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Semana del 1 al 8 de abril de 2018

¿Podemos seguir perdiendo agua a "espuertas"?

De nuevo comprobamos la barbaridad que realizó Zapatero anulando el Trasvase del Ebro. Tras la primavera que estamos gozando que, al parecer, ya ha terminado con la sequía que padecíamos y que los aplaudidores oficiales del "cambio climático" habían aprovechado para seguir ordeñando la teta del dinero público, volvemos a comprobar la estafa que se realizó a los regantes españoles en general y a los levantinos muy en particular.

Actualizado 12 abril 2018  
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Redacción Agrolibre
  
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 En estos días, de abril de 2018, se están vertiendo por Amposta, según el SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica de  la Confederación Hidrográfica del Ebro 502 metros cúbicos por segundo. El SAIH Tajo nos da en este mismo día en el Tajo Alto una media de 2 metros cúbicos por segundo y a su entrada en Portugal, 6,37 metros cúbicos por segundo. Es decir que a su salida del territorio español el Ebro tira más de 80 veces más agua al mar que la que desde el Tajo se entrega a Portugal. Y así de forma permanente. ¡Puede aguantarse este despilfarro!, mientras el Levante agrario español pasa sed y entra en un combate absurdo y esterilizador con la Comunidad de Castilla La Mancha. Piénsese que cada día se riega el mar, desde Amposta con 43,2 hectómetros cúbicos, el doble del lío actual entre el Levante agrario y la Castila la Mancha y que el anulado trasvase del Ebro, solución definitiva para todos se cubriría en sólo un mes.
Y para más desdoro y condena de nuestros dirigentes agrarios se nos dice que , en aquellos días se gastaron más  de 400.000 euros para contar las bondades de las desaladoras, elemento utilizado, Plan Agua, para intentar justificar el desbarre del quizás más nefasto y sectario de los presidentes que hemos tenido nunca, del Presidente Zapatero.
"Al parecer Medio Ambiente, con Narbona de ministra, dio a la red del PSPV contratos de comunicación, adjudicaciones presuntamente irregulares para publicitar las bondades de las desaladoras que impulsó el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la Comunidad Valenciana. La investigación, que en el último año ha dirigido en secreto el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta financiación irregular de PSPV y el Bloc Nacionalista Valencià (BNV), el socio mayoritario de la coalición Compromís, se extiende al PSOE por los contratos que fueron adjudica dos al grupo Crespo Gomar, la agencia que supuestamente recaudaba dinero negro procedente de empresas para financiar a ambas formaciones. Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, una de las causas que ha sido derivada a Madrid incluye dos contratos publicitarios del Ministerio de Medio Ambiente adjudica dos a través de Aguas del Júcar, que más tarde pasó a llamarse Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed)".
Y en medio de estas sinrazones, cuando se empiezan a reponer las existencias de agua en el Alto Tajo, una vez más, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado tres trasvases durante los próximos 90 días que en total suman 60 hectómetros cúbicos de agua embalsada, según han confirmado fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha a Europa Press que precisan que las transferencias, ya autorizadas por el Mapama, se realizarán a razón de 20 hectómetros cúbicos en abril, mayo y junio respectivamente.
Como era esperable ya está liada de nuevo. La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha ha calificado en Twitter esta decisión del Gobierno central como "un despropósito" y un "nuevo ataque al río".
Una vez más insistimos en que el agua para riego en España, hay que trasvasarla "de donde hay a donde no hay" y no "de donde no hay a donde no hay", porque de esta manera, al margen de distribuir miseria, nos estamos exponiendo a cualquier barbaridad. Entendemos el por qué es necesario dejarse de pactos y mas pactos, de mamarrachadas administrativas, de coleccionar libros blancos y actuar de una vez, o seguimos cazando musarañas.
 
NOTICIAS
- Las reacciones de organizaciones agrarias ante la publicación en el BOE y la comunicación de reducción de IRPF de algunas actividades agrícolas y ganaderas conocida este lunes 2 de abril, no se han hecho esperar y el sector, aunque valora positivamente que se haga con el inicio de la campaña de la declaración de la renta, lo considera insuficiente, arbitrario y desigual.
COAG Andalucía considera que, un año más, hay que lamentar que ni por la vía de los seguros ni a través de la política fiscal se dé respuestas a los problemas y necesidades del sector agrario ante las incidencias meteorológicas y de plagas.
Así, esta organización valora positivamente la reducción de módulo del olivar pero no entiende que sólo afecte a los municipios de Jaén y a algunos de Sevilla. La reducción ha sido de 0,18 para toda Jaén y 0,13 para las localidades sevillanas de Aguadulce, Casariche, Estepa, Guillena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Osuna, Pedrera y El Rubio.
COAG había pedido que se redujera al 0,08 con carácter regional, debido a las lluvias escasas e irregulares, que provocaron un retraso del ciclo del cultivo, tanto en secano como en regadío, así como por la incidencia de plagas como el barrenillo o la euzophera. “No se entiende que queden fuera provincias como Córdoba o Granada. Sevilla y Málaga sí ven recogida la petición de reducción de módulo para aceituna de mesa, que queda en 0,18”, han manifestado desde la organización.
SE HAN PRODUCIDO IMPORTANTES ‘OLVIDOS’
Igualmente, lamenta que queden excluidos de la Orden buena parte de los productos hortícolas, a pesar de que sufrieron la meteorología adversa que provocó la aparición de virus y el descenso de producción en las zonas productoras, especialmente Almería y Granada.
Esta organización agraria también critica que se han producido importantes ‘olvidos’ de peticiones de sectores como la flor cortada o la remolacha, para la que se pidió módulo 0, por la incidencia de plagas como la gardama o la araña roja, que causaron una bajada de producción y un notable incremento de gastos en tratamientos.
También se olvida el algodón, en una campaña marcada por las resiembras en Jaén y Córdoba, provocadas por las temperaturas primaverales altas y las precipitaciones nulas, mientras en Cádiz y Sevilla estuvieron motivadas por las lluvias de mayo, que causaron pudrición de semillas y asfixia radicular y cuyos costes de producción se incrementaron en un 20%.
Por lo que respecta al viñedo, COAG Andalucía explica que sólo Córdoba y Málaga consiguen reducción del índice de rendimiento, del 0,22 para uva para vinificación en D.O. y de 0,18 para la producción no amparada por D.O. en el caso de Córdoba, y del 0,16 para uva de vinificación en D.O. y 0,13 para la producción no amparada por D.O. en Málaga. La provincia de Cádiz ha quedado fuera.
La organización agraria también destaca el caso de los cereales para los que se pidió el módulo 0 por la fuerte virulencia de la plaga del mosquito, que provocó importantes daños. Sin embargo, la reducción se ha quedado en el 0,18 (0,13 en dos municipios almerienses).
Por lo que respecta al almendro, aunque se pidió el módulo 0 por las elevadas temperaturas, la helada de febrero y la plaga del gusano cabezudo y el pulgón, se ha concedido 0,18 para toda Granada y algunos municipios de Almería, y 0,13 para los municipios de Huesa, Pozo Alcón y Quesada, en Jaén.
Los sectores ganaderos se han visto algo mejor recogidos en la Orden, aunque con reducciones menores de lo que se solicitaba.
SE HA PRODUCIDO UNA ESPECIE DE “LOTERÍA” DONDE SITUACIONES SIMILARES SE TRATAN DE FORMA DESIGUAL
Por su parte, también ASAJA Castilla y León hace su valoración, reconociendo la sensibilidad del Gobierno para rebajar con carácter general el módulo de cereales (que incluye el maíz) y leguminosas, cultivos mayoritarios en la agricultura de la autonomía, fijando el del cereal en el 0,09 y el de las leguminosas en el 0,09 también.
No obstante, considera que en las revisiones que tienen carácter provincial o municipal, de nuevo se ha producido una especie de “lotería” donde situaciones similares se tratan de forma desigual. En estos casos los cultivos más afectados son el viñedo, los frutales, los forrajes, castañas, oleaginosas y productos hortícolas.
ASAJA agradece asimismo que esta revisión se haya publicado coincidiendo con el inicio de la campaña de la declaración de la renta, y no a mitad de campaña como ha ocurrido en varias ocasiones.
Esta organización agraria recuerda que es habitual una posterior publicación de errores en la orden que regula esta materia, por lo que la organización agraria revisará todas y cada una de las producciones para reclamar las cuestiones más importantes que no se hayan tenido en cuenta. Agroinformación.

- Un trasvase Tajo-Segura para los meses de abril, mayo y junio está sobre la mesa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Ayer la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura dio el visto bueno a la cesión de 60 hectómetros cúbicos de agua embalsada en la cabecera del Tajo para los próximos tres meses, a razón de 20 por mes. A la espera de que la propuesta sea ratificada por el ministerio y publicada en el Boletín Oficial del Estado, ayer la ministra Isabel García Tejerina dejó clara su postura horas antes de la reunión: «Todo lo que hay que hacer es cumplir con lo establecido en la ley. Ese estricto cumplimiento es lo que se hará». Y la ley ampara el trasvase.
La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura analizó ayer las existencias de agua acumulada, la previsión para las próximas semanas y finalmente propuso un triple trasvase, ya que los pantanos de Entrepeñas y Buendía sobrepasan los 400 hectómetros cúbicos, el umbral mínimo para que se realice la cesión. En concreto, almacenan 472,21 hectómetros cúbicos, lo que supone el 19,1% de su capacidad. La cantidad máxima que se puede trasvasar es de 20 hectómetros cúbicos mensuales.
Tras once meses sin que se hayan abierto las compuertas de los dos embalses, la propuesta ha reavivado la guerra del agua incluso antes de su aprobación. Mientras que políticos y regantes del Levante celebraban la noticia, ayer el Gobierno de Castilla-La Mancha avisaba de que recurrirá la cesión si se tiene «la más mínima sospecha de que el acuerdo puede ser ilegal, este nuevo ataque al río Tajo y a los intereses de Castilla-La Mancha».
No obstante, desde el Grupo Popular en la región se ponía el acento en el cambio de la legislación que se produjo bajo el amparo del PP, ya que hasta 2013 el umbral para los trasvases era de 240 hectómetros cúbicos. El portavoz adjunto de los populares en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, destacaba que con las políticas de Emiliano García-Page habría «once trasvases más» porque el presidente regional «defiende los 240 hectómetros» como límite no trasvasable. En Toledo, Jesús Labrador, portavoz del PP en el Ayuntamiento, se limitaba a señalar que «no es el momento para realizar nuevos trasvases desde el río Tajo» y defendió la preferencia de la cuenca cedente sobre la receptora.
Protestas en la calle.
Dos protestas estaban convocadas ayer, una en Talavera de la Reina y otra en Toledo capital, ambas convocadas por las respectivas plataformas ciudadanas que se oponen activamente al «expolio» del río Tajo. En la primera de ellas, cerca de un millar de personas se concentraron a las 18.30 horas junto al río Tajo en Talavera para protestar por el nuevo trasvase. La manifestación estuvo organizada por la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de la ciudad, y contó con la presencia de la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, y de buena parte de la Corporación municipal talaverana, incluido el alcalde, Jaime Ramos, del PP.
La consejera expresó su malestar y el del Gobierno autonómico por la derivación de agua, y subrayó que el Ejecutivo central «no defiende los intereses de Castilla-La Mancha y sí los de otras regiones». Añadió que los servicios jurídicos de la Junta están esperando que se publique el acuerdo del trasvase para «ver la letra pequeña» y analizar la posibilidad de plantear un recurso. Criticó que la región no esté presente en la comisión que estudia la aprobación de los trasvases, por lo que ha pedido a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que «ya que no nos escucha en las mesas de negociación, escuche la voz de los castellano manchegos». Reprochó a la ministra que permita derivaciones de agua al Levante «cuando caen cuatro gotas», porque «hipoteca al Tajo y al desarrollo y crecimiento de ciudades como Toledo y Talavera».
Como ya dijo en una entrevista a ABC, la titular de Fomento reiteró que los pantanos de la cabecera del Tajo —Entrepeñas y Buendía— necesitan un mínimo de 900 hectómetros cúbicos para garantizar el desarrollo en los municipios ribereños, que en verano tendrán que volver a abastecerse con camiones cisterna. Por su parte, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche, Miguel Ángel Sánchez, calificó de «aberración» la política trasvasista del Gobierno central, que tachó de «suicida» porque «no ven otras alternativas» y de «heredera de la época franquista». En su opinión, las decisiones sobre el trasvase del Tajo al Segura están controladas por «el mayor ‘lobby’ de ‘aguatenientes’ de España» al igual que por grupos de presión que, a su juicio, en la zona de Levante permiten al PP obtener el poder en gobiernos regionales. Por su parte, el alcalde talaverano, Jaime Ramos, planteó la necesidad de fijar un marco regulador que garantice agua en cantidad y en calidad en el río Tajo a su paso por Talavera.
En Toledo capital, unas 400 personas se dieron cita en la protesta de la Plaza de Zocodover, donde estuvo presente la alcaldesa, Milagros Tolón, y concejales del PP, así como el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez. El delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, por su parte, dijo que «la ley avala los trasvases», y abogó por un Pacto Nacional.
ABC Sociedad.

- El Brexit aislará más a España a la hora de defender los intereses de sus agricultores sobre protección fitosanitaria dentro de la Unión Europea (UE), ya que el Reino Unido ha sido un aliado habitual en este ámbito de los fitosanitarios, según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
El director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio, Valentín Almansa, ha manifestado, durante la asamblea de la patronal de fitosanitarios, Aepla, que España está “muy sola” a la hora de defender en Bruselas sus posiciones.
Almansa se ha referido tanto a demandas específicas para la utilización de esos productos en la agricultura como a medidas de protección en frontera, por ejemplo frente a plagas de los cítricos.
En relación al Brexit, ha señalado que su impacto será negativo en materia fitosanitaria, porque los británicos “han sido un aliado habitual” en los comités (de expertos de los Gobiernos), por compartir posiciones similares a las españolas: “Nos quedaremos con uno menos”.

- El nivel de endeudamiento del sector agrario se sitúo en el cuarto trimestre de 2017 en 19.255 millones de euros, cifra que equivale al 69,2% de la cifra de la Renta Agraria prevista para ese año en la segunda estimación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Según datos difundidos ayer por este ministerio (Mapama) sobre la evolución del crédito en el sector agrario -que no contabiliza la actividad pesquera-, el endeudamiento creció en el cuarto trimestre un 1,5% respecto al tercer trimestre de 2017 y un 8,1% respecto al mismo periodo de 2016.
Por su parte, el endeudamiento de la industria agroalimentaria alcanzó los 21.596 millones de euros -equivale al 77,1% de su valor agregado bruto (VAB)-, una cifra superior en un 2,4% a la del tercer trimestre y en un 7,6% a la del cuarto trimestre de 2016.
El informe del Mapama indica que el incremento del crédito en el sector agrario y alimentario se sitúa, según estos porcentajes, por encima del relativo al conjunto de actividades económicas de España (591.615 millones €), que anotó una variación mensual del 0,7% y una interanual del -2,2%.
Durante el periodo de expansión económica, el crédito concedido al sector agrario y a la industria de alimentación, bebidas y tabaco creció en menor medida que el concedido al resto de las actividades económicas debido a su mayor estabilidad frente al acelerado impulso de otros subsectores, indica el texto.
Recuerda que el máximo endeudamiento del sector agrícola se produjo en el tercer trimestre de 2008 (23.936 millones de €) y el de la industria agroalimentaria, en el cuarto trimestre de ese mismo año (23.658 millones de €).
SIGUE BAJANDO LA TASA DE CRÉDITOS DUDOSOS EN EL SECTOR AGRARIO PERO SE INCREMENTA EN DE LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Desde entonces -explica- la fuerte reducción de la oferta crediticia que tuvo lugar entre 2008 y 2014 afectó prácticamente en la misma medida al sector agrario (redujo un 32,6% el crédito concedido con respecto al año 2008) que al resto de la economía (-33,8% en dicho periodo); en la industria agroalimentaria, el porcentaje fue del 20,7% para ese mismo periodo.
 “A partir de 2015 y hasta el actual trimestre de 2017, puede observarse la recuperación del crédito, tanto para el sector agrario (9,3%) como para la industria alimentaria (12,7%), aunque no ocurre lo mismo para el resto de las actividades económicas (-12,5%)”, concluye el Mapama.
En cuanto a la tasa de créditos dudosos en el sector agrario -que sumaron 1.435 millones € en el último trimestre de 2017-, resalta su continuo descenso, al situarse en el 7,5%, un 0,5% por debajo del del tercer trimestre, gracias al descenso del crédito dudoso y al ligero aumento del crédito total concedido.
Para la industria alimentaria, la tasa de créditos dudosos (1.382 millones €) continuó aumentando por segundo trimestre consecutivo al situarse en el 6,4% frente al 5,9% del tercer periodo de 2017.
La variación de las dos tasas de créditos dudosos del sector agrario y de la industria agroalimentaria se encuentran por debajo de la correspondiente al conjunto de las actividades productivas (60.681 millones €), que en el cuarto trimestre también bajó y se fijó en el 10,3%. Agroinformación.
 
- La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las propuestas realizadas por parte de la comisión de expertos que está trabajando en la ley de Transición Energética y presentadas recientemente al Ministerio de Energía, muestra su completo rechazo al aumento sugerido al impuesto de gasóleo como vía para descarbonizar el transporte.
Unión de Uniones, por lo que respecta al sector agropecuario, se muestra contraria a la postura de esta comisión que presupondría que la fiscalidad es la única manera para disminuir las emisiones y, por este motivo, habría propuesto el aumento de hasta un 28,6% el actual impuesto, mientras que para la gasolina este aumento sería sólo del 10%.
Según las estimaciones de la organización, ello representaría que los agricultores tendrían que pagar 200 millones de euros más al año por el gasóleo agrícola que consumen en sus labores.
Igualmente, Unión de Uniones considera que las propuestas realizadas están más enfocadas a los problemas de contaminación de las grandes ciudades, afectadas por las emisiones de óxido nitroso y de partículas, olvidando que los vehículos de gasolina emiten emisiones de CO2, más perjudiciales para la atmósfera.
La organización ve sin embargo positivas otras observaciones realizadas por el grupo de expertos en relación a mejorar la electrificación en todo lo que sea posible, propuesta que la organización viene realizando desde hace años sin que se ponga en marcha por las administraciones un verdadero Plan de Electrificación.
En este sentido, Unión de Uniones destaca que, no sólo no se ha hecho el Plan sino que el agricultor está obligado con la cuota a pagar por la energía eléctrica que no consume en temporada baja, desincentivando el consumo de energía eléctrica frente a los combustibles fósiles.
Por todo ello la organización considera importante abrir un diálogo con los profesionales del campo, la industria alimentaria y la de maquinaria agrícola antes de hacer que los costes de producción para el agricultor y los consumidores finales se incrementen de manera injustificada, sin haber planteado antes otras medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad y la eficiencia.
“No se pueden poner impuestos al sol y luego criticar que no se usan lo suficiente las energías limpias. Estamos concienciados con los problemas ambientales y somos los primeros que nos sentimos amenazados por el avance del cambio climático y aprovecharemos cualquier herramienta innovadora que pongan a nuestra disposición para contribuir al combatirlo” – han afirmado desde Unión de Uniones – “Sin embargo, nos cuestionamos la conveniencia de este tipo de medidas y, sobre todo su aplicación indiscriminada y sin medir ni su eficacia, ni sus repercusiones, en el sector agrario y el medio rural”, han añadido.
Unión de Uniones.
 
- Tal vez nunca una causa defendida por un pequeño ayuntamiento había abierto una grieta tan grande en un departamento gubernamental. La cruzada del municipio coruñés de Teo contra el eucalipto llegó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y logró algo que parecía impensable: que un comité científico que asesora al propio ministerio respaldara el argumento del ayuntamiento de que se trata de una especie invasora que debe erradicarse.
Un posicionamiento de sus asesores que dejó perplejos a funcionarios del departamento de Isabel García Tejerina, contrarios a incluir el eucalipto en el catálogo de especies invasoras -donde sí está la acacia-, y que desembocó en una contundente respuesta. En otro informe, el Gobierno central no solo desacredita ese documento, que califica de tendencioso y al que desprecia por estar sustentado en opiniones «personales y políticas», sino que zanja la controversia con un argumento relevante para Asturias: el ministerio da al eucalipto un papel estratégico por su contribución al desarrollo rural.
Fuerte impacto social
El del Ejecutivo es un posicionamiento de carácter simbólico, puesto que son las comunidades las que tienen competencias normativas para regular nuevas plantaciones, pero socialmente relevante en una comunidad donde hay sectores sociales que ven en esta especie una gran parte de los males del medio rural, azotado por el fuego. El documento de la Subdirección General de Política Forestal, fechado el pasado diciembre, recuerda que la «extensión del cultivo de eucalipto en determinadas zonas corresponde a un interés socioeconómico por los beneficios que proporciona a sus propietarios».
Con esto, el ministerio trata de argumentar que el crecimiento de la especie no es por su carácter invasivo, sino por la elección de propietarios que seleccionan este cultivo de forma preferente por su condiciones de rentabilidad, es decir, por motivos socioeconómicos. En las conclusiones del informe que responde el dictamen de sus científicos asesores, el ministerio recuerda que las plantaciones de eucalipto juegan un «rol fundamental en el desarrollo rural de la cornisa cantábrica, que están sometidas a una estricta regulación para su plantación y uso» y que la especie no se puede considerar invasora, al no existir ni base ni consenso científico para esta declaración.
El documento no solo reprueba el dictamen científico de los asesores, sino que sirve para desestimar todos los puntos que plantea el concejo gallego de Teo. Y dedica precisamente un apartado a analizar la relación existente entre esta especie y los fuegos. En relación con los daños producidos por los incendios forestales en Galicia, se indica que, durante el período 2000-2013, la incidencia media de los fuegos sobre los eucaliptales fue del 7,8%, proporción que contrasta con el 18% de ocupación del eucalipto en la superficie forestal de la comunidad gallega.
M. Beramendi.

- El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha lamentado hoy que a unos presupuestos generales "injustos" para Andalucía se suma la reducción de los módulos de IRPF para la actividad agraria aprobada por el Gobierno central.
Ha considerado que esta reducción también "castiga a Andalucía al no atender las demandas justas de sectores clave para la región" como las hortícolas, el olivar, el viñedo o el bovino y el caprino de leche, según ha trasladado el Gobierno andaluz en una nota.
Según Sánchez Haro, en esta medida han sido "directamente olvidados" los cítricos, el algodón, las oleaginosas o la remolacha azucarera ante las acreditadas pérdidas de rendimientos sufridas en 2017 por causas extraordinarias como la sequía, plagas o situaciones de mercado.
En el caso particular de las producciones andaluzas de cultivos protegidos, ha asegurado, el "Gobierno le ha negado a los agricultores la reducción general del 0,26 al 0,20".
"Además, deja al margen de esta reducción al pimiento de Almería y al calabacín de Granada, afectados por la virosis", ha insistido, apuntando que no se ha contemplado tampoco la rebaja propuesta para las plantas ornamentales, para las que se solicitaba una reducción de hasta el 0,22.
El consejero, asimismo, ha vuelto a reprochar al Gobierno central el "abandono y la discriminación que inflige a Andalucía, y especialmente a la provincia de Almería", en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.
En el caso concreto del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la inversión prevista supone un recorte para Andalucía de un 10,5 % en 2018 (de 97 a 86 millones) y del 55,5 % en los dos últimos años (de 155 a 86 millones), según él.
Finanzas.com
 
- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha valorado positivamente la propuesta de Directiva que la Comisión Europea ha presentado esta semana al Parlamento Europeo y al Consejo sobre prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, con el objetivo de acabar con los abusos. Una vez aprobada, la Directiva deberá ser traspuesta a la legislación nacional de cada Estado miembro en un plazo común máximo de dos años tras su publicación.
“El plan europeo, aunque insuficiente, es un paso adelante positivo y un cambio de concepto muy importante para los agricultores y ganaderos de todo el continente”, han señalado desde UPA. Europa asume que no se puede dejar la lucha contra las prácticas abusivas solo en manos de códigos de buenas prácticas o sistemas de regulación voluntaria. “Demasiados operadores en la cadena de valor de los alimentos llevan abusando demasiados años. Tiene que haber una legislación dura que les obligue a actuar con responsabilidad”, aseguran los agricultores.
A nivel europeo, según datos del COPA-Cogeca, el 21% del precio de un producto va para el agricultor o ganadero, el 28% para la transformación y el 51% para la distribución. Estas cifras son para UPA la demostración de que “queda mucho por cambiar hasta configurar un sistema agroalimentario justo con los productores y con los consumidores”.
UPA defiende que la propuesta sea aún más dura y que se establezca un órgano supranacional que vigile y sancione, todo ello para conseguir cambiar el comportamiento del infractor, eliminar cualquier beneficio financiero derivado del incumplimiento de las normas y disuadir futuros casos de incumplimiento.
Por su parte, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) destaca que la Comisión se haya decidido finamente por propuesta de Directiva y no de Reglamento, con lo que da una mayor libertad a los Estados miembros para su aplicación, ya que las Directivas vinculan a todo Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que hay que alcanzar, dejando a las instancias nacionales la facultad de escoger la forma y los medios.
Como explican desde FEPEX, el proyecto de Directiva establece una lista mínima de prácticas comerciales desleales prohibidas: periodo de pago a 30 días; cancelaciones de última hora de pedidos de productos perecederos; cambios unilaterales y retroactivos en los acuerdos (con respecto a frecuencia, tiempo o volúmenes, normas de calidad o precios) y exigencia de pago por mercancías que se han echado a perder por parte del comprador. Establece también que otras prácticas comerciales están prohibidas si no están claramente contempladas en el acuerdo entre el vendedor y el comprador
Estarán sujetas a esta Directiva las prácticas comerciales entre personas físicas o jurídicas productoras incluidas las organizaciones de productores y sus asociaciones que sean pequeñas o medianas empresas, y un comprador que no lo sea.
Los Estados miembros están obligados a establecer una autoridad de vigilancia competente que podrá recibir quejas tanto de los proveedores como de las organizaciones de productores o sus asociaciones, respetando la confidencialidad. La Directiva prevé también un régimen sancionador.
La propuesta de Directiva no establece ninguna obligación para la formalización de contratos, manteniéndose su voluntariedad tal y como establece la Organización Común de Mercados. UPA-FEPEX
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