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Semana del 26 de enero al 2 de febrero de 2020.

Seguimos en la cresta de la protesta callejera

Asi se veian las calles de Toledo esta misma semana

Semana fundamentalmente reivindicativa. El sector estalló y al menos hasta hoy 2 de febrero el nuevo-viejo ministro se ha mantenido fundamentalmente en silencio. ¿Debe ser así, puede estar callado mientras todos le gritan?,

Actualizado 6 febrero 2020  
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Redacción Agrolibre
  
¿puede afirmar en las únicas declaraciones públicas que le conocemos, con total sumisión a los dictados de sus jefes, Presidente y Vicepresidentas, principalmente la Ribera ecológica, que la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el SMI, es perfectamente asumible por el actual sector agrario español?
 
Comentario
O es un iletrado, cosa que sabemos que no lo es, o es un desvergonzado vendido a su permanencia en el poder, capaz de cualquier cosa. Porque ya no son los terratenientes ni la ultra-ultra derecha la que afirma la sinrazón de la medida, sino que son los propios sindicatos agrarios y las organizaciones profesionales de izquierda los que condenan enérgicamente la medida adoptada.
Veamos:
. La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ante el anuncio de la subida del 5,5% del salario mínimo interprofesional (SMI) pactado por el gobierno actual, patronal y sindicatos para 2020, recuerda la gran distancia que existe todavía entre las rentas del campo y el resto de la sociedad. “Resulta realmente complicado pagar salarios mínimos a los que tienen ingresos inferiores al mismo, como ocurre en este sector”, afirman desde la organización. “Hay que tener en cuenta, además, que esos costes en la inmensa mayoría de los casos no se pueden trasladar al siguiente escalón de la cadena, ya que ni hay precios mínimos para los productos agrarios que garanticen al menos los costes de producción ni existe suficiente rentabilidad en determinados sectores productivos para asumirlos”
. El Comité Ejecutivo de ASAJA-Andalucía, reunido en sesión extraordinaria, ha respaldado unánimemente la convocatoria de una campaña de movilizaciones y protestas conjuntas en las ocho provincias andaluzas para demandar respuestas y soluciones al Gobierno de España. La incertidumbre y la inestabilidad climática, política y comercial, que han caracterizado al ejercicio de 2019, han afectado al conjunto de la actividad agropecuaria, que ha sufrido la pérdida del 8,6% de la renta agraria. Ha sido especialmente sangrante comprobar la pasividad, cuando no directamente la animadversión del Gobierno de España, que ha pasado de puntillas por los problemas del campo (sequía, bajos precios, aranceles…) e incluso con alguna de sus medidas, como la subida del salario mínimo (SMI) o la implantación obligatoria del registro horario, ha contribuido a agravarlos.
. ASAJA, COAG y UPA han realizado movilizaciones por todo el territorio nacional. El mercado laboral no es fácilmente adaptable, pero sí es cierto que han puesto el grito en el cielo por el impacto que puede tener una posible subida del salario mínimo interprofesional, al ser la rentabilidad de las explotaciones muy sensible a los cambios de esta variable.
. En declaraciones públicas Pedro Barato, que desde hace ya décadas alguien es en el sector, afirmó hace unos días que,” la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es inasumible para gran parte de las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestro país”.

En este sentido, apuntó que “esta subida” muestra que “la gente que se dedica a hacer estas cosas no tiene ni idea” ya que el año pasado “ya fueron 50.000 personas las que se quedaron sin empleo en este sector”. Barato hizo hincapié en que el sector agrario paga religiosamente según la ley y según los convenios, y que “no tenemos ningún problema en pagarle a los trabajadores cuanto más mejor”. Sin embargo, “la sociedad tiene que entender que cuando decimos que no se puede pagar más”, es que no se puede. El presidente de ASAJA destacó que es inasumible “aguantar la subida del más del 30% directo del SMI en dos años, más cuotas de seguridad social e impuestos de salarios”.
. El coste salarial se dispara un 43% en la España vaciada. Las organizaciones agrarias amenazan con un febrero caliente y exigen «bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF» tras crecer los costes hasta rozar los 1.400 euros
El campo está agitado. Y no se trata de «terratenientes carcas» ni de «hacendados o cortijeros» agitados por la derecha, como ha asegurado el líder de UGT, Pepe Álvarez. Los agricultores, de toda clase y condición, ya no aguantan más la competencia desleal de mercados donde, como en Marruecos, el coste de la mano de obra diaria, de los jornaleros, es hasta catorce veces inferior al que soportan los productores españoles: 69 euros por día en España por apenas 5 euros al día en Marruecos. Esto eleva el precio en origen del kilo de tomate, por ejemplo, hasta los 60 céntimos, mientras las importaciones marroquíes, unos 400 millones de kilos anuales, se quedan en 46 céntimos el kilo. Además, los productores agrícolas tienen que soportar la abismal diferencia entre la venta en origen y los precios que pagan los consumidores, que alcanzan hasta un 700%, como en el caso de las patatas, o un 600%, como en el caso del brócoli, el calabacín o el repollo. Para acabar de dar la estacada, la subida del SMI a 950 euros, firmada ayer por los agentes sociales con toda la pompa monclovita –Pedro Sánchez y Pablo Iglesias incluidos– ha colmado la paciencia de los agricultores, que se han lanzado a las carreteras y amenazan con un febrero más que caliente al Gobierno, que a este paso tendrá que hacer caso de las peticiones de la patronal CEOE o del propio presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, que han solicitado una mesa de negociación para analizar el impacto de la aplicación del nuevo SMI en el sector agrícola. Una mesa que, según pudo recabar ayer LA RAZÓN, los sindicatos de clase aceptan de buen grado para incorporar a las organizaciones agrarias y a los representantes de los trabajadores del campo en el diálogo social.
Los productores agrícolas se quejan de que en un contexto de caída de la renta agraria (-8,6% en 2019) y de entrada sin control de importaciones que no cumplen con las mínimas garantías sociales, laborales y salariales de los trabajadores, resulta inasumible para las pequeñas y medianas explotaciones el alza del SMI. Según los análisis de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el coste laboral de la subida del SMI a 1.000 euros en 14 pagas para una explotación media, con entre dos y tres trabajadores, suponía un aumento del 50,4% de los costes laborales para los agricultores, al pasar de 967 euros por trabajador al mes en 2018 a 1.455 euros en 2020. Con ese mismo modelo, la subida del SMI a 950 euros supone un alza de los costes laborales para los productores agrícolas hasta el entorno de los 1.380 euros, un incremento del 42% respecto a los de 2018. Ante este escenario, las organizaciones agrarias amenazan con intensificar las movilizaciones que iniciaron el pasado miércoles, hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez se siente a negociar con los agricultores «medidas compensatorias para los profesionales agrarios, vía bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF».
¿Y tras todo lo anterior les parecen oportunas las declaraciones del ministro sobre la subida del SMI?
 
Ministro conocemos tu indolencia y tu “subordinaditis” a tus superiores, pero tus tendencias ya no son admisibles. Por cierto que, esta semana también, se está confirmando ya otro de nuestros temores, la subordinación del MAPAMA, tal como lo hemos conocido, al ministerio ecológico de la Ribera, con la callada de nuestro Planas.
Según Agroinformación, “la nueva estructura del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobada este martes 28 por el Consejo de Ministros refuerza sus competencias en políticas medioambientales y de la biodiversidad terrestre y marina con la creación de dos nuevas direcciones generales y de despoblación.
Según un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, la nueva estructura contempla la creación de una Secretaría General para el Reto Demográfico, de la que dependerá la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, según un comunicado del Ministerio.
Además, refuerza sus competencias al formarse la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. La segunda asumirá la política forestal y la lucha contra la desertificación. Asimismo, esta estructura refuerza la coordinación y cohesión en las políticas de la Administración del Estado de defensa de la biodiversidad tanto terrestre como marina. Esta nueva organización, según el propio Ministerio, resulta “más efectiva para la consecución de los objetivos del Gobierno, y refuerza las competencias de en biodiversidad y lucha contra la despoblación, dos retos importantes para el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según el Ministerio, el refuerzo de la biodiversidad supone además una importante herramienta para el desarrollo de políticas ante el reto demográfico y la despoblación en el territorio. La creación de la Secretaría General para el Reto Demográfico, con rango de Subsecretaría, de la que dependerá la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, asumirá las competencias para la elaboración y el desarrollo de políticas frente al reto demográfico y la despoblación.”

 
No les parece a ustedes que se nos van quitando competencias… …
Como era de esperar el precio del aceite de oliva ha reaccionado al alza tras aplicar con decoro las medidas de mercado existentes en la reglamentación comunitaria. Y todos nos preguntamos en por qué de su falta de aplicación en todo el año pasado. ¡Que falta de vergüenza en la  UE y que falta de carácter en nuestros gobernantes.
 
Noticias.
- Unión de Uniones recuerda que las rentas de muchos agricultores se encuentran todavía un 11 % por debajo del Salario Mínimo Interprofesional
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ante el anuncio de la subida del 5,5% del salario mínimo interprofesional (SMI) pactado por el gobierno actual, patronal y sindicatos para 2020, recuerda la gran distancia que existe todavía entre las rentas del campo y el resto de la sociedad.
   
Unión de Uniones destaca que los rendimientos agrarios medios declarados por los profesionales del sector - aquellos cuyas rentas agrarias superan el 75% de sus rentas totales – alcanzarían los 11.805 € de media durante los últimos cuatro años disponibles, por lo que se situarían un 11% por debajo del salario mínimo interprofesional de 13.300 euros brutos anuales establecido para 2020.
A nivel regional, los rendimientos agrarios de los profesionales en la mayoría de las CCAA no alcanzan el SMI acordado, siendo los casos más preocupantes los de Baleares, C. Valenciana, Galicia, Cantabria y Asturias, donde la media los agricultores profesionales no alcanzarían el salario mínimo 2020 aun teniendo en cuenta los rendimientos agrarios declarados y las rentas procedentes de otras actividades. En este sentido, Unión de Uniones exigirá al nuevo Gobierno la implementación de medidas efectivas que garanticen unas rentas dignas a todos los agricultores y ganaderos profesionales a nivel estatal.
“Resulta realmente complicado pagar salarios mínimos a los que tienen ingresos inferiores al mismo, como ocurre en este sector”, afirman desde la organización. “Hay que tener en cuenta, además, que esos costes en la inmensa mayoría de los casos no se pueden trasladar al siguiente escalón de la cadena, ya que ni hay precios mínimos para los productos agrarios que garanticen al menos los costes de producción ni existe suficiente rentabilidad en determinados sectores productivos para asumirlos”, añaden.
Asimismo, Unión de Uniones califica de llamativo que la patronal y los sindicatos acuerden con el Gobierno la nueva subida del nivel del Salario Mínimo Interprofesional, y que sus filiales en el campo, ASAJA (CEOE) y UPA (UGT), se muestren críticas con las consecuencias de su aplicación hasta el punto de calificarlo de inasumible, ya que no se puede promover una cosa y estar en contra de sus consecuencias a la vez.
Para que se pueda materializar la propuesta de subida de SMI planteada, la organización reclamará una revisión fiscal del sistema de módulos que contemple tanto la subida actual del SMI como la actualización automática cuando se produzcan las previstas para los próximos años, con el objetivo de que se tengan en cuenta unos márgenes reales para cada actividad agraria y ganadera y se aplique una fiscalidad justa para el sector.
Unión de Uniones.
 

-La nueva estructura del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobada este martes 28 por el Consejo de Ministros refuerza sus competencias en políticas medioambientales y de la biodiversidad terrestre y marina con la creación de dos nuevas direcciones generales y de despoblación.
Según un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, la nueva estructura contempla la creación de una Secretaría General para el Reto Demográfico, de la que dependerá la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, según un comunicado del Ministerio.
Además, refuerza sus competencias al formarse la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. La segunda asumirá la política forestal y la lucha contra la desertificación.
Asimismo, esta estructura refuerza la coordinación y cohesión en las políticas de la Administración del Estado de defensa de la biodiversidad tanto terrestre como marina.
Esta nueva organización, según el propio Ministerio, resulta “más efectiva para la consecución de los objetivos del Gobierno, y refuerza las competencias de en biodiversidad y lucha contra la despoblación, dos retos importantes para el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Según el Ministerio, el refuerzo de la biodiversidad supone además una importante herramienta para el desarrollo de políticas ante el reto demográfico y la despoblación en el territorio.
La creación de la Secretaría General para el Reto Demográfico, con rango de Subsecretaría, de la que dependerá la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, asumirá las competencias para la elaboración y el desarrollo de políticas frente al reto demográfico y la despoblación.
La estructura del Ministerio se fortalece con la creación de una Dirección General de Servicios, que dependerá de la subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La estructura aprobada este martes 28 por el Consejo de Ministros se consolidará en las próximas semanas con un segundo real decreto que concretará la composición del Ministerio, especialmente en las competencias de la Secretaría de Estado de Energía.
Además, el Ministerio estudia la conversión del actual Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras en un Instituto para la Transición Justa, con rango de dirección general, y en una nueva estructura en el segundo nivel de la Secretaría.
Agroinformación.
 
 
-Unión de Uniones señala que la reducción del 15 % de los fondos de desarrollo rural, dificultaría cumplir con los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo y el reto demográfico
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos advierte que los programas de desarrollo rural a nivel europeo y estatal necesitan ser apoyados con un presupuesto sólido para que sus medidas, de carácter eminentemente voluntario, puedan ser atractivas para los agricultores y ganaderos.
El Acuerdo Verde europeo, presentado el pasado 11 de diciembre, estableció como objetivo para 2030 reducir un 50% las emisiones de la UE respecto a 1990. Para lograrlo, la Comisión presentó recientemente un plan de inversiones que contempla una serie de instrumentos financieros para apoyar a las regiones en el proceso de transición hacia una economía descarbonizada.
En el ámbito de la agricultura, a mediados de 2020 se presentará la estrategia “De la granja a la mesa”, una iniciativa enmarcada en el contexto del Pacto Verde que tiene por objetivo lograr una cadena de valor alimentaria más sostenible y en la que se prevé incluir objetivos medioambientales y climáticos vinculantes para el sector. De hecho, recientemente el Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de implementar los objetivos del Pacto Verde y la estrategia en la futura PAC a través de los planes estratégicos en los que los EEMM están trabajando en estos momentos.
En este sentido, Unión de Uniones destaca que se conoce poco todavía acerca del apoyo económico concreto que se pretende dar a las acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos y lo único que se sabe es que la Comisión Europea ha propuesto reducir el presupuesto de la PAC en general y el segundo pilar en particular.
En concreto para España, la Comisión ha propuesto una reducción del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) de 8.275 a 7.000 millones €, que corresponde a un recorte del 15,3% en términos corrientes.
Unión de Uniones señala que si esto ocurre repercutiría significativamente en las partidas presupuestarias de las distintas intervenciones en el marco de la futura PAC y limitaría la capacidad del sector para alcanzar los objetivos medioambientales marcados a nivel UE.
“Si se proponen unos objetivos más ambiciosos, han de facilitar también el poder cumplirlos y no quitar parte de los recursos que ya había destinados”, critican desde la organización.
Unión de Uniones reclama a los Ministros de Agricultura de la UE, que abordarán esta cuestión en el Consejo de este lunes 27, que sean conscientes de dicha situación y se afirmen en la necesidad de, al menos, mantener el mismo paquete financiero para la PAC en su próximo período de vigencia.
Las medidas de los PDRs tienen un elevado potencial de mitigación de emisiones, a la vez que impactan de manera positiva en el medio rural
Según un reciente estudio de la Comisión Europea, las medidas del segundo pilar de la PAC contribuirían a mitigar en torno a 6,4 millones de toneladas de CO2eq anuales. En concreto, en el estudio se destaca el potencial de la medida 10 sobre agroambiente y clima, que incluye un amplio abanico de operaciones voluntarias para contribuir a una agricultura más sostenible e integrada con el medio, como son, por ejemplo, el fomento de la lucha biológica, las prácticas específicas para el fomento de la presencia de aves o el pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva.
A nivel socioeconómico, estos programas también tienen un importante impacto, como demuestran las evaluaciones ex-post del periodo de programación 2007-2013. En el caso de Castilla y León, por ejemplo, se estimó el impacto de su PDR en más de 1.000 millones de euros, contribuyendo a crear más de 24.500 empleos adicionales durante su implementación, mientras que, en el caso de Murcia, se estima que se incrementó la productividad laboral en cerca de 290 euros por empleado.
Unión de Uniones reclama, por tanto, un mayor apoyo por parte de las instituciones públicas para la implementación de la política de desarrollo rural, así como una reformulación de la propia PAC que permita redistribuir y reorientar los fondos públicos exclusivamente a aquellos trabajadores que viven de la actividad agraria y contribuyen realmente en mucha mayor medida al desarrollo socioeconómico y medioambiental del mundo rural.
 
-Movilizaciones Agrarias.
El Comité Ejecutivo de ASAJA-Andalucía, reunido en sesión extraordinaria, ha respaldado unánimemente la convocatoria de una campaña de movilizaciones y protestas conjuntas en las ocho provincias andaluzas para demandar respuestas y soluciones al Gobierno de España que hasta ahora se ha limitado a girar la cabeza y mirar para otro lado. La campaña se inicia esta semana, bajo el lema “en defensa del futuro del Campo”, con una concentración mañana en el Puerto de Almería, a la que están convocando ASAJA, COAG y UPA; y con una tractorada con cortes de carretera al día siguiente en la provincia de Jaén (Andújar, Puerto Carretero, Úbeda y Torredonjimeno) convocada también por ASAJA y el resto de organizaciones agrarias.
Tal como ha puesto de manifiesto el presidente de ASAJA-Andalucía y vicepresidente nacional de ASAJA, Ricardo Serra, “la grave crisis de precios de los productos agrarios es hoy el principal problema del campo, una crisis que, en el caso del aceite de oliva, la aceituna de mesa y el vino, se ve agravada por la imposición de los aranceles arbitrarios a estos productos por parte del Gobierno de Trump”.
“NO VEMOS VOLUNTAD EN EL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA COGER EL TORO POR LOS CUERNOS, AFRONTAR LOS PROBLEMAS Y PLANTEAR SOLUCIONES”
La incertidumbre y la inestabilidad climática, política y comercial, que han caracterizado al ejercicio de 2019, han afectado al conjunto de la actividad agropecuaria, que ha sufrido la pérdida del 8,6% de la renta agraria. Ha sido especialmente sangrante comprobar la pasividad, cuando no directamente la animadversión del Gobierno de España, que ha pasado de puntillas por los problemas del campo (sequía, bajos precios, aranceles…) e incluso con alguna de sus medidas, como la subida del salario mínimo (SMI) o la implantación obligatoria del registro horario, ha contribuido a agravarlos.
En esta situación inician un nuevo ejercicio sin que se atisbe solución a los principales problemas de los agricultores y ganaderos y lo que es peor, ni siquiera vemos voluntad en el Gobierno de España para coger el toro por los cuernos, afrontar los problemas y plantear soluciones, por lo que ASAJA-Andalucía defiende que “ante la incertidumbre, los bandazos y el vapuleo, es el momento de hacernos escuchar, de levantar la voz y de reivindicar mayor atención y una solución a los problemas del campo” y defiende esta una campaña de movilizaciones.
Esto es lo que nos ha llevado a respaldar a nivel regional la campaña de movilizaciones que se inicia esta semana por toda España y que aquí, en Andalucía, arrancará con los actos de protesta de Almería y de Jaén, que serán secundados en los próximos días y semanas por protestas similares en el resto de provincias. Está previsto que esta campaña de movilizaciones se extienda durante todo el primer trimestre de 2020.
“La primera gran protesta del campo ha acabado con duros enfrentamientos y algún herido entre agricultores y Policía Nacional a las puertas de la feria AGROEXPO 2020, en Don Benito (Badajoz), a la que acudían el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cuando se han producido momentos de gran tensión entre la Policía y los manifestantes.
Los agricultores se han saltado el cordón policial y miembros de antidisturbios han tenido que actuar con disparos al aire y con las porras para evitar el avance. Allí se han vivido momentos de mucha tensión como se puede ver en un video de lasexta.com. Las fuerzas policiales han identificado a algunos de estos manifestantes, situación que ha sido respondida por otros asistentes con el lanzamiento de algunos objetos, como botellas de aceite. Al final ha habido un total de 15 heridos leves, según fuentes de la Delegación del Gobierno.
Bajo el lema ‘En defensa de su futuro’, las movilizaciones pretenden “denunciar la grave situación de falta de rentabilidad que atraviesan” las explotaciones agrarias “y el hartazgo ante los ataques que está recibiendo” el sector. Esta es la primera gran protesta de un amplio calendario que recorrerá toda España.
Los agricultores critican “los bajos precios en origen” y el incremento de los costes de producción como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), medidas que junto a las restricciones comerciales derivadas del Brexit o de los aranceles en Estados Unidos agravan la situación.
En este contexto, el sector agrario reclama “medidas de apoyo” para compensar los perjuicios sufridos y apunta a “los desequilibrios que aún persisten” en la cadena alimentaria -respecto a la industria o los supermercados- como una de las razones que están detrás de los bajos precios y, por ende, de su falta de rentabilidad.
Agroinformación.

 
Las organizaciones agrarias ARAG-ASAJA, COAG y UPA han dejado de lado sus diferencias y se han unido para defender el futuro de agricultores y ganaderos.
Para ello han convocado diversas movilizaciones y tractoradas tanto esta semana como la primera quincena de febrero en toda España.
En concreto, y bajo el lema 'En defensa de su futuro' y con el hastag #AgricultoresAlLimite, el sector primario quiere denunciar la grave situación de falta de rentabilidad que atraviesan las explotaciones y el hartazgo ante los ataques que están recibiendo.
Así lo explicaba este mediodía en COPE Rioja el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez.
La concentración convocada en La Rioja tendrá lugar este próximo miércoles, 29 de enero, a las 10 de la mañana, frente a la Delegación del Gobierno en Logroño.
Las concentraciones empezarán este martes en Galicia, Aragón y País Vasco, mientras que el miércoles se trasladarán a La Rioja y Extremadura y el jueves se sumarán Andalucía y Castilla y León. Las organizaciones seguirán con sus protestas en la primera quincena de febrero con concentraciones en Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia.
Los agricultores salen a la calle para protestar por los bajos precios en origen, que afectan cada vez a más cultivos, el incremento de los costes de producción, sobre todo desde la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la caída del 9% de la renta agraria, a lo que se une las dificultades que tienen para exportar por los aranceles americanos, el 'Brexit' o el veto ruso, entre otros. Además, del posible recorte de las ayudas comunitarias que planean desde Bruselas.
De esta forma, las organizaciones agrarias reclaman “medidas de apoyo que vengan a paliar los graves perjuicios” que están sufriendo. “Nos preocupan los desequilibrios que aún persisten entre los distintos eslabones de la cadena en la conformación de los precios y la falta de rentabilidad que sufren las explotaciones”, indican en un comunicado conjunto.
Desde Asaja, COAG y UPA se pretende que, con este proceso de movilizaciones, convocado desde la unidad de acción, las Administraciones competentes tomen conciencia de la gravedad del problema y se pongan en marcha “verdaderas políticas” de apoyo a un sector estratégico de la economía, que contribuye de “forma esencial” al mantenimiento del medio rural y el espacio natural.
Por otro lado, reiteran que en un momento en el que se habla tanto del reto climático, de la España vaciada y de la necesaria vertebración del medio rural, es necesario, “más que nunca”, tener en cuenta al sector agrario, porque sin él no será posible acometer los retos que la sociedad demanda.
COPE

 
Recién confirmado Luis Planas como Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA han anunciado movilizaciones por todo el territorio nacional. Sin embargo, se trata de una iniciativa algo sui géneris y no vinculada a un ataque político al nuevo gobierno. En primer lugar, porque el sector, a través de estas tres organizaciones de diferente perfil político, no ha criticado la continuidad del ministro, incluso ha mostrado satisfacción.
Se trata de un movimiento netamente económico, en el que recuerdan a Planas y también a los consejeros y consejeras regionales, cuáles deben ser las prioridades de este nuevo periodo, que se presenta complicado. Son muchos los asuntos que preocupan al sector, pero buena parte de ellos afectan en mayor o menor proporción al nudo gordiano del problema, que es la cada vez menor viabilidad de una buena parte de las explotaciones. Para intentar paliar esta crisis de rentabilidad demandan acciones que permitan reducir los costes, y en especial, otras que actúen sobre los precios, ya que el valor de las materias primas no siempre es fácil de contener. En este sentido hay varias variables muy sensibles en los balances de las pequeñas y medianas explotaciones, como es la mano de obra y la energía.
El mercado laboral no es fácilmente adaptable, pero sí es cierto que han puesto el grito en el cielo por el impacto que puede tener una posible subida del salario mínimo interprofesional, al ser la rentabilidad de las explotaciones muy sensible a los cambios de esta variable.
Además de los gastos e ingresos derivados de la actividad profesional, marcados por el libre mercado, en los flujos de caja de la empresa agraria son esenciales las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC), que no en vano representan alrededor del 30% de la renta agraria. En este sentido, el anuncio de recorte de la futura PAC 2021-2027, actualmente en fase de negociación, pende sobre las cabezas de nuestros agricultores y ganaderos, en un nuevo e incierto contexto con Reino Unido fuera de la Unión Europea.
Pero sus exigencias no solo van dirigidas a las administraciones públicas, sino también al resto de los eslabones de la cadena alimentaria. Una pretensión razonable, pero de poco impacto real, ya que el resto de los agentes también se ven sometidos a numerosas presiones comerciales. Por ello y de forma lícita buscan obtener el producto agrario que cumpla los mínimos estándares de calidad establecidos, legal o voluntariamente, y adquirirlos al menor precio posible. La solución pasa en gran medida por la mayor protección de las fronteras europeas frente a la entrada a bajo precio de productos básicos para el sector, no sometidos a las exigencias impuestas a los productos europeos, de carácter medioambiental, social y de bienestar animal. Por supuesto, también por consolidar la transparencia y trazabilidad de las diferentes cadenas de producto, algo en lo que se ha avanzado mucho, pero todavía con un largo camino por recorrer.
HOY. Juan Quintana.

 
El campo saldrá a la calle esta semana para denunciar la crisis que atraviesa el sector agrario en diferentes ámbitos y pedir soluciones a todas las administraciones. Empezarán el martes 28 de enero en Santiago de Compostela, Zaragoza y País Vasco; el miércoles habrá protestas en Don Benito (Badajoz), Logroño y Almería; y el jueves en cinco provincias de Castilla y León (Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora) y en Jaén.
Sobre este asunto hablamos en la última emisión de AGROPOPULAR -25 de enero- con Pedro Barato, presidente de ASAJA, quien señaló que “hay un cabreo generalizado en el sector” y que “ese cabreo tiene consecuencias; salir a la calle para decir basta”.
Entre los motivos de las movilizaciones, Barato destacó que saldrán a la calle para protestar por la situación del sector del aceite de oliva por los bajos precios, los problemas de rentabilidad en casi todos los sectores, la incertidumbre de lo que va a ocurrir con el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), la baja rentabilidad de las explotaciones, la caída de la renta agraria -que bajó un 8,6% en 2019 y sigue bajando-, o la subida de los costes de producción.
Salario Mínimo Interprofesional
Durante su intervención, también habló sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Según el presidente de ASAJA, es “inasumible para gran parte de las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestro país”.
En este sentido, apuntó que “esta subida” muestra que “la gente que se dedica a hacer estas cosas no tiene ni idea” ya que el año pasado “ya fueron 50.000 personas las que se quedaron sin empleo en este sector”. Barato hizo hincapié en que el sector agrario paga religiosamente según la ley y según los convenios, y que “no tenemos ningún problema en pagarle a los trabajadores cuanto más mejor”. Sin embargo, “la sociedad tiene que entender que cuando decimos que no se puede pagar más”, es que no se puede.
El presidente de ASAJA destacó que es inasumible “aguantar la subida del más del 30% directo del SMI en dos años, más cuotas de seguridad social e impuestos de salarios”. Por ello, ha pedido reunirse con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
Desarrollo Rural
Finalmente, abordaron la incógnita sobre dónde quedarán las competencias de desarrollo rural en el nuevo Gobierno, que sigue sin resolverse. Cabe recordar que la semana pasada el ministro de Agricultura, Luis Planas, hizo unas declaraciones algo contradictoras.
En primer lugar, señaló que este departamento continuará con las competencias actuales y subrayó que el primer pilar de la PAC (que son las ayudas directas) y el segundo (que es el desarrollo rural) son indisociables. Sin embargo, al día siguiente, en declaraciones a los medios de comunicación, matizó que “alguna parte” del desarrollo rural puede ir a otras carteras.
Para Barato el problema “no es que las competencias vayan a un sitio u otro, sino que, si vamos a depender de Transición Ecológica, la función que venía haciendo desarrollo rural no va a ser las misma”. En este sentido, añadió quie el segundo pilar de la PAC es fundamental para “el desarrollo que tenemos en todo el territorio nacional”.
Agropopular.
 
-Miles de agricultores y ganaderos, convocados por las organizaciones UPA, COAG y ASAJA, están movilizándose en toda España. Las tractoradas, manifestaciones y concentraciones se suceden. Y continuarán la próxima semana. Estas son sus razones para echarse a la calle.
Los agricultores y ganaderos están “al límite”. Al límite de la rentabilidad, al límite de sus fuerzas, al límite de seguir con su trabajo o de tirar la toalla. Es la realidad que sufren el ciento de miles de familias, que se dedican a la producción de alimentos en España.
La situación es de tal gravedad que exige una acción urgente y coordinada por parte de las Administraciones y de la cadena agroalimentaria en su conjunto.
Estos son los motivos por los que se están movilizando los agricultores y ganaderos:
1.Falta de precios justos: Los agricultores y ganaderos no obtienen un precio justo por sus productos que les permita alcanzar una mínima rentabilidad. El motivo: el desequilibrio de la cadena agroalimentaria, que provoca que gran distribución e industrias sean pocos y poderosos y los agricultores muchos y débiles.
2.Subida de los costes de producción: La subida de los costes de producción de todo tipo se convierte en un enorme problema para los agricultores y ganaderos, que no tienen capacidad de trasladar esa subida al precio de sus productos y se ven obligados a vender por debajo de sus costes. Esto ahoga a los productores de forma sangrante, hundiendo sus posibilidades de futuro y abocando al cierre a muchas explotaciones.
3.Recortes en las ayudas: las ayudas provenientes de Europa e incluso las que destina el Gobierno central y las Comunidades Autónomas llevan años sufriendo recortes. La situación de fragilidad es tal que obliga a destinar más fondos para apoyar a un sector estratégico y clave para el futuro de la sociedad.
4.Barreras comerciales: La imposición de barreras comerciales como el veto ruso, el Brexit o los aranceles de Trump a las aceitunas de mesa, al aceite y al vino son un grave problema para dar salida a muchas producciones que son demandadas y valoradas en el exterior. La balanza comercial de España se resiente, y la economía de los agricultores y ganaderos, más.
5.Empoderamiento de los agricultores y ganaderos: Somos un actor clave en el futuro de la sociedad, pero no somos valorados como tal. Sin nosotros, no hay alimentos. Sin nosotros, no habrá un medio rural vivo y con futuro. Sin nosotros habrá más despoblación. Desde UPA hacemos un llamamiento a la sociedad para que el orgullo rural se extienda a toda la población. Sólo un país orgulloso de sus orígenes –rurales- y de sus valores –como nuestros alimentos y nuestra gastronomía- podrá tener un futuro próspero.
6.Reto climático: Los agricultores y ganaderos están aprovechando las protestas para defender su papel en relación con el reto climático. La capacidad de la agricultura y la ganadería para gestionar el entorno es indiscutible. Sin nuestras actividades tendríamos una naturaleza más asilvestrada y sin control y más riesgo de incendios forestales y desertificación.
7.Control de la fauna salvaje: La convivencia entre la agricultura, la ganadería y la fauna salvaje debe ser controlada y regulada para que sea viable. No es conveniente confundir protección de la naturaleza con un silvestrismo mal entendido. La mejor manera de proteger a las especies salvajes es regulando sus poblaciones y permitiendo una convivencia real entre la fauna salvaje y el ser humano.
8.Reglamentación de ciclos cortos de comercialización, productos de proximidad y etiquetado en origen: Las leyes deben dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, no generar más perjuicios de los que resuelven. Urge un cambio legislativo para permitir que agricultores y ganaderos lleven a cabo la venta directa de sus productos. En materia de etiquetado, urge imponer la obligatoriedad de reconocer el origen de todos los alimentos en su etiqueta.
9.Freno a la especulación con los productos agrarios: Mientras la rentabilidad de la agricultura está bajo mínimos, siguen produciéndose prácticas comerciales abusivas y desleales. Los intermediarios deben ser conscientes de su papel en la cadena agroalimentaria. La Ley de cadena alimentaria debe cambiar y hacerse más exigente con los que abusan.
10.Reivindicación del papel vertebrador de la agricultura y la ganadería frente al despoblamiento, a los problemas ambientales y territoriales: La preocupación de la opinión pública sobre el problema demográfico y territorial crece día a día. El debate sobre la España vaciada ha saltado a los primeros niveles. Sin embargo, en ese debate los agricultores y ganaderos debemos cobrar un mayor protagonismo. Sin nosotros, no habrá futuro para el medio rural.
UPA
 
-El coste salarial se dispara un 43% en la España vaciada.
Las organizaciones agrarias amenazan con un febrero caliente y exigen «bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF» tras crecer los costes hasta rozar los 1.400 euros
El campo está agitado. Y no se trata de «terratenientes carcas» ni de «hacendados o cortijeros» agitados por la derecha, como ha asegurado el líder de UGT, Pepe Álvarez. Los agricultores, de toda clase y condición, ya no aguantan más la competencia desleal de mercados donde, como en Marruecos, el coste de la mano de obra diaria, de los jornaleros, es hasta catorce veces inferior al que soportan los productores españoles: 69 euros por día en España por apenas 5 euros al día en Marruecos. Esto eleva el precio en origen del kilo de tomate, por ejemplo, hasta los 60 céntimos, mientras las importaciones marroquíes, unos 400 millones de kilos anuales, se quedan en 46 céntimos el kilo. Además, los productores agrícolas tienen que soportar la abismal diferencia entre la venta en origen y los precios que pagan los consumidores, que alcanzan hasta un 700%, como en el caso de las patatas, o un 600%, como en el caso del brócoli, el calabacín o el repollo. Para acabar de dar la estacada, la subida del SMI a 950 euros, firmada ayer por los agentes sociales con toda la pompa monclovita –Pedro Sánchez y Pablo Iglesias incluidos– ha colmado la paciencia de los agricultores, que se han lanzado a las carreteras y amenazan con un febrero más que caliente al Gobierno, que a este paso tendrá que hacer caso de las peticiones de la patronal CEOE o del propio presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, que han solicitado una mesa de negociación para analizar el impacto de la aplicación del nuevo SMI en el sector agrícola. Una mesa que, según pudo recabar ayer LA RAZÓN, los sindicatos de clase aceptan de buen grado para incorporar a las organizaciones agrarias y a los representantes de los trabajadores del campo en el diálogo social.
Los productores agrícolas se quejan de que en un contexto de caída de la renta agraria (-8,6% en 2019) y de entrada sin control de importaciones que no cumplen con las mínimas garantías sociales, laborales y salariales de los trabajadores, resulta inasumible para las pequeñas y medianas explotaciones el alza del SMI. Según los análisis de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el coste laboral de la subida del SMI a 1.000 euros en 14 pagas para una explotación media, con entre dos y tres trabajadores, suponía un aumento del 50,4% de los costes laborales para los agricultores, al pasar de 967 euros por trabajador al mes en 2018 a 1.455 euros en 2020. Con ese mismo modelo, la subida del SMI a 950 euros supone un alza de los costes laborales para los productores agrícolas hasta el entorno de los 1.380 euros, un incremento del 42% respecto a los de 2018. Ante este escenario, las organizaciones agrarias amenazan con intensificar las movilizaciones que iniciaron el pasado miércoles, hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez se siente a negociar con los agricultores «medidas compensatorias para los profesionales agrarios, vía bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF».
Manifestación el miércoles en Madrid
Ayer, los olivareros cortaron las principales carreteras de la provincia de Jaén. Desde primera hora de la mañana, comenzaron las acciones en Despeñaperros, a la altura de La Carolina, con la quema de neumáticos y el corte de carriles. A lo largo del día, cientos de tractores y de vehículos colapsaron carreteras secundarias. Los olivareros jienenses se han declarado en «movilización permanente» hasta que se establezcan medidas para revertir la situación de bajos precios. Las protestas prosiguen hoy, en Soria y Ávila, y se reanudan el lunes. El próximo miércoles está convocada a las 11 de la mañana una gran manifestación frente al Ministerio de Agricultura. Y así hasta finales de mes. El campo fue el único sector económico que destruyó empleo el pasado año (-31.700), lo que contrasta con el alza de la ocupación registrada durante cuatro años desde 2015. La cifra de parados subió en 2019 en 11.000 personas tras cuatro años de descensos. Según un estudio de CC OO, el 44% de los trabajadores del campo cobra 950 euros.
LA RAZÓN.
 

-… …Sin embargo, al margen de hablar del futuro del Rey ha centrado parte de su monólogo en destacar que con "contundencia inusitada los agricultores extremeños y andaluces levantaron la voz, querían ver al ministro Planas para decirle, bueno, varias cosas que supongo que el ministro Planas sabe exactamente igual que ellos: que el sector agrícola no puede más.
Además, ha apuntado las razones que estrangulan a los agricultores, entre los que se encuentran "los aranceles de Trump, que algunos sectores como el aceite o la aceituna de mesa les ha creado un problema severo; los seguros agrarios, que cada día son más caros; el coste de la producción. Oiga, si elevan el gasoil agrícola, si se le va el precio, el coste es más caro; competencia de terceros países, tomate marroquí, que ha entrado aquí con muchísimos más millones de kilos que los que había pactado la Unión Europea con Marruecos; el veto ruso; el Brexit; lo que quieran".
Y por supuesto ha señalado que "la subida del salario mínimo interprofesional que viene a afectar más o menos a la mitad de la gente del campo. Si la renta agraria cae un 10% y el salario sube un 27 %, pues el campo de cierra con todo lo que eso supone: cultural y desértica mente", ha dicho.
Los policías usaron pelotas de goma contra los agricultores.
Sin embargo, lo que más ha querido destacar es la "contundencia" y las "cargas" policiales contra los agricultores, preguntándose si "criticará ahora Pablo Iglesias el uso de pelotas de goma porque ayer se utilizaron todas las que no se utilizaron en las, esas sí, muy violentas manifestaciones en Cataluña".
Además, ha aprovechado para hablar del futuro adelanto electoral catalán para recordar que tiene "la impresión cada vez más sólida de que ninguno de los protagonistas sabe lo que quiere ni tiene un plan ni un horizonte más allá de mantener la apariencia de que su proceso independentista sigue vivo cuando es un absoluto cadáver".
CARLOS HERRERA
… …” Como secretario general de Podemos, Pablo Iglesias denunció que, frente a las protestas por la sentencia del «procés», se habían utilizado pelotas de goma a pesar de estar prohibidas en Cataluña, algo que era ‘fake news’ porque en realidad la Policía Nacional y la Guardia Civil sí están autorizadas a emplearlas en esta Comunidad.
«Ustedes conocen nuestra oposición al uso de un material antidisturbios muy específico que son las balas de goma, que se supone que estaba prohibido en Cataluña y que, como ustedes saben, en los últimos años ha provocado que muchas personas hayan perdido el ojo», dijo el ahora vicepresidente.
¿Criticará ahora Pablo Iglesias el uso de pelotas de goma con las que molieron a palos a los agricultores en Extremadura?», se preguntaba Carlos Herrera en la COPE.
Y un comentador de ‘El Quilombo’ recordaba que «Marlaska prohibió las pelotas de goma para disolver las algaradas de los niños pijos separatas de Barcelona pero que las ha autorizado para reprimir a los agricultores andaluces. Y esta gente se llaman socialistas».
El Gobierno que abjuró de la Ley de Seguridad que impedía manifestarse a las puertas del Congreso resulta que si los agricultores se apostan a las puertas de un recinto ferial donde hay un ministro los forran a porrazos.
Según explica Vicente Arenas, presidente de la Asociación del Sector Primario Extremeño (ASEPREX), para el medio digital Nius, “al conseguir romper el cordón policial, los agentes empezaron a empujarnos y cargar, y la tensión estalló. Hubo porrazos, e incluso se dispararon pelotas de goma para dispersarnos. Hay dos mujeres heridas, y mi propio padre, con más de 60 años, tuvo que ser atendido en una ambulancia”.
Luis Balcarce.
 

-La estrategia alemana de bioeconomía ¿será nociva para la producción alimentaria sostenible?
El gabinete federal alemán aprobó una nueva estrategia de bioeconomía, la cual ha sido fuertemente criticada por el hecho de que en ella apenas se ha mencionado la reforma de la PAC y se ha centrado, se asegura, “demasiado” en la tecnología y en la optimización.
La semana pasada, el gabinete federal alemán aprobó una nueva estrategia de bioeconomía, la cual ha sido fuertemente criticada por el hecho de que en ella apenas se ha mencionado la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), y se ha centrado, se asegura, “demasiado” en la tecnología y en la optimización, según informa el portal alemán EURACTIV.de, socio de EFE.
La ministra germana de Agricultura, Julia Klöckner, sueña con que, algún día, exista una sociedad con mayor oferta de productos reciclados, entre ellos puertas de coches hechas con fibras de cáñamo o botas de goma fabricadass a partir del maíz, por ejemplo. Alemania cuenta desde el pasado 15 de enero con una nueva estrategia de bioconomía: se trata de la tercera de este tipo, y actualiza las anteriores, de 2010 y 2013.
La lógica de la nueva estrategia germana es realmente simple: la economía debería, paulatinamente, utilizar materias primas renovables, muchos menos dependiente del carbón, el petróleo o el gas. Al tiempo que usamos importantes combustibles fósiles, las energías renovables florecen en praderas, campos y bosques, asegura Klöckner.
La ambiciosa estrategia que su ministerio, junto con el ministerio alemán de investigación han diseñado, se basa en dos principios básicos: mientras la estrategia se centra mucho en la biotecnología y en la investigación, también está previsto que se pongan a disposición de la industria más materiales y materias primas biogénicas. Algunos de los materiales básicos para los productos “bio” son, por ejemplo, plantas, microorganismos, algas o hongos.
No obstante, la renovada estrategia alemana de bioeconomía no es un caso aislado: cerca de 60 países han desarrollado este tipo de estrategias en todo el mundo, con el objetivo de que sus economías sean más sustentables y circulares.
Para la ministra alemana de Investigación, Anja Karliczek, esto se traduce en claras oportunidades económicas, ya que una economía sostenible garantiza a Alemania “una posición líder en los mercados en el futuro a largo plazo”.
La estrategia no aborda la PAC
A pesar de que los expertos han alabado la estrategia porque, aseguran, tiene amplitud de miras, sigue siendo fuertemente criticada. En una detallada evaluación de la estrategia, el Sindicato alemán de la Naturaleza y la Biodiversidad (Nabu) la ha criticado por, aseguran, centrarse en exceso en la biología y omitir los aspectos sociales. “No obstante, el desarrollo sostenible también necesita cambios culturales, económicos e institucionales, los cuales no se producirán sin resistencia y conflicto”, advierten numerosos activistas climáticos.
La organización ambientalista también la ha criticado por, según lamenta, simplemente ignorar la Política Agrícola Común (PAC). No obstante, en la Estrategia de Bioeconomía de la Unión Europea (UE), que presentó la Comisión Europea en 2018, y que mejora las condiciones de vida de agricultores y pescadores, sí se menciona como uno de los objetivos, el cual, por otro lado, también figura como una de las nueve principales metas de la PAC.
No obstante, ni la PAC ni sus otros objetivos, entre ellas la reestructuración de las cadenas alimentarias, la conservación de los paisajes o el garantizar una alimentación saludable, se mencionan en la estrategia de bioeconomía de Alemania.
La organización Nabu ha criticado que la estrategia se centre en exceso en la optimización digital, y que se focalice demasiado, asegura, en la tecnología y en la optimización de plantas individuales.
¿Bioeconomía versus producción alimentaria?
No obstante, la oposición asegura justo lo contrario. El Partido Democrático Libre (FDP) considera que a la estrategia no sólo le faltan objetivos definidos y evaluables sino también “un compromiso positivo con las oportunidades de la ingeniería genética” para la agricultura.
El FDP sugirió que para que Alemania pueda beneficiarse plenamente de las oportunidades que ofrece la bioeconomía, la Ley alemana de Ingeniería Genética tendría que reformarse y adaptarse a los nuevos métodos de cultivo, según ha explicado el portavoz de política tecnológica del grupo parlamentario del FDP, Mario Brandenburg. De hecho, su partido ha presentado una moción en ese sentido ante el Parlamento germano (Bundestag).
La pregunta que se hacen los expertos es: ¿hasta qué punto la bioeconomía contribuye, y hasta qué punto resulta dañiña para la producción alimentaria sostenible? Después de todo, el cultivo a gran escala de materiales regeneradores para la economía también se traduce en menos espacio para la producción de alimentos en los campos.
Para debatir sobre esas limitaciones y objetivos conflictivos de la bioeconomía, la estrategia también contempla un refuerzo del Consejo de Bioeconomía del Gobierno alemán. Representantes de la industria y de la sociedad debatirán, entre otros temas, cómo puede la bioeconomía garantizar la seguridad alimentaria.
No obstante, este dilema no puede resolverse sólo con nueva tecnología, como sugirió el director gerente de Nabu, Leif Miller. Se trata de un objetivo prioritario ya que “la transformación de la economía sólo se podrá conseguir si consumimos menos”, subrayó.
 
 
-La Reforma de la PAC y el Pacto Verde temas centrales del Consejo de Agricultura de ayer
Unión de Uniones informa que ayer, 27 de enero, se celebró en Bruselas el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE). En él se trataron dos temas fundamentales, el Paco Verde Europeo y los Reglamentos de transición de la PAC, así como otras cuestiones como el etiquetado de bienestar animal y la miel, la PPA, la declaración conjunta de la futura PAC de Francia, Alemania y España, la disciplina financiera y flexibilidad entre pilares y la aprobación de una serie de productos agroalimentarios para uso industrial.
En cuanto al Pacto Verde, los Ministros reclamaron un presupuesto suficiente para la PAC y destacaron instrumentos complementarios como el “Horizonte Europa” para alcanzar los objetivos marcados. En cuanto a los Reglamentos de transición, los Ministros defendieron la necesidad de adoptar la postura del Consejo y su financiación con dinero “nuevo” y hubo debate en torno a su duración respecto a un año o más. En cuanto al resto de cuestiones, el etiquetado de bienestar animal planteado por la delegación alemana parece que no gustó entre las demás delegaciones, mientras que en el caso del etiquetado de origen de las mezclas de miel la mayoría de las delegaciones dieron su aprobación, al igual que apoyaron la declaración conjunta de Francia, Alemania y España. En cuanto a la disciplina financiera, se dio el visto bueno al marco para poder seguir transfiriendo fondos entre pilares en 2020 y respecto a los productos agroalimentarios industriales (más abajo presentados) el Consejo dio su aprobación.
El Pacto Verde Europeo
En el sector podemos no habernos habituado todavía a estos conceptos del Pacto Verde y la estrategia “De la Granja a la Mesa”, pero más vale que lo vayamos haciendo y sigamos el tema muy de cerca, porque los compromisos se van a trasladar de una u otra manera a las medidas de la PAC a través de las intervenciones que los Estados miembros tienen que incluir en sus Planes Estratégicos nacionales.
La Comisión presentó su comunicación sobre el Pacto Verde el pasado 11 de diciembre de 2019. Esta estrategia es una respuesta al cambio climático y a los graves desafíos medioambientales, siendo su objetivo lograr una economía de la UE eficiente en recursos y competitiva, sin emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050.
En la comunicación, la estrategia “De la granja a la mesa” (“Farm to Fork” en inglés) y la PAC se identifican como las principales herramientas para ayudar a los agricultores a combatir el cambio climático, proteger el medio ambiente y preservar la biodiversidad, pero también para garantizar que tengan una vida digna y que haya una transición justa.
Las propuestas de la Comisión para la PAC para el periodo 2021-2027 estipulan que el 40% del presupuesto de la PAC contribuirá a la acción climática. La estrategia “De la Granja a la mesa”, que se presentará en la primavera de 2020, tendrá como objetivo hacer que el sistema alimentario europeo sea más justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. No obstante, bajo estas idílicas afirmaciones, entre las medidas que se impulsarán se incidirá, por ejemplo, en la limitación del uso de fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos.
El debate de los Ministros se estructuró en torno a tres preguntas:
El Acuerdo Verde Europeo sugiere una serie de políticas y medidas clave destinadas a contribuir al objetivo de lograr una UE climáticamente neutral para 2050. ¿La futura PAC proporciona un marco adecuado para lograr esta ambición?
Los ministros acordaron que los ambiciosos objetivos de la UE deberían ir acompañados de un aumento del presupuesto, en particular en el ámbito de la agricultura. También destacaron la necesidad de nuevas tecnologías, técnicas de agricultura inteligente y una digitalización más amplia. Los ministros acordaron que la futura PAC podría proporcionar un marco adecuado para contribuir al logro de la neutralidad climática para 2050, pero también enfatizaron que era crucial asegurar la financiación adecuada de la PAC. Además de la PAC, las delegaciones identificaron la silvicultura (destacando la necesidad de una nueva estrategia forestal de la UE), la biodiversidad, la investigación y la innovación, la economía circular, etc., como otras áreas importantes que podrían contribuir a alcanzar los ambiciosos objetivos de neutralidad climática de la UE.
           En el campo de la agricultura, ¿qué otras herramientas podrían utilizarse además de la futura PAC para contribuir a las ambiciones establecidas en el Acuerdo Verde Europeo?
Los ministros destacaron que otras iniciativas de la UE, como “Horizonte Europa” o el fondo de desarrollo rural, también podrían desempeñar un papel crucial en el contexto del Acuerdo Verde Europeo.
¿Qué elementos del paquete considera particularmente importantes para un examen más detallado en el Consejo “Agricultura y Pesca”?
La presidencia expresó su disposición a incluir un debate sobre la futura estrategia “De la Granja a la mesa” en la agenda de una de las próximas reuniones del Consejo de Agricultura y Pesca.
Reglamento sobre las normas transitorias de la PAC.
Los ministros intercambiaron opiniones sobre la propuesta de reglamento sobre las normas de transición de la PAC. La propuesta fue adoptada por la Comisión el 31 de octubre de 2019 y presentada en el Consejo de Agricultura y Pesca en noviembre del año pasado. Su objetivo es garantizar la continuidad del apoyo de la PAC a los agricultores europeos y otros beneficiarios en 2021, ya que la vigencia de la PAC actual finaliza el 31 de diciembre de 2020. No obstante, la propuesta de la Comisión, alineada con su propuesta sobre el Marco Financiero Plurianual (donde se dice cuando dinero se dedicará a cada política de la UE en los próximos años) contemplaba importantes reducciones oara la PAC, tal y como ya informamos en estas mismas páginas, al prever que en 2021 se aplicarían las mismas normas de la PAC vigente, pero con los nuevos presupuestos (pendientes de aprobar).
Al respecto de este asunto, la mayoría de las delegaciones estuvieron a favor de adoptar una posición en el Consejo lo antes posible, sin esperar el resultado de las negociaciones sobre el próximo marco financiero, de manera que las cantidades destinadas a la PAC 2021 quedaría a expensas de los que los Estados miembros acuerden en las negociaciones del Marco Financiera Plurianual, cuya conclusión se espera hacia marzo próximo.
En cuanto a la duración del período de transición, algunas delegaciones indicaron su preferencia de que este período transitorio durase un 1 año, mientras que otras expresaron dudas sobre si sería suficiente.
El Consejo aprobó otro de los reglamentos transitorios, concretamente el que modifica el Reglamento (UE) no 1306/2013 en lo que respecta a la disciplina financiera a partir del ejercicio 2021 y el Reglamento (UE) no 1307/2013 en lo que respecta a la flexibilidad entre pilares con respecto al año 2020, de manera que la norma acordada establece la cantidad máxima de dinero que los Estados miembros pueden decir intercambiar entre las medidas del primer pilar (las ayudas directas y las organizaciones de mercado) y el segundo Pilar (que es el desarrollo rural).
Etiquetado de bienestar animal
La delegación alemana informó al Consejo sobre los debates parlamentarios en Alemania para implantar una etiqueta nacional que distinga los alimentos producidos de acuerdo con las normas de bienestar animal que cumplan más allá de los requisitos legales mínimos, y sobre la posición de Alemania a favor de una etiqueta de bienestar animal a nivel de la UE para dichos alimentos.
La información de Alemania provocó declaraciones de la mayoría de las delegaciones. Los ministros destacaron la naturaleza voluntaria de otras medidas en el área del etiquetado de bienestar animal como el camino más apropiado a seguir. Muchas delegaciones destacaron la necesidad de una mayor evaluación de impacto y de garantizar que las nuevas normas no estigmaticen a los ganaderos, ni creen condiciones para una competencia desleal.
Evolución de la Peste Porcina Africana.
La Comisión Europea informó sobre el resultado de la conferencia internacional de alto nivel “El futuro de la producción mundial de carne de cerdo bajo la amenaza de la peste porcina africana”.
Muchos ministros hicieron uso de la palabra y destacaron la necesidad de:
           Un enfoque regional diferenciado.
           Campañas de sensibilización más proactivas por parte de la Comisión Europea.
           Apoyo financiero continuo para los esfuerzos relacionados con la PPA.
Declaración de Francia, Alemania y España sobre la futura PAC
Una declaración conjunta sobre la futura Reforma de la PAC fue firmada el 19 de diciembre de 2019 por los ministros de agricultura de Alemania, España y Francia. En el documento, los tres EEMM expresan su apoyo a la nueva arquitectura ambiental propuesta por la Comisión Europea y solicitan un ecosistema obligatorio para los estados miembros y opcional para los agricultores, para proporcionar incentivos de pago por prácticas favorables con el medio ambiente y el clima bajo el primer pilar de la PAC. Alemania, Francia y España también subrayan la necesidad de respetar las competencias regionales en los Estados miembros y destacan la necesidad de un período de transición adecuado. La mayoría de las delegaciones apoyaron la declaración conjunta, y algunos ministros expresaron sin embargo su preferencia por el enfoque voluntario bajo el segundo pilar.
Etiquetado de miel
En nombre de varias delegaciones (entre ellas España), Eslovenia y Portugal presentaron una declaración sobre el etiquetado de origen de las mezclas de miel. En la declaración se afirma que las normas actuales sobre etiquetado de mezclas no proporcionan a los consumidores información completa y confiable sobre el origen de la miel.
La mayoría de las delegaciones apoyaron a los firmantes de la declaración y su llamamiento a la Comisión Europea para considerar la apertura de la Directiva sobre miel para prescribir un etiquetado de origen más claro de la mezcla de miel.
Unión de Uniones.
 

-Por fin la UE parece que empieza a tomarse en serio el problema del aceite de oliva español.
“El Comité de Gestión de Mercados de la Organización Común de Mercados Agrícolas, celebrado hoy en Bruselas, ha aprobado el Reglamento por el que se fija el importe máximo de la ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva la tercera licitación. Una ayuda que se ha fijado en 0,88 euros por tonelada y día para todas las categorías de aceite. Prácticamente la totalidad del volumen aprobado corresponde a operadores españoles.
El límite de ayuda fijado supone la admisión del 90,5 % de las cantidades ofertadas. Por categorías, la cantidad total a retirar corresponde prácticamente en su totalidad a aceite de oliva lampante.
Las cantidades en el conjunto de las 3 licitaciones celebradas hasta la fecha totalizan 170.909 toneladas totales, de las que el 95,6 % corresponde a la categoría lampante, y el resto a las categorías de aceite de oliva virgen (3,9 %) y Virgen extra. Esto supone una ayuda al sector del aceite de oliva español que asciende a 23,9 millones de euros.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación valora el resultado de esta tercera licitación, que se considera ha de contribuir positivamente a la recuperación de los precios y a la estabilidad de mercado.
También valora el esfuerzo realizado por los operadores españoles para ofertar importantes cantidades, con importes de ayuda solicitados que permiten la retirada de una cantidad significativa del producto, lo que tendrá sin duda un impacto real en el comportamiento del mercado en las próximas semanas.
El ministro Luis Planas considera que la decisión adoptada servirá para recuperar la confianza de los operadores españoles en las medidas de gestión del mercado, que incluye la Organización Común de los Mercados Agrarios. Por ello estima positiva la respuesta dada por los servicios de la Comisión Europea a las demandas españolas, de actuar con firmeza ante el deterioro de la situación e incertidumbre generada por la imposición de aranceles por el Gobierno estadounidense a los productos agrarios españoles, en particular, al aceite de oliva.
En cualquier caso, y con el objeto de poder finalizar el necesario ajuste en el sector, habrá una cuarta y última licitación entre los días 20 y 25 de febrero de 2020”.
MAPAMA.
 
-La caída generalizada de los precios en origen, y en consecuencias de las rentas de los agricultores, el permanente incremento de los costes de producción, la desregulación de los mercados y eliminación de la preferencia comunitaria, así como la “uberización” progresiva del modelo social y profesional de agricultura, son las razones de la movilización del sector agrario durante esta semana y que va a durar hasta mediados de febrero.
En 2019, según los datos publicados por Eurostat, la renta agraria en España se ha desplomado un 8,6%, por la caída de valor de la producción de un 3% y el aumento de los costes de producción en un 3,6%. Miguel Blanco es Secretario General de COAG.
En términos generales y de media, un consumidor paga hasta un 500% más por un producto agrícola, mientras que en la ganadería abona 300% más. La queja de organizaciones y cooperativas agrarias es que los precios se han estancado y la industria de distribución, aprovechando la atomización, impone compras que supone vender en origen a perdidas.
Además, lo que desean es que todos los productos que se vendan en Europa tengan los mismos estándares de calidad que se pide a los nuestros, cosa que no sucede con los que llegan de África, Asia o América, de ahí sus precios más bajos.
En España hay 1 millón de explotaciones agrarias, el 93,4% con titular físico y el 6,6% empresas, lo que demuestra que para sobrevivir cada uno vende de manera separada lo que ha llevado a la situación actual.
También hay 10 millones de personas viven directa e indirectamente del campo y su rentabilidad, vivir sin pérdidas, es básico para afianzar población en la denominada España vaciada.
ONDA CERO.
 
-2/00
-La condena del campo: los agricultores asumen el 90% de la caída de los precios
El SMI ha encendido el campo, pero solo ha sido la chispa que ha prendido un sistema asolado por el poder dominante de la industria procesadora, la desregulación y la falta de profesionalización
La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha prendido la ira en el campo y los agricultores, exhaustos tras décadas de sufrimiento, han tomado sus herramientas para movilizarse a lo largo de todo el territorio español. Los costes de producción se han disparado en apenas dos años después de que el Ejecutivo haya decidido elevar un 29% el SMI y, dados los bajos salarios que hay en el sector, su incidencia ha sido muy elevada. Los casi 300 euros extra que tienen que pagar al mes por sus trabajadores (incluyendo las cotizaciones sociales) han sido el detonante de las protestas, pero, como reconocen los agricultores, la subida del salario mínimo no ha sido el causante de los problemas ni estos se solucionarían, aunque volviera a bajarse de nuevo.
El campo español atraviesa graves problemas estructurales que nadie ha querido abordar en décadas. Los políticos son hoy el centro de la ira porque han desistido de abordar los problemas de la liberalización de los mercados, pero los agricultores tampoco han hecho mucho por cambiar las inercias. El resultado es que las ineficiencias del mercado se han disparado hasta tal punto que la formación de precios ha dejado de responder a la evolución de la demanda y los costes de producción y se mueve en función de un sector oligopolístico que controla el reparto de la renta y los beneficios.
Denuncian que no cubren costes, los precios no alcanzan para pagar la producción, sienten que son moneda de cambio, apuntan a las grandes distribuidoras y a la competencia desleal
Los datos son contundentes. En los últimos 15 años, el precio de venta de los agricultores, ganaderos y pescadores de España ha subido poco más de un 9%. Un incremento que, si se le descuenta la inflación, esto es, la subida del IPC, muestra una caída real de los precios del 15,5%. Esto significa que ni siquiera la recuperación ha supuesto un alivio para el sector primario.
Sin embargo, en este periodo la industria procesadora ha elevado sus precios un 25,7% (un 1% real) y el precio de venta al público ha subido casi un 27%, dos puntos por encima del IPC. Las conclusiones son evidentes: mientras los productores sufren una caída continuada de los precios (en términos reales), la industria procesadora y las cadenas de distribución han reducido los costes intermedios y han elevado los de las ventas.
El sector primario ha perdido la capacidad para influir en la formación de precios y se encuentra al albur de las decisiones de los comercializadores. De esta forma, no pueden trasladar al precio la subida del salario mínimo, pero tampoco el encarecimiento de los combustibles o la amortización del capital.
"No cabe duda de que nuestro problema es la formación de precios", explica Miguel Blanco, secretario general de COAG, "si pudiéramos trasladar los costes a los precios, sería perfecto. Nosotros queremos salarios dignos en el campo, pero no puede ser a costa de caer en pérdidas". En la misma dirección se pronuncia José Ramón Díaz, responsable de cadena alimentaria de Asaja: "El problema está en una mala formación de precios porque es la industria procesadora quien los fija de forma unilateral".
La estadística europea del observatorio de precios muestra un grave desequilibrio en España. Un buen ejemplo está en los precios de la fruta, que desde el año 2005 apenas han subido un 2,4%, lo que en términos reales significa una caída acumulada superior al 22%. Sin embargo, el precio de venta al público de la fruta en los establecimientos se ha disparado un 38%, con una subida real próxima al 13,5%.
La mala formación de precios
El observatorio de precios de Eurostat muestra situaciones similares para la mayor parte de los productos agrícolas analizados. En el caso de las frutas y verduras para zumo, por ejemplo, los precios de producción son actualmente incluso más bajos que en 2005, en concreto, un 3,4% inferiores. Sin embargo, el precio al que vende la industria procesadora se ha disparado un 40%.
El problema de España es que el sistema de formación de precios está roto por los desajustes del mercado. La atomización de los productores y la concentración de la industria procesadora hace que sea esta segunda quien fije los precios sin atender a los costes de producción. Así, cuando el precio de los agricultores sube, la industria intermedia traslada inmediatamente el 62% de ese incremento a los consumidores, el segundo dato más alto de todos los países europeos analizados. Sin embargo, cuando los precios de producción se reducen, entonces la industria procesadora apenas traslada el 9% de ese recorte al consumidor final. El resto del beneficio, se queda por el camino.
Ningún país europeo muestra este desequilibrio en la formación de precios, de modo que la industria intermedia mejora sus márgenes cuando los precios más fluctúan. Por el contrario, esta asimetría condena a los productores, ya que son ellos quienes asumen los costes de la competencia entre tiendas y supermercados. Como la subida de los precios en el campo se traslada casi por completo al consumidor, se genera una gran presión para congelar las subidas. Sin embargo, cada vez que bajan los precios, los beneficios se quedan en la industria intermedia y el consumidor apenas lo nota. De ahí que cada bajada de precios en el mercado haga más complicada una subida posterior.
Al final el que asume los riesgos es el agricultor, pero es el que menos tajada se lleva de la cadena alimentaria
"Nos enfrentamos a un mercado que es casi un oligopolio", lamenta Blanco, "el valor añadido de cada eslabón de la cadena de producción debería repartirse de forma proporcional, pero esto no ocurre así, lo que nos ha llevado a esta situación de caída de la renta agraria". "Al final el que asume los riesgos es el agricultor, pero es el que menos tajada se lleva de la cadena alimentaria", lamenta Díaz de Asaja.
Mientras la industria procesadora se consolidaba, en buena medida por el auge de grupos multinacionales, el campo español ha seguido muy atomizado. "Seis grandes multinacionales de la alimentación controlan el 68% de la comercialización agroalimentaria", explica Blanco, sin embargo, en el campo hay "1.200.000 explotaciones".
Este desequilibrio refleja, a su vez, una de las grandes lacras de España: la gran cantidad de microempresas y autónomos que copan el tejido productivo y que, lejos de suponer un impulso económico, generan un freno al crecimiento económico, la rentabilidad y el avance de los salarios. La atomización de la producción significa que el territorio está plagado de pequeñas explotaciones sin capital físico ni humano que resultan muy poco productivas.
La reticencia del campo español a la concentración está también en la base del problema. No solo porque muchas familias no hayan querido desprenderse de sus tierras, también a las resistencias a la creación de grandes cooperativas que gestionen grandes volúmenes de producción y equilibren el poder negociador con las grandes empresas. En algunos casos, las pequeñas y medianas cooperativas han sido ejemplos de mala gestión que han introducido desincentivos en los pequeños propietarios.
Hay que hacer autocrítica, porque ha habido conformismo. Si fallan las estructuras, también es responsabilidad nuestra
Coag asume una parte del error: "Hay que hacer autocrítica, porque ha habido conformismo. Si fallan las estructuras, también es responsabilidad nuestra", señala Blanco. En su opinión, el asociacionismo es una parte de la solución que sí está en manos de los agricultores y ganaderos. "Ya no sirven las pequeñas cooperativas comarcales o municipales, son necesarias agrupaciones más amplias" para ganar poder de negociación en la formación de precios.
"La mayor parte de las estructuras están descapitalizadas", ya que las pequeñas explotaciones, como no son rentables, no tienen recursos para invertir. "No cabe otro camino, o peleamos juntos o no hay solución", señala el secretario general de Coag. Desde Asaja ven el movimiento de los últimos días como un grito al unísono del campo que puede transformar conciencias políticas y sociales en España. "El derecho al pataleo es lo que nos queda", explica Díaz.
La ineficiencia de mercado ha llegado hasta tal punto que la solución difícilmente podrá ser privada. Los pequeños agricultores no tienen ni voluntad ni capacidad económica como para cambiar su modelo productivo y la industria procesadora que controla los precios no está dispuesta a ceder sus márgenes. De ahí que los agricultores reclamen a las diferentes Administraciones Públicas que adopten soluciones para que el reparto de la renta del campo sea más justo.
Javier.G.Jorrín. El Confidencial.
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