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Procesados  13 miembros de los CDR por delitos de terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional García-Castellón ha procesado por pertenencia a organización terrorista a los 13 detenidos en 2019 en la operación Judas de la Guardia Civil contra los Comités de Defensa de la República (CDR). A nueve de ellos les atribuye también el delito de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.

Actualizado 14 septiembre 2021  
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Redacción y Agencias
  
En el auto dictado este martes, que atiende a una petición de la Fiscalía de la Audiencia, el magistrado considera que, dentro de los CDR, los procesados conformaban una célula de "gran radicalidad" denominada Equipo de Respuesta Táctica (ERT). "Se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior", asegura.
Los procesados "habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".

La célula se creó, según el juez, por la necesidad de contar dentro de la estructura de los CDR con un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza. Los detenidos estaban totalmente entregados a "la causa" y se les encargó la realización de las acciones "más sensibles". Todos eran partidarios de la independencia de Cataluña y del activismo radical para conseguirla. Su objetivo final como organización, "era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España".

Según el auto de procesamiento, los miembros del ERT participaron en la algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, como cortes de carretera, vertido de aceite al paso de la comitiva que trasladaba los presos del 1-O o el levantamiento de las barreras de los peajes. Según el escrito, los investigados participaron en la creación y desarrollo de los Cecor (Centro de Coordinación) para las acciones de los CDR, "asumiendo el encargo recibido de un denominado 'CNI catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria con el objeto de acometer una acción en la que se pretendía ocupar el Parlament de Cataluña y defenderlo posteriormente".

La investigación, prosigue el instructor, ha permitido acreditar detalles de esa operación. El plan era iniciar la ocupación por la puerta principal del Parlament, donde se les facilitaría el acceso desde el interior. Además, junto a un reducido grupo de personas cooperarían con el tal grupo denominado "CNI" y se encargarían del alquiler de inmuebles y locales que les proporcionasen seguridad y el establecimiento de bases de "intendencia", para permanecer en el interior del edificio al menos una semana.
La operación incluiría el montaje de antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, todo ello bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros. Ahí entraban en juego el procesado Ferrán Jolis, con "amplios conocimientos en el apartado informático y de telecomunicaciones, a efectos de confeccionar una red segura e indetectable que permitiese las comunicaciones entre el interior y exterior del Parlament".
Conforme a la investigación, el presunto grupo terrorista ya había llevado a cabo "informaciones precisas de sus posibles objetivos", tomando fotografías y vídeos de las instalaciones, como accesos, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas, agentes policiales y placas de matrículas de vehículos policiales.

El auto del Juzgado de Instrucción 6 señala de qué objetivos se han "obtenido evidencias" gráficas y "sobre los que el grupo pretendía perpetrar algún tipo de acción o atentado". La lista incluye la Comandancia Naval de Barcelona, Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona, miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión, instalaciones en autopistas, peajes o el Parlament de Cataluña.

El juez destaca el reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, en San Andreu de la Barca, que Jordi Ros habría llevado a cabo el mayo de 2019 junto a su pareja.
Además de los anteriores objetivos, sostiene la resolución, Jordi Ros Solá habría realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos, de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Uno de los nombres buscados fue el del líder del PP Pablo Casado, que cuando se conoció el dato lamentó que Interior no le hubiera advertido de ello. La respuesta del ministro Fernando Grande Marlaska fue restar trascendencia a la circunstancia.

Los procesados tanto por pertenencia a organización terrorista como por su relación con las sustancias explosivas incautadas son Eduardo Garzón Bravo, Esther García Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva Rocabruna, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina Barberan, Jordi Ros Sola, Guillem Xavier Duch Palau y Rafael Joaquín Delgado López.Por pertenencia a organización terrorista, sin vínculos directo con los explosivos, los procesados son Ferrán Jolis Guardiola, Xavier Buigas Llobet, David Budria Altadill y Clara Borrero Espejo.

El siguiente paso en la causa será comunicar personalmente el auto a los procesados, que podrán recurrir la decisión a la Sala de lo Penal. Hasta ahora, el tribunal encargado de revisar las decisiones del juez -un tribunal distinto al que celebraría el juicio- ha cuestionado el carácter terrorista del grupo, así como la peligrosidad de las sustancias incautadas. Este criterio llevó a la puesta en libertad de los detenidos, que inicialmente habían quedado en libertad provisional.
Si la Sala confirma el procesamiento, la Fiscalía y las acusaciones populares presentarán sus escritos de acusación. El delito de pertenencia a una organización terrorista conlleva penas de seis a 12 años de prisión, y el de las sustancias explosivas, de ocho a 15 años.
 
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