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Semana del 8 al 15 de noviembre de 2020.

Ser abertzale, por lo visto, tiene sus ventajas

EHNE-Nafarroa ha exigido que se blinden los terrenos de cultivo frente a las macro instalaciones de macroplantas de energías renovables que se quieren proyectar en este territorio y que se pretenden instalar en dichas áreas. 

Actualizado 19 noviembre 2020  
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Redacción y Agencias
  
«El suelo productor de alimentos es el patrimonio más importante de cualquier sociedad y así es como se debe preservar, estando obligadas las diversas instituciones a establecer medidas legislativas en tal sentido».
¿Se entiende que EHNE-Nafarroa pueda proponer este tipo de prohibiciones, hasta donde se pretende llegar en la socialización actual? ¿Quién es nadie para decidir sobre lo que no es suyo? ¿Presumimos del nuevo camino agroenergético y decidimos prohibir la utilización de tierras de labor para usos agro-energéticos?

Comentarios.
Siguen las sinrazones en la definición, absolutamente prescindible de lo que es un “agricultor activo”. Carmen Crespo, Consejera andaluza de agricultura, ha mostrado hoy en el Parlamento de Andalucía su apoyo al mantenimiento del agricultor activo y pluriactivo y al actual régimen de pequeños agricultores, que considera compatible con el de los agricultores profesionales. La consejera ha recordado que gracias a estos agricultores y las ayudas de la PAC en Andalucía hay un modelo de desarrollo rural que evita el despoblamiento que sí se da en otras regiones. ¿De verdad es necesario seguir defendiendo lo indefendible, seguir emporcados en absurdas definiciones? Las ayudas o compensaciones europeas tendrían que venir a todos los productores sin limitación alguna, ni superficial, ni profesional alguna. 
 
Estamos en total acuerdo con la pretensión de ASAJA de Castilla-La Mancha considerando insuficiente el incremento del 10 al 12,5% del contenido mínimo de alcohol que deben tener los subproductos de vinificación en la campaña 2020/21 fijado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Orden APA/1025/2020, de 27 de octubre, porque es una clarísima forma de quitar producción en un mercado excedentario. Ante la paralización total del mercado como consecuencias de la pandemia, la organización agraria no ha entendido que el Ministerio haya incrementado ese porcentaje solo a la mitad del máximo de lo que lo podría elevar, primando otro tipo de intereses, manifestando una falta de voluntad y mostrando poca valentía por mejorar la situación del último eslabón de la cadena alimentaria, el sector productor, que es el que está pagando todas las consecuencias de la crisis.

Los espacios rurales poco poblados, nos dice J.Quintana en Hoy, requieren actividad económica para atraer población, pero la actividad económica requiere población para crecer. Históricamente la población se ha asentado en territorios donde aparecía una nueva actividad, como la minería, la explotación forestal, la producción agraria o ganadera, etc. 
Sin embargo, en las zonas que han perdido población, estas actividades económicas han desaparecido o perdido fuerza, y no tienen un nuevo motor. Intentar reactivar mediante la inyección de fondos públicos lo que el mercado ha hecho desaparecer de forma natural, será posiblemente un nuevo desperdicio de tiempo y recursos. Además, las infraestructuras son imprescindibles para revertir de forma estable el movimiento poblacional, algo muy costoso y con poco interés político cuando los beneficiarios son muy escasos.
Con independencia de la licitud para intentar evitar el despoblamiento de las pequeñas poblaciones, nosotros pensamos que “intentar reactivar mediante la inyección de fondos públicos lo que el mercado ha hecho desaparecer de forma natural, será posiblemente un nuevo desperdicio de tiempo y recursos”. 
Pensamos que el desplazamiento de los ciudadanos buscando nuevas expectativas vitales es algo absolutamente inevitable y que, por ello, siempre podríamos esperar un cambio en la dirección de estos desplazamientos, pero nunca a instancias gubernamentales sino con la libre creación de nuevas y mejores expectativas. 

La subida del 5% incluida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (PGE 2021) aprobado por el Gobierno atiende parcialmente la reivindicación sindical de revalorizar este indicador básico, situándolo en 564,73 euros, y restableciendo parte del daño causado por su práctica congelación desde 2011.
El IPREM, (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, creado en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayudas), es la referencia para el acceso y cuantías de prestaciones sociales, acceso a vivienda de protección oficial y ayudas de alquiler, becas de estudio y formación, y subvenciones a familias. El SMI, por su parte, sigue siendo la referencia en ámbitos laborales como las cuantías a percibir en los contratos de formación, el Fondo de Garantía Salarial o las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social, entre otros. También existen ámbitos comunes donde el SMI y el IPREM tienen papeles complementarios. Así sucede, por ejemplo, en el caso de la protección por desempleo, donde para el acceso a los subsidios, la renta agraria y la renta activa de inserción se toma como referencia el SMI, mientras que para las cuantías la referencia es el IPREM.
En definitiva, el IPREM influye tanto en el acceso (que una determinada prestación o ayuda sea concedida -o no- viene definido por los ingresos del potencial beneficiario, y por lo tanto éstos no podrán superar un determinado número de veces el IPREM) como en la cuantía (las ayudas se calculan sobre el IPREM).
¿No se entiende que la subida del IPREM aumentará más que proporcionalmente el número de ciudadanos con derecho a las prestaciones sociales, en una época en que no es posible atender lo inatendible?
Nadie debería negarse a la mejora social de todos los ciudadanos, pero, nadie entiende tampoco que, en estos momentos, se suban las pensiones, contributivas o no, los sueldos de los funcionarios, que tienen el trabajo asegurado, ni que se modifiquen por decreto, los índices relativos a las prestaciones sociales. Hay que crear trabajo y todo lo demás vendrá por añadidura.  


La Comisión Europea decidió este lunes 9 imponer aranceles a partir de este martes 10 a productos estadounidenses por 3.360 millones de euros (unos 4.000 millones de dólares), incluyendo a productos agrícolas de EEUU, por ayudas ilegales de Washington a Boeing, pero las anulará si el presidente saliente Donald Trump o el electo Joe Biden elimina los impuestos a productos europeos por el caso Airbus.
Entre los productos agrícolas de EEUU figuran tabaco, cacahuetes, nueces, semillas, tomates dulces, savia y estratos vegetales, trigo, aceites vegetales, fruta, melaza de caña de azúcar, vainilla, zumos y quesos, espirituosos, salsas, sopas y siropes, chocolate y cacao, extracto de café y pulpa de remolacha.
«A pesar de nuestros mejores esfuerzos, debido a la falta de progreso por parte de EEUU, podemos confirmar que la Unión Europea ejercerá (…) nuestros derechos e impondrá las contramedidas que nos ha concedido la Organización Mundial del Comercio en relación a Boeing», dijo el vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis, al término de una reunión por videoconferencia con los ministros de comercio de los Veintisiete.
Muy bien todo, pero oigamos al sector agrario español.
Según Asaja,“el sector agrario no quiere pulsos políticos y ve conveniente evitar una escalada de guerra arancelaria entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, y apuesta por negociar y llegar a acuerdos que zanjen esta dinámica comercial que está afectando a los productos agroalimentarios.
«No interesa una guerra» de aranceles y, en el caso de que se suspenda la aplicación arancelaria, es conveniente que la UE ayude a los agricultores que ya han sido perjudicados por las tasas norteamericanas. «El daño está ya hecho y tendrá que compensarlo la UE».
El responsable de Olivar de COAG apuesta también por «llegar a un acuerdo» y porque, de suspenderse los aranceles, «habría que buscar compensaciones» para producciones como la aceituna de mesa.
Eso sí, ve necesario alcanzar «un buen acuerdo» porque, «si no llega a ser satisfactorio, habría que aplicar los aranceles». COAG, además, se ha quejado de la política de la UE en estos años durante el mandato del presidente norteamericano, Donald Trump: Bruselas «se ha andado con muchos paños calientes», tenía «demasiado miedo» al Gobierno estadounidense.
En UPA, ven que las contramedidas aprobadas por la UE «nos sitúan en pie de igualdad» con Estados Unidos, con «importantes» aranceles para cada una de las partes. Para UPA  la UE «no está haciendo otra cosa que ejercer sus derechos legales», en virtud de la reciente decisión de la OMC, pero cree que el objetivo final de estos pulsos es que «debe ser que la Administración de EEUU negocie y abandone la política de guerra comercial».
España es una «potencia mundial» en «numerosos» productos alimentarios, por lo que estas políticas arancelarias «no benefician» a sus productores, y desde UPA reclaman de la UE una política «activa y de colaboración con la nueva Administración» estadounidense.
Así que… … querido Planas a reclamar lo que nos han quitado.


Terminemos reseñando finalmente que la UE ha dado un paso más en el camino hacia el establecimiento de la nueva PAC. 
Tras cuatro meses de negociación, el Parlamento Europeo y los Estados miembro han llegado a un acuerdo sobre el Presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027 y el Plan de Recuperación para paliar los efectos de la pandemia provocada por el Covid. Dicho presupuesto tendrá un valor total de 1,8 billones de euros y será el mayor jamás financiado con cargo al presupuesto de la UE. Tras la Covid-19, contribuirá a reconstruir una Europa que será más ecológica, más digital y más resiliente, y que estará mejor adaptada a los retos actuales y futuros, tal y como destaca la propia Comisión Europea.
Algunos de los principales elementos del compromiso alcanzado son:
. Más del 50% del importe apoyará la modernización mediante políticas que contemplen la investigación y la innovación, a través de Horizonte Europa; transiciones, climática y digital, justas, a través del Fondo de Transición Justa y el programa digital; preparación, recuperación y resiliencia, a través del Fondo de Recuperación y Resiliencia, rescEU y un nuevo programa de salud, EU4Health.
. Las políticas tradicionales, tales como la política de cohesión y la política agrícola común, también seguirán recibiendo un considerable apoyo financiero para garantizar la estabilidad en tiempos de crisis y su modernización, que debería contribuir a la recuperación y a las transiciones ecológica y digital.
. El 30% de los fondos de la UE se destinará a la lucha contra el cambio climático, el mayor porcentaje del mayor presupuesto europeo de la historia. El paquete también presta especial atención a la protección de la biodiversidad biológica y a la igualdad de género.
. Según lo propuesto en mayo de 2020 y acordado por los dirigentes de la UE el 21 de julio de 2020, la UE tomará préstamos en los mercados a un coste más favorable que muchos Estados miembros y redistribuirá los importes a fin de financiar la recuperación.
. Una hoja de ruta clara hacia nuevos recursos propios para ayudar a reembolsar los préstamos. La Comisión se ha comprometido a presentar propuestas sobre un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono y sobre una tasa digital para junio de 2021, con vistas a su introducción a más tardar el 1 de enero de 2023.
. En cuanto a la protección del presupuesto de la UE, la UE dispondrá ahora, por primera vez, de un mecanismo específico para proteger su presupuesto contra las violaciones del Estado de Derecho, tal como se acordó el 5 de noviembre. Al mismo tiempo, los beneficiarios finales de la financiación de la UE en el Estado miembro en cuestión no se verán afectados negativamente por este mecanismo.
Este acuerdo debe ahora ser adoptados formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo a sus cometidos y procedimientos respectivos.


Noticias.
-EHNE-Nafarroa ha exigido que se blinden los terrenos de cultivo frente a las macro instalaciones de macroplantas de energías renovables que se quieren proyectar en este territorio y que se pretenden instalar en dichas áreas. «El suelo productor de alimentos es el patrimonio más importante de cualquier sociedad y así es como se debe preservar, estando obligadas las diversas instituciones a establecer medidas legislativas en tal sentido», señalan.
De manera reciente, la organización agraria ha tenido conocimiento de primera mano de que se están impulsando por parte de iniciativas privadas varios proyectos para la instalación de macroplantas de energías renovables fotovoltaicas en diferentes zonas de Nafarroa a lo largo de la próxima década, que ocuparían una superficie de 7.500 hectáreas, Y que las empresas promotoras ya están realizando gestiones para obtener los pertinentes permisos de entidades locales y gubernamentales, así como la obtención de terrenos mediante alquiler, la mayoría de ellos cultivables.
Desde EHNE-Nafarroa defiende que «ni un metro de tierra para este tipo de parques. Y no es porque estemos en contra de las energías renovables, más bien al contrario, nos oponemos a que, con la excusa de la transición energética que nuestra sociedad necesita de manera urgente, se lucren en esta maniobra especulativa grupos empresariales y fondos de inversión, dejando para las vecinas y vecinos de los pueblos toda una carga de externalidades que este tipo de instalaciones conllevan».
En este sentido, recalcan que antes de empezar la casa por el tejado y, como ya reclamamos en su momento con motivo de la también nueva promoción de más parques eólicos en Nafarroa, es de obligado cumplimiento la realización previa de un Plan Energético que evalúe las necesidades que en este apartado existen en nuestro territorio y que, en función de sus conclusiones, se adopten las actuaciones que se consideren necesarias».
Por eso, insisten en «no dejar vía libre, como se está haciendo en estos momentos, a que proyectos que responden más al cortoplacista rendimiento económico puro y duro que a la sostenibilidad medioambiental –no nos dejemos engañar– puedan materializarse en breve, suponiendo una importantísima rémora para las zonas de cultivo existentes. Queremos pueblos que sigan siendo espacios rurales campesinos vinculados a la tierra y, por ello, exigimos al Gobierno de Nafarroa que, a través de la ley del cambio climático, incluya un blindaje de las áreas cultivables frente a estos nuevos macroproyectos fotovoltaicos y de cualquier otro tipo».
También reclaman a las entidades locales «que no caigan en la trampa del dinero fácil que ofrecen las empresas que se esconden detrás de este tipo de proyectos de macroplantas de energías renovables ni sus ofertas de trabajo local y que, en cambio, favorezcan pequeños proyectos de autoconsumo, donde tanto vecinas y vecinos como ayuntamientos o concejos sean los verdaderos activos y gestores de dichas iniciativas energéticas sin ánimo de lucro».
Cabe recordar que en Castilla y león este problema puede provocar que unas 60.000 hectáreas de agricultura y ganadería se vean afectadas por proyectos similares. Lógicamente, esas hectáreas no podrán ser ni cultivadas ni aprovechadas por el ganado.
Agroinformación.


-La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha mostrado hoy en el Parlamento de Andalucía su apoyo al mantenimiento del agricultor activo y pluriactivo y al actual régimen de pequeños agricultores, que considera compatible con el de los agricultores profesionales. La consejera ha recordado que gracias a estos agricultores y las ayudas de la PAC en Andalucía hay un modelo de desarrollo rural que evita el despoblamiento que sí se da en otras regiones. 
Crespo, que se ha referido a la reciente reunión entre el presidente de la Junta y el ministro de Agricultura para abordar la nueva PAC, ha señalado que se va a buscar "las cosas que nos unen y no las que nos separan" pero ha querido dejar claro que existen líneas rojas para el Gobierno andaluz.
En este sentido, ha advertido sobre los riesgos de una tasa plana a través de una reducción del número de regiones productivas porque "afectará sobre todo a los pequeños agricultores de Andalucía, y en especial al sector del olivar tradicional". Junto a ello ha querido mostrar su negativa a una convergencia rápida apostando porque ésta sea paulatina. 
Finalmente, Carmen Crespo se ha referido a la necesidad de mantener el sistema de derechos garantizando la incorporación de los jóvenes agricultores. En este sentido la consejera ha afirmado que "la eliminación de derechos supondría un trasvase de recursos y Europa está diciendo que esto no se debe hacer".
La intervención de la titular de Agricultura ha concluido apelando a que en Andalucía "no haya ninguna flaqueza" en la defensa de los intereses, al respecto de lo cual ha vuelto a reclamar unidad, también de los distintos grupos políticos "de la misma manera que lo están los agricultores, las organizaciones agrarias y las cooperativas". Ya en su intervención Crespo había enfatizado en la unidad gracias a la cual se llevó a cabo la declaración institucional, que es "el resultado del diálogo con el sector".
Junta de Andalucía


-ASAJA de Castilla-La Mancha ha considerado insuficiente el incremento del 10 al 12,5% del contenido mínimo de alcohol que deben tener los subproductos de vinificación en la campaña 2020/21 fijado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Orden APA/1025/2020, de 27 de octubre.
La organización agraria ha explicado que el Ministerio puede legalmente incrementar las prestaciones vínicas mínimas del 10% hasta un máximo del 15%, puesto que la normativa lo establece así para cuando la oferta disponible de vino para una campaña sea superior a la media de las últimas cinco, con el fin de evitar un exceso de presión sobre el mercado.
Así lo establece el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino, en el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español (PASVE).
En este sentido, ASAJA CLM ha asegurado que las estimaciones de producción de la uva, más las existencias de vino y la falta de operaciones en el mercado derivadas de la situación actual, justifican con creces la necesidad de incrementar al máximo el porcentaje de volumen de alcohol contenido en el vino del que procede.
El Ministerio ha indicado que las estimaciones de comienzos de la campaña actual 2020/21 indican que las disponibilidades de vino para la misma, de 72,1 millones de hectolitros, superan a la media de las cinco campañas anteriores, que es de 70,2 millones de hectolitros.
Así pues, ante la paralización total del mercado como consecuencias de la pandemia, la organización agraria no entiende que el Ministerio haya incrementado ese porcentaje solo a la mitad del máximo de lo que lo podría elevar, primando otro tipo de intereses, manifestando una falta de voluntad y mostrando poca valentía por mejorar la situación del último eslabón de la cadena alimentaria, el sector productor, que es el que está pagando todas las consecuencias de la crisis.
Por último, la organización agraria, en sintonía con la Sectorial Vitivinícola de ASAJA nacional, ha solicitado al Ministerio que, al igual que el año pasado, se apliquen más medidas, así como un presupuesto adicional al PASVE por ser uno de los sectores más afectados por la crisis del COVID-19.
ASAJA Castilla la Mancha.


-Se han producido dos importantes hechos en el ámbito agroalimentario, uno de carácter legislativo y otro ejecutivo. 
Por un lado, la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. Por otro, la declaración de la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de que una cantidad sustancial de fondos de la Política Agrícola Común se destinarán a potenciar el desarrollo de las zonas despobladas. Sobre este último asunto, Ribera ha anunciado en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado, que 2.500 millones de los fondos europeos irán dirigidos a la revitalización de las zonas rurales despobladas, a proyectos de conectividad, capacidad digital, vivienda y sostenibilidad turística.
La realidad es que, aunque ahora se vista de seda a la mona, es muy posible que como mona se quede. Me explico. La lucha contra el despoblamiento en zonas rurales es un reto en el que se trabaja desde hace décadas. Los planes regionales de desarrollo rural han invertido mucho en esta línea, también apoyados por fondos europeos y nacionales. Por otro lado, los llamados grupos de acción local llevan décadas apoyando y cofinanciando inversiones locales con este fin. Son entidades locales mayoritariamente privadas que gestionan fondos públicos europeos, nacionales y regionales, a través de las iniciativas Leader y Proder y que conocen, mejor que nadie, la realidad y potencial de sus territorios.
La realidad es que el problema no se revierte. ¿Ha sido por falta de fondos públicos? Probablemente no. Los espacios rurales poco poblados requieren actividad económica para atraer población, pero la actividad económica requiere población para crecer. Históricamente la población se ha asentado en territorios donde aparecía una nueva actividad, como la minería, la explotación forestal, la producción agraria o ganadera, etc. Sin embargo, en las zonas que han perdido población, estas actividades económicas han desaparecido o perdido fuerza, y no tienen un nuevo motor. Intentar reactivar mediante la inyección de fondos públicos lo que el mercado ha hecho desaparecer de forma natural, será posiblemente un nuevo desperdicio de tiempo y recursos. Además, las infraestructuras son imprescindibles para revertir de forma estable el movimiento poblacional, algo muy costoso y con poco interés político cuando los beneficiarios son muy escasos.
Quizás debamos enfrentarnos a la realidad de que hay zonas que no pueden y quizás no deben recuperar población. Es posible que la solución con menor coste de oportunidad sea potenciar en estos territorios planes estratégicos de conservación y mínima explotación. Todo ello acompañado de una concentración administrativa en determinados territorios con excesivas micro poblaciones.
Respecto al primer tema mencionado al inicio, todavía queda pendiente su tramitación en Congreso y Senado de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, que supone una trasposición de la directiva europea de abril de 2019. Una norma que pretende combatir las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
La Ley de la Cadena Alimentaria de 2013 ha sido de alto valor para el sector, aunque todavía no queda claro que haya conseguido el objetivo de garantizar unos precios en origen que al menos cubran los costes de producción y, en el mejor de los casos, garanticen una viabilidad mínima al productor agrario.
Hay que recordar que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) emitió un informe no vinculante sobre el anteproyecto de ley que modifica la norma actual. En relación con la obligación de que los precios de los contratos alimentarios cubran los costes de producción, la CNMC han considerado que el concepto no se define con precisión, que puede provocar una mayor complejidad en los contratos y que favorece el alineamiento de precios mediante el uso de índices comunes. Un importante varapalo contra en el eje conceptual de la norma. Más aún cuando también pone en duda que muchas de estas prácticas comerciales tengan un efecto negativo.
J.Quintana. Hoy.

-La subida del 5% incluida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (PGE 2021) aprobado por el Gobierno atiende parcialmente la reivindicación sindical de revalorizar este indicador básico, situándolo en 564,73 euros, y restableciendo parte del daño causado por su práctica congelación desde 2011.
El IPREM, (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, creado en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayudas), es la referencia para el acceso y cuantías de prestaciones sociales, acceso a vivienda de protección oficial y ayudas de alquiler, becas de estudio y formación, y subvenciones a familias. El SMI, por su parte, sigue siendo la referencia en ámbitos laborales como las cuantías a percibir en los contratos de formación, el Fondo de Garantía Salarial o las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social, entre otros. También existen ámbitos comunes donde el SMI y el IPREM tienen papeles complementarios. Así sucede, por ejemplo, en el caso de la protección por desempleo, donde para el acceso a los subsidios, la renta agraria y la renta activa de inserción se toma como referencia el SMI, mientras que para las cuantías la referencia es el IPREM.
En definitiva, el IPREM influye tanto en el acceso (que una determinada prestación o ayuda sea concedida -o no- viene definido por los ingresos del potencial beneficiario, y por lo tanto éstos no podrán superar un determinado número de veces el IPREM) como en la cuantía (las ayudas se calculan sobre el IPREM).
Indicador congelado.
Hay que destacar que también existen ámbitos comunes donde el SMI y el IPREM se reparten los papeles. Es el caso de la protección por desempleo, donde para el acceso a los subsidios, la renta agraria y la renta activa de inserción se toma como referencia el SMI (pues está más en relación con el nivel salarial del país) mientras que para las cuantías la referencia, como ya se ha comentado, es el IPREM, por su conexión directa con el presupuesto público.
Este indicador ha permanecido durante una década casi congelado. Después del aumento moderado en 2010 (sólo del 1%) y su posterior congelación desde entonces hasta 2016 (durante seis ejercicios consecutivos) acumuló una creciente pérdida de su valor. La subida del 1% en el ejercicio 2017 fue claramente insuficiente para recuperarlo, en especial en un entorno donde la tasa de variación de precios fue positiva (2%). Y de 2018 a 2020, de nuevo, la paralización del indicador ha llevado a profundizar en estas cifras negativas. En conjunto, de 2009 a 2019 el IPREM perdió 9,7 puntos de poder de compra (en 2020 apenas recuperará un par de décimas, si la inflación media termina en negativo como hasta ahora, -0,2% hasta septiembre).
 
Mecanismo de revalorización permanente.
UGT viene reivindicando la necesidad de que esta continua depreciación del indicador acabe, dado que genera consecuencias negativas en la protección social por desempleo, entre otras políticas públicas, tan cruciales en estos momentos para el proceso de recuperación de nuestro país. En este sentido, la subida del 5% incluida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 aprobado por el Gobierno atiende parcialmente la reivindicación sindical de revalorizar este indicador básico, situándolo en 564,73 euros, y restableciendo parte del daño causado por su práctica congelación desde 2011. Para recuperar todo el poder de compra perdido desde 2009 el IPREM debería situarse en casi 600 euros (596). Es decir, que incluso con la subida, seguiría siendo 31 euros mensuales inferior al que permitiría igualar el poder de compra que tenía en 2009.
En todo caso, aun reconociendo la bondad de la medida, se trata de una revalorización insuficiente. Es necesario que el IPREM siga recuperando el poder real perdido, así como evitar su pérdida en años sucesivos. Para ello, UGT reitera la necesidad de establecer un método permanente de actualización del IPREM, que mantenga el valor real del indicador a lo largo del tiempo.
M.C Barrera.

- El mercado del aceite de oliva en la primera semana del mes de noviembre se ha visto marcada por tres factores claves: la mayor apuesta de las almazaras por la elaboración de aceites tempranos premium, la llegada de importantes lluvias a grandes zonas productoras de España y sobre todo, la salida al mercado de los especuladores que han aprovechado días atrás para dar salida a aquellos aceites comprados con precios bajos, para hacer caja.
Partíamos de un cierre de campaña con prácticamente cero de aceites virgen extra en las bodegas y esto ha significado que muchos productores hayan hecho una clara apuesta por la recolección temprana y así aprovechar los buenos precios que muchos operadores, nacionales e italianos, estaban dispuestos a pagar. Pero, la situación parece mostrar signos de cambios a medida que se aumenta la oferta de nuevos AOVEs.
En pocos días todas las almazaras entrarán en producción y nos enfrentaremos a volúmenes de 25 millones de kg de aceite de oliva al día
Al cierre de la primera semana de noviembre ya se ha observado ofertas de virgen extra que van desde los 2,30/2,40€/kg (principalmente en la provincia de Jaén) mientras que en otras zonas como Córdoba las cotizaciones se mueven con más fluidez entre los 2,50 y los 2,60€/kg y en el caso de la comarca de Estepa en Sevilla la oferta no baja de los 3,10€/kg.
En este contexto de ofertas, de volúmenes de aceite nuevo y lluvias, hay un dato que preocupa: que en pocos días prácticamente todas las almazaras entrarán en producción y nos enfrentaremos a volúmenes del orden de 25 millones de kg de aceite de oliva elaborado al día. Un volumen de aceite que hay que dar salida de manera constante todos los días para que no se provoquen tensiones en el lado de la producción.
Salidas y existencias:
Por ello, tenemos que hablar de una nueva variable a tener en cuenta en los próximos meses: la evolución de las salidas. En breve conoceremos cómo se ha comportado el mercado en el mes de octubre, y ya muchos operadores estiman que no serán tan altas como las que se alcanzaron en septiembre.
Si asumimos las siguientes variables:
. Enlace de 490.000 ton
. Importaciones en torno a las 200.000 ton (si antes no conseguimos que el nuevo gobierno de EE.UU elimine los aranceles al aceite de oliva español)
. Salidas que pueden llegar a 1.620.000 ton (media de 140.000 ton mensuales)
. Una producción de 1.550.000 ton en España
Nos encontraremos con una disponibilidad en torno a las 2.241.000 ton frente a unas salidas de 1.620.000, lo que podría arrojar un enlace de la próxima campaña en torno a las 600.000 ton. Y volveremos a asistir al “sueño de la marmota”.
La conclusión es que hay que asumir la realidad, porque aquel que no entienda la realidad se va a volver a equivocar. En un año donde no hay aceite en otros países hay que recuperar el valor del aceite en España, tanto en lo que se refiere al consumo nacional como en seguir ganando en los mercados exteriores.
Olimerca.

-El Ministerio de Agricultura pondrá fin a las prácticas abusivas que se registran entre los operadores de la cadena alimentaria, donde el sector agrario es el eslabón más débil, con una nueva ley. La disposición incorpora las exigencias comunitarias incluidas en la directiva de 2019 sobre prácticas comerciales abusivas, aunque para algunas asociaciones se queda corta. El objetivo es que se tramite en el primer semestre del próximo año para su entrada en vigor en noviembre.
La futura norma busca poner orden a las operaciones que se dan entre industria, distribución y productores en origen. Para ello, contempla obviamente la obligación de suscribir contratos por escrito donde se fijen desde los precios a otras condiciones de entrega. En el texto redactado destacan tres aspectos: el primero, que su aplicación será generalizada para todas las operaciones por encima de los 2.500 euros. El segundo, que afecta a ventas con operadores de otros países comunitarios cuando no resulte de aplicación la legislación de otro Estado, y de fuera de la UE, lo que es muy importante para el negocio hortofrutícola. El tercero es que también afecta a las cooperativas mediante la obligación de suscribir contratos individuales con los socios, pero solo si en no existe un acuerdo o figuran en sus estatutos las condiciones para la entrega de productos y precios con calendario de liquidación. Las sanciones por no cumplir el nuevo marco legal irán de 250 euros hasta un millón.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) estima que la ley incorpora muchas de las demandas del sector agrario. Sin embargo, critica que no se hayan considerado otras como la exigencia taxativa de contratos por las cooperativas, la no inclusión del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), la no introducción de la venta a pérdidas en el último eslabón de la cadena o la creación de un registro de contratos.
Reivindicación histórica
Poner orden a las operaciones de compraventa entre los productores agrarios y el resto de los operadores de la cadena es una reivindicación histórica del sector. Los socialistas no se atrevieron a su aprobación hace una década ante las discrepancias existentes entre Agricultura y Comercio. Fue en 2013 cuando el ministro Miguel Arias Cañete abrió camino con una primera disposición en esa dirección.
El proyecto aprobado por el Gobierno modifica esa ley inicial de 2013 que supuso un primer paso para establecer nuevas relaciones entre los diferentes eslabones de la cadena, pero que se consideraba insuficiente al no abordar, entre otros aspectos, la venta a pérdidas. A consecuencia de las movilizaciones del sector agrario en los primeros meses de este año reivindicando precios justos, Agricultura sacó adelante un decreto ley donde se establecía la obligatoriedad de que los precios de compra no fueran inferiores a los precios de coste. También la no destrucción del valor a lo largo a de la cadena, la regulación de las promociones y la posibilidad de dar publicidad a las sanciones.
A casi un año de su entrada en vigor prevista, la realidad es que en los últimos meses se han venido suscribiendo, a la luz del día y con publicidad, contratos por debajo de los costes de producción. Destacan en ello sectores como la leche, la uva, el aceite o las frutas y hortalizas. Esa situación, al margen de lo que señale el BOE, pone en evidencia la existencia de un mercado de productos perecederos, sin posibilidad de almacenamiento, donde se negocia con una posición de dominio de otras partes de la cadena, como la industria y la gran distribución, con estrategia de precios a la baja.
Más supuestos de trato injusto
La nueva disposición, de acuerdo con la directiva comunitaria, amplía el número de supuestos calificados como prácticas abusivas. Estas incluyen, entre otros, los aplazamientos de pago para los productos frescos y no perecederos de 30 y 60 días; la cancelación en los 30 días previos a su entrega; la modificación de un contrato sin contar con la otra parte o exigir pagos ajenos a la venta del producto. Con un acuerdo entre las partes, sí permite devolver mercancía no vendida, correr con gastos de almacenamiento y los descuentos por promociones.
V.Maté. El País.


-La Comisión Europea decidió este lunes 9 imponer aranceles a partir de este martes 10 a productos estadounidenses por 3.360 millones de euros (unos 4.000 millones de dólares), incluyendo a productos agrícolas de EEUU, por ayudas ilegales de Washington a Boeing, pero las anulará si el presidente saliente Donald Trump o el electo Joe Biden elimina los impuestos a productos europeos por el caso Airbus.
Entre los productos agrícolas de EEUU figuran tabaco, cacahuetes, nueces, semillas, tomates dulces, savia y estratos vegetales, trigo, aceites vegetales, fruta, melaza de caña de azúcar, vainilla, zumos y quesos, espirituosos, salsas, sopas y siropes, chocolate y cacao, extracto de café y pulpa de remolacha.
«A pesar de nuestros mejores esfuerzos, debido a la falta de progreso por parte de EEUU, podemos confirmar que la Unión Europea ejercerá (…) nuestros derechos e impondrá las contramedidas que nos ha concedido la Organización Mundial del Comercio en relación a Boeing», dijo el vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis, al término de una reunión por videoconferencia con los ministros de comercio de los Veintisiete.
Otros artículos en la lista, además de los productos agrícolas de EEUU, son palas cargadoras autopropulsadas, peptonas y proteínas, tractores, equipos de gimnasio, equipos de casino, vídeo-juegos, billares, bolsas, maletas y carteras, plásticos, vieiras, vehículos de motor para fines especiales, salmón, aceites esenciales, algodón, piezas de bicicleta y peces ornamentales.
EUROPA NO ESPERARÁ A QUE BIDEN ASUMA EL PODER Y QUIERE NEGOCIAR YA LA RETIRADA DE LOS ARANCELES DE TRUMP.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que el anuncio es un «paso en la dirección correcta». A través de una publicación en la red social Twitter, el ministro español ha mostrado su deseo de que se acabe «pronto» con los «injustos» aranceles que «penalizan las exportaciones agroalimentarias de productos españoles en Estados Unidos».
Dombrovskis aseguró que con su respuesta, Bruselas «no está escalando nada», que la decisión no supone incrementar una guerra comercial con EEUU, sino que la CE está «replicando el planteamiento» de la administración Trump.
«Os quiero recordar que Estados Unidos ha impuesto sus aranceles a la UE durante más de un año», dijo el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de la cartera de comercio y aseguró que la UE está dispuestas a «retirar» las sanciones «en cualquier momento, cuando Estados Unidos retire sus aranceles».
En su opinión, ello beneficiaría a ambas partes y permitiría «dejar atrás» un conflicto entre Boeing y Airbus que se alarga desde 2004, en el que las recientes decisiones de la OMC no son más que el último capítulo.
Dombrovskis dijo que no esperará a que Biden asuma el poder en la Casa Blanca para seguir negociando con Washington acerca de esta disputa: «Continuamos trabajando con la actual administración, porque como sabemos, la actual administración sigue en pie hasta enero del año que viene».


El sector agrario no quiere pulsos políticos y ve conveniente evitar una escalada de guerra arancelaria entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, y apuesta por negociar y llegar a acuerdos que zanjen esta dinámica comercial que está afectando a los productos agroalimentarios.
En declaraciones a Efeagro, las organizaciones agrarias  ASAJA, COAG y UPA han analizado el anuncio hecho por la UE sobre la imposición de aranceles por 3.360 millones de euros a productos de EE.UU. -entre ellos numerosos del sector agroalimentario- por el caso Boeing.
LA CLAVE ES HALLAR UN ACUERDO Y TENER COMPENSACIONES POR LAS PÉRDIDAS
Para el director de Relaciones Internacionales de Asaja, Ignacio López, con este anuncio la UE busca «sentarse a la mesa» con la Administración estadounidense más que aplicar los aranceles.
Según López, «no interesa una guerra» de aranceles y, en el caso de que se suspenda la aplicación arancelaria, ve conveniente que la UE ayude a los agricultores que ya han sido perjudicados por las tasas norteamericanas. «El daño está ya hecho y tendrá que compensarlo la UE», ha resaltado.
El responsable de Olivar de COAG, Juan Luis Ávila, ha apostado también por «llegar a un acuerdo» y porque, de suspenderse los aranceles, «habría que buscar compensaciones» para producciones como la aceituna de mesa.
Eso sí, ve necesario alcanzar «un buen acuerdo» porque, «si no llega a ser satisfactorio, habría que aplicar los aranceles».
Ávila, además, se ha quejado de la política de la UE en estos años durante el mandato del presidente norteamericano, Donald Trump: Bruselas «se ha andado con muchos paños calientes», tenía «demasiado miedo» al Gobierno estadounidense.
En UPA, ven que las contramedidas aprobadas por la UE «nos sitúan en pie de igualdad» con Estados Unidos, con «importantes» aranceles para cada una de las partes.
Para esta organización agraria, la UE «no está haciendo otra cosa que ejercer sus derechos legales», en virtud de la reciente decisión de la OMC, pero cree que el objetivo final de estos pulsos es que «debe ser que la Administración de EEUU negocie y abandone la política de guerra comercial».
España es una «potencia mundial» en «numerosos» productos alimentarios, por lo que estas políticas arancelarias «no benefician» a sus productores, y desde UPA reclaman de la UE una política «activa y de colaboración con la nueva Administración» estadounidense.
Agroinformación.

-Tras cuatro meses de negociación, el Parlamento Europeo y los Estados miembro han llegado a un acuerdo sobre el Presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027 y el Plan de Recuperación para paliar los efectos de la pandemia provocada por el Covid.
Dicho presupuesto tendrá un valor total de 1,8 billones de euros y será el mayor jamás financiado con cargo al presupuesto de la UE. Tras la Covid-19, contribuirá a reconstruir una Europa que será más ecológica, más digital y más resiliente, y que estará mejor adaptada a los retos actuales y futuros, tal y como destaca la propia Comisión Europea.
La presidenta Ursula von der Leyen ha celebrado el acuerdo afirmando que “ahora tenemos que avanzar en la finalización del acuerdo sobre el próximo presupuesto a largo plazo y NextGenerationEU para finales de año. Los ciudadanos y las empresas gravemente afectados por la crisis del coronavirus necesitan ayuda. Nuestro plan de recuperación nos ayudará a convertir el reto de la pandemia en una oportunidad para una recuperación impulsada por la transición ecológica y digital”.
El comisario Johannes Hahn, responsable de Presupuesto, ha indicado que este acuerdo “permitirá reforzar programas específicos con cargo al presupuesto a largo plazo para 2021-2027 (por ejemplo, Horizonte Europa, Erasmus+ y EU4Health). Desempeñará un papel esencial para apoyar la recuperación y garantizar que los beneficiarios tradicionales de los fondos de la UE reciban los recursos suficientes para continuar su labor durante estos tiempos muy difíciles para todos”.
Compromisos alcanzados
Algunos de los principales elementos del compromiso alcanzado son:
. Más del 50% del importe apoyará la modernización mediante políticas que contemplen la investigación y la innovación, a través de Horizonte Europa; transiciones, climática y digital, justas, a través del Fondo de Transición Justa y el programa digital; preparación, recuperación y resiliencia, a través del Fondo de Recuperación y Resiliencia, rescEU y un nuevo programa de salud, EU4Health.
. Las políticas tradicionales, tales como la política de cohesión y la política agrícola común, también seguirán recibiendo un considerable apoyo financiero para garantizar la estabilidad en tiempos de crisis y su modernización, que debería contribuir a la recuperación y a las transiciones ecológica y digital.
. El 30% de los fondos de la UE se destinará a la lucha contra el cambio climático, el mayor porcentaje del mayor presupuesto europeo de la historia. El paquete también presta especial atención a la protección de la biodiversidad biológica y a la igualdad de género.
. Según lo propuesto en mayo de 2020 y acordado por los dirigentes de la UE el 21 de julio de 2020, la UE tomará préstamos en los mercados a un coste más favorable que muchos Estados miembros y redistribuirá los importes a fin de financiar la recuperación.
. Una hoja de ruta clara hacia nuevos recursos propios para ayudar a reembolsar los préstamos. La Comisión se ha comprometido a presentar propuestas sobre un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono y sobre una tasa digital para junio de 2021, con vistas a su introducción a más tardar el 1 de enero de 2023.
. En cuanto a la protección del presupuesto de la UE, la UE dispondrá ahora, por primera vez, de un mecanismo específico para proteger su presupuesto contra las violaciones del Estado de Derecho, tal como se acordó el 5 de noviembre. Al mismo tiempo, los beneficiarios finales de la financiación de la UE en el Estado miembro en cuestión no se verán afectados negativamente por este mecanismo.
Este acuerdo debe ahora ser adoptados formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo a sus cometidos y procedimientos respectivos.
Olimerca.

-El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere que los delegados del Gobierno se impliquen en difundir los beneficios de la PAC. Y en este sentido, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, no solo ha valorado este martes el acuerdo alcanzado por los estados miembros en torno a la futura Política Agraria Común, porque «recoge las demandas planteadas por España» y beneficiará a los agricultores de la región con la garantía de rentas, sino que ha avanzado que los planes son que para 2023 no se necesario hacer la declaración para recibir las ayudas.
En un comunicado, ha puesto en valor que la reducción de trámites burocráticos, «permitirá que, a partir de 2023, los agricultores y ganaderos puedan recibir las ayudas sin tener que presentar formalmente una solicitud», así como la decisión de que el pago redistributivo esté enfocado en las explotaciones medianas y pequeñas que más dependan de la agricultura son otros logros respecto a los planteamientos expresados por España.
En definitiva, ha expuesto el delegado, con este acuerdo, “la futura PAC será beneficiosa para los agricultores de España, en general, y de Castilla-La Mancha, en particular”, porque que la agricultura castellano-manchega quedará “muy bien reflejada en el documento final de reforma, y, de forma muy especial, el sector del vino, que cuenta con apoyos específicos”, ha añadido.
Asimismo, Tierraseca ha subrayado que ésta es una de las comunidades autónomas donde la incidencia de la PAC es mayor por el peso de su economía en las actividades agrícolas y ganaderas.
En este sentido, ha resaltado que uno de los aspectos de mayor calado para esta región es la garantía de rentas para los agricultores, «por lo que supone no sólo para el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera, sino también como factor positivo para fijar población en el territorio».
Así lo ha señalado durante la reunión por videoconferencia mantenida este martes con representantes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con motivo de la presentación a los delegados del Plan Estratégico para la futura PAC.
De igual forma, ha hecho hincapié en la pretensión de atender las demandas del sector y avanzar en el objetivo de reducción de emisiones para llegar al horizonte de una economía descarbonizada en la Unión Europea en el 2050.
También ha remarcado que el Gobierno central trabajará para facilitar la incorporación de los jóvenes agricultores, «con medidas como ayudas directas y ayudas a la primera instalación», y para que la mujer tenga «un mayor protagonismo» en empresas, organizaciones y cooperativas de ámbito agrario o ganadero.
Agroinformación.


-La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía denuncia que, en plena campaña de frutas y hortalizas, la entrada de productos provenientes de Marruecos está provocando una alarmante bajada de los precios que están sufriendo los agricultores andaluces.
En este sentido, Andrés Góngora, responsable de Frutas y Hortalizas de COAG Andalucía, afirma que la importación de los productos marroquíes ha desestabilizado el mercado de las frutas y hortalizas, desde que el pasado 15 de octubre entrara en vigor el acuerdo de asociación en materia agrícola entre la Unión Europea y Marruecos.
“El impacto de la entrada de los productos importados de Marruecos –comenta- ya se ha dejado notar desde los primeros días de noviembre, causando un grave perjuicio a los agricultores andaluces que tenían puestas todas sus esperanzas en esta campaña”.
“Una campaña –añade- que, por causas meteorológicas, se ha presentado con un alto rendimiento en la producción que, antes de que se quitaran los aranceles a los productos marroquíes, estaba siendo muy bien asimilado por el mercado, que se encontraba estable, como debe ser. Esto se ha ido inmediatamente al traste con la competencia desleal que supone la entrada de las frutas y hortalizas de Marruecos”.
Andrés Góngora se remite a la información del mercado de referencia en la importación de Marruecos, el mercado internacional de Perpignan: “Tan sólo hay que echarle un vistazo a los precios a los que se están vendiendo los productos de Marruecos en Perpignan para comprender por qué se han desplomado los precios que se están pagando a los agricultores andaluces”. La bajada de los productos hortícolas es generalizada, pero los productos más perjudicados están siendo el tomate, el calabacín y el pimiento, así como berenjena y pepino por la situación de la producción en la Unión Europea en este caso.

PRECIOS DE MARRUECOS MERCADO DE SANT CHARLES PERPIGNAN (11/11/20)

TOMATE ronde Maroc cat.I 57-67mm colis 6kg                              0,55 euros/kilo                                                
Tomate Cereza alargada TOMATE Marruecos cat.I                        1,85  euros/ kilo                  
TOMATE cereza redonda Marruecos cat I barq.250g                     1,75  euros/kilo                 
PIMIENTO verde largo Marruecos  I 40-60mm                                0,65 euros/kilo               
PIMIENTO verde largo Marruecos  I 50-70mm                                0,70 euros/kilo               
 Calabacín verde Marruecos  I 14-21cm                                          0,60 euros/kilo               
Calabacín verde Marruecos  I 21-30cm                                            0,50 euros/kilo               
Dadas las circunstancias, desde COAG Andalucía se exige al Ministerio de Agricultura que actúe urgentemente “ante este grave daño a nuestros agricultores” y solicite la puesta en marcha de los certificados previos de importación.
“Estos certificados previos deben ser presentados por los operadores que trabajan con productos de Marruecos –comenta Góngora-. Se trata de una medida contemplada en el acuerdo de asociación en materia agrícola entre la Unión Europea y Marruecos que debe activarse ante una alteración del mercado, como es el caso. Los envíos de los productos marroquíes se paralizarán si no se cuenta con un certificado emitido previamente por la UE”. Además de al Ministerio de Agricultura, el responsable de Frutas y Hortalizas de COAG hace un llamamiento a la Junta de Andalucía, a la que insta a cumplir su compromiso de vigilar el etiquetado fraudulento de los productos de Marruecos que se venden como de origen español. “Existen indicios de que esta práctica se sigue produciendo, por lo que pedimos a la Junta que esté vigilante, como prometió, ante este fraude”, concluye.
COAG. Andalucía.

-La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reprocha a la Comisión Europea que no incluya la almendra en la lista de productos agrícolas de Estados Unidos a los que ha decidido establecer aranceles, por valor de 3.360 millones de euros, a raíz de la nueva resolución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) relacionada con las ayudas concedidas por las dos potencias a sus respectivas industrias aeronáuticas.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, lamenta que “mientras la Administración Trump impuso en 2019 tasas a nuestros productos de mayor impacto –como cítricos, vinos, aceitunas o quesos– ahora Bruselas obvie la almendra en las contramedidas arancelarias, cuando las exportaciones de almendras californianas están teniendo un impacto demoledor, hasta el punto de hundir los precios por debajo del umbral de rentabilidad y amenazar la viabilidad de un cultivo en el que los agricultores valencianos y españoles habíamos puesto muchas expectativas”.
No en vano, según el Ministerio de Comercio, las exportaciones de almendras estadounidenses con destino a España alcanzaron en 2019 las 86.000 toneladas, frente a las 7.800 toneladas nacionales enviadas a EEUU. En lo que llevamos de 2020, las estadísticas oficiales ya reflejan más de 62.000 toneladas de almendras estadounidenses, por solo 1.946 toneladas españolas. Las consecuencias de este desequilibrado flujo comercial se traducen, solo en el último año, en un desplome de las cotizaciones en origen del 40% en la mayoría de las variedades, llegando al 50% en el caso de la almendra Comuna, al pasar de los 5,9 euros por kilo (€/kg) en 2019 a los 2,9 €/kg el pasado verano y los 3,1 €/kg actuales.
Aguado defiende que “el gobierno español y la Comisión Europea deben buscar en última instancia una solución diplomática para acabar con esta guerra arancelaria cuyos platos rotos los está pagando el sector agrario de manera totalmente injusta. Las contramedidas europeas responden a la voluntad de que Washington anule sus aranceles y eso nos parece bien. Pero si no hubiera finalmente consenso ni con el presidente saliente Donald Trump, ni con el electo Joe Biden, Bruselas debe incidir sobre las producciones agrarias más importantes y entre ellas no puede faltar la almendra. Lo contrario significaría una nueva discriminación a la agricultura mediterránea en favor de otros intereses”.
Los productos agrarios de EEUU que figuran en la lista de aranceles son: tabaco, cacahuetes, nueces, semillas, tomates dulces, savia y extractos vegetales, trigo, aceites vegetales, fruta, melaza de caña de azúcar, vainilla, zumos y quesos, espirituosos, salsas, sopas y siropes, chocolate y cacao, extracto de café y pulpa de remolacha. Otros artículos incluidos son: palas cargadoras autopropulsadas, peptonas y proteínas, tractores, equipos de gimnasio, equipos de casino, vídeo-juegos, billares, bolsas, maletas y carteras, plásticos, vieiras, vehículos de motor para fines especiales, salmón, aceites esenciales, algodón, piezas de bicicleta y peces ornamentales.
AVA-Asaja.

-En la nueva PAC (la Política Agrícola Común) volverán a tener hueco los pequeños agricultores y ganaderos, los que tendrían derecho a ayudas muy pequeñas. Puede que quienes vean un techo en las subvenciones sean los grandes, los que percibían cada año ayudas por encima de los 100.000 euros. Ahora que el presupuesto está garantizado hasta 2027 y que quedan dos años de transición con el modelo vigente, llega el momento de concretar cómo se van a aplicar esos fondos europeos agrarios en España. Hay hasta el verano para trazar esas nuevas líneas.
Para empezar con ese trabajo el ministro de Agricultura, Luis Planas, convocó en la jornada de hoy a todos los consejeros del ramo a una reunión telemática. El castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo, explicó antes de la reunión que él va a pedir que no se deje fuera ningún pequeño agricultor y ganadero. Señala que en el sistema actual se quedaron sin percibir ayuda aquellos que tenían derecho a una subvencion inferior a los 300 euros, una decisión de la que culpó al Gobierno anterior del PP.
No se resolvió el problema del 'agricultor de sofá', pero se perdieron muchos pequeños.
Arroyo cree que esta medida se tomó para «resolver el problema de los que hemos denominado agricultor de sofá, el que vive en la ciudad y no genera renta». Sin embargo, cree que no se ha conseguido acabar con esa situación y, sin embargo, lo que se ha provocado es «perder a los pequeños». Comenta que muchos han tenido que hacer un esfuerzo muy grande para seguir sin el apoyo de la política europea. El consejero apostilla que el acuerdo alcanzado en la Unión Europea permite recuperar a los pequeños, pues lo que hace Bruselas es poner una raya de hasta 2.000 euros para definir al pequeño agricultor. Para Arroyo puede servir porque «no tenemos que poner un límite por debajo».
Techo de 100.000. Modulación a partir de 60.000
También culpa al anterior ministro del PP Arias Cañete de no haber puesto en el sistema vigente un techo de ayudas. Ahora Martínez Arroyo lo va a pedir desde Castilla-La Mancha para la nueva PAC. Avanza que lo que quiere es que haya un límite de ayudas por explotación de 100.000 euros. Explica que la idea es que ya a partir de superar la barrera de los 60.000 euros en ayudas de la PAC, estas se empezaran a modular, «que empiece a descontarse en función del tamaño de la explotación». Aclaró, eso sí, que se restaría el peso del empleo, el coste de las contrataciones laborales.
Apuesta por la explotación familiar, "el modelo de Castilla-La Mancha"
El consejero cree que es fundamental cortar el grifo a una política de ayudas que pueda dar la impresión de que sean infinitas. «Queremos apostar por un tipo de explotación diferente, una explotación familiar porque es el modelo de Castilla-La Mancha», recalcó. Cree que es mejor que haya muchos emprendedores y empresarios agrarios a que «esté en manos de cuatro multinacionales». Defiende que esos agricultores pequeños y medianos, que esas explotaciones familiares son las que fijan población en los entornos rurales y crean empleo.
También en ese sentido Martínez Arroyo avanzó que reclamarán que se prime al agricultor profesional, considerando que es aquel cuya renta depende en más del 50% de la actividad agraria.
16,7 millones de fondos Vinati. En la reunión sectorial del ministro con los consejeros también se aprobó el reparto de las ayudas del fondo Vinati, para financiar inversiones en el sector vitinícola. Arroyo contó que Castilla-La Mancha recibirá 16,7 millones de euros para movilizar un montante inversor de más de cincuenta millones y de 51 proyectos distintos de las bodegas de la región.
«Somos una región muy beneficiada de estos fondos, que permite seguir avanzando en la mejora del sector vitivinícola en la región», concluyó.
Y así se reparte la nueva PAC:
60% apoyo a renta básica: Es la partida más importante, parecida a lo que ahora se denomina pago básico.
20% eco esquemas: No es exactamente como el pago verde que hay ahora, pero va en la misma dirección de ayudas por medidas medioambientales.
13% ayudas acopladas: A diferencia de las desacopladas, que son las mayoritarias y dependen de la superficie, estas irían vinculadas a producción. La Junta las quiere para ganadería extensiva.
3% programas sectoriales: Aquí entra, por ejemplo, el del vino o frutas y hortalizas. El consejero de Agricultura adelanta que quiere uno específico también para el aceite de oliva.
2% cultivos proteicos: Aquí entran las leguminosas y las oleaginosas (girasol, maíz).
2% jóvenes agricultores: Incluidas también en el primer pilar.
La Tribuna de Albacete.

- Los planes de recuperación de Covid amenazan las esperanzas climáticas globales. Muchos países invierten dinero en combustibles fósiles para combatir la recesión
Con el mundo al borde de un desastre climático, la pandemia de coronavirus ofrece una oportunidad para que los gobiernos inviertan su camino hacia una recuperación ecológica. 
La perspectiva de una recuperación ecológica mundial de la pandemia del coronavirus está en juego, a medida que los países invierten dinero en la economía de los combustibles fósiles para evitar una recesión devastadora , revela un análisis de The Guardian.
Mientras tanto, las promesas de un impulso bajo en carbono no se están materializando. Solo un puñado de los principales países están inyectando fondos de rescate en esfuerzos con bajas emisiones de carbono, como energía renovable, vehículos eléctricos y eficiencia energética.
Un nuevo ranking de Guardian encuentra que la UE es pionera, dedicando el 30% de su Fondo de Recuperación de Próxima Generación de € 750 mil millones (£ 677 mil millones) a fines ecológicos. Francia y Alemania han destinado alrededor de 30.000 millones de euros y 50.000 millones de euros, respectivamente, de su propio estímulo adicional para el gasto medioambiental.
En el otro extremo de la escala, China está pasando por la peor parte de las principales economías, con solo el 0,3% de su paquete, alrededor de £ 1.100 millones, destinado a proyectos ecológicos . En los EE. UU., Antes de las elecciones, solo alrededor de $ 26 mil millones (£ 19,8 mil millones), o poco más del 1%, del gasto anunciado era verde.
En al menos 18 de las economías más grandes del mundo, más de seis meses después de la primera ola de bloqueos a principios de la primavera, los paquetes de rescate pandémico están dominados por gastos que tienen un impacto ambiental dañino, como rescates para petróleo o nuevos recursos con alto contenido de carbono infraestructura, superando los beneficios climáticos positivos de cualquier gasto verde, según el análisis.
Solo cuatro países (Francia, España, Reino Unido y Alemania) y la UE tienen paquetes que producirán un beneficio ambiental neto.
Incluso los países que se han jactado de tener planes de recuperación ecológica suelen gastar mucho más en actividades que mantendrán o aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero. Corea del Sur estableció planes para un nuevo acuerdo ecológico en julio, valorado en unos 135.000 millones de dólares. Pero su gasto continuo en combustibles fósiles e industrias intensivas en carbono significa que ocupa el octavo lugar en el mundo por el verde de su estímulo.
De manera similar, Canadá está gastando C $ 6 mil millones (£ 3.5 mil millones) de su financiamiento de infraestructura en aislamiento de viviendas, transporte ecológico y energía limpia, pero su paquete de rescate total vale más de $ 300 mil millones y contiene medidas como una expansión masiva de carreteras y desgravaciones fiscales para empresas de combustibles fósiles. India está gastando alrededor de $ 830 millones en su economía verde, pero los planes para apuntalar el carbón han reducido su desempeño.
Si bien los países no logran lograr una recuperación ecológica, también se están quedando atrás en sus obligaciones en virtud del acuerdo climático de París. La Agencia Internacional de Energía ha calculado, en exclusiva para The Guardian, que los países están planificando recortes de emisiones que ascienden a solo el 15% de las reducciones necesarias para cumplir con el acuerdo de París. La AIE también descubrió que las emisiones de China, que se redujeron drásticamente en las fases iniciales de la pandemia, ya se han recuperado a los niveles de 2019 y es probable que los superen.
Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, dijo: “China aún no ha iniciado una recuperación ecológica. Pero aún no han perdido la oportunidad de un reinicio chino, si China cambia su próximo plan quinquenal [que se resolverá el próximo marzo]. Todo lo que China construya ahora debería ser ecológico ".
Sin China, una recuperación verde global parece imposible. "Si China no presenta paquetes de recuperación ecológica, poniendo un nuevo plan de cinco años en línea con el objetivo de cero neto, entonces las posibilidades del mundo de alcanzar sus objetivos climáticos serán cercanas a cero", advirtió Birol.
Climate Action Tracker, un análisis científico independiente, descubrió que los gobiernos de muchos países, lejos de priorizar el crecimiento con bajas emisiones de carbono, estaban reforzando las industrias intensivas en carbono y flexibilizando las regulaciones ambientales. Niklas Höhne, del NewClimate Institute, una de las organizaciones asociadas detrás de CAT, advirtió: “Lo que estamos viendo más es que los gobiernos utilizan la recuperación pandémica para revertir la legislación climática y rescatar a la industria de los combustibles fósiles, especialmente en los EE. UU. pero también en Brasil, México, Australia, Sudáfrica, Indonesia, Rusia, Arabia Saudita y otros países ".
Sin embargo, Lord Nicholas Stern, el economista climático, dijo que los países aún tenían tiempo para pasar a una nueva fase de recuperación, donde se podría priorizar el gasto verde. La mayor parte de los $ 12 billones iniciales en paquetes de rescate en todo el mundo se han destinado a aumentar la liquidez, apuntalar los salarios y evitar que las empresas quiebren, lo que ofrece pocas oportunidades de ecologización.
Cuando se trata de la siguiente etapa, dentro de unos meses, los países deben tener planes verdes listos, dijo Stern. “La recuperación verde se ha retrasado porque todavía estamos lidiando con el virus, excepto en países como China”, dijo. “Si lo hubiéramos hecho mejor en la gestión del virus en Europa, habría dicho que deberíamos estar mejor ahora [en una recuperación ecológica]. Pero todavía estamos en la fase de bloqueo y rescate. La recuperación no puede comenzar hasta que estemos mejorando en el manejo del virus "… …
Fiona Harvey Environment.´
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