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Sobre la anunciada reforma de la Ley de la Cadena.

El pasado 30 de junio y en Nota Oficial, el MAPA nos comunicó, "que comienza la tramitación del anteproyecto de ley de la cadena alimentaria para fortalecer la posición negociadora de agricultores y ganaderos.

Actualizado 16 julio 2020  
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Redacción Agrolibre
  
En su presentación se nos afirma que con esta nueva Ley:
. se incorporará al derecho español la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario para reequilibrar la cadena y promover la transparencia en la formación de precios
. en esta segunda fase y con medidas más ambiciosas, se completará la reforma iniciada en febrero con el Real Decreto-ley 5/2020 que prohíbe la venta por debajo de coste de producción y la destrucción del valor de los productos a lo largo de la cadena
. el Gobierno mantiene su firme compromiso de modificar la ley de 2013 para lograr un impacto positivo en la dinamización del mercado, fomentar el reparto equitativo del valor añadido y mejorar la capacidad de negociación de los eslabones más débiles de la cadena y que
. tras la primera lectura en Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley, previa consulta pública iniciada el 1 de abril, comienza ahora los restantes trámites y consultas preceptivas
En resumen y para que todos nos entendamos, que Planas, en su intento de frenar las exigencias del sector agrario, que de nuevo y tras las fases más críticas de la pandemia sufrida, empieza a reclamar la asistencia que se merece, ha vuelto a las andadas y añagazas administrativas, tan propias de este gobierno social comunista que padecemos.
Ha vuelto a la eterna estupidez de considerar que la mejor solución a la caída de los precios, a nivel productor, es el establecimiento de un precio mínimo a los productos agrarios en origen. Este sistema, absolutamente abominable en un mercado abierto es, sin embargo, muy querido y deseable por las organizaciones profesionales “progresistas”, (¡menudo aval!).
Al parecer, todos quieren obviar que el sistema que se propone es el responsable y ya ha conseguido, según los últimos datos que hemos conocido, de que en Venezuela más del 80% de la población esté, en menos de dos años, en una situación de extrema pobreza.

 
¿Y de verdad a eso es a lo que aspiramos?, ¿eso es lo que queremos, para nuestro país?
Con el nuevo Proyecto se pretende:
. reforzar la posición negociadora de todos los eslabones de la cadena, de modo que se asegure la efectiva competencia de todos ellos y se dote de herramientas eficaces para que se pueda negociar en igualdad de condiciones.
. conformar la cadena de valor agroalimentaria de abajo hacia arriba.
. evitar prácticas desleales en la contratación agroalimentaria.
. aumentar los supuestos en que es obligatorio consignar por escrito las relaciones contractuales del sector, para ganar seguridad jurídica y
. ampliar el catálogo de prácticas desleales a evitar en la contratación agroalimentaria.

 
¿Y para eso es necesario reformar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento   de   la   cadena   alimentaria?
 Recordemos que la Ley 12/2013, era incluso más ambiciosa que la modificación que ahora se pretende, pues quería:
. aumentar, en beneficio de la sociedad y de los consumidores, la eficacia y la competitividad del sector alimentario globalmente considerado, así como fomentar la creación o la mejora del empleo, dada su importancia para el conjunto de la sociedad, el medio rural y la economía nacional.
. mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, en beneficio tanto de los consumidores como de los operadores que intervienen en la misma, garantizando a la vez una distribución sostenible del valor añadido, a lo largo de los sectores que la integran.
. favorecer la introducción de la innovación y las tecnologías de la información y comunicación en la cadena y el desarrollo de nuevos canales de distribución de los productos alimentarios.
. conseguir un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores, mejorando el acceso a la información y trazabilidad de la cadena alimentaria, regulando las prácticas comerciales y promoviendo códigos de buenas prácticas comerciales entre los operadores.
. fortalecer el sector productor y potenciar las actividades de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
. mejorar la competitividad, eficiencia y capacidad de innovación de la producción agraria, la industria y la transformación alimentaria.
. favorecer el desarrollo de las tareas que corresponden a las empresas de la distribución, en un marco de competitividad y de respeto a las normas de competencia.
. contribuir a garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a la mejora de una información completa y eficaz sobre los alimentos y su calidad, a la transparencia en el funcionamiento de la cadena de suministro, así como a la disponibilidad de alimentos suficientes y de calidad.
. garantizar la unidad de mercado para la mejora de la competitividad de la cadena alimentaria y
. favorecer la generalización de la cultura de la sostenibilidad en la cadena alimentaria como factor de compromiso social empresarial, de incremento de la competitividad y de contribución a la mejora de la calidad de la producción agroalimentaria.

 
La verdad del cuento, todo lo demás es pura farfolla, es que, el MAPA estaba y está obligado a resolver los problemas de inconstitucionalidad contenidos en la Ley 12/2013, a incorporar la Directiva Europea sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario y de paso hacer creer a los ingenuos, o a los desaguados que de todo hay, que les da la razón configurando a su favor, la cadena alimentaria, con la posibilidad de incorporar el sistema de precios mínimos al productor. 
Nosotros siempre hemos tenido muy presente y así lo seguimos creyendo, que "las actuales leyes de defensa de la competencia utilizan el concepto matemático (erróneo) de competencia, entienden el monopolio como la presencia de un único vendedor y persiguen a las empresas que mejor sirven a la sociedad; si los mejores empresarios cobran más que sus competidores se les acusa de “ abuso de posición dominante”, si cobran menos también les está prohibido en la Ley porque para esta es un síntoma claro de “competencia desleal”, el empresario está haciendo “dumping”. La Ley impide vender por debajo de un hipotético precio de coste que nadie tiene establecido y que su solo enunciado ofende a la racionalidad del sistema de mercado establecido; también conviene señalar que está prohibido vender al mismo precio que los competidores, porque entonces se presumen acuerdos, en el supuesto que  este precio sea bajo y no compense a las Organizaciones Profesionales o estas decidan políticamente mover el sistema, la venta al mismo precio es motivo de ser acusado de “confabulación”. La Ley criminaliza a las empresas hagan lo que hagan.
 
Ya en febrero del año 2013, " Una nueva Equivocación",  decíamos, sobre el tema que hoy nos ocupa, que:
 "…por fin ,el pasado viernes 8 de febrero, el Consejo de Ministros, de acuerdo con su propuesta y sin, según nos dicen, oposición del Ministerio de Economía,- una vez más  se confirma que, en el actual Consejo de Ministros, nadie piensa en nada-, en medio de una euforia absolutamente generalizada en el Sector, Organizaciones Profesionales y Cooperativas,  aprobó dos Proyectos de Ley, uno sobre “ medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria” y el otro “de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades de carácter agroalimentario”.
Su aparente obsesión para  reequilibrar las relaciones entre los distintos elementos de la cadena alimentaria y su  convencimiento de que, el productor agrario, primer elemento de la cadena se encuentra siempre en posiciones de inferioridad en relación con el resto de los eslabones, le ha llevado al convencimiento de que,  el productor agrario está siempre a merced de los demás, depende de todos y sufre en su totalidad todas las volatilidades de los precios alimentarios, sin posibilidad alguna de evitar sus consecuencia. Por ello, desde el inicio de su mandato, una de sus principales obsesiones se ha centrado, tremendo y disparatado error, en resolver los problemas de la Agricultura y ganaderías españolas, por la  vía de la garantía de los  precios en origen, determinando como punto de partida, lo que él y sus ideólogos califican de precios “justos para el productor”.

El  25 de Octubre de 2012, en  Agrolibre, en el artículo semanal titulado ¿SOMOS INTRANSIGENTES?, analizando la futura Ley  5/2013 “Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”, una de las leyes estrella del gobierno de entonces, afirmábamos que:
…si lo que se pretende, es “implantar”, decretar, un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria, la fórmula nos parece una auténtica marcha atrás. ¿Cómo puede pensarse, desde la libertad, en organizar un mercado desde el Estado? Lo anunciamos desde ya, un sistema así establecido, durará mientras la subvención disfrazada de “colaboración”, o ¡vaya usted a saber de qué!,  no se agote, cuando el grifo estatal se cierre ¡adiós Madrid que te quedas sin gente!”
 .…”establecer la obligación de formalizar por escrito los contratos... ..., prohibir prácticas comerciales... ...implantar nuevos controles administrativos... ...ampliar las facultades sancionadoras de las administraciones... ...impulsar prácticas comerciales desde la Administración , es decir obligar, prohibir, sancionar, decidir formas de actuar, hacer omnipresente a la Administración en todas las relaciones contractuales es la forma más directa de fracasar en el empeño que parece perseguirse. El deseo de “aumentar la  eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y la reducción del desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor,  en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio del sector y los consumidores”, es  una pura entelequia, una cantinela periódicamente reiterada”.
…. “¿cómo puede ningún Acuerdo que haga subir los precios en origen, que es de lo que se trata desde el Ministerio de Agricultura, beneficiar al consumidor?, ¿estamos todos idiotizados?  El sector, ¡vamos! todo productor agrario, con una subida de precios artificialmente sostenida por el Estado, perderá siempre competitividad a plazo medio, se encarecerá el producto en el mercado y con la falsa señal del precio fijado al margen de las fuerzas del mercado, entrarán más productores en el sistema, se producirá más producto provocándose excedentes con lo que, seguidamente, se generará una nueva bajada de precios y vuelta a empezar. Volverán a quedar fuera del sistema los menos eficientes que plantearán, una vez más, la “injusticia” de su situación y... ...como siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá, con estos modos, “vuelta el burro a la noria”.

 
Y concluíamos que “no hace falta ser ningún adivino para saber hacia dónde nos va a conducir de nuevo este disparate conceptual desarrollado por un gobierno que decía creer en las libertades. Si todos los eslabones de la cadena se ponen de acuerdo...el ciudadano, una vez más, se tendrá que rascar el bolsillo, pagará además, a corto plazo,  ayudas al almacenamiento si los precios que se establecen en origen son superiores al que pagaría el mercado, se impedirá la libre competencia porque en un mercado en que todo está asumido nadie compite,...., vamos nos adentramos, de nuevo, por un camino absolutamente equivocado emprendido por un gobierno que debería haber cambiado ya, de forma radical, el rumbo de nuestra política agraria”.
Resulta decíamos que la Ley 12 /2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria contiene inconstitucionalidades que es necesario solventar de forma urgente. Resulta que venimos actuando ilegalmente desde la Agencia de Información y Control de Precios porque, al parecer, no están clara sus competencias. Para el TC muchas de sus actuaciones corresponderían competencialmente a las Comunidades Autónomas.
 
El Tribunal Constitucional Español, dándonos la razón, ha decidido:
1.º Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las letras b), c) y e) del apartado sexto de la disposición adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.
2.º Declarar que la letra g) del apartado sexto de la disposición adicional primera de la misma Ley 12/2013, no es contraria a la Constitución, siempre que se interprete en los términos establecidos, en el fundamento jurídico 6 de esta Sentencia.
Así serían inconstitucional y nulo:
 letra b)
.Establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores de los sectores o mercados a que se refiere la letra precedente, para asegurar la veracidad e integridad de los datos que se incorporan a los sistemas de información de mercados y para determinar el origen, destino y características de las materias primas y los productos, incluso mediante la correspondiente toma de muestras y determinaciones analíticas, en cualquier fase de la cadena; así como el seguimiento y control de la aplicación o destrucción final de los subproductos que no tengan uso alimentario.
letra c).
Trasladar a las autoridades competentes los hechos sobre presuntos incumplimientos detectados en las actuaciones de control recogidas en la letra anterior, acompañando la documentación necesaria sobre los hechos constatados y su valoración técnica y jurídica.
letra e)
. Establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley para mejorar el funcionamiento de la cadena.
No sería contrario a la Constitución la letra g)
. Iniciar de oficio el procedimiento sancionador que corresponda por las irregularidades que constate en el ejercicio de sus funciones que supongan incumplimientos de lo dispuesto en esta ley y, tras la correspondiente instrucción, proponer a la autoridad competente la resolución que proceda o, en su caso, formular denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia debidamente documentada siempre que se interprete en los términos del  Fundamento jurídico 6 de la Sentencia.
 
Y por otro lado está la gravísima decisión del Abogado General de la UE  considerando, contraria al Derecho de la UE, la legislación española que prohíbe las “ventas a pérdidas".
Para el Abogado General  de la UE la directiva de la UE, Directiva "Sobre prácticas comerciales desleales", “se opone a una legislación nacional que prohíbe con carácter general proponer o realizar ventas a pérdida y que establece excepciones a tal principio basadas en criterios que no figuran en dicha directiva”. “
¿Por qué los cementerios tienen los muros tan altos, si los que están dentro no pueden salir y los que están afuera no quieren entrar?, ¿seguiremos negando lo innegables, seguiremos en esta misma línea tapiando la libertad, cuando muchos aspiramos a que nos presida…”
Pues al parecer sí, porque salvando la necesidad de corregir la Ley 5/2013 según las exigencias constitucionales y europeas, incorporando al mismo tiempo, las Directivas europeas que sean necesarias y estén, aún hoy, ausentes en nuestra legislación, todo lo demás son fuegos de artificio que se volverán a corto plazo contra sus propios artificieros.
La pena, como siempre ha ocurrido y ocurrirá,  es que cuando esto ocurra los responsables del desaguisado, ya no podrán responder de nada, porque habrán emigrado a otros destinos, en este caso seguramente hacia Europa.
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