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Semana del 8 al 15 de marzo de 2020.

Podemos quiere hacerse con el sector agrario

El intento de Podemos, no negado por el gobierno actual, tratando de llevar al medio rural, el "feminismo radical" que actualmente padecemos es absolutamente deleznable.

Actualizado 19 marzo 2020  
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Redacción Agrolibre
  
Decir que “…el objetivo de la PAC no puede ser “mantener un sistema de derechos históricos, sino apoyar a quienes de verdad desempeñan la actividad: los productores y las productoras, y hacerlo de manera proporcionada a sus necesidades económicas, con menos complejidad burocrática y con mayor transparencia en los mecanismos de gestión y aplicación de los fondos, destinando al menos el 10 % de los fondos a establecer medidas eficaces que corrijan los desequilibrios del mercado, introduciendo ayudas directas a la incorporación de mujeres y complementarias para las que continúan la actividad” es de una estupidez supina.
Comentarios.
La mujer desde siempre, aunque no cave, aunque no levante y mueva la tierra con la azada, el azadón u otro instrumento semejante, aunque no arranque cepas ni realice trabajos rurales que exijan gran fuerza muscular, ha sido y es la gran protagonista, como en el resto de otros sectores económicos, de nuestro mundo rural.
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se ha reunido con las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, así como con Cooperativas Agroalimentarias, para analizar la situación del sector apícola y explicar las diferentes medidas y líneas de trabajo que, desde el Ministerio, se han puesto en marcha para corregir las debilidades estructurales de un sector que suma, a su importancia económica, un alto valor medioambiental.
Otro problema que, al menos nosotros, no conseguimos entender. Ahora resulta y va para más de un año que se solicitó de forma directa, por todos los relacionados con el mundo apícola, al MAPAMA que, en el tema básico del etiquetado:
” … …sobre el etiquetado de la miel, el secretario general nos dice que se trabaja en todas aquellas medidas que ayuden a brindar la máxima información posible de los productos a los consumidores y ponerlos así en valor. Ha informado sobre el estado de tramitación del proyecto de real decreto, en el que trabaja el Departamento para que sea obligatorio en España indicar en la etiqueta el listado de países de origen, en el caso de mezclas de miel, que podría publicarse en torno al mes de junio. Además, ha indicado que España está impulsando, junto con otros Estados miembros, la modificación de la normativa comunitaria aplicable al etiquetado de la miel, así como la armonización de la normativa comunitaria sobre etiquetado en origen de los productos agroalimentarios, con el fin de que los consumidores tengan más información para elegir los productos que adquieren”.
O sea que, tras más de un año, nuestros políticos y la UE han sido incapaces de obligar a etiquetar con la indicación del país originario de la miel... … ¡Váyanse a… …!

Una vez más llueve sobre mojado. Tras contrastar que el hundimiento de la renta agraria en el último año ha sido enorme, que el año 2019 ha sido un desastre para el mundo rural, que se ha llevado por delante sectores muy importantes como el del aceite de oliva o el de las frutas y hortalizas, mientras los ganaderos llevan perdiendo poder adquisitivo desde hace diez o doce años como mínimo, volvemos a la inacción gubernamental.
Pese a que el rendimiento del campo se ha recortado, la Administración Pública, el gobierno cada vez recauda más en impuestos directos sobre la actividad agrícola y ganadera. Esa recaudación tributaria ha pasado de apenas 248 millones en 2009, a más de 440 millones en 2019. El caso del último año es ejemplificador: pese a que la renta del campo cayó en 2.400 millones, la Administración cobró por impuestos 13 millones de euros más que en 2018.Y todo eso sin contar el repunte de los costes salariales, derivado del fuerte impacto que ha tenido la escalada del Salario Mínimo Interprofesional desde el año pasado. No solo conlleva un incremento de la nómina, sino también de la cotización a la Seguridad Social que lleva aparejada. Los costes salariales del campo español rondan los 5.300 millones de euros anuales.
Desde 1990, el precio de los fertilizantes se ha disparado también entre un 80% y un 100% y el de las semillas un 110%... …
La consecuencia es una pérdida paulatina de pequeños y medianos agricultores y ganaderos -lo que afecta de lleno a la despoblación del medio rural- y un peso cada vez menor de este sector en la economía del país. Hace veinte años, la renta agraria suponía más del 4% del PIB español en 2019 fue del 2,7%. Es decir, en veinte años el peso de la renta agropecuaria en el PIB español se ha desplomado un 37%.
Y… … podemos seguir hablando de la bondad de nuestras políticas y defender “lo mismo de siempre”. ¡Ustedes mismos! “La constante y continuada actuación de la mayoría de los gobiernos subvencionando a sus agricultores supone un reconocimiento implícito de la precariedad de las explotaciones por lo que resulta necesario revisar en profundidad si las políticas agrícolas actuales está bien alineadas con los objetivos declarados del sector agrícola tales como aumentar la productividad y los márgenes de explotación, mejorar el impacto ambiental y fomentar el suministro de los productos a precios bajos para contribuir a generar mayor valor añadido al margen de explotación”.

Vayamos terminando hoy nuestros comentarios reseñando dos de las múltiples decisiones, absolutamente contrarias al sector agrario, adoptadas por nuestras autoridades agrarias.
Por un lado, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se ha puesto en contacto con la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Agricultura para reclamar la revisión de la norma que trata como vehículos a todos los aperos que necesiten una rueda de apoyo para desplazarse, como determinados tipos arados, gradas, rodillos, máquinas de siembra directa, etc., y que no vayan suspendidos, con la obligación de homologarlos y matricularlos. En una carta dirigida a la DGT, de la que se ha dado cuenta al Ministerio de Agricultura, Unión de Uniones pone de manifiesto los sobrecostes e inconvenientes que representa para los agricultores esta interpretación de la definición de apero, cuya exigencia implica alteraciones en los trabajos de las explotaciones. “Las labores hay que hacerlas cuando toca y cumplir con todo lo que conlleva la instrucción es impensable de un día para otro, la instrucción, teniendo en cuenta la situación del sector, no puede ser más inoportuna y genera problemas donde no los había, hay que tener en cuenta que, en ciertos casos, estos equipos no los vamos a poder homologar, ni aun queriendo hacerlo, y tendríamos que acabar comprando otros”.
Por otro, APAG Extremadura ha denunciado que la Junta de Extremadura está denegando expedientes de ayudas para la Incorporación de Jóvenes Agricultores y para los Planes de Mejoras por no cumplir una cláusula que es de imposible cumplimiento. En concreto, estos dos tipos de ayudas incluían un apartado con el objetivo de “facilitar la compra” de tractores para las labores agrícolas, pero como requisito se señalaba la necesidad de que fueran de eficiencia energética superior al tipo C. Se da la circunstancia de que solo existe un modelo concreto, además sin cabina, que reúne este requisito, por lo que se excluyen todos los demás vehículos de las ayudas.
Es un contrasentido que se saquen líneas de ayudas para facilitar la compra de tractores, pero a la vez se limite esa compra por la eficiencia energética al no haber modelos en el mercado.
Y… … vamos a seguir soportando todas estas sinrazones….
Para Daniel Lacalle, si de verdad defendemos el campo, lo que hay que hacer es reducir la carga fiscal. Absolutamente de acuerdo con él.
“La propia ministra de Trabajo ha reconocido el impacto de la subida de impuestos al trabajo escondida bajo el SMI al sugerir “ayudas a los agricultores que no puedan pagar el SMI”. Sería mejor no disparar las bases imponibles y dar menos favores. Los agricultores no necesitan que les pongan la zancadilla y luego les ofrezcan la mano para ayudarles. Lo que necesitan es que no les pongan escollos”.
La oportunidad del campo es salir de un modelo de venta de grandes volúmenes a precios muy bajos por la necesidad de colocar mercancía a casi cualquier precio, a desarrollar un modelo competitivo, eficiente, integrado en cadena y a la vez, que atienda a las necesidades de los clientes. Si el agricultor espera intervenciones de precios, proteccionismo y subvenciones, se va a encontrar una respuesta mayor en sus exportaciones. Si espera favores temporales del mismo sistema fiscal que se lucra de la desagregación de la cadena, se va a encontrar con el mismo problema de hoy dentro de cinco años… …

Noticias.

- Podemos, quiere trasladar el feminismo a cada rincón de la economía y de la vida social, íncluido el campo. Por eso exigirá que una parte de las ayudas europeas a las producciones agrícolas (PAC) se conceda bajo la condición de contar con mujeres trabajando en las plantaciones.
Pese a que el Ministerio de Agricultura está bajo la tutela del socialista Luis Planas, ese obstáculo parece no preocuparle al partido de Pablo Iglesias que quiere, una vez más, que sea el Ministerio de Igualdad de Irene Montero el que abandere la lucha feminista, pero esta vez trasladada al campo español. El ‘agrofeminismo’ persigue, entre otras cosas, alterar la política agraria imponiendo el feminismo también en el campo.
Con ese fin, el partido morado quiere remodelar los criterios de asignación de la Política Agrícola Común (PAC), para hacerla “más justa”. Los datos de los morados señalan que España tiene cerca de 800.000 explotaciones agrarias y ganaderas, la mayoría de ellas familiares. Podemos considera, que el objetivo de la PAC no puede ser “mantener un sistema de derechos históricos, sino apoyar a quienes de verdad desempeñan la actividad: los productores y las productoras, y hacerlo de manera proporcionada a sus necesidades económicas, con menos complejidad burocrática y con mayor transparencia en los mecanismos de gestión y aplicación de los fondos”.
¿Y cómo quieren lograr esa “justicia”? Pues “destinando al menos el 10 % de los fondos a establecer medidas eficaces que corrijan los desequilibrios del mercado, introduciendo ayudas directas a la incorporación de mujeres y complementarias para las que continúan la actividad […]”.
Más trabas
En resumidas cuentas, que si en estos momentos el campo se pelea por conseguir menos imposiciones y poder disfrutar de ayudas que le permitan mantener su sistema productivo, Podemos, responde a los agricultores diciéndoles que se condicionará parte del dinero enviado de Europa al hecho de que haya mujeres en el campo.
Se trata de una de las exigencias de Podemos para el campo. Una que cobra fuerza estos días precisamente por el 8M y por la batalla que mantiene Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad, y Pablo Iglesias desde la Vicepresidencia Social, por demostrar que ellos, y no el PSOE, son los auténticos feministas.
La pugna por la bandera feminista, de hecho, ha provocado ya los primeros choques claros entre las dos formaciones en alianza en el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez. Enfrentamientos que no sólo han propiciado ya escenas visibles en público, sino también la crítica generalizada del PSOE al texto de la futura Ley de Libertad Sexual de Irene Montero. Y es que han tachado a la norma de “chapuza” y han criticado la falta de técnica jurídica y detalle de la futura ley. Críticas justificadas, pero que demuestran también que los dos partidos compiten por el colectivo feminista y están dispuestos a sacar las uñas por no perder a sus votantes.
C.Cuesta. OK Diario.
 
 
-El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación organizará unas jornadas informativas sobre la modificación de la ley de la cadena alimentaria y sus efectos inmediatos para detallar al sector agroalimentario las mejoras introducidas por el Gobierno. Estos encuentros, dirigidos a organizaciones agrarias, cooperativas y en general al sector interesado, se celebrarán en 3 ciudades: Jaén, Almería y Badajoz.
El director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, y la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, participarán mañana en Jaén, en la Subdelegación del Gobierno, en este encuentro con el sector para explicarles los cambios enfocados en lograr mayor equilibrio entre los distintos eslabones y favorecer un reparto más justo de los beneficios.
La nueva norma introduce la obligación de incluir de manera expresa en los contratos los costes de producción, de tal forma que el precio pactado entre los operadores no sea inferior a dichos costes.
Para evitar la banalización de los productos, se exige que el lanzamiento y desarrollo de promociones, que se realicen en el ámbito de aplicación de la ley de la cadena alimentaria, se basen en un marco de acuerdo y libertad de pactos, interés mutuo y flexibilidad para adaptase a las circunstancias particulares de los distintos operadores.
Otra de las novedades es la prohibición de la conocida como “venta a pérdidas”, para evitar destruir valor a lo largo de la cadena. Para ello cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción.
Con la modificación de la normativa se pasan a considerar graves infracciones que antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio. De igual forma, se consideran como infracciones graves la destrucción de valor en la cadena alimentaria, así como realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos. En este sentido, se dará publicidad de las sanciones graves y muy graves.
Adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, se prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves que sean firmes, en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial.
La celebración de estas jornadas informativas, organizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tendrá su continuidad en otras ciudades españolas, como Almería (17 de marzo) y Badajoz (19 de marzo).
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se ha reunido hoy con las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, así como con Cooperativas Agroalimentarias, para analizar la situación del sector apícola y explicar las diferentes medidas y líneas de trabajo que, desde el Ministerio, se han puesto en marcha para corregir las debilidades estructurales de un sector que suma, a su importancia económica, un alto valor medioambiental.
En la reunión se han abordado los problemas relacionados con la valorización y comercialización de las producciones y los problemas sanitarios, que son los que suponen una mayor preocupación para el sector.
Respecto a los problemas de valorización y comercialización de las producciones, el secretario general ha incidido en el efecto positivo que tendrá la reciente modificación de la Ley de la Cadena, mediante el Real Decreto Ley publicado el pasado 26 de febrero, en el que se establece que, en la fijación del precio de los contratos, se debe tener en cuenta el coste de producción, de manera que el precio nunca puede estar por debajo de dicho coste.
IMPORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES
Igualmente, el secretario general ha destacado la necesidad y el apoyo del Ministerio para aplicar con rigor la legislación sobre las importaciones de miel de terceros países, indicando que se estudiarán todas las vías para incrementar el número de controles de calidad que se hacen sobre estas importaciones.
A este respecto, Fernando Miranda ha recordado que, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció, en su última reunión con la Mesa de diálogo sectorial, la creación de mesas de trabajo con las organizaciones representativas agrarias, una de ellas dedicada expresamente al cumplimiento de los acuerdos comerciales, el control de las importaciones y el etiquetado de los productos, indicando que esta mesa será convocada a finales del mes de marzo.
Del mismo modo, se han analizado en la reunión los aspectos a mejorar en el sector apícola, prestando especial atención a la comercialización de la miel y productos apícolas por parte de las cooperativas y organizaciones de productores. En este punto, el secretario general ha recordado que, en el Plan Nacional Apícola, se apuesta por la generación de valor añadido a través de mieles envasadas y de figuras de calidad diferenciada.
Profundizando en este asunto, ha recordado la necesidad de que el sector ponga en marcha medidas de promoción, para lo cual sería de gran ayuda que el sector impulsara una organización interprofesional que pusiera en marcha estas y otras medidas.
Igualmente, en materia de apoyo al sector, Fernando Miranda ha explicado que el Plan Apícola, en la nueva PAC, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, verá aumentado en un 70 % su presupuesto actual, que asciende a 13 millones de €, contando con la financiación nacional.
ASPECTOS SANITARIOS
Con respecto a los problemas sanitarios, ha resaltado la lucha contra la Varroasis, que constituye uno de los principales problemas del sector. El Plan Nacional Apícola dedica anualmente casi 6 millones de € para combatir esta plaga.
A este respecto ha destacado la labor del Ministerio que ha conseguido que el Comité de Disponibilidad de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, considere a la Varroasis como prioritaria en su informe sobre necesidades terapéuticas. Asimismo, ha añadido, el Ministerio financia grupos operativos relacionados con la sanidad apícola que trabajan en el control de esta enfermedad y hay ayudas dentro del Plan Nacional Apícola para realizar proyectos de investigación aplicada con este fin.
Miranda ha explicado también que, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación colabora con el de Transición Ecológica y Reto Demográfico para reforzar las acciones de control de la Vespa Velutina, y ha recordado que el Plan Nacional Apícola dispone también de fondos para apoyar a los apicultores en el control de esta especie invasora.
Otro de los asuntos abordado en la reunión de hoy ha sido el de los asentamientos apícolas y la trashumancia de esta ganadería, un aspecto sobre el que, según ha indicado el secretario general, el Ministerio se compromete a trabajar con las comunidades autónomas para armonizar las normas aplicables a la apicultura trashumante.
ETIQUETADO DE LA MIEL
Finalmente, y en relación con el etiquetado de la miel, el secretario general ha indicado que se trabaja en todas aquellas medidas que ayuden a brindar la máxima información posible de los productos a los consumidores y ponerlos así en valor. Ha informado sobre el estado de tramitación del proyecto de real decreto, en el que trabaja el Departamento para que sea obligatorio en España indicar en la etiqueta el listado de países de origen, en el caso de mezclas de miel, que podría publicarse en torno al mes de junio.
Además, ha indicado que España está impulsando, junto con otros Estados miembros, la modificación de la normativa comunitaria aplicable al etiquetado de la miel, así como la armonización de la normativa comunitaria sobre etiquetado en origen de los productos agroalimentarios, con el fin de que los consumidores tengan más información para elegir los productos que adquieren.
MAPAMA.
 
-En 2018, la renta agraria española cayó en 500 millones de euros, a los que se han sumado los 2.400 millones que se esfumaron en 2019.
“Dos mil cuatrocientos millones de euros menos es muchísimo dinero, se nota enormemente en el sector», explica a ABC el presidente de Asaja. Pedro Barato afirma que el hundimiento de la renta agraria durante el último año se ha debido, fundamentalmente, a dos grandes circunstancias: «una acusada caída de precios en varias ramas del sector agropecuario y unos costes de producción que se han disparado».
«El año 2019 ha sido un desastre, se ha llevado por delante sectores muy importantes como el del aceite de oliva o el de las frutas y hortalizas, mientras los ganaderos llevan perdiendo poder adquisitivo desde hace diez o doce años como mínimo», se queja el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Lorenzo Ramos.
«Estamos atados de pies y manos, porque quienes nos venden los productos que usamos para nuestra actividad nos marcan los precios, que suben cuándo se encarecen las materias primas, pero luego nosotros no podemos fijar el precio de nuestras producciones, que nos vienen fijados por los que nos las compran», afirma a ABC el secretario general de la UPA.
En 2018, la renta agraria española cayó en 500 millones de euros, a los que se han sumado los 2.400 millones que se esfumaron en 2019. Drástica caída del rendimiento, pero no de los costes, que han seguido aumentando. Los consumos intermedios -tales como semillas, fertilizantes, energía o piensos- han aumentado en más de 2.300 millones de euros en el último bienio. Se han encarecido un 10,6%, mientras que en 2019 el valor de la producción agropecuaria española se depreció un 3% de promedio.
Impuestos y costes al alza.
Curiosamente, pese a que el rendimiento del campo se recorta, la Administración cada vez recauda más en impuestos directos sobre la actividad agrícola y ganadera. Esa recaudación tributaria ha pasado de apenas 248 millones en 2009, a más de 440 millones en 2019. El caso del último año es ejemplificador: pese a que la renta del campo cayó en 2.400 millones, la Administración cobró por impuestos 13 millones de euros más que en 2018.
Y todo eso sin contar el repunte de los costes salariales, derivado del fuerte impacto que ha tenido la escalada del Salario Mínimo Interprofesional desde el año pasado. No solo conlleva un incremento de la nómina, sino también de la cotización a la Seguridad Social que lleva aparejada. Los costes salariales del campo español rondan los 5.300 millones de euros anuales.
«Desde 1990, el precio de los fertilizantes se ha disparado entre un 80% y un 100%; el de las semillas, un 110%; sin embargo, muchas de nuestras producciones agrarias se pagan a precios de hace veinte o veinticinco años», critica el presidente de Asaja.
La consecuencia es una pérdida paulatina de pequeños y medianos agricultores y ganaderos -lo que afecta de lleno a la despoblación del medio rural- y un peso cada vez menor de este sector en la economía del país. Hace veinte años, la renta agraria suponía más del 4% del PIB español; en 2019 fue del 2,7%. Es decir, en veinte años el peso de la renta agropecuaria en el PIB español se ha desplomado un 37%.
ABC.
 
- Las multitudinarias y generalizadas manifestaciones de los agricultores españoles protagonizadas en las últimas semanas, coincidentes con similares concentraciones en otros países europeos, expresan algo más que la justa reivindicación de unos precios adecuados para sus producciones sino que, más allá de esta precisa demanda, pretenden emitir un mensaje que debería interpretarse como un signo real de la asfixia progresiva de un sector, imprescindible para el contexto económico de un país, sembrado de sombras muy adversas para sus expectativas de futuro.
Es evidente que cada una de las diferentes explotaciones agrícolas tienen su casuística concreta, pero todas coinciden en un punto esencial que concluye en la falta de rentabilidad suficiente de las explotaciones que amenaza con un global y progresivo abandono de los productores ante la imposibilidad de, al menos, obtener los márgenes necesarios para sostenerlas y cubrir las necesidades básicas familiares. Uno de los aspectos más denunciados se refiere concretamente a la dispar evolución que a lo largo del tiempo han tenido el precio de sus producciones y los costos que soportan pues, si bien, estos últimos son actualizados no ocurre lo mismo con los precios de sus producciones que siguen estancados y referenciados a niveles remotos. Así, si esta situación persiste, como hemos señalado, irá mermando paulatinamente la capacidad de resistencia de los agricultores y complicará su continuidad y, especialmente, redundará y perjudicará el relevo generacional de estas explotaciones. La batalla, por tanto, está más que justificada porque, al final, no se trata de una mejora del enriquecimiento sino de una cruzada por su subsistencia.
La constante y continuada actuación de la mayoría de los gobiernos subvencionando a sus agricultores supone un reconocimiento implícito de la precariedad de las explotaciones por lo que resulta necesario revisar en profundidad si las políticas agrícolas actuales está bien alineadas con los objetivos declarados del sector agrícola tales como aumentar la productividad y los márgenes de explotación, mejorar el impacto ambiental y fomentar el suministro de los productos a precios bajos para contribuir a generar mayor valor añadido al margen de explotación.
Sin embargo la solución no está en incrementar las subvenciones sino en revisar si la política estratégica actual en su conjunto para la actividad agrícola es la adecuada ya que en 20 años el peso de la renta agropecuaria en el PIB español ha pasado del 4% en el año 2000 al 2.7% en 2019, datos que son corroborados por los relativos al valor generado por la actividad de la producción agrícola en nuestro país que acumula dos años de descensos ya que si en 2018 cayó en 500 millones de euros el descalabro fue supino en 2019 al reducirse nuevamente en 2.400 millones, cifras que contrastan con los costes asumidos que han seguido subiendo paulatinamente, y con la recaudación de impuestos del sector cuyo balance se ve claramente beneficiado al pasar de los 248 millones de 2009 a más de 440 en 2019 pese a la caída de la renta agraria anteriormente citada , y todo ello sin contar con el repunte de los costes salariales derivado del fuerte impacto que ha supuesto la escalada del Salario Mínimo Interprofesional generando una pérdida del equivalente a 15.000 empleos a tiempo completo.
I.Villar. Jaén Economía.
 

-La ministra de Alimentación y Agricultura de la República Federal de Alemania, Julia Klöckner, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han mantenido hoy, en Madrid, un encuentro bilateral, en la sede del Ministerio, en el que han abordado las principales cuestiones de interés bilateral en materia agroalimentaria.
En la reunión, ambos ministros han intercambiado sus puntos de vista sobre la futura Política Agraria Común (PAC). En estos momentos, las negociaciones en el seno del Consejo y del Parlamento Europeo son objeto de un intenso debate. El pasado mes de diciembre los dos países, junto con Francia, firmaron una “Declaración conjunta sobre la PAC en el contexto del Pacto Verde Europeo”, que refleja un considerable grado de consenso en lo que serán las futuras líneas maestras de esta política.
Alemania y España defienden una Política Agraria Común ambiciosa, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos medioambientales, que asegure la estabilidad económica de las explotaciones agrícolas y de las zonas rurales, al tiempo que se cumplen las expectativas de la sociedad europea. Ambos países están a favor de una mayor condicionalidad y de la obligatoriedad de los eco-esquemas. Defienden el establecimiento de unas directrices uniformes a nivel comunitario que garanticen una competencia en igualdad de condiciones en toda la UE. Todo ello sin renunciar a la necesaria simplificación de una política que debe ser fácilmente aplicable tanto para los productores como para las administraciones, respetando las respectivas estructuras competenciales de dos estados con claros paralelismos entre comunidades autónomas y länder.
En el transcurso de la reunión, los ministros han analizado las demandas de los agricultores y ganaderos que desde hace meses se movilizan en ambos países para exigir una remuneración justa para sus productos que garantice el futuro de la actividad agraria en Europa. Ambos mandatarios han tenido ocasión de exponer las medidas que sus respectivos gobiernos han puesto en marcha para dar solución a los problemas más acuciantes del sector agrario, en particular para mejorar el funcionamiento de la cadena de valor, y se han comprometido a seguir defendiendo los intereses de los productores en el seno de las instituciones comunitarias.
Las delegaciones alemana y española han compartido asimismo su preocupación por la situación de la Peste Porcina Africana (PPA). Los dos países están libres de PPA, tanto en el porcino doméstico como en la población de jabalíes silvestres. No obstante, ambos países han tomado medidas para evitar la introducción de la enfermedad en sus territorios. Los ministros han querido reiterar el apoyo mutuo entre ambos países en la aplicación de estas medidas y se han declarado dispuestos a seguir colaborando en la lucha contra esta epizootia.
En el encuentro, los ministros también han tenido ocasión de abordar la que será una de las prioridades de la Presidencia alemana, que comienza el próximo 1 de julio, como la necesidad de orientar la producción ganadera hacia modelos de producción más sostenibles, así como informar de manera inequívoca y transparente a los consumidores europeos sobre las condiciones de bienestar de los animales destinados a la producción ganadera. Planas ha trasmitido a su colega alemana que acoge favorablemente la propuesta presentada en el último Consejo de Ministros de la UE para armonizar a nivel comunitario el uso del etiquetado de bienestar animal, reconociendo al mismo tiempo el elevado nivel de exigencia en esta materia del que gozan los productos europeos de origen animal.
La reunión ha concluido con la buena disposición de ambas partes para seguir colaborando en las cuestiones fundamentales que sentarán las bases de la agricultura europea del siglo XXI.
MAPAMA.
 

-Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se ha puesto en contacto con la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Agricultura para reclamar la revisión de la norma que trata como vehículos a todos los aperos que necesiten una rueda de apoyo para desplazarse, como determinados tipos arados, gradas, rodillos, máquinas de siembra directa, etc., y que no vayan suspendidos, con la obligación de homologarlos y matricularlos.
Una reciente instrucción de la DGT, la 20/V – 139, señala que en la definición de apero agrícola sólo cabe la maquinaria intercambiable completamente levantada del suelo o que no pueda articularse alrededor de un eje vertical cuando el vehículo al que está unida circule por carretera, lo que deja fuera de dicha categoría a un 40 % de los equipos de laboreo y preparación del suelo, que deberían homologarse, matricularse y pasar las ITV correspondientes, para poder circular con ellos, o bien ser transportados en un remolque.
En una carta dirigida a la DGT, de la que se ha dado cuenta al Ministerio de Agricultura, Unión de Uniones pone de manifiesto los sobrecostes e inconvenientes que representa para los agricultores esta interpretación de la definición de apero, cuya exigencia implica alteraciones en los trabajos de las explotaciones. “Las labores hay que hacerlas cuando toca y cumplir con todo lo que conlleva la instrucción es impensable de un día para otro”, afirman desde la organización.
Para Unión de Uniones esta interpretación de lo que es un apero no se justifica y, además, “la instrucción, teniendo en cuenta la situación del sector, no puede ser más inoportuna y genera problemas donde no los había”, comentan. Por eso la organización ha pedido la intermediación del Ministerio y una reunión urgente con la Dirección General de Tráfico para encontrar salidas a esta situación. “Hay que tener en cuenta que, en ciertos casos, estos equipos no los vamos a poder homologar, ni aun queriendo hacerlo, y tendríamos que acabar comprando otros”, aclaran.
Unión de Uniones, espera y pide que dentro del mantenimiento de los necesarios parámetros de seguridad para la circulación, sea posible rectificar con urgencia y encontrar una interpretación flexible de apero que no implique tantos negativos efectos para los agricultores.
Unión de Uniones.
 

-El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha denunciado que la Junta de Extremadura está denegando expedientes de ayudas para la Incorporación de Jóvenes Agricultores y para los Planes de Mejoras por no cumplir una cláusula que es de imposible cumplimiento.
En concreto, estos dos tipos de ayudas incluían un apartado con el objetivo de “facilitar la compra” de tractores para las labores agrícolas, pero como requisito se señalaba la necesidad de que fueran de eficiencia energética superior al tipo C. Se da la circunstancia de que solo existe un modelo concreto, además sin cabina, que reúne este requisito, por lo que se excluyen todos los demás vehículos de las ayudas. Además, se da el contrasentido de que todos los tractores que por las características de los cultivos de la región mejor se adaptarían a las necesidades están fuera de las subvenciones.
Según indica la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes, en Extremadura el papel de los cultivos especiales (frutas, hortalizas, olivar y viñedo) supuso un 73% del total de la producción vegetal (Datos 2017, últimos publicados por el MAPA) donde los tractores estrechos y de potencia medias-bajas son los más utilizados.
Así, actualmente, conforme a los datos facilitados por la Estación de Mecánica Agrícola del MAPA en febrero de 2020 “no es posible encontrar en el mercado tractores estrechos incluidos en los listados de clasificación energética y tampoco existen tractores estándar por debajo de los 114CV que cuenten con clasificación A o B y que cumplan los requisitos de homologación exigidos”.
En definitiva, la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria deja claro que en aquellos agricultores que quieran invertir en tractores nuevos de los que más se usan en la región no podrán recibir ayudas en Extremadura ya que los modelos que se adaptan a sus explotaciones y cultivos no están incluidos en los listados de la Junta.
Esta circunstancia, ha señalado Metidieri, es un claro error del ejecutivo autonómico que no ha cometido ninguna otra comunidad autónoma, puesto que el resto de las regiones no ha incluido una cláusula así. Esto está provocando que muchos agricultores hayan perdido su inversión o su financiación en unas líneas muy necesarias tanto para favorecer la incorporación de los jóvenes al campo como para la renovación del parque móvil de tractores.
El líder agrario ha señalado que se han celebrado varias reuniones con la administración autonómica advirtiendo de esta situación, pero no han obtenido respuesta positiva por lo que desde APAG Extremadura Asaja se ha exigido una solución para todos estos expedientes denegados por un requisito de imposible cumplimiento.
Es un contrasentido que se saquen líneas de ayudas para facilitar la compra de tractores, pero a la vez se limite esa compra por la eficiencia energética al no haber modelos en el mercado.
APAGExtremadura.

- … …Si de verdad defendemos el campo, lo que hay que hacer es lo que ha propuesto la Junta de Andalucía y ha sugerido el Ministerio de Agricultura: reducir la carga fiscal.
La propia ministra de Trabajo ha reconocido el impacto de la subida de impuestos al trabajo escondida bajo el SMI al sugerir “ayudas a los agricultores que no puedan pagar el SMI”. Sería mejor no disparar las bases imponibles y dar menos favores. Los agricultores no necesitan que les pongan la zancadilla y luego les ofrezcan la mano para ayudarles. Lo que necesitan es que no les pongan escollos.
La oportunidad del campo es salir de un modelo de venta de grandes volúmenes a precios muy bajos por la necesidad de colocar mercancía a casi cualquier precio, a desarrollar un modelo competitivo, eficiente, integrado en cadena y a la vez, que atienda a las necesidades de los clientes. Muchos ya lo están haciendo con éxito.
Si el agricultor espera intervenciones de precios, proteccionismo y subvenciones, se va a encontrar una respuesta mayor en sus exportaciones. Si espera favores temporales del mismo sistema fiscal que se lucra de la desagregación de la cadena, se va a encontrar con el mismo problema de hoy dentro de cinco años.
El futuro de la agricultura es muy claro y positivo, pero no se va a alcanzar esperando que volvamos a 1977. Porque, además, en 1977 tenían las mismas quejas y exigencias y lo que no les detraían vía impuestos se lo quitaban en inflación, el impuesto de los pobres, que disparaba sus costes, pero no se reflejaba en los precios finales.
D.Lacalle.
 
-Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han decidido que posponen todos los actos, protestas y movilizaciones que se estaban celebrando por todo el país por el coronavirus. “Ahora es momento de ser prudentes y responsables, por lo que hay que poner fin, de momento, a la revuelta de los agricultores al límite”, han señalado.
En las actuales circunstancias, ASAJA, COAG y UPA han trasladado el compromiso de los hombres y mujeres del campo con la sociedad española a la hora de suministrar alimentos de calidad, sanos y seguros, al tiempo que reivindican el carácter estratégico de un sector agrario fuerte para garantizar la seguridad alimentaria de la población ante crisis globales de efectos indeseados e impredecibles.
 “Se está demostrando que cuando hablamos de soberanía alimentaria no hablamos de una entelequia, sino de algo muy real y tangible como es que las personas podamos seguir alimentándonos”, han explicado.
Tras la reunión de su Comité de Coordinación, las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, han decidido suspender temporalmente el proceso de movilizaciones agrarias ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Estas organizaciones consideran que, en la presente coyuntura, es un “acto de responsabilidad con la sociedad y con el propio sector paralizar las actuaciones y evitar todas las concentraciones masivas que puedan afectar a la salud de las personas”.
Mientras tanto, seguirán las negociaciones con el Gobierno para terminar de definir un plan de choque que ponga fin a la crisis que sufren agricultores y ganaderos. Tras la reunión de la Mesa de Seguros Agrarios ayer, en las próximas semanas se espera la conformación de las mesas de fiscalidad, costes energéticos y empleo, acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva sobre prácticas comerciales desleales.
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