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Semana del 6 al 13 de septiembre de 2020.

Política y agricultura dejadas de la mano 

pac

Durante esta semana hemos podido comprobar, una vez más, las incoherencias, el caos, la desorganización y por qué no decirlo, la anarquía que hoy preside las actuaciones de nuestros políticos agrarios. 

Actualizado 17 septiembre 2020  
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Redacción Agrolibre
  
Repasando lo ocurrido, aunque estas noticias que hoy presentamos se están produciendo con absoluta regularidad, vemos que nuestros políticos en vez de estar a lo que deben estar, pierden el tiempo, acudiendo normalmente a soluciones desastrosas y por supuesto yendo siempre detrás de la aparición de los problemas. 

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Al parecer los efectos sobre los productores europeos debido a la reducción del presupuesto PAC por la salida de Reino Unido y de un posible escenario de reducción de precios generalizado, son absolutamente negativos. En concreto, se nos advierte de una posible reducción para 2030 en los precios de la carne de hasta el -1,8% en caso de un Brexit duro, los lácteos hasta el -0,8% y las frutas y hortalizas hasta el -0,7%, lo que conllevaría una pérdida de renta significativa para los agricultores y ganaderos europeos. Y en concreto a los españoles se nos recuerda que exportamos al Reino Unido, principalmente frutos rojos, kiwis, caqui y otras frutas (8%), vino y mosto (8%) y cítricos (7%) lo que supone el 8% del total de las exportaciones agroalimentarias españolas, cifra relevante que precisa de soluciones urgentes de cara a evitar una futura crisis en estos sectores.
Por ello la  Unión de Uniones pide al Gobierno que presione y ejerza su influencia en las instituciones europeas para definir con celeridad el marco comercial entre ambos bloques y que identifique alternativas comerciales para dar salida a los productos íntimamente ligados a la exportación al país británico. ¿Y?

El cambio de la nueva PAC, lo ha situado el ministro de Agricultura en aspectos como «el enfoque de la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la digitalización del sector, o la incorporación de hombres y mujeres” y nos ha advertido que «la discusión europea no ha acabado, lo que significa que hasta la próxima primavera no podremos tener cerrado el modelo». Pero lo que sí parece que tiene claro es que «la futura PAC, que es apoyo a agricultores y ganaderos, no son kilómetros cuadrados, y no he dicho hectáreas, no es un Fondo de Compensación Interterritorial”. Para que todos lo entendamos que tiene muy claro que desaparecerán los llamados derechos históricos, tema que causará pavor entre los agricultores de muchas regiones españolas.
Así la consejera agraria andaluza ha afirmado que “los agricultores andaluces tienen que saber que pueden pasar de 350 euros por hectárea a 150 o 200 euros por hectárea”, señalando además que, desde su consejería se va a hacer un esfuerzo para que cada sector del campo andaluz conozca los riesgos que conlleva el reparto nacional de la PAC que prepara el Ministerio, al que ya ha advertido que no permitirá el trasvase de fondos. “Ante un recorte de más de 1.300 millones de euros de la PAC que puede sufrir Andalucía, solo caben dos posturas: conformarse o seguir luchando”. 
Una nueva guerra a la que hay que poner remedio o no.

LA UNIÓ de Llauradors ha denunciado que Argentina sigue batiendo récords de rechazo de sus cítricos en la Unión Europea por presencia de plagas devastadoras y desconocidas en la citricultura europea y que, hasta este mes de agosto las interceptaciones ya eran un 533% superiores a las de todo el año pasado. No se queda tampoco atrás Sudáfrica, con 13 rechazos hasta agosto cuando apenas ha iniciado su campaña de exportación, ni Uruguay con 11, que son los otros países que han visto rechazados más envíos tras Argentina.
Argentina ha visto rechazados un total de 133 envíos por los 21 del pasado año o los 22 de 2018. En agosto de este año se han producido 16 rechazos por los 5 en el mismo mes del anterior. Todos ellos tenían hongos tan peligrosos como el Phyllosctita citricarpa que causa la temida Mancha Negra de los cítricos o la bacteria Xanthomonas que origina el Cancro de los cítricos. Ante esta situación, Argentina vio suspendidas sus exportaciones a la UE desde el 15 de agosto hasta el 30 de abril de 2021.
A mediados de este pasado mes de agosto la web de la Comisión Europea publicó el informe final de una auditoría realizada a Argentina para verificar los controles establecidos para la Mancha Negra y todo ,o casi todo, porque censuran la ausencia de garantías en la verificación oficial de los tratamientos fúngicos que reclama la normativa europea- se ve desde las instancias comunitarias de color de rosa.
El incremento de la demanda de cítricos en la UE ha propiciado que los envíos de Argentina se acelerasen y se descuidase de este modo el cumplimiento de las normas fitosanitarias: de enero a junio las exportaciones de limones argentinos a la UE se dispararon un 289% hasta las 62.870 Tm, un 129% también más que la media de los últimos cinco años. A partir de julio comenzaron el grueso de las exportaciones de naranjas y, a falta de datos, es evidente que también se dispararon.
Y nuestro Ministerio dando, como siempre, la callada por respuesta. ¡A qué se espera!  

El Consejo de Administración de Grupo Interóleo, después de analizar detenidamente el nuevo proyecto de central de ventas de aceite de oliva a granel, auspiciado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha decidido no participar en el mismo ante el escaso número de adhesiones y, por tanto, el bajo volumen de aceite de oliva a granel asociado que se gestionaría. Para Interóleo se trata de una acogida insuficiente para lograr el objetivo de este tipo de proyectos, que no es otro que intentar influir en los mercados con la gestión adecuada de la oferta para lograr mejores precios que los actuales, que siguen estando muy por debajo de los umbrales de rentabilidad.
Hasta la fecha, el volumen disponible de gestión en granel de las empresas que han manifestado interés es de 283.000 toneladas.
Grupo Interóleo recuerda que en Andalucía existen 850 cooperativas y almazaras y cerca de 1.830 en toda España. De ahí que no entiendan cómo tan pocas empresas han manifestado su interés por esta central de ventas. Desde Interoleo opinan que “Esta baja acogida debe hacernos reflexionar a todos e identificar los motivos por los que muchos más participantes no se adhieren o no se interesan por este modelo, en una campaña en la que el 100% de las cooperativas de España va a liquidar a sus agricultores muy por debajo de los 2,40€ por kilo de aceite que puede considerarse como coste de producción medio”.
A juicio de Grupo Interóleo, los problemas del precio se resuelven con soluciones de mercado, y ésta central de venta a granel lo era, pero sorprende la poca acogida regional y nacional. Hasta la fecha, el volumen disponible de gestión en granel de las empresas que han manifestado interés es de 283.000 toneladas, cantidad que apenas supera el 10% de las disponibilidades previstas para la próxima campaña. Sin duda, una cifra insuficiente para tener influencia en los mercados.
Lo intentado por las Cooperativas andaluzas es un camino cierto para resolver el problema de los precios en origen, pero si ocurre lo que ha ocurrido, con el silencio cómplice de nuestro Ministerio, hacia donde queremos caminar.

El 27 de agosto la Comisión Europea decidió suprimir los aranceles a las importaciones de maíz y otros cereales de los Estados Unidos al entender que los precios en este país están lo suficientemente caros como para no necesitar aranceles para su importación en la Unión Europea.
El precio del maíz americano, puesto en puertos de la Unión Europea, sumando todos los gastos del mismo (cotización, transporte hasta el golfo de Méjico, y transporte hasta los puertos de la U.E.) en la actualidad suponen un total de 157,69 € la t.
Producir una tonelada de maíz en la Unión Europea y por extensión en Extremadura se eleva a una cifra aproximada (dependiendo de la campaña) de los 150 € y en estos momentos la cotización del maíz nacional en las lonjas está alrededor de los 179 €/t.
¿Qué fábrica de piensos va a comprar maíz nacional a 179 €/t cuando lo tiene importado sin aranceles a 157 €/t?, se preguntan desde la Unión de Extremadura.
La bajada de aranceles se produce precisamente cuando comienza a cotizar este producto y cuando se empiezan a realizar las primeras transacciones, por lo que el futuro de las 520.000 toneladas aproximadas de producción de maíz regional empieza con malas perspectivas, poca producción y precios a la baja.
Cómo permitir la bajada de aranceles en los productos UE, mientras los españoles tenemos el gravísimo problema de la imposición de aranceles USA a productos tan emblemáticos como el aceite de oliva o el vino o… …
¡Absolutamente inadmisible!

Durante el periodo 2014-2020, España habrá sido el país que peor ha gestionado los fondos europeos. Durante el periodo 2014-2020, España ha sido el país que peor ha gestionado los fondos europeos. O, expresado de otra forma, ha sido el socio que menos ha utilizado los miles de millones de euros que la UE ha puesto a su disposición.
En concreto, apenas ha gastado el 34% del dinero disponible durante el anterior Marco Financiero Plurianual (MFP), que es el presupuesto de la UE a largo plazo, y que es el que se ha renovado por otros siete años tras la última cumbre del Consejo Europeo. Bruselas había consignado, para el periodo 2014-2020, a España 56.258 millones de euros, pero hasta el pasado 30 de junio, según los datos de la propia Comisión, España ha gastado apenas 19.250 millones.
Planas, no crees que debes tomar alguna medida para corregir lo ocurrido, ¡es que ya no sabemos ni gestionar! 


Un sinsentido”; “Es absurdo”; “Incomprensible”. Son algunos de los calificativos que los ganaderos están expresando tras conocer la última jugada del Ministerio de Agricultura en relación al programa de compra de leche para ayudar a personas necesitadas. Según ha podido saber la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, España está comprando esa leche fuera de nuestras fronteras, concretamente, en Portugal. UPA ha mostrado su total compromiso con las iniciativas de ayuda a personas necesitadas, pero ha asegurado “no entender” por qué no aprovechar esos fondos y apoyar a su vez a los ganaderos lácteos, que atraviesan desde hace años una grave crisis.
“Es ilógico”, asegura UPA, que el Gobierno esté invirtiendo fondos en acciones publicitarias de promoción de los alimentos de España –en alusión a la campaña ‘El arte de saber hacer’–, y por detrás acuda a productos de origen foráneo para destinarlos a un programa solidario como este.
Los esfuerzos del sector lácteo para poner en valor el origen nacional de la leche, los cambios en la normativa de etiquetado, los convenios alcanzados entre la interprofesional INLAC y el propio ministerio quedan, según UPA, en “agua de borrajas”, con “meteduras de pata como esta”.
Lo ocurrido no lo entiende ni UPA ni nadie, con las crisis que estamos viviendo va el Ministerio y compra leche portuguesa para la ayuda alimentaria… … ¡de cárcel! 

Y mientras el sector del vino está atravesando una grave crisis producida por los malos precios de la uva por un lado y por la falta de apoyos de las administraciones por otro, el ministerio sigue haciendo “gatadas”.
Según los datos aportados por el propio Ministerio de Agricultura en el año 2019 se devolvieron a la U.E 14,24 millones de € del programa de apoyo al sector vitivinícola español (PASVE), en el año 2018 se devolvieron 49 millones de € y en el año 2017 se devolvieron 7 millones de €, y en este periodo se rechazaron solo en Extremadura más de 2.000 solicitudes de ayudas de reestructuración. Según el informe del FEGA se nos informa que de los fondos del PASVE de esta campaña, que finaliza el 15 de octubre, Extremadura solo ha consumido 1,8 millones de € de un total de 17,90 millones presupuestados o lo que es lo mismo, el 10,41% y apenas queda un mes para su finalización.
¿Por qué nos deniegan las ayudas si hay presupuesto de sobra para aprobarlas?

Terminamos ya por esta semana. Esto no debe continuar así. 


Noticias.
-Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos pide a todos los órganos del Gobierno implicados que tengan previstas fórmulas que amortigüen las posibles consecuencias comerciales de una salida abrupta  del Reino Unido de la Unión Europea (UE).
Unión de Uniones, quien en otras ocasiones ha destacado el impacto que el Brexit puede tener sobre diversos productos agroalimentarios, alerta de que, cuatro meses de la salida efectiva del país británico – se prevé que tenga lugar el 1 de enero de 2021 – no se conoce oficialmente el marco legislativo que articulará las relaciones comerciales entre ambos bloques.
La organización resalta que tanto la UE como Reino Unido han mostrado públicamente su intención de adoptar un modelo en forma de acuerdo de libre comercio, lo que implicaría que Reino Unido deje de contribuir al presupuesto comunitario y conllevaría un posible aumento de los costes de exportación derivado del incremento de barreras no arancelarias adicionales (p. ej., aumento de los controles fitosanitarios en frontera, limitaciones al transporte de mercancías).
En este sentido, todavía existe la posibilidad –cada vez más creciente, a juicio de la organización, - de que no haya acuerdo entre ambos bloques, lo que podría traer, por la aplicación de aranceles, serias consecuencias para el comercio agroalimentario, en especial para países como España, que suponen el 9% de las importaciones agroalimentarias europeas de Reino Unido.
Unión de Uniones se hace eco de un reciente estudio, elaborado por investigadores europeos de alto nivel, que muestra los impactos sobre el sector agroalimentario europeo de cuatro posibles escenarios que podrían darse a nivel comercial entre la UE y el Reino Unido.
En todos ellos, los efectos sobre los productores europeos son negativos debido a la reducción del presupuesto PAC por la salida de Reino Unido y de un posible escenario de reducción de precios generalizado. En concreto, el estudio advierte de una posible reducción para 2030 en los precios de la carne de hasta el -1,8% en caso de un Brexit duro, los lácteos hasta el -0,8% y las frutas y hortalizas hasta el -0,7%, lo que conllevaría una pérdida de renta significativa para los agricultores y ganaderos europeos.
La organización recuerda que España exporta a Reino Unido principalmente frutos rojos, kiwis, caqui y otras frutas (8%), vino y mosto (8%) y cítricos (7%) y que supone el 8% del total de las exportaciones agroalimentarias españolas, cifra relevante que precisa de soluciones urgentes de cara a evitar una futura crisis en estos sectores.
Por esta razón, Unión de Uniones pide al Gobierno que presione y ejerza su influencia en las instituciones europeas para definir con celeridad el marco comercial entre ambos bloques y que identifique alternativas comerciales para dar salida a los productos íntimamente ligados a la exportación al país británico.
Unión de Uniones.

-La nueva oleada de la covid-19 en España ha desinflado el deseo y las expectativas puestas por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA de retomar una gestión normalizada desde septiembre por lo que la actividad telemática o semipresencial imperará en el día a día. Se asume que puede seguir el teletrabajo, la suspensión de congresos, los plenarios y las reuniones físicas. Pero cabe recordar el aviso del secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda,  que ha dejado muy claro que “va a haber un otoño inolvidable, con movilizaciones con mascarilla o sin ella”.
Efeagro ha consultado a sus líderes Pedro Barato (Asaja), Miguel Blanco (COAG) y Lorenzo Ramos (UPA) sobre esta «vuelta al cole» para determinar en qué medida podrán desarrollar su gestión en función de la situación epidemiológica actual, marcada por los numerosos rebrotes por toda la geografía española.
HABRÁ REUNIONES PUNTUALES IMPORTANTES PARA ABORDAR «PROBLEMAS» PERO, «SIEMPRE CON EL «PRINCIPIO DE PREVENCIÓN»
Asaja tiene abierta su oficina central en Madrid, pero «con todas las previsiones y precauciones» adoptadas porque la intención es «dar el servicio físico» desde su sede, en palabras de Barato. Eso sí, «si hubiera cualquier tipo de problema, por pequeño que fuera, estaremos preparados para volver a la situación anterior» de teletrabajo en la que igualmente se dio «servicio» a «todos» los asociados y delegaciones provinciales, matiza.
Barato, personalmente, estará a caballo entre la sede madrileña y su explotación en Ciudad Real, así como asistiendo a reuniones puntuales importantes para abordar «problemas» que hay en sectores como el olivar, la vendimia o el comercio internacional, pero, «siempre», insiste, con el «principio de prevención». La celebración de grandes congresos -tenían algunos previstos en varias provincias- se han aplazado, informa.
En COAG su secretario general, Miguel Blanco, es franco: «No esperábamos una nueva oleada del Covid como la que se está produciendo y, particularmente, en Madrid».
Sus expectativas de celebrar «algún plenario ahora en otoño» para abordar asuntos como la reforma de la Política Agraria Común (PAC) han caído en saco roto con esta nueva situación por lo que cree que, al menos, todo este mes se trabajará de forma telemática en la organización. De hecho, han hablado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y han convenido en que es «muy arriesgado» celebrar ahora encuentros presenciales.
Lo lamenta porque, según su punto de vista, las reuniones físicas son «más efectivas» que las virtuales para debatir sobre otros temas que serán «clave» en este «otoño-invierno», como el «brexit», la Ley de la Cadena Alimentaria o la política arancelaria estadounidense.
Por eso, reconoce que «no podemos pensar en la dinámica anterior a la covid-19 y en que eso se recuperará a corto plazo» y cree que la actividad presencial «estará muy limitada a reuniones muy estrictas y estratégicas».
Para UPA, la intención era comenzar a «hacer vida normal desde principios de septiembre» y así lo habían acordado entre la organización y las estructuras territoriales; lo cual implicaba «ir todas las semanas a la oficina» central, según manifiesta su secretario general, Lorenzo Ramos. No obstante, las «circunstancias» actuales» con esta nueva oleada del covid hacen que nos replanteemos evitar viajes o desplazamientos innecesarios».
A pesar de ello, Ramos, como líder de la organización, sí tiene la intención de hacer algunos traslados para acudir a congresos territoriales de UPA, preparatorios del nacional que deberá celebrarse en abril de 2021.
Los hará maximizando las medidas de seguridad, como viajar en coche acompañado solo de una persona; limitando la estancia a lo necesario en la ciudad de destino; y los congresos que se celebren se harán respetando las normas vigentes en esa comunidad autónoma, señala. Se quiere mover «con prudencia» y por eso su visita a la sede madrileña también estará condicionada a las circunstancias sanitarias que vayan rigiendo.
El teletrabajo, la asistencia semipresencial al puesto laboral o a reuniones concretas y reducidas parece que primarán en las próximas semanas como la mejor opción por la que apuestan estas organizaciones agrarias para convivir con el coronavirus, a falta de que la situación epidemiológica mejore o llegue una vacuna de manera efectiva.
Otra cuestión será qué pase con las movilizaciones, que una gran parte del sector no solo no quiere frenar sino que ya las ha convocado pese a la nueva oleada del Covid.
Agroinformación.

-El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado este lunes su deseo sobre que Andalucía perciba el cambio de rumbo que ha emprendido la Política Agrícola Común (PAC). «A mi me gustaría que Andalucía y la Junta de Andalucía entendiera bien que estamos ante una nueva PAC, totalmente distinta de la del pasado», ha afirmado Planas.
Durante una entrevista con el programa Mesa de Análisis de Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, ha abundado en la idea del cambio que late en la PAC tras sostener que «esta PAC no es continuación, es punto y aparte». El ministro de Agricultura ha apuntado que «algunas comunidades lo han entendido, otras, menos».
Cuestionado si pese a esa metamorfosis de la PAC, Andalucía mantendría el nivel de fondos comunitarios percibidos hasta el momento, Planas ha respondido que «ese (planteamiento) es parte del equívoco». «No es para Andalucía ni para Extremadura ni para Castilla La Mancha, ni para ninguna comunidad autónoma. Seamos claros», ha esgrimido el ministro de Agricultura, quien seguidamente ha apuntado que «el modo de calcular esta PAC es distinto del pasado». «Ahora no son requisitos que tengamos que cumplir con Bruselas en su aplicación en España. Ahora son objetivos globales que tenemos que cumplir», ha proseguido aclarando Planas, quien ha abogado por evaluar «qué sectores necesitan más apoyos», así como ha señalado que son las propias organizaciones agrarias las que reivindican que «los cálculos no se hagan con rendimientos de hace 20 años».
«Agricultores y ganaderos andaluces y españoles deben disponer del mejor instrumento de apoyo. Éste es el fondo del debate», ha afirmado Planas.
Ese cambio de filosofía de la PAC lo ha situado el ministro de Agricultura en aspectos como «el enfoque de la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la digitalización del sector, o la incorporación de hombres y mujeres». El ministro de Agricultura ha advertido sobre el cronograma de aplicación de la nueva PAC que «la discusión europea no ha acabado, lo que significa que hasta la próxima primavera no podremos tener cerrado el modelo».
«La PAC, que es apoyo a agricultores y ganaderos, no son kilómetros cuadrados, y no he dicho hectáreas, no es un Fondo de Compensación Interterritorial», ha apostillado el ministro de Agricultura. Respecto a la modificación de la Ley de Cadena Agroalimentaria, ha asegurado que «está desequilibrada y hay que incrementar el valor que perciben los agricultores».
Agencias

-LA UNIÓ de Llauradors denuncia que Argentina sigue batiendo récords de rechazo de sus cítricos en la Unión Europea por presencia de plagas devastadoras y desconocidas en la citricultura europea y hasta este mes de agosto las interceptaciones ya eran un 533% superiores a las de todo el año pasado.
No se queda tampoco atrás Sudáfrica, con 13 rechazos hasta agosto cuando apenas ha iniciado su campaña de exportación, ni Uruguay con 11, que son los otros países que han visto rechazados más envíos tras Argentina.
Argentina ha visto rechazados un total de 133 envíos por los 21 del pasado año o los 22 de 2018. En agosto de este año se han producido 16 rechazos por los 5 en el mismo mes del anterior. Todos ellos tenían hongos tan peligrosos como el Phyllosctita citricarpa que causa la temida Mancha Negra de los cítricos o la bacteria Xanthomonas que origina el Cancro de los cítricos. Ante esta situación, Argentina vio suspendidas sus exportaciones a la UE desde el 15 de agosto hasta el 30 de abril de 2021.
A mediados de este pasado mes de agosto la web de la Comisión Europea publicó el informe final de una auditoría realizada a Argentina para verificar los controles establecidos para la Mancha Negra y todo ,o casi todo, porque censuran la ausencia de garantías en la verificación oficial de los tratamientos fúngicos que reclama la normativa europea- se ve desde las instancias comunitarias de color de rosa.
El incremento de la demanda de cítricos en la UE ha propiciado que los envíos de Argentina se acelerasen y se descuidase de este modo el cumplimiento de las normas fitosanitarias: de enero a junio las exportaciones de limones argentinos a la UE se dispararon un 289% hasta las 62.870 Tm, un 129% también más que la media de los últimos cinco años. A partir de julio comenzaron el grueso de las exportaciones de naranjas y, a falta de datos, es evidente que también se dispararon.
Las decisiones que se han tomado con Argentina se tienen que aplicar también para otros países y para que exista un comercio internacional sólido y sin problemas la UE debe tomarse en serio estos temas. Por ello LA UNIÓ reitera que la Comisión Europea debe realizar una rigurosa auditoría fitosanitaria en aquellos países que no puedan garantizar la salida de cítricos sin plagas y en el caso por ejemplo de Argentina continuar con la suspensión de las importaciones durante la próxima campaña si no se dan las circunstancias adecuadas para retomarlas o suspenderlas también para otros países.
Para ello la organización aboga por la implantación de un criterio de inspección única en origen para todos los países terceros y que las importaciones entren por pocos puertos de la UE -sería adecuado tres como máximo- donde se garantice la presencia de un número suficiente de inspectores expertos en plagas y enfermedades citrícolas y con un porcentaje de muestras analizado representativo. Del mismo modo apuesta por la obligación del tratamiento de frío en el transporte y por la prohibición en la producción y manipulación de cítricos del uso de materias activas que no estén autorizadas en la Unión Europea.
Los datos de los rechazos de cítricos con plagas revelan una vez más la grave amenaza y el riesgo evidente de propagación y contaminación de estas enfermedades graves de cuarentena como son entre otras la Mancha Negra o el Cancro que no están presentes todavía en la UE y cuya entrada sería letal para nuestra citricultura porque una vez introducidas serían endémicas.
Unió de Llauradors.

-El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha elaborado, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan de acción contra la plaga del “cotonet de Les Valls” (Delottococcus aberiae) que conjuga en un solo documento todas las medidas y actuaciones para la gestión integrada de la misma.
El plan ha sido revisado y respaldado en la reunión que ha tenido lugar hoy por videoconferencia entre el director general de sanidad de la producción agraria, Valentín Almansa, y los directores generales competentes en materia de sanidad vegetal de las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana.
Este mismo mes de septiembre se presentará para su aprobación en el Comité Fitosanitario Nacional y con su aprobación se dotará a las comunidades autónomas, competentes en materia de sanidad vegetal en sus respectivos territorios, de un marco coordinado de actuación.
El objetivo del plan, que se empezó a diseñar antes del verano con las autonomías citrícolas, es evitar la dispersión de la plaga y forzar la reducción de las poblaciones, algo que no se ha podido alcanzar hasta ahora con las medidas de lucha exclusivamente químicas que se estaban llevando a cabo.
La gestión integrada tiene en consideración todas las técnicas y medios conocidos de control de la plaga, aunque el plan prioriza el control biológico con los depredadores y parasitoides autorizados, ya que este constituye el pilar sobre el que debe pivotar la sostenibilidad del método.
Igual de importante será el empleo de métodos biotécnicos de control de las poblaciones mediante la captura y muerte en trampas cebadas con una feromona sexual específica. Esta será también empleada en redes de vigilancia y detección temprana de la plaga.
Por último, se emplearán tratamientos fitosanitarios con sustancias autorizadas en momentos en los cuales la intervención facilite la reducción de las poblaciones de cotonet y disminuya sus efectos sobre el fruto; todo ello compatibilizando esta aplicación con el control biológico siempre presente.
Con independencia de las medidas sanitarias en cultivos, el plan incluye también una estrategia de bioseguridad e higiene para las cajas y envases empleados en la recolección de la fruta, para garantizar que no sean un medio de dispersión de la plaga. Del mismo modo, para aplicar en la maquinaria y medios de transporte hasta las centrales de envasado o producción y en la ropa de los trabajadores que desarrollen su labor en las parcelas infestadas.
UNA RÁPIDA REACCIÓN
La presencia de la plaga se detectó por primera vez en 2009 en la comarca de Les Valls (de ahí su nombre), desde la que se ha ido expandido por diferentes áreas citrícolas. Este año también se ha encontrado en el sur de Cataluña. Los daños producidos por el cotonet han sido cada vez mayores y, ante los reportes emitidos por el sector antes del verano, el MAPA ha trabajado en la búsqueda de soluciones.
Ya en julio se autorizó excepcionalmente una feromona sexual para luchar contra la plaga y después, mediante una rápida tramitación coordinada con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la suelta del parasitoide exótico Anagyrus aberiae.
MAPA.

-… …El esfuerzo por concebir una nueva Política Industrial, que de eso se trata, excede el campo de las razones de seguridad y supervivencia económica. El mundo acaricia la idea de organizar con cerebro menos rentístico, más inclusivo y socialmente digerible, la nueva política macro-económica. Esta incluye el dejar que el Estado meta los garfios en cómo definir qué se produce, quienes lo producen, de qué manera se produce (PPM’s en inglés), sin que a nadie le quite el sueño la noción de elegir ganadores al evaluar el futuro en temas como la inteligencia artificial, el control de la oferta de medicamentos y el manipuleo de los equipos medicinales. Y aunque todavía no hay tangibles consensos operativos, es un enfoque que gana tracción en gente como el senador Marco Rubio, un audaz cruzado del populismo conservador estadounidense.
Es un enfoque a cara descubierta que engloba el concepto del deterioro de los términos de intercambio, un insumo que la Comisión de la Unión Europea (UE) suele usar a discreción cada vez que justifica su propia veta proteccionista en sectores como la Política Agrícola Común (PAC) hoy en vigor, así como en la que se comenzará a aplicar el año que viene (2021/27), Covid-19 mediante… …
El Economista.

-¿Qué porcentaje de ingresos agrarios son significativos para ser considerado «agricultor genuino» en la futura  PAC?
El Ministerio de Agricultura considera que la denominación de la figura del "agricultor genuino" será clave a la hora de recibir la ayuda básica a la renta y otras ayudas directas del primer pilar de la futura Política Agraria Común (PAC), así como las ayudas a zonas con limitaciones naturales del segundo pilar.
En principio, para el MAPA el «agricultor genuino» es «aquel para el que los ingresos de la actividad agraria suponen una cantidad significativa con respecto a lo que suponen sus ingresos totales.»
Algo similar, aunque un paso más allá, de lo que se define como «agricultor activo» ahora:  «sus ingresos agrarios distintos de los pagos directos suponen, al menos, el 20% de sus ingresos agrarios totales en el periodo disponible reciente (regla 80-20) o en alguno de los dos periodos impositivos inmediatamente anteriores o, en caso de no cumplirlo, que puede demostrar que asume el riesgo empresarial de la explotación y realiza la actividad agraria en las parcelas que declara en su Solicitud Única, o en la solicitud de ayudas directas en el caso del POSEI de Canarias.» (artículo 12.3 del RD 1075/2014, de 19 de noviembre).
Para el Ministerio, la definición del porcentaje final que suponen los ingresos agrarios sobre los ingresos totales para ser calificado como «agricultor genuino» debe tener también en cuenta la importancia y el papel social y medioambiental que juega la agricultura a tiempo parcial en amplias zonas de España.
De ahí que el porcentaje de ingresos agrarios sobre los ingresos totales, que ha propuesto a las CC.AA. para definir la figura de «agricultor genuino», esté entre el 20-30%, es decir entre una quinta y casi una tercera parte del total, y no sea más elevado, con el fin de que entre los receptores de la ayuda básica a la renta y de otras ayudas directas no se quede al margen el colectivo dedicado a la agricultura o a la ganadería a tiempo parcial.
Se trata, según fuentes consultadas, de un porcentaje que podría ser aceptable, a pesar de que algunos colectivos defienden una mayor diferenciación mayor, en beneficio de los agricultores más «profesionales», que serían aquellos cuyo tiempo de trabajo en la actividad sea de al menos la mitad del total o algo más y, además, vivan en el medio rural.
Agronegocios.

-Ni héroes ni villanos, simplemente agricultores
Los agricultores españoles llevamos meses bajo el foco mediático. De protagonizar protestas masivas pidiendo precio y dignidad pasamos a alimentar a la sociedad en el momento más oscuro. Ahora algunos quieren señalarnos injustamente como culpables de los rebrotes o de malas condiciones laborales.
En las semanas previas al estallido de la pandemia de la COVID-19, los agricultores y ganaderos españoles habíamos protagonizado un proceso de movilizaciones sin precedentes, con la participación de cientos de miles de hombres y mujeres de todos los territorios y sectores, que mereció la atención y apoyo de la sociedad española y provocó un diálogo con el Gobierno de España.
Con el estallido de la crisis del coronavirus, las movilizaciones se frenaron y los agricultores volvimos al trabajo para cumplir nuestro papel, esencial y estratégico, de alimentar a la sociedad, especialmente en un momento tan delicado como el que aún estamos viviendo.
Los agricultores y ganaderos españoles hemos seguido poniendo alimentos a disposición de los consumidores españoles en una situación inédita, pero también para el resto de ciudadanos europeos y del resto del mundo, porque los flujos de exportación no se han visto interrumpidos.
En definitiva, después de conseguir la mirada comprensiva de la sociedad hacia la situación límite de los agricultores y ganaderos, como resultado de las movilizaciones de los primeros meses del año, la catarsis del coronavirus ha terminado de abrir los ojos a la verdadera realidad del campo español y su condición de sector básico y estratégico para nuestra sociedad.
Agricultores y ganaderos, el inicio de una larga y vital cadena
Las autoridades españolas están repitiendo una y otra vez, desde que estalló la crisis, que la cadena alimentaria está funcionando sin problemas y garantizando el abastecimiento de la sociedad. Y es cierto.
Hablan de la producción, la distribución, la industria, la logística, el comercio mayorista y minorista…, con el añadido, en este caso sí interrumpido, de la hostelería, cuyo cierre sí que ha afectado a muchas producciones, muy enfocadas al consumo fuera del hogar. Pero esa larga y compleja cadena alimentaria depende, obviamente, en su inicio, del trabajo de los hombres y mujeres del campo. Porque sin productores no hay productos.
En España, la inmensa mayoría de los alimentos son producidos en explotaciones de carácter familiar. Los agricultores y ganaderos somos, en más del 85% de los casos, de pequeña y mediana dimensión, y acudimos a la contratación de personas en aquellos momentos del año en que es necesario, ya que la carga de trabajo es muy cambiante.
Una agricultura y ganadería familiar viable no sólo produce alimentos sanos, seguros y de calidad, garantizando la soberanía alimentaria y dando soporte a nuestras exportaciones e industria agroalimentaria; además asienta población en el territorio dando impulso a otras actividades económicas, garantiza la biodiversidad, genera empleo estable y temporal, sostiene la ganadería extensiva, está apostando por las producciones ecológicas, conforma la base social de las miles de cooperativas que hay en España; es emprendedora con múltiples iniciativas de modernidad en cultivos, productos y presentaciones; y está siendo un elemento determinante para avanzar en la igualdad, con un protagonismo creciente de las mujeres en todos los órdenes de actividad y decisión.
Pero para garantizar estas funciones, estratégicas y decisivas para la sociedad, la Agricultura Familiar necesita ser rentable, recibir precios justos, con una relación equilibrada entre costes de producción y valor de los productos.
Sin precios justos no hay futuro
La falta de precios justos en el campo se ha convertido, lamentablemente, en algo habitual en los últimos años. La estructura comercial que se ha ido conformando en España nos mantiene a los productores atados de pies y manos, aprisionados entre unos costes crecientes y unos precios que bajan sin cesar.
Pero desde UPA llevamos muchos años denunciando que sin precios justos no puede haber un futuro de progreso para el campo. Las granjas seguirán cerrando y los jóvenes seguirán sin ver en la agricultura y la ganadería un proyecto de vida digno y con futuro para todos aquellos que vivimos de la agricultura, ya seamos trabajadores autónomos o contratados, de forma indefinida o temporal.
Estos días vemos recrudecerse el debate sobre las condiciones en que los trabajadores del sector agrario desempeñan su labor. Algunas acusaciones maliciosas levantan ampollas entre los agricultores. Porque no es cierto que los trabajadores del campo tengan menos derechos que los de cualquier otro sector, y tampoco son ciertas las acusaciones de condiciones de esclavitud que algunos están lanzando, por más que conozcamos casos tan lamentables y condenables como el del trabajador fallecido por golpe de calor, abandonado por un desalmado a las puertas del centro de salud de Lorca.
Es imprescindible abordar esta cuestión desde una visión integradora. Los trabajadores temporales, muchos de ellos personas migrantes, son un activo importantísimo para la agricultura y la ganadería en España. Sin ellos difícilmente nuestro sector primario habría alcanzado el grado de desarrollo que tiene actualmente. Desde UPA trabajamos para mejorar la realidad socioeconómica de los inmigrantes, en materias como el empleo, la integración social, el arraigo o las dificultades que afrontan estas personas. Pero toda la sociedad debe ser consciente de que hay problemas sociales que nos afectan a todos, y del que los agricultores no somos ni mucho menos los culpables.
Los agricultores no queremos ser héroes, pero tampoco villanos. Somos simplemente agricultores. Nada más y nada menos. Alimentamos al mundo, gestionamos el territorio y los recursos y mantenemos vivos los pueblos, creando además cientos de miles de empleos. Y todo ello lo hacemos cumpliendo siempre todas las normas que se nos exigen desde las Administraciones.
Tenemos claro que el modelo familiar de producción de alimentos seguirá cobrando relevancia como el más adecuado para garantizar la salud de los ciudadanos y ciudadanas, porque es el que mejor garantiza un uso sostenible de los recursos, una producción variada y respetuosa con el medio ambiente y una distribución de la población equilibrada por el territorio, evitando el despoblamiento de las zonas rurales, algo que hoy cobra también especial relevancia.
Lorenzo Ramos Silva. Secretario General de UPA.

-El Consejo de Administración de Grupo Interóleo, después de analizar detenidamente el nuevo proyecto de central de ventas de aceite de oliva a granel, auspiciado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha decidido no participar en el mismo ante el escaso número de adhesiones y, por tanto, el bajo volumen de aceite de oliva a granel asociado que se gestionaría.
Para Interóleo se trata de una acogida insuficiente para lograr el objetivo de este tipo de proyectos, que no es otro que intentar influir en los mercados con la gestión adecuada de la oferta para lograr mejores precios que los actuales, que siguen estando muy por debajo de los umbrales de rentabilidad.
Hasta la fecha, el volumen disponible de gestión en granel de las empresas que han manifestado interés es de 283.000 toneladas.
Grupo Interóleo recuerda que en Andalucía existen 850 cooperativas y almazaras y cerca de 1.830 en toda España. De ahí que no entiendan cómo tan pocas empresas han manifestado su interés por esta central de ventas. Desde Interoleo opinan que “Esta baja acogida debe hacernos reflexionar a todos e identificar los motivos por los que muchos más participantes no se adhieren o no se interesan por este modelo, en una campaña en la que el 100% de las cooperativas de España va a liquidar a sus agricultores muy por debajo de los 2,40€ por kilo de aceite que puede considerarse como coste de producción medio”.
A juicio de Grupo Interóleo, los problemas del precio se resuelven con soluciones de mercado, y ésta central de venta a granel lo era, pero sorprende la poca acogida regional y nacional. Hasta la fecha, el volumen disponible de gestión en granel de las empresas que han manifestado interés es de 283.000 toneladas, cantidad que apenas supera el 10% de las disponibilidades previstas para la próxima campaña. Sin duda, una cifra insuficiente para tener influencia en los mercados.
Esta baja acogida debe hacernos reflexionar a todos e identificar los motivos por los que muchos más participantes no se adhieren o no se interesan por este modelo.
Grupo Interóleo ha participado activamente en aras de conseguir una central de ventas con el suficiente potencial y envergadura que ayude a paliar la crisis de precios actual. Pero llegado este punto, y a escasos 20 días del inicio de la nueva campaña, el número de grupos cooperativos y almazaras que se han adherido es demasiado bajo para que la nueva central de ventas tenga la influencia deseada y por lo tanto, Grupo Interóleo, ha decidido no participar en esta nueva estructura.
Además, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, y es que a fecha 1 de octubre todos los operadores deben comunicar a la AICA su pertenencia a alguna entidad integradora. Por lo tanto, es más que evidente que para esta próxima campaña 20/21 es imposible que esta nueva entidad se encuentre operativa para influir en el mercado, teniendo en cuenta que todavía no se han definido aspectos de vital importancia para su funcionamiento.
No obstante, desde Grupo Interóleo queremos reconocer y agradecer el esfuerzo y trabajo realizado por la sectorial de aceite de oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, así como de los grupos Jaencoop y Dcoop y la decena de cooperativas de Jaén que han participado en el intento de puesta en marcha de esta nueva entidad. A nuestro juicio, se imponen momentos de reflexión, más que necesarios para seguir tomando decisiones acordes a los momentos actuales. Por lo tanto, Grupo Interóleo seguirá trabajando de forma activa para favorecer la concentración de la oferta.
OLIMERCA. 

-La crisis de los precios de la uva esta vendimia se está recrudeciendo por todo el país y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado a todo el sector el día 16 para afrontar esta crisis y donde, según fuentes consultadas, «esperemos que hable claro sobre los precios», ya que los viticultores exigen que se pague para cubrir costes como recoge la Ley de la Cadedna Agroalimentaria. En este sentido, desde el sector en Castilla-La mancha se recuerda que ya hay un estudio de varias universidades que estable cuál debería el precio a pagar por la industria y cooperativas y donde se refleja que los costes medios de producción de la uva en CLM oscilan de 0,155 a 0,417 euros/kilo mayoritariamente por encima de lo que quieren pagar en esta vendimia.
A la espera de esa reunión, los viticultores redoblan la vigilancia sobre los precios que reciben por sus producciones de uva en esta vendimia, porque alertan de cotizaciones bajas que ven injustificadas y aseguran que «no les temblará la mano» a la hora de denunciar ante la Agencia de Información y Control Alimentario prácticas abusivas.
Así lo indican en declaraciones a Efeagro las principales organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA) en esta semana en la que la vendimia sigue avanzando en España marcada este año no sólo por esas cotizaciones sino también por las medidas sanitarias implementadaspor todo el país  en el campo para evitar contagios de covid-19.
LAS TABLILLAS DE PRECIOS «NO ESTÁN ATENDIENDO A LA SITUACIÓN REAL DEL SECTOR Y HAY QUIEN QUIERE QUE EL AGRICULTOR PAGUE LOS PLATOS ROTOS»
En Asaja, que han celebrado este miércoles 9 una Sectorial nacional del sector, hablan de un «grave problema» porque las tablillas de precios recogen reducciones «de un 30 y un 40%» respecto a los establecidos el año pasado, según José Ugarrio, perteneciente a los servicios técnicos de esta organización.
Hay agricultores de la zona de Valdepeñas que han llegado a paralizar la recogida «a la espera de tener una reunión con el Consejo Regulador» para intentar solventar este problema porque «no hay ningún tipo de justificación» ya que la producción no es tan alta y las existencias no son mayores que las del año pasado.
«Es cierto que la pandemia ha influido», en el consumo y la salida del vino, pero aún así, no ve argumentadas dichas cotizaciones y cree que «se han podido aprovechar las circunstancias actuales para tirar a la baja».
El responsable del Vino de COAG, Joaquín Vizcaíno, estima que las tablillas de precios «no están atendiendo a la situación real del sector» y defiende que la incertidumbre generada por la covid-19 ha sido un «río revuelto» utilizado por algunos industriales para «aprovecharse del eslabón más débil».
Tampoco ve argumentos para tirar a la baja el precio porque habrá «un descenso del 8 % en las salidas» y las nuevas previsiones de producción rebajan las estimaciones iniciales, debido a episodios de fuerte calor o pedrisco recientes, de tal forma que la cosecha estará «por debajo de la media».
La situación es de cierta estabilidad, por lo tanto, y se debería reflejar en los precios en origen, pero, sin embargo, «se nos están aplicando bajadas de un 30 y hasta un 40 % en las uvas más básicas» por todo el país, ha remarcado.
Según el responsable del sector del Vino de UPA, Alejandro García, hay bodegueros que «se están aprovechando» para que los agricultores sean quienes paguen los «platos rotos por el coronavirus».
Agroinformación.

-El 27 de agosto la Comisión Europea decidió suprimir los aranceles a las importaciones de maíz y otros cereales de los Estados Unidos al entender que los precios en este país están lo suficientemente caros como para no necesitar aranceles para su importación en la Unión Europea.
El precio del maíz americano, puesto en puertos de la Unión Europea, sumando todos los gastos del mismo (cotización, transporte hasta el golfo de Méjico, y transporte hasta los puertos de la U.E.) en la actualidad suponen un total de 157,69 € la
Producir una tonelada de maíz en la Unión Europea y por extensión en Extremadura se eleva a una cifra aproximada (dependiendo de la campaña) de los 150 € y en estos momentos la cotización del maíz nacional en las lonjas está alrededor de los 179 €/t.
¿Qué fábrica de piensos va a comprar maíz nacional a 179 €/t cuando lo tiene importado sin aranceles a 157 €/t?, se preguntan desde la Unión de Extremadura.
En esa región se está iniciando recolección, una campaña que se está caracterizando por una merma de 2 toneladas por hectárea de media debido a los excesos de calor que ha sufrido este cultivo este verano.
La bajada de aranceles se produce precisamente cuando comienza a cotizar este producto y cuando se empiezan a realizar las primeras transacciones, por lo que el futuro de las 520.000 toneladas aproximadas de producción de maíz regional empieza con malas perspectivas, poca producción y precios a la baja.
No puede entrar maíz importado a un precio igual al coste que supone producirlo aquí, precisamente para evitar estas circunstancias estaba previsto la imposición de aranceles que tan alegremente ha quitado la Comisión Europea.
Tampoco parece acertada la política de que mientras EEUU aumenta los aranceles de importación a nuestra aceituna, nuestros vinos, quesos y un largo etc, nuestra Comisión se dedique a la exención de aranceles a las importaciones americanas.
El 4 de mayo de 2020 se publicaba el reglamento 2020/615 por el que se imponía un arancel de 10,40 €/tm a las importaciones de maíz y otros cereales de los Estados Unidos.         
Desde la Unión se critica que se vuelve a la política de siempre, cuando no hay producción de maíz nacional se imponen aranceles para que suba a los ganaderos, pero cuando va a empezar la siega de los cereales europeos se eliminan los aranceles para bajar las cotizaciones.
Esta organización ha remitido un escrito al Ministerio de Agricultura para que exija a la Comisión Europea la inmediata corrección de esta política.
Agronews.

-Era de esperar y la respuesta no ha tardado en lo que se prevé como la guerra de la PAC y  el reparto de fondos entre las CCAA, tras el anuncio del ministro Luis Planas, de que «el dinero e la PAC no es para Andalucía, ni para Extremadura, ni para Castilla La Mancha, ni para ninguna comunidad autónoma. 
Seamos claros», la Junta andaluza se ha mostrado convencida este jueves 10 de que el reparto nacional de la PAC que prepara el Gobierno puede suponer un recorte a Andalucía de unos 1.300 millones, por lo que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha insistido en pedir el apoyo del Parlamento para defender los intereses del sector.
En su intervención en la Cámara autonómica, Crespo ha asegurado que las últimas declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, en las que dice que la PAC ha cambiado y no tiene nada que ver con la anterior, solo pretenden «justificar» el recorte de los fondos europeos que sufrirá el campo andaluz.
LA CONSEJERA ADVIERTE DE QUE LOS AGRICULTORES «TIENEN QUE SABER QUE PUEDEN PASAR DE 350 EUROS POR HECTÁREA A 150 o 200 EUROS POR HECTÁREA»
«Con estas afirmaciones, se está poniendo vendas en los ojos porque sabe que cada una de las premisas que se están poniendo encima de la mesa para el reparto nacional suponen un recorte para la PAC de Andalucía», ha resaltado.
La consejera ha afirmado que bajar de las más de 50 regiones productivas significaría imponer «una tasa plana para el olivar» de Andalucía. «Los agricultores tienen que saber que pueden pasar de 350 euros por hectárea a 150 o 200 euros por hectárea», ha señalado en respuesta a una pregunta del grupo del PP.
Crespo ha apuntado que desde la Consejería de Agricultura se va a hacer un esfuerzo para que cada sector del campo andaluz conozca los riesgos que conlleva el reparto nacional de la PAC que prepara el Ministerio, al que ya ha advertido que no permitirá el trasvase de fondos.
«Ante un recorte de más de 1.300 millones de euros de la PAC que puede sufrir Andalucía, solo caben dos posturas: conformarse o seguir luchando», ha recalcado ante el esperado inicio de la guerra de la PAC por el reparto de fondos.
La titular de Agricultura ha recordado el esfuerzo de todos los que trabajan en el sector para mantener el abastecimiento de alimentos de calidad durante la pandemia, al tiempo que ha destacado «que será pieza fundamental para la recuperación de la sociedad andaluza, española y europea».
Agroinformación.

-La Comunidad de Madrid dedicará 4,5 millones de euros al sector ganadero centrado en la crianza del toro de lidia. La noticia llega después de que las nuevas restricciones sanitarias prohibieran la asistencia de público en los festejos taurinos, que hasta ahora se encontraban con el aforo restringido a un 75%. Del monto total, 3 millones irán destinados a la entrega de 1.500 euros por vaca madre hasta un máximo de 100.000.
El Gobierno regional ha querido remarcar que esta medida es “única en España” y que de esta manera pretende apoyar al sector, que se ha visto afectado de manera directa por la crisis económica desatada por la covid-19.
Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, se ha reunido este viernes con asociaciones de criadores de todos para trasladarles el apoyo del Ejecutivo comunitario. Al mismo tiempo, Martín les ha trasladado que se harán aportaciones de hasta 7.000 euros por explotación en un plan vinculado al Programa de Desarrollo Rural, así como créditos bonificados para facilitar su supervivencia económica.
La consejera también ha dicho que van a relanzar las Rutas del toro, un proyecto dedicado a fomentar la actividad ganadera del toro de lidia desde un punto de vista turístico. Este enfoque ha sido ensalzado por Martín como “una vía de ingresos complementaria” para las empresas ganaderas de la región, y ha ensalzado la cría de este animal como una "actividad tradicional” que contribuye a la conservación de los ecosistemas, el aumento de la biodiversidad y la fijación de población al medio rural.
Martín ha hecho énfasis en que el Gobierno regional “seguirá apoyando al sector en sus reivindicaciones”, entre las que se encuentra la bajada el IVA a sus actividades. En la Comunidad de Madrid existen 64 explotaciones ganaderas que generan 12.000 empleos directos e indirectos aproximadamente, y 13.000 ejemplares de este animal, lo que la convierte en la región española con más densidad de reses bravas por kilómetro cuadrado.
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid acordaron en el mes de julio la firma de un protocolo de colaboración para la defensa y promoción de los toros, que reclaman como uno de los bastiones del patrimonio cultural de la región.
El País.



-La verdad sobre los fondos de la UE: España gasta apenas el 34% de lo asignado.
Los datos están aquí. Y reflejan una realidad incómoda para los últimos gobiernos. Sobre todo, ahora, cuando España espera recibir alrededor de 140.000 millones de euros de la Unión Europea (UE), la mitad en préstamos a devolver a muy largo plazo y el resto a fondo perdido. Y lo que dicen esos datos es que, durante el periodo 2014-2020, España habrá sido el país que peor ha gestionado los fondos europeos. O, expresado de otra forma, ha sido el socio que menos ha utilizado los miles de millones de euros que la UE ha puesto a su disposición.
En concreto, apenas ha gastado el 34% del dinero disponible durante el anterior Marco Financiero Plurianual (MFP), que es el presupuesto de la UE a largo plazo, y que es el que se ha renovado por otros siete años tras la última cumbre del Consejo Europeo.
Durante el periodo 2014-2020, España habrá sido el país que peor ha gestionado los fondos europeos
En el anterior MFP, Bruselas había consignado a España 56.258 millones de euros, pero hasta el pasado 30 de junio, según los datos de la propia Comisión, había gastado apenas 19.250 millones. En aquella cantidad se incluyen todos los fondos que pone a disposición de los países la Unión Europa para sus distintas políticas estructurales y de desarrollo regional, sin contar la Política Agrícola Común (PAC). Es decir, representa el volumen total de inversión previsto en el periodo.
De aquellos 56.258 millones comprometidos, el 78% (algo más de 44.100 millones) ya se habían asignado formalmente a un programa concreto, pero, finalmente, como se ha dicho, solo el 34% del dinero se ha gastado.

EIE 2014-2020: ejecución financiera (coste total) por país. Fuente: EC

Uno de los casos más llamativos es el de los llamados fondos Feder, que tenían una asignación planeada equivalente a 29.237 millones de euros, sin embargo, lo gastado entre 2014 y 2020 solo representa el 26% (7.706 millones). Portugal, por ejemplo, ha gastado el 60% del dinero planeado, mientras que Holanda, un país considerado 'rico' ha alcanzado un grado de ejecución del 62%. Los fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo regional), como se sabe, están destinados a financiar políticas como la innovación y la investigación, la digitalización de la economía, el apoyo a las pymes o la lucha contra el cambio climático. La asignación de fondos depende del nivel de desarrollo de cada región.
 
Fondos EIE 2014-2020: resumen de la UE de la implementación por país. Fuente: CE.

No han ido mucho mejor la implementación del Fondo Social Europeo. En este caso, el grado de ejecución respecto de lo planeado presupuestariamente se sitúa en el 32%, lo que convierte a España en el segundo país (tras Croacia) que más ha desaprovechado esta oportunidad. Países como Luxemburgo, Alemania, Holanda o Francia, todos con mayor nivel de renta per cápita que España, han gastado por encima del 57% de lo asignado.
Empleo juvenil
El caso más llamativo, sin embargo, es el denominado Iniciativa de Empleo Juvenil. Pese a que España es el país con más desempleo de Europa, junto a Grecia, y, en particular, registra la tasa de paro entre los jóvenes más elevada del continente, lo gastado apenas supone el 57% de lo asignado. En concreto, 1.714 millones de los 3.015 millones planeados. Hay que tener cuenta que el Consejo Europeo decidió en su día aumentar los fondos destinados a luchar contra el paro juvenil en 1.200 millones de euros entre 2017 y 2020, de los que una tercera parte irían a España.
En la asignación de los fondos Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) o en el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (EMFF, por sus siglas en inglés) ha sucedido algo parecido. En el primer caso, lo gastado representa el 51% de lo previsto, mientras que en el segundo solo se ha utilizado un 17%.
La reducida utilización de los fondos comunitarios en materia de cohesión (y que en el periodo 2024-20 ascendieron a 355.000 millones de euros) es especialmente significativa en un país como España, que es, precisamente, uno de los grandes beneficiarios de las políticas de convergencia y de cohesión territorial, que forman parte de los grandes pilares de la construcción europea. España llegó a alcanzar el 2001 el 100% del PIB medio de la UE a 27, e, incluso, logró un 105% en 2007, antes de la anterior crisis. Sin embargo, y tras la doble recesión, el PIB per cápita apenas alcanza ya el 95%.
Eso justifica que España, en concreto, sea el tercer país que, en teoría, más recibe: 56.194 millones de euros, por detrás de Polonia (104.931 millones) e Italia (72.478 millones). Pero mientras que en el primer caso el grado de ejecución del dinero planificado representa el 45% (once puntos más que España), en Italia se alcanza el 40% (seis puntos porcentuales más). Los países que más lo aprovechan (con grados de ejecución que superan el 65%) son Finlandia, Luxemburgo, Irlanda y Austria, todos con un nivel de riqueza relativa superior al de España.
No hay una sola causa que explique lo que está pasando. Tiene que ver con un problema burocrático, con la falta de medios humanos para gestionar las cantidades planeadas o, incluso, con el hecho de que muchos proyectos no se ejecutan debido a que se trata de proyectos cofinanciados, y en muchos casos los organismos públicos beneficiados, ayuntamientos o diputaciones, no disponen de suficientes recursos para poner su parte. Algo que no ocurría ni en los años 80 ni en los 90.
Contribuyente neto
La baja utilización de los fondos comunitarios explica en parte otra realidad incómoda. España, en los últimos cuatro años, ha pasado de ser beneficiario a ser contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea. El año pasado, en concreto, aportó 1.376 millones de euros más de lo que recibió, pero si se acumula ese periodo, resulta que en el último cuatrienio el saldo financiero con la UE es negativo en 5.181 millones. Es decir, pagó más de lo que recibió.
España, en los últimos cuatro años, ha pasado de ser beneficiario a ser contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea
No se trata, por lo tanto, de un déficit coyuntural vinculado a un ejercicio concreto, sino que es una tendencia general que rompe con lo que históricamente han sido las relaciones financieras entre España y la UE, que, desde 1986, el año del ingreso, siempre había sido favorable a nuestro país. Al comenzar el siglo, durante los años 2002 y 2003, el saldo favorable a España llegó a ser superior a los 8.000 millones de euros, lo que da idea de cómo se ha dado la vuelta la situación.
 
Fondos EIE 2014-2020: pagos totales de la UE por país. Fuente: CE.

Estos datos se conocen justo cuando se ha abierto un debate en la política española sobre cómo gestionar los 140.000 millones de euros, que representan alrededor del 12% del PIB, aunque hay que tener en cuenta que ese dinero se recibirá en los próximos años, no en su totalidad en un ejercicio. El Partido Popular (PP) ha propuesto la creación de una agencia nacional para la recuperación económica, pero nada indica que pueda salir adelante a la vista del enfrentamiento directo entre el principal partido de la oposición y el Gobierno.
El Confidencial. Carlos Sánchez.

-Un sinsentido”; “Es absurdo”; “Incomprensible”. Son algunos de los calificativos que los ganaderos están expresando tras conocer la última jugada del Ministerio de Agricultura en relación al programa de compra de leche para ayudar a personas necesitadas. Según ha podido saber la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, España está comprando esa leche fuera de nuestras fronteras, concretamente, en Portugal.
UPA ha mostrado su total compromiso con las iniciativas de ayuda a personas necesitadas, pero ha asegurado “no entender” por qué no aprovechar esos fondos y apoyar a su vez a los ganaderos lácteos, que atraviesan desde hace años una grave crisis.
“Es ilógico”, asegura UPA, que el Gobierno esté invirtiendo fondos en acciones publicitarias de promoción de los alimentos de España –en alusión a la campaña ‘El arte de saber hacer’–, y por detrás acuda a productos de origen foráneo para destinarlos a un programa solidario como este.
Los esfuerzos del sector lácteo para poner en valor el origen nacional de la leche, los cambios en la normativa de etiquetado, los convenios alcanzados entre la interprofesional INLAC y el propio ministerio quedan, según UPA, en “agua de borrajas”, con “meteduras de pata como esta”.
Por todo ello, UPA ha pedido formalmente al Ministerio de Agricultura que rectifique, y prime el origen España de los alimentos que se destinen a ayudar a las personas más desfavorecidas. Será la mejor manera de alcanzar una verdadera solidaridad circular, que ayude a los destinatarios y a los productores al mismo tiempo.
UPA.

-El sector del vino está atravesando una grave crisis producida por los malos precios de la uva por un lado y por la falta de apoyos de las administraciones por otro.
Aunque es cierto que se ha modificado la Ley de la Cadena Alimentaria y que en teorías no se podría vender un kg de uva por debajo del precio de coste, la realidad es que como nadie vigila que esto suceda y que las denuncias que presentan los representantes de los agricultores caen en saco roto, la verdad es que ninguna bodega está cumpliendo esta Ley y en definitiva toda la uva se está vendiendo un 40% más barata que el año pasado, porque así lo han determinado las Bodegas Félix Solís y García Carrión, y el resto de bodegas se rigen por los precios pactados por estas dos entidades.
Al mismo tiempo la Administración Regional en Extremadura ha entrado en una parálisis que no es capaz de resolver ningún expediente de ayuda o de inversión para la mejora de las calidades del vino o de los métodos de producción. El ejemplo lo tenemos en que en estos momentos están llegando a los viticultores las resoluciones por las que más del 80% de los expedientes de reestructuración y reconversión del viñedo están siendo denegados por no alcanzar la puntuación exigida por la Consejería de Agricultura.
Desde la Unión Extremadura nos hacemos la siguiente pregunta:
Si todos los años tenemos que devolver dinero a la Bruselas porque no lo gastamos ¿Cómo es posible que deneguemos expedientes de ayuda por falta de presupuesto?
Según los datos aportados por el propio Ministerio de Agricultura en el año 2019 se han devuelto a la U.E 14,24 millones de € del programa de apoyo al sector vitivinícola español (PASVE), en el año 2018 se devolvieron 49 millones de € y en el año 2017 se devolvieron 7 millones de €, y en este periodo se rechazaron solo en Extremadura más de 2.000 solicitudes de ayudas de reestructuración.
Adjuntamos el informe del FEGA en el que se informa que de los fondos del PASVE de esta campaña, que finaliza el 15 de octubre, Extremadura solo ha consumido 1,8 millones de € de un total de 17,90 millones presupuestados o lo que es lo mismo, el 10,41% y apenas queda un mes para su finalización, ¿Por qué nos deniegan las ayudas si hay presupuesto de sobra para aprobarlas?
Unión de Uniones.
 
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