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Consideraciones sobre el Real Decreto 538/2015.

(regulación de la realización de estudios, informes y análisis.....

Cuanto más legislemos peor, siempre lo exhaustivo resulta ser limitativo

A veces y esta es una de ellas, a medida que vas escribiendo sobre un tema sufres un proceso de transformación en tu idea inicial y lo que pensabas absolutamente criticable se va transformando, aún sin quererlo, en un no pero… …,

Actualizado 2 julio 2015  
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Redacción Agrolibre
  
 vas dulcificando tus primeras impresiones al ir comprendiendo  que lo que parecía un pecado grave, fruto quizás de tu radicalismo primario, no pasa de ser una manifestación más del afán de notoriedad y singularidad que a todos nos envuelve.

Según nos informa el MAGRAMA, El Consejo de Ministros aprobó el viernes, a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un Real Decreto que por el que se "regula la realización de estudios y análisis comparativos en productos alimenticios". Un tipo de estudios de gran difusión, que son muy demandados por los consumidores, teniendo a veces gran influencia en su decisión de compra. El RD se publicó el pasado sábado. Se afirma que con la publicación de este Real Decreto se reforzará la defensa de los intereses de los consumidores, y se mejorará su información y su capacidad de elección. Se asegura también la defensa de los intereses de los operadores y se establecen unas garantías sólidas de que la información vertida en los estudios e informes publicados se ha realizado de manera veraz y contrastada.

El tema nos sonaba a un incremento más en la socialización que nos envuelve y lógicamente a nosotros, liberales convencidos, nos sonó de forma muy desafinada. De nuevo pensábamos en lo desacertado de intentar frenar la libertad de estudio y divulgación y en un nuevo sometimiento a los dictados, formas y sistemas de las administraciones que nos presiden.

El Real Decreto 538/2015 de 26 de junio aprobado , se afirma desde el Ministerio, trata  de dar cumplimiento al mandato recogido en la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, garantiza el rigor de dichos estudios aportando, a su vez, seguridad jurídica a las empresas estudiadas.

En la Disposición adicional cuarta, (Realización y difusión de estudios y análisis comparativos), una de las patas citadas, como base de desarrollo, en el Preámbulo del nuevo Real Decreto ya estaba legislado que:

1. Cuando a iniciativa de cualquier persona física o jurídica se realicen estudios y análisis comparativos en productos alimenticios dispuestos para su venta al consumidor, y cuyos resultados se destinen a su difusión se deberán observar los principios de veracidad, rigor técnico y analítico y cumplir con todas las garantías contempladas en la normativa nacional o comunitaria en materia de análisis.
2. Todas las pruebas o análisis en que se basen los estudios, informes y análisis deberán ser realizadas por un laboratorio que posea una acreditación equivalente a la exigida a los laboratorios autorizados para intervenir en el control oficial de alimentos.
 3. Una vez obtenido el resultado de la prueba, éste se comunicará al fabricante o titular del establecimiento, según el procedimiento que se establecerá reglamentariamente. Cuando del resultado del análisis se derive un incumplimiento legal, el fabricante o, envasador o responsable del producto, cuyo nombre figura en el etiquetado, podrá realizar un análisis contradictorio. En caso de discrepancia entre los resultados de ambos análisis, se realizará un tercer análisis, que será dirimente. El procedimiento en ambos casos se desarrollará reglamentariamente. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento al que tendrán que ajustarse los estudios, informes o análisis, en relación con la ficha técnica, el procedimiento de compra de los productos a analizar, los requisitos aplicables a la toma de muestras y el procedimiento de comunicación de resultados a los afectados.
4. Los estudios, informes y análisis no deberán inducir a error al consumidor respecto a la seguridad, calidad de los productos o al cumplimiento de la legislación alimentaria que le sea de aplicación.
5. El incumplimiento de los principios y requisitos aplicables a los estudios, informes y análisis llevados a cabo por entidades de carácter público o privado destinados a su difusión pública, contenidos en esta Disposición podrá ser considerado como un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

La Administración nuevamente, y como suele ser usual en todas sus actuaciones legislativas, "ha ampliado, actualizado y ha excluido contenidos, demasiado alegremente pensamos, al margen de lo establecido en la "Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria".

El desarrollo de la Ley de la cadena sólo autoriza, en principio, a "desarrollar reglamentariamente", punto 3 de la Disposición adicional cuarta, "el procedimiento al que tendrán que ajustarse los estudios, informes o análisis, en relación con la ficha técnica, el procedimiento de compra de los productos a analizar, los requisitos aplicables a la toma de muestras y el procedimiento de comunicación de resultados a los afectados" y sin embargo ha desarrollado otros temas conexos.

También y de forma explícita en el Preámbulo del nuevo Decreto se afirma que ,"el presente real decreto tiene como objeto el cumplimiento de este mandato legal, ampliando y actualizando la regulación de los procedimientos e instrumentos utilizados para la elaboración de estudios, informes y análisis comparativos sobre productos alimenticios dispuestos para su venta al consumidor final. Su ámbito de aplicación comprenderá, por tanto, a todos los estudios comparativos destinados a su publicación o difusión para información al consumidor, excluyendo, -( quizás demasiado alegremente por sus futuras consecuencias)-,  de su ámbito los estudios y proyectos técnicos desarrollados con carácter científico, que no se realicen con dicho objeto. Lo establecido en el presente real decreto no se aplicará a los estudios, informes y análisis comparativos iniciados antes de su entrada en vigor".

Por otro lado, nosotros creemos que, para resolver los casos de fraude en las informaciones a los consumidores, casos cada día más frecuentes, para que nadie actúe en el mundo agrario-alimentario de forma desleal realizando falsos informes que siempre condicionan sustancialmente el comercio alimentario, era más que suficiente la simple actualización de lo ya legislado, de la otra pata citada como básica en el nuevo Real Decreto, del Real Decreto 1945/1983 de 22 de junio "por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria. En aquel Real Decreto se disponía ya que "en todos los análisis que se realicen a iniciativa de cualquier persona física o jurídica y cuyos resultados se destinen a su difusión a través de los medios de comunicación, deben de aplicarse las mismas garantías que las establecidas para los análisis y el procedimiento del control oficial.

Insistimos en que la Ley sólo autoriza a que "Reglamentariamente se establezca el procedimiento al que tendrán que ajustarse los estudios, informes o análisis, en relación con la ficha técnica, el procedimiento de compra de los productos a analizar, los requisitos aplicables a la toma de muestras y el procedimiento de comunicación de resultados a los afectados" pero como decía el simpar Romanones, costumbre que sigue muy arraigada entre nuestros políticos, "ustedes hagan la Ley y déjenme a mí los Reglamentos".

Seguimos legislando, en nuestra opinión en exceso y por supuesto y como siempre sin terminar de cerrar los temas que surgen.
Porque en concreto, en este caso,  excluyendo según el  Artículo 1.3 "Objeto y ámbito de aplicación" del Real Decreto, a …."todos los proyectos y estudios técnicos o científicos que no se realicen con objeto de su publicación o difusión para informar al consumidor, en particular publicaciones en revistas científicas, tesis o libros, desarrollados con dicho carácter sobre cualquier tipo de producto alimenticio, alimentario, materia prima, producto intermedio o sobre sus características, evolución, conservación, envasado, presentación o comercialización", hemos hecho "un pan como una torta", ha quedado abierto el enorme boquete por el que naufragará el proyecto. Redactado el artículo así habría que definir lo que se entiende por proyecto y/o estudio técnico, proyecto o estudio científico, revista científica, … … , para evitar problemas en el desarrollo futuro de la Norma. Siempre ocurre lo mismo, recuerdan ustedes como paradigma de normas "no cerradas" la inclusión del tercer supuesto en la Ley antiabortista de Zapatero… ... aquella falta de definición, quizás decidida de forma voluntaria, ocasionó la ruina de la Ley.
No creemos en la voluntariedad de la indefinición en este caso pero… …las brecha existe para que el indeseable, el tramposo, siga ejerciendo como tal. ¿Quién podrá evitar con loa ahora legislado que con el carácter de científico algún interesado, que previamente haya pactado las cifras que le vengan en gana con el operador  que se preste a ello, pueda trasladar a la opinión pública las conclusiones que quiera? ¿Es que no nos damos cuenta de que según quién haga el trabajo, la encuesta , salen unos resultados u otros, que solo basta con ampliar el margen de error que proceda?   

Cuanto más legislemos peor, siempre lo exhaustivo resulta ser limitativo, siempre quedan flecos por los que se desliza el aire que pretendemos, quizás con buena fe, retener. ¿Porqué no insistir en los cumplimientos taxativos de lo ya existente?

Todo debería ser y es mucho más simple. En el Código de Comercio, en la necesidad de cumplir con las "buenas prácticas comerciales" en él establecidas, en el no engañar con publicidades falsas o negligentemente divulgadas, que en el fondo son siempre estafas al ciudadano, están contenidos,  todos los preceptos de aplicación ante el engaño. El problema está en que las penalizaciones subsiguientes nunca se terminan de aplicar con la seriedad y sobretodo la rapidez que exige el mundo actual. Si el propio Ministerio de Agricultura… conoce, como así creemos que ocurre, las falsedades de todo tipo que demasiado a menudo se cometen en el mundo de la competencia agroalimentaria, debería ser ejemplarizante con sus condenas y no eternizar sus decisiones en expedientes inacabables.

¿De verdad creemos en que a base de legislación se resolverán los problemas que permanentemente se plantean en el mundo del comercio agroalimentario?
 
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