenía previsto celebrar en Toledo los días 26 y 27 de marzo y al que iban a asistir alrededor de un millar de personas.
La situación actual nos obliga a ser prudentes y a evitar los desplazamientos. En este contexto algunos ponentes y asistentes han comunicado ya la imposibilidad de asistir al Congreso. En esta situación, consideramos que no se dan las circunstancias adecuadas para llevarlo a cabo cumpliendo con el programa previsto.
En próximas semanas el Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España decidirá la fecha para la celebración del 8º Congreso.
Muchas gracias a todo por la colaboración y comprensión y esperamos vernos más adelante.
Cooperativas.
 
-ASAJA, COAG y UPA continúan desarrollando un intenso trabajo de reivindicación y negociación para resolver la crisis que sufren los agricultores y ganaderos españoles.
La próxima semana empezarán a conformarse las mesas de trabajo sobre seguros agrarios, fiscalidad, costes energéticos y empleo, acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva sobre prácticas comerciales desleales. Mientras tanto, las movilizaciones continúan.
Mientras se siguen sucediendo las protestas y movilizaciones por todo el territorio nacional, sus convocantes, las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA, continuarán la semana que viene el proceso de negociaciones con el Gobierno para concretar un plan de choque urgente que recoja medidas eficaces para abordar la crisis de rentabilidad de las explotaciones agrarias.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado para el próximo 11 de marzo la mesa de trabajo sobre seguros agrarios.
En próximos días se espera la conformación de las mesas interministeriales de fiscalidad, costes energéticos y empleo, la de acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales.
En el área de seguros agrarios, ASAJA, COAG y UPA reclaman, entre otras cuestiones, ajustar el sistema de seguros agrarios a la nueva realidad de cambio climático para asegurar un nivel de cobertura mínimo ante grandes catástrofes que permita, además, un aseguramiento a la carta según sectores y sensaciones de riesgo. Y todo ello en unas condiciones de precios razonables para los productores. Para ello, consideran “imprescindible” recuperar un presupuesto público anual de todas las administraciones en torno a los 400 millones de euros. El recorte acumulado del 35% en periodo 2013-2020, ha supuesto una subida del 20% de la prima del seguro para el agricultor.
En la Mesa de Fiscalidad, Costes Energéticos y Empleo, ASAJA, COAG y UPA plantean el desarrollo reglamentario Ley 1/2018 de 6 de marzo de medidas urgentes contra la sequía, para que pueda aplicarse lo que recoge en su disposición final tercera, que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos. Los regantes tienen la necesidad de una elevada potencia para bombear agua durante los meses de riego, pero cuando termina su campaña de riego, siguen obligados a utilizar la misma potencia contratada, pagando un coste muy alto durante los meses en que no la usa.
En materia fiscal, las organizaciones agrarias abogan por un incremento de los gastos de difícil justificación en la Estimación Directa del IRPF de un 15%; de la reducción del 35% de la factura del gasóleo y del 15% de la factura de plásticos y fertilizantes en el rendimiento neto en la Estimación Objetiva (estas tres medidas ya se pusieron en marcha por parte de los ministros socialistas Elena Espinosa y Pedro Solbes).
Igualmente, para contrarrestar la subida de los costes de producción haría falta reducir el IVA de los insumos, así como el incremento en dos puntos en la compensación del IVA del régimen especial. En impuestos indirectos, las tres organizaciones han solicitado la exención del 85% del impuesto especial de electricidad para los sectores ganaderos.
Respecto al empleo, ASAJA, COAG y UPA solicitan bonificaciones en materia de seguridad social en los costes empresariales para mitigar la subida de los costes laborales, así como permitir a los parados mayores de 52 años en Extremadura y Andalucía que puedan compatibilizar el cobro del subsidio con el trabajo que puedan realizar y no sufran penalización alguna.
En la mesa de acuerdos comerciales, demandarán un mayor control en frontera para evitar que se incumplan de forma sistemática las cantidades y precios de entrada recogidos en los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países. Además, instarán al Ministerio de Agricultura a que trabaje en Bruselas para que se exijan a las importaciones de productos agrarios los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria, sanidad vegetal y protección sociolaboral que cumplen las producciones europeas.
En lo referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales a la normativa española, ASAJA, COAG y UPA han pedido al MAPA que aproveche este trámite legislativo para ampliar la figura del mediador a los contratos individuales, para reducir la indefensión del productor respecto a sus compradores. También reclaman que se establezca un registro oficial de contratos de compra-venta de productos agrarios y que las relaciones contractuales con el canal HORECA también estén sometidas a la Ley de Cadena Alimentaria.
De forma paralela a estas negociaciones, continúa con fuerza el proceso movilizaciones a lo largo y ancho de toda la geografía española. La semana que viene los tractores saldrán a la calle en Ciudad Real (9M), Zaragoza, Cuenca y sector apícola frente al Ministerio de Agricultura en Madrid (10M), Soria y Valladolid(11M) y Vitoria, Albacete y Puertos de Algeciras (12M). El 14M, será el turno de los agricultores y ganaderos canarios en Tenerife, el 19M en el Puerto de Motril (Granada) y el 20M está convocada una gran manifestación y tractorada en Córdoba.
Organizaciones Profesionales.
 

- La imposición de los aranceles de Estados Unidos al aceite de oliva español se ha dejado notar en las exportaciones europeas de este producto envasado al país norteamericano. Entre octubre y diciembre de 2019, han caído un 7,3%.
Sin lugar a dudas, gran parte de este balance es consecuencia de la imposición de aranceles del 25% al aceite de oliva envasado con origen en España impuesto desde el pasado 18 de octubre, por parte del Gobierno de Donald Trump. Aun así, EEUU sigue siendo el país al que más aceite de oliva destina la Unión Europea, el 30% del total exportado y 50.694 toneladas en el periodo citado anteriormente, según el último informe sobre la situación del mercado en el aceite de oliva publicado por la Comisión Europea. El segundo destino al que más aceite de oliva exporta la UE es, Brasil, con el 15% del total exportado, 24.479 toneladas exportadas y un aumento del 55,5% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. El tercer lugar lo ocupa Japón, que con 16.332 t exportadas entre octubre y diciembre de 2019 ha incrementado su cifra un 18,7% respecto al mismo periodo de 2018.
Asimismo, destaca el incremento que registran países como Rusia, que con 4.340 toneladas de aceite de oliva importadas de la UE ha incrementado esta cifra un 75,5% respecto a la campaña anterior, y lo mismo ocurre en Australia, que ha incrementado sus importaciones un 32,5% alcanzando las 7.536 toneladas. Como conclusión destaca el balance positivo de las exportaciones europeas de aceite de oliva a terceros países, que en total suman 166.533 toneladas y aumentan un 8,4% respecto al mismo periodo de la campaña anterior.
 Un vistazo al comportamiento del mercado del aceite en el gran consumo en 2019 nos depara que hemos dejado atrás la barrera de los cuatro euros y sobre todo considerar el impacto en el gasto, que descendió un 14,8% en total en comparación con 2018 al abaratarse el producto un 14%.
Según el último informe elaborado por Nielsen, los efectos en el mercado de esta bajada de precios, que en ningún caso se deben a una mayor intensidad promocional, se dejaron sentir de distinta manera en oliva y en semillas. Este mercado es repetitivo en sus hábitos. Si se agranda la diferencia de precio entre oliva y semillas, el consumidor se decanta por el segundo. Si se estrecha, se quedan con el segundo. Es como un efecto acordeón. Y en 2019, el “acordeón” se contrajo.
Si vemos la comparativa entre semillas y oliva suave, el diferencial de precio medio del litro se redujo en 83 céntimos. Si hacemos esto mismo, pero ahora con el aceite de oliva, virgen extra, son más de 50 céntimos lo que se redujo la diferencia entre pagar uno u otro respecto a 2018.
En conjunto, los precios en todas las categorías de oliva bajaron el año pasado, con el consiguiente aumento del consumo de litros de la categoría oliva intenso, suave y, especialmente, virgen extra, que se incrementó un 6% más.
Tener más virgen extra en la despensa ayudó a que su precio bajara de la barrera psicológica de los cuatro euros. Y, si bien sigue siendo la variedad más cara del lineal de aceites, lo cierto es que estamos en un contexto de revalorización de toda la alimentación envasada, que en 2019 creció en gasto un 2,5%, con un aumento del precio del 1,8%, pero que en su mayor parte no es inflación. En concreto, un 0,2% es subida pura y dura y el 1,6% restante es porque adquirimos artículos de mayor valor añadido.
Buen momento por tanto para revalorizar el aceite, sobre todo en sus variedades más caras. Los precios no acompañan, pero de momento, todos los aceites de oliva, siguen por encima de los tres euros. Una estabilidad en precios ayudaría al consumidor y al mercado para, desde ese punto, apostar por más valor añadido.
OLIMERCA.
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