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Sobre la Representatividad Agraria

Tras medio año de espera, el borrador estaba concluido desde comienzos de año, el pasado 27 de julio el Gobierno aprobó por fin, con cierta nocturnidad pero sin alevosía alguna, en Consejo de Ministros, a propuesta a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente , el anteproyecto de "Ley de representatividad de las organizaciones agrarias".

Actualizado 8 agosto 2013  
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Redacción Agrolibre
  
Algunos empiezan a afilar sus uñas

En el citado anteproyecto se recoge también la creación del Consejo Agrario con el objetivo de potenciar la interlocución  con el sector y garantizar la participación de los agricultores en los asuntos públicos y en las políticas agroalimentarias. Asimismo está previsto que, la primera consulta directa y simultánea tenga lugar a lo largo del próximo año 2014.
Una vez más, al margen de la nefasta opinión que nos merece la permanente e indestructible obsesión estatal de controlar y regular todo y a todos,  nuestro actual Ministro vuelve a jugar fuerte pues, la medida adoptada ha movido instantáneamente de su placentero sillón a todos los "establecidos", organizaciones, sindicatos y demás canónigos de la actual maraña de representaciones  y amenaza, esta vez sí, con demostrar la representatividad real de todos y cada uno de los actuales voceros agrarios.

La situación actual ¿regida? por la ley 10/2009 de 20 de octubre y su Reglamento de aplicación del 2010,  era un cúmulo de despropósitos útil solo para que, ya entonces hace más de cuatro años, los establecidos desde hacía muchos lustros, los  herederos de Hermandades y Cámaras agrarias siguiesen en sus poltronas, a la manera de los sindicatos de clase actuales de los que nadie conoce nada, ni incluso el número real de sus afiliados.
La Ley 10/2009 nos indicaba en su preámbulo que nacía de" la Disposición transitoria única, apartado 2, de la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias" y que venía a cumplimentar el mandato legal que desde 1986 tenía el gobierno para" remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley en el que se establezca un nuevo sistema para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal.......¡Quince años para intentar poner orden en la representación agraria! ¿Y? sigamos con el relato

Se abordaba también el establecimiento de un conjunto de criterios objetivos y comúnmente aceptados para medir la representatividad en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general, entendiendo como tales aquellas que abarcan la defensa de todos los intereses agrarios sin limitación alguna por sectores productivos o características personales de los correspondientes profesionales.......y se establecían los principios básicos o criterios generales de medición de la representatividad. Se valoraba  como primer criterio para el reconocimiento por la Administración General del Estado, de la condición de más representativas, a las organizaciones profesionales agrarias que en los procesos electorales regulados por las Comunidades Autónomas para su participación en órganos consultivos cumplan con el porcentaje mínimo de voto electoral que se establece en la propia ley. Por otra parte, teniendo en cuenta que las asociaciones más representativas del cooperativismo agrario de ámbito estatal van a participar en el Consejo Agroalimentario del Estado, se incorporaba una disposición final para eliminar la restricción existente de que los Consejos Rectores no pudieran tener más de 15 consejeros...

Nacían entonces el  Consejo Agroalimentario del Estado  integrado, de forma paritaria, por la Administración General del Estado y por representantes de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general más representativas a nivel estatal, de las asociaciones más representativas del cooperativismo agrario y de la industria agroalimentaria con mayor implantación en el ámbito del Estado, así como de las organizaciones sindicales más representativas y de las organizaciones empresariales más representativas y el Comité Asesor Agrario del que formaban parte mismas  organizaciones profesionales agrarias de carácter general más representativas a nivel estatal, con la finalidad de asesorar a la Administración General del Estado respecto de cuestiones relacionadas con el interés general agrario y rural.
Todo regido por los criterios de representatividad fijados en la Ley y que se resumían en :.
 

1. Las organizaciones profesionales agrarias que alcancen la consideración de más representativas de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley tendrán reconocida la representación institucional ante la Administración General del Estado y otras entidades y organismos de carácter público dependientes de la misma.
2. Se considerará a tales efectos como más representativa a la organización profesional agraria de carácter general que acredite en el momento de presentar su solicitud para dicho reconocimiento, al menos un 15 por 100 de los votos electorales en el conjunto de los procesos electorales realizados por las Comunidades Autónomas para su participación en órganos y entidades consultivos autonómicos, habiendo concurrido, como mínimo, a procesos electorales de nueve Comunidades Autónomas. A los efectos de esta Ley se entenderá por elector a las personas físicas que están afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia como consecuencia de sus actividades agrarias y a las personas jurídicas que tengan por objeto exclusivo conforme a sus estatutos, y que efectivamente ejerzan la actividad agraria.
3. Las organizaciones profesionales agrarias que no alcancen la consideración de más representativas por la modalidad establecida en el apartado 2 de este artículo obtendrán dicha consideración cuando se hallen reconocidas como tales en, al menos, diez Comunidades Autónomas.

Aunque ciertamente prolija y profundamente confusa, la Ley y su desarrollo reglamentario, ponían cierto orden en la representatividad agraria o mejor dicho, intentaba poner orden en la representatividad de los auto nominados voceros agrarios pero, como siempre ocurre en nuestro país, hecha la Ley hecha la trampa y con independencia de su bondad, que insistimos no la tenía, todo quedó en papel mojado y los entonces dirigentes, siguieron siéndolo sin pudor alguno. Desde entonces, hace ya más de un quinquenio, por "fás o por nefás", solamente se han celebrado elecciones, de las, por aquel entonces, inmediatas y legalmente previstas, en tres autonomías, Madrid (¡gran feudo agrario!), Cataluña y Castilla León. ¡Qué les parece!
Ahora el Gobierno, con cierto retraso,  se ha visto en la obligación de " derogar la ley de 2009 sobre órganos consultivos en el ámbito agroalimentario, hacer una nueva Ley para  realizar, con toda la urgencia posible, una consulta de ámbito estatal y simultánea para que  todos los profesionales del sector puedan elegir libremente a sus representantes en el nuevo Órgano de Representación, el Consejo Agrario, que se diseña a nivel nacional".

Los representantes agrarios actuales, como era absolutamente previsible, ante la aprobación del anteproyecto, han empezado a afilar sus uñas y ya han comenzado a mostrar sus dientes. Hablamos fundamentalmente de los representantes de las organizaciones llamadas de izquierdas, singularmente la UPA que sin creer en eternidad alguna, siguen entendiendo su presencia de forma perpetua,  no quieren que nadie ni nada vengan a comprobar su actual trinchera.
Tiempo tendremos para comentar los contenidos de la nueva Ley que, en una primera lectura, parecen los adecuados, hoy simplemente señalamos la inmediata reacción que la propuesta ha tenido entre nuestros representantes agrarios. Todas las OPA´s han coincidido en la necesidad de disponer, previo a la consulta, de un Censo de votantes basado en agricultores dados de alta en el régimen especial agrario, lamentando la  "indefinición" y el desconocimiento actual de las intenciones ministeriales. Para este tema, que se nos antoja ciertamente fundamental, el anteproyecto prevé que, "para acceder a ese censo se contemplan tres vías: por afiliación a la Seguridad Social por actividades empresariales agrarias, por la obtención de ayudas agrícolas de la Unión Europa superiores a una determinada cantidad, y por la declaración de rentas agrarias iguales o superiores al 25 por ciento de la renta total. En el caso de las personas jurídicas, deberán reunir determinados requisitos como ser sociedades mercantiles cuyo objeto social único y exclusivo sea la actividad agraria, no estar acogidas al régimen fiscal de atribución de rentas, y acreditar una facturación mínima de 10.000 euros en, al menos, uno de los ejercicios previos al de la convocatoria para la celebración de la consulta".

Desde la UPA se  mantiene que tiene que haber garantías de quién va a participar en este censo exigiendo que, "tendremos que ser los agricultores y ganaderos que estamos dados de alta en la Seguridad Social", señalando que la Ley sea como la " que tenemos en Castilla y León, cambiando simplemente Cámaras por  Consejo".  UCCL reconoce " la valentía del ministro para poner en marcha esta iniciativa a pesar de la oposición de las tres organizaciones agrarias ,que dicen ahora ser las más representativas" y señala que, la democracia en el campo es un derecho, no un capricho". Por su parte, el presidente de ASAJA en Castilla y León,  que no quiere nuevas aventuras,  mantiene ya que, en Castilla y León ya se han celebrado unas elecciones el pasado mes de diciembre por lo que considera necesario que se convaliden los resultados obtenidos. Al tiempo, ha insistido en que, el censo tiene que estar integrado por los agricultores y ganaderos activos, que coticen a la Seguridad Social y  paguen sus impuestos "no entenderíamos que en la representatividad se aplicaran otros criterios".

Señalemos finalmente que la batalla iniciada, sobre la representatividad agraria, no va a ser fácil pero que, una vez emprendida, hay que llevarla hasta su final. Por muchas reglamentaciones que se promulguen y de hecho se promulgan constantemente, los objetivos se consiguen  ejecutando lo acordado y no, como demasiadas veces ocurre, pensando exclusivamente en el mantenimiento de los privilegios obtenidos, viviendo en el pensamiento único del "vayan días y vengan ollas".
 

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