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Semana del 22 al 29 de julio de 2018

Trump ganó la partida, claramente

La entrevista nos ha cotado unos cuantos millones, sobre todo a los aceituneros

Esta semana ha sido una semana más en la que hemos vuelto a comprobar la inanidad de la política agraria comunitaria. La PAC actual es una mera distribuidora de ayudas sin más que durará hasta que los propios ciudadanos comunitarios se den cuenta de que sus dineros deberían tener una mayor y mejor incidencia en la vida de los agricultores europeos.

Actualizado 2 agosto 2018  
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Redacción Agrolibre
  
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Hace meses que se produjo la amenaza USA con la subida de los aranceles de aplicación, a la importación de aceituna negra UE y es ahora, tras comprobar la certeza de las amenazas no solo contra la importación de aceituna negra sino también con la subida de los aranceles al aluminio y aceros comunitarios, es cuando nuestro “tancredo” particular, nuestro Presidente europeo, es cuando ha hecho sus maletas y ha volado raudo a ponerse a los pies del Presidente Trump firmando un acuerdo de colaboración.
“El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este miércoles 25 haber logrado un acuerdo con la Unión Europea (UE) para avanzar juntos hacia una situación de “cero aranceles”, evitando así la guerra comercial, tras su reunión en Washington con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
Pese al consenso, la aceituna negra española queda fuera del acuerdo, aunque sí se refleja la llegada masiva de soja estadounidense.
Trump aseguró que se ha alcanzado un compromiso con la UE para trabajar juntos hacia una política de “cero aranceles, cero barreras no arancelarias y cero subsidios a los bienes industriales no automotrices”, lo que cerraría la amenaza de una guerra comercial. Sin embargo, este acuerdo se olvida de la aceituna negra española, que acaba de ver cómo se le incrementan los aranceles hasta un 34,75%.
En una comparecencia de prensa conjunta con Juncker, no prevista en la agenda de ambos, el mandatario reveló que la UE comenzará a importar soja “especialmente del medio oeste” de EE.UU., así como gas natural líquido para “diversificar” sus fuentes energéticas, además de reducir algunos de los aranceles industriales.
¿Qué les parece?
De nuevo insistimos en que se trafica con la agricultura europea y en este caso concreto, con los intereses españoles en el tema de la aceituna negra absolutamente olvidada en los acuerdos citados. Vamos a salvar el acero y aluminio comunitarios tragándonos la soja americana, retenida por el conflicto chino-americano, y a las aceitunas negras españolas que le den.
Porque a sensu contrario, mientras el sector de la aceituna negra sigue a la espera oficial de saber cuándo y cómo le afectarán los nuevos aranceles de EEUU, su presidente, Donald Trump, ha acusado este miércoles 25 a China de atacar de manera “despiadada” a los agricultores estadounidenses dentro de las tensiones comerciales entre ambos países y advirtió de las consecuencias a Pekín.
“China está atacando a nuestros agricultores, a los que saben que amo y respeto, como un modo de obligarme a continuar permitiendo que se aprovechen de EEUU”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.
De forma inmediata el Departamento de Agricultura de EEUU lanzó el martes un plan valorado en 12.000 millones de dólares para compensar a los agricultores estadounidenses perjudicados por los aranceles de otros países, entre ellos China, aplicados en represalia a los impulsados por Trump.
El cuantioso paquete de ayuda se destinará principalmente a los productores de soja, a los de leche y a los de carne de cerdo, algunos de los sectores más castigados por los gravámenes impuestos por China y otros países.
Los USA reaccionan ante sus problemas agrarios de forma directa, mientras los europeos seguimos creando comisiones y practicando “el diálogo” y la espera como armas arrojadizas ante nuestros competidores. ¡Qué pena.
Por lo demás y como era previsible de nuevo estamos ante la prolongación de la guerra del agua para el riego entre las comunidades españolas, entre Castilla la Mancha y el Levante español.
La UNIÓ de Llauradors desea trasladar a la opinión pública su profundo malestar y hartazgo de la guerra política que llevan a cabo partidos y territorios durante los últimos años y reclama que sean los técnicos o expertos en la materia los que resuelvan de una vez por todas la falta de agua para la agricultura de nuestro territorio. El Gobierno del Estado debe ser intermediador de las políticas del regadío y del agua entre las distintas comunidades autónomas y no hacer dejadez de sus funciones ni trasladar enfrentamientos políticos a los regantes. Precisamente ahora que tanto en la Moncloa como en la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha gobierna el mismo partido, debería ser más fácil entenderse y establecer un posicionamiento común que beneficie a todos y, sobretodo, llamar al orden a aquellos dirigentes de comunidades autónomas que cuestionan la legalidad por motivos partidistas, como es el caso.
Los agricultores lo único que desean es el agua necesaria para regar sus campos y evitar que se mueran los cultivos y para ello “se deben proporcionar los recursos hídricos suficientes para poder regar a un precio razonable y a una calidad aceptable”.
Esta Organización Profesional Agraria demanda soluciones urgentes, viables y sostenibles para que todos los regantes, con independencia del territorio de dónde son, tengan el mismo acceso al agua. No debemos olvidar que sin agua no hay agricultura y sin agua no hay trabajo en buena parte de las poblaciones alicantinas.
En relación al trasvase Tajo-Segura, LA UNIÓ indica que se trata de una norma aprobada y muy clara sobre la que no se admite discusión. Mientras se den las condiciones estipuladas sobre la situación de los embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras, “no hay nada más que hablar, sino cumplir con la ley, y dejar de enfrentar territorios por un puñado de votos”. 
Planas hay que ponerse las pilas con urgencia en el tema del agua y dejarse de una vez de reuniones y planes más o menos estériles.

Noticias.
- La Comisión de Comercio Internacional (ITC) de Estados Unidos ha emitido esta madrugada del jueves 26 su resolución para la subida de los aranceles a las importaciones de la aceituna negra de mesa española, según ha informado  la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa).
A través de un comunicado, Asemesa ha señalado que, como ya sucediera en la resolución preliminar de principios del mes de agosto del año pasado, la ITC ha resuelto afirmativamente la subida de los aranceles y concluye que las importaciones de aceitunas negras españolas causan un daño a este sector en Estados Unidos.
A partir de esta resolución, se abre un periodo de un mes para que el sector pueda interponer recursos judiciales.
RECUERDAN QUE LA UE “HA SOSTENIDO QUE NO ACTUARÍA HASTA QUE FUESE DEFINITIVA, PERO YA LO ES, Y AHORA DEBE PRESENTARSE EL RECURSO A LA OMC”
Con esta resolución, que llega un poco más tarde de lo esperado,  finalizan las tres investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Comercio americano y por la ITC, y, en la práctica, supone que desde que se publique oficialmente en unos días en el Boletín Oficial de EEUU al arancel antidumping del 20% (ya vigente desde el 18 de junio) se añadirá el arancel compensatorio de las subvenciones del 14,75%, lo que sumará un 34,75%.
Según Asemesa, esta resolución confirma “la amenaza a la Política Agraria Comunitaria (PAC) ya que la administración de los EEUU cuestiona la legalidad de las ayudas que reciben los olivareros de aceituna de mesa considerando que distorsionan el mercado e incumplen las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.
Asemesa ha recordado que en el periodo enero-mayo de este año las exportaciones de aceitunas negras españolas al mercado americano han descendido casi un 41% respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 12,1 millones de kilos a 7,2.
El secretario general de Asemesa, Antonio de Mora, ha apelado, en declaraciones a Efe, a la Comisión Europea para que lleve el caso a la Organización Mundial del Comercio, ya que “si no lo hace, la Comisión estará aceptando las conclusiones del Departamento de Comercio de los EEUU y permitiendo que se cree un peligrosísimo precedente con esta subida de los aranceles”.
De Mora ha recordado que la UE “ha sostenido todo este tiempo que no actuaría hasta que fuese definitiva, pero ya lo es, y ahora lo que corresponde es que presente inmediatamente a la OMC el recurso”.
Ha recordado que el acuerdo de ayer entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no afecta a los aranceles de la aceituna de mesa.
Además, ha pedido al Gobierno de España “el máximo apoyo ante esta situación de indefensión por la guerra comercial desatada por Estados Unidos”. Agroinformación.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este miércoles 25 haber logrado un acuerdo con la Unión Europea (UE) para avanzar juntos hacia una situación de “cero aranceles”, evitando así la guerra comercial, tras su reunión en Washington con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Pese al consenso, la aceituna negra española queda fuera del acuerdo, aunque sí se refleja la llegada masiva de soja estadounidense.
Trump aseguró que se ha alcanzado un compromiso con la UE para trabajar juntos hacia una política de “cero aranceles, cero barreras no arancelarias y cero subsidios a los bienes industriales no automotrices”, lo que cerraría la amenaza de una guerra comercial. Sin embargo, este acuerdo se olvida de la aceituna negra española, que acaba de ver cómo se le incrementan los aranceles hasta un 34,75%.
En una comparecencia de prensa conjunta con Juncker, no prevista en la agenda de ambos, el mandatario reveló que la UE comenzará a importar soja “especialmente del medio oeste” de EE.UU., así como gas natural líquido para “diversificar” sus fuentes energéticas, además de reducir algunos de los aranceles industriales.
Por su parte, el presidente de la CE celebró el acuerdo que acaba con la guerra comercial, que contempla la reducción de los aranceles por ambas partes y relaja las fricciones bilaterales de los últimos meses.
“Teníamos la intención de lograr un acuerdo, y logramos un acuerdo hoy”, afirmó Juncker tras su encuentro con Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Asimismo, indicó que el pacto establece la “resolución” de los impuestos por parte de EE.UU. al acero y aluminio europeos, que desataron la escalada comercial entre Bruselas y Washington, aunque no precisaron si quedan anulados de manera inmediata.
Minutos después, en una conferencia en el centro de estudios CSIS, Juncker remarcó que se trata de un buen acuerdo que remarca lo “especial” de la alianza entre EE.UU. y la UE, a la vez que subrayó que sus intercambios suponen la mitad del comercio global. Agroinformación.
 

- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido que el acuerdo entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, "no puede dejar fuera a la aceituna negra ni a la Sierra Sur sevillana", en alusión a la que es la principal zona productora en Andalucía. Así se ha pronunciado Díaz en su perfil de Twitter, después de que ambos mandatarios alcanzaran un acuerdo para eliminar aranceles a determinados bienes y productos, excluyendo a la aceituna negra española, y de que la Comisión Internacional de Comercio estadounidense confirmara definitivamente los aranceles del 35% a este alimento.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  ha mostrado su "más enérgica repulsa" y su "indignación" ante el acuerdo que, "de manera incomprensible", olvida y "ningunea" a la aceituna negra, en su mayoría andaluza. Ese pacto que sirve de tregua a la guerra comercial abierta entre Washington y Bruselas, a juicio del responsable autonómico, no puede dejar fuera a un sector que, "literalmente", ha visto comprometido su futuro por la "voracidad proteccionista" de la Administración de Donald Trump. "No es de recibo que ni siquiera se haya hablado de ello ni de agricultura en ese encuentro bilateral", ha apostillado.
Frente a esa actitud "más que censurable" y ante la resolución ya definitiva con la que la Comisión de Comercio Internacional norteamericana confirma esos gravámenes del 34,75% (20% antidumping y 14,75 antisubvención) a la aceituna negra española, ha exigido a Bruselas que actúe con contundencia. "Ha de elevar el caso, con la máxima celeridad, a la Organización Mundial del Comercio (OMC), porque la medida es una verdadera aberración", puesto que las ayudas concedidas "son y siempre han sido legales", como lo certifica su establecimiento "bajo el paraguas de la Comisión Europea (CE) y su aceptación por la propia OMC como no distorsionadoras del mercado".
El consejero ha aseverado, en este sentido, que Europa "no puede permanecer impasible" ante un "ataque frontal" que provocará pérdidas de 350 millones de euros durante cinco años (700 millones de euros si la medida se prorroga por un lustro más) a un sector que genera 8.000 empleos y dos millones de jornales al año en Andalucía y que, a su vez, ha insistido, pone en cuestión todo el sistema público de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC). "Ningún producto agroalimentario que se beneficie del mismo está ahora mismo exento de esta amenaza", ha subrayado.
Las conclusiones de la Comisión de Comercio Internacional norteamericana, que se publicarán de manera oficial en los próximos días bajo el argumento de que el sector de la aceituna negra andaluza exporta su producción a Estados Unidos por debajo de un valor justo por estar "subsidiado", evidencian, desde la óptica de Rodrigo Sánchez, la "hipocresía" y la "desfachatez" de la Administración de Trump. Como muestra, ha dicho, "un botón": el presidente de EEUU, "paradójicamente, ha anunciado un plan de 12.000 millones de dólares en ayudas a sus agricultores para paliar los efectos de su guerra comercial".
Queda "más claro aún", en palabras del titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el "juego sucio" de unos aranceles que, "como sabíamos no buscaban más que dar a las empresas californianas que iniciaron el proceso con sus denuncias una injusta ventaja competitiva para acceder a ese 30% del mercado norteamericano que ocupa el sector andaluz". Una posición, según ha continuado, "ganada a pulso gracias a su experiencia, modernización y conocimiento de los gustos del consumidor". El daño, ha finalizado, puede ser "irreversible", porque "ha cerrado las puertas del principal destino de nuestra producción y el hueco que dejan nuestras exportaciones ya empiezan a aprovecharlo otros países competidores".
Junta de Andalucía.
 

 - El Gobierno seguirá la estela de Cataluña y también regulará la venta directa de leche recién ordeñada. La comercialización a pequeña escala de este producto, leche cruda sin esterilizar ni pasteurizar, acaba de ser autorizado en Cataluña con un reglamento que incluye fuertes controles sanitarios y, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad a EL PAÍS, el Gobierno también está elaborando una normativa “para regular los requisitos para comercializar la leche cruda teniendo en cuenta los últimos dictámenes científicos”.
Un informe de 2015 del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) advertía, no obstante, de que "la leche cruda puede vehicular microorganismos patógenos y que el riesgo puede ser reducido, pero no eliminado por el uso extremado de prácticas higiénicas". El País.

-Entre los beneficios al ganadero, la venta directa de leche cruda aliviaría las ventas a ventas a pérdidas e impulsaría el acercamiento del consumidor al productor, según José Alberto Martín González, presidente de la Organización de Productores de Leche (OPL).
González ha asegurado que la venta de leche cruda está generando una polémica y una alarma social “innecesarias” que perjudica a “todos, en especial a los ganaderos” e insiste en que nunca hubo tanto control de las granjas como en la actualidad.
EN TORNO A ESTE TEMA “SE ESTÁ CREANDO MUCHA DESINFORMACIÓN”
En un comunicado, González ha indicado que en esta polémica sobre la conveniencia o no de vender este tipo de leche “se está obviando” que actualmente existen “numerosos” controles en las granjas, tanto de calidad como de sanidad animal, y “muchas mejoras tecnológicas” que “dan mayor garantía a la hora de producir un alimento sano, sin apenas riesgos de contaminación”.
“Nunca se tuvo más control higiénico sanitario de la leche y de los animales, que hoy”, ha añadido. En torno a este tema “se está creando mucha desinformación”, en opinión de González, para “beneficiar a los que principalmente no quieren los modelos de venta directa del productor”, en referencia a la rama transformadora.
A su juicio, vender leche cruda “no es, en ningún caso, volver hacia atrás para empeorar el riesgo de salud al consumidor, más bien es devolver un producto a su estado natural y dar al consumidor la opción de comprar calidad”.” No obstante, ha insistido en la necesidad de hervir esta leche y mantenerla fría “para evitar riesgos, como sucede con cualquier otro alimento”. Agroinformación.

-Castilla-La Mancha será la primera Comunidad Autónoma en ampliar hasta los dos kilómetros la distancia para la instalación de las granjas de producción de los núcleos urbanos a través de un decreto que verá la luz en septiembre de este año.
Así lo ha anunciado esta semana el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha explicado que desde el Gobierno regional se está cambiando la normativa existente duplicando así la distancia que hasta el momento regula el Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo, que marca en un kilómetro la separación de estas explotaciones respecto a la población. 
 En el decreto, que se publicará en septiembre de este año, se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha y, entre sus novedades, se encuentra que las explotaciones de porcino de más de 33 UGM de nueva instalación o ampliaciones de las ya existentes, además de lo requerido en la normativa básica estatal, no podrán situarse a una distancia inferior a 2.000 metros de suelo urbano residencial.
“Es un decreto importante, porque es el único elaborado en España sobre la materia”, ha asegurado Martínez Arroyo, quien ha recordado que “en todas las otras comunidades autónomas, en todo el territorio, está en vigor un Real Decreto que establece que la distancia mínima es un kilómetro” y, ha continuado, “solo en Castilla-La Mancha la distancia mínima va a ser el doble”.
Así, ha expresado, que esta nueva normativa regional es “una declaración de intenciones, un compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con los intereses que manifiestan los ciudadanos y con el medio ambiente, porque aquí también hablamos de medio ambiente”.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha recalcado que en la región se apuesta por un modelo de ganadería extensiva y ejemplo de ello es que en Castilla-La Mancha se ha puesto en marcha un plan estratégico de ganadería extensiva a través del cual las ayudas públicas van destinadas al modelo extensivo de producción ganadera.
El número de granjas evaluadas en la región es 10 veces menor que en otras comunidades
“No quiero que parezca que nos oponemos a la ganadería intensiva, que también es necesaria”, ha dicho, explicando que en la región “somos conscientes de que hay una parte de la ganadería que es intensiva”. “Castilla-La Mancha es probablemente la Comunidad Autónoma española donde menos ganadería de intensivo de porcino hay”, ha remarcado.
El compromiso regional es anteponer la ganadería extensiva y, frente a otras comunidades en las que el número de solicitantes de granjas porcinas supera los 400, en Castilla-La Mancha apenas existen 50 solicitudes. También, es comparable el número inferior de explotaciones de porcino existentes en la provincia de Cuenca, con 140, la mayoría de ellas familiares, ante las más de 1.500 en la Región de Murcia, territorios con extensiones similares.
Es por ello, que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha explicado que en la región es donde “menos” hay y donde “menos nuevas granjas va a haber también”.
A los dos kilómetros de distancia, se le unen otro tipo de actuaciones
El nuevo decreto que se publicará en septiembre “amplía la distancia y resuelve en la práctica la preocupación de la mayor parte de los ciudadanos y de la mayor parte de los municipios al respecto”, ha dicho.
A esta medida, se le une, además, la existente en política ambiental, que es “muy estricta”. Todos los expedientes de instalaciones porcinas que se analizan y que llegan avalados por los Ayuntamiento hasta la Viceconsejería de Medio Ambiente, “como cualquier otro proyecto empresarial que se quiera poner en marcha en la región”, ha explicado, “tienen condicionantes ambientales muy exigentes y lo saben perfectamente las empresas”.
Asimismo, ha declarado que “donde no se quiera una granja de porcino, al igual que cualquier otro proyecto empresarial, los ayuntamientos tienen la potestad de retirar el proyecto como órgano sustantivo y no habría ni que analizarlo desde el punto de vista ambiental”.
Así, ha dicho, “los alcaldes, concejales, las corporaciones municipales, los ayuntamientos donde se quieren instalar estas empresas deben ser conscientes de la importancia de la decisión que toman y deben tener en cuenta la opinión de los ciudadanos del municipio”. Martínez Arroyo ha destacado en este punto, “que sean los ciudadanos de los municipios” y no “como parece”, que “gente ajena a los municipios de Castilla-La Mancha quiere tomar decisiones por los habitantes de los municipios de Castilla-La Mancha”.
De esta manera, ha mencionado que “las corporaciones municipales son las que deben saberlo y está en su mano permitir o no una granja en su municipio”, y en caso de permitirlo, contará con “un informe ambiental muy estricto por parte de la Consejería que va a condicionar el proyecto empresarial como está sucediendo en los que se han aprobado”.
Ayudas para las explotaciones de porcino de menos de 1.000 cabezas
De otro lado, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha publicado esta semana la segunda convocatoria de ayudas para la mejora de explotaciones por importe de 40 millones de euros. En el caso concreto del porcino, las granjas de tamaño pequeño y mediano, de menos de 1.000 cerdos de cebo o de 200 madres en ciclo cerrado, todas ellas de tipo familiar, se podrán beneficiar de las mismas.
Nota Oficial de CLM.
 
-Tras la elaboración de un análisis técnico y valorando las consecuencias que a futuro va a tener la Orden de Incendios en los asociados, Asaja-Cádiz-Cádiz se plantea la revocación completa de la Orden. Tras un estudio pormenorizado de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la prevención de los incendios forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la asociación ha detectado varios puntos que atentan contra los intereses de los gestores de monte y que los desincentivan para su solicitud.
En un momento del año especialmente complicado como es el verano para la aparición de incendios forestales, Asaja-Cádiz no entiende como la Consejería de Medio Ambiente saca una Orden de Incendios que perjudica a los propietarios que son al fin y al cabo los que se están encargando con su esfuerzo de mantener el monte limpio a pesar de no contar desde 2012 con las Ayudas Forestales, repetidamente anunciadas pero no publicadas.
Los puntos más lesivos de la Orden detectados por los técnicos aunque existen más, son los que a continuación expone la asociación:
1. Se ha eliminado la posibilidad, que existía anteriormente, de utilizar medios propios para hacer las labores de prevención. En convocatorias anteriores se daban dos opciones, contratar a empresas externas o hacerlo con medios propios. Dentro de la segunda opción había dos variables; que el mismo propietario las ejecute (computando las horas de trabajo) y, otra variable, que es desarrollar el trabajo a través de la empresa de la propia explotación, punto que servía para emplear a los trabajadores de la finca en estas cuestiones. La segunda opción, la concerniente a los medios propios con sus dos variables, se ha eliminado de la Orden por completo.Asaja-Cádiz denuncia que la eliminación de este punto se ha hecho de repente y sin posibilidad de consulta o alegación, porque aparecía específicamente en el borrador y a la hora de sacar la Orden se ha eliminado por completo. El texto eliminado y que aparecía en el borrador es el siguiente:“Se consideran gastos subvencionables los costes directamente imputables a los conceptos subvencionables recogidos en el apartado 2 de este Cuadro Resumen, abarcando los costes derivados de la contratación de empresas y de la contratación de personal, todos ellos en los términos previstos en el apartado 26f)1º del Cuadro Resumen”.
La eliminación de este punto obliga al propietario a externalizar sí o sí las labores, lo que supone un incremento de coste y redundará en la pérdida de empleo en las explotaciones y una merma en la generación de empleo nuevo. Asimismo, Asaja-Cádiz siempre ha defendido que los años avalan la buena gestión de los propietarios y que ellos son profesionales y los que mejor conocen sus fincas y, por tanto, los que han de ejecutar las labores.
2. Los topes máximos subvencionables no se ajustan a la realidad del campo ni se basan en tarifas estándar o usuales, como las de Tragsa o Tarifas de la propia Agencia de Medio Ambiente y Aguas.
Asaja-Cádiz desconoce el baremo o tablas que se han utilizado en esta Orden para valorar los trabajos y considera que están muy por debajo del coste habitual. A la asociación le parece llamativo que en la ocasiones en las que es la Administración la que licita utilice las tarifas altas, y en esta ocasión que es la que paga, las tarifas sean bajas y fuera de mercado.
3. Tras seis años esperando la publicación de las ayudas, sólo hay dos meses para la solicitud de las mismas y, uno es agosto. No hay mucho que aclarar en este punto porque es evidente.
4. En la Orden se produce un solapamiento con la PAC, es decir, se descuenta de la superficie declarable para las ayudas de la Política Agraria Común toda la superficie que se dedique a cortafuegos. Este punto ha sido alegado por Asaja-Cádiz pero la Consejería arguye que Bruselas exigiría esta condición, cuestión que para la asociación carece de base legal.
5. La Orden exige la elaboración de una memoria técnica suscrita por técnico competente, sin tener en cuenta la dimensión de las explotaciones y, por tanto, añade un coste innecesario a las más pequeñas, cuando, por poner un ejemplo, el Plan de Incendios, carece de este requisito para explotaciones de menos de 400 hectáreas, es decir, no tiene que estar suscrito por técnico competente (el mismo propietario puede tramitar el Plan). Asimismo, la elaboración de una memoria técnica no se reflejaba en ninguno de los borradores presentados por la Junta y no ha podido ser objeto de alegaciones. Esta memoria técnica, que supone un coste más que añadir a la inversión a realizar para optar a las ayudas, no tiene razón de ser, ya que los solicitantes ya contarían con un proyecto debidamente aprobado por la administración como son los Planes de Prevención de Incendios Forestales (PPIF) o Plan Técnico de Ordenación, en los que se recogen las medidas preventivas, la vegetación y la infraestructura con la que cuenta cada finca.
6. La Orden contempla actuaciones para ejecutarlas en 2019-2020. Después de seis años esperando, sólo podrán solicitar la ayuda aquellos propietarios cuyo año de ejecución del Plan de Incendios coincida con el 2019. Antiguamente se podían adelantar los trabajos para poder ir llevándolos a cabo.
7. En general, la impresión es que está orientada a favorecer al monte público en detrimento del privado en detalles como:
-El tope máximo de 60.000 €, para una finca privada es complicado llegar, en cambio en el monte público sí.
-El aumento del coste burocrático y los tiempos de espera, por tanto de financiación, es fácil de asumir por una entidad pública y complicado para un particular.
ASAJA Cadiz.

- LA UNIÓ de Llauradors desea trasladar a la opinión pública su profundo malestar y hartazgo de la guerra política que llevan a cabo partidos y territorios durante los últimos años y reclama que sean los técnicos o expertos en la materia los que resuelvan de una vez por todas la falta de agua para la agricultura de nuestro territorio, sobre todo en las comarcas de Alicante.
El Gobierno del Estado debe ser intermediador de las políticas del regadío y del agua entre las distintas comunidades autónomas y no hacer dejadez de sus funciones ni trasladar enfrentamientos políticos a los regantes. Precisamente ahora que tanto en la Moncloa como en la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha gobierna el mismo partido, debería ser más fácil entenderse y establecer un posicionamiento común que beneficie a todos y, sobretodo, llamar al orden a aquellos dirigentes de comunidades autónomas que cuestionan la legalidad por motivos partidistas, como es el caso.
LA UNIÓ indica que los agricultores alicantinos lo único que desean es el agua necesaria para regar sus campos y evitar que se mueran los cultivos y para ello “se deben proporcionar los recursos hídricos suficientes para poder regar a un precio razonable y a una calidad aceptable”.
Esta Organización Profesional Agraria demanda soluciones urgentes, viables y sostenibles para que todos los regantes, con independencia del territorio de dónde son, tengan el mismo acceso al agua. No debemos olvidar que sin agua no hay agricultura y sin agua no hay trabajo en buena parte de las poblaciones alicantinas.
En relación al trasvase Tajo-Segura, LA UNIÓ indica que se trata de una norma aprobada y muy clara sobre la que no se admite discusión. Mientras se den las condiciones estipuladas sobre la situación de los embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras, “no hay nada más que hablar, sino cumplir con la ley, y dejar de enfrentar territorios por un puñado de votos”. 
Paralelamente a estas aportaciones de agua y al funcionamiento del Júcar-Vinalopó, LA UNIÓ sí que apunta a la urgencia de poder contar también con nuestros propios recursos hidrológicos lo más pronto posible porque depender de condicionantes ajenos resulta bastante peligroso y a los cultivos “no se les puede pedir que esperen”.
En este sentido insisten, en la reutilización integral de las aguas depuradas pues únicamente se aprovecha en la actualidad un 10%, en unos precios adecuados del agua desalada para el sector agrario, en el aprovechamiento de las aguas de acuíferos confinados profundos, en que las Confederaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar faciliten los datos y en la aplicación de la desalación de todas las aguas que así lo requieran.
La Unió.
-Cooperativas Agro-alimentarias de España estima que la producción de vino podría situarse entre los 42 y 43 millones de hectólitros, una cifra todavía provisional, tal y como ha destacado el presidente del sector Ángel Villafranca, debido a que la cosecha no está tan adelantada como el año pasado y a que la meteorología, siempre incierta, podría incidir en el desarrollo del viñedo en las próximas semanas.
Villafranca ha destacado que tanto en España como en la Unión Europea la producción será normal, la cosecha 2018 será muy similar a la de 2014, 2015 y 2016, y en el hemisferio sur, la vendimia ha sido ligeramente superior a la del pasado año.
El sector espera con optimismo la cosecha 2018, tras un otoño muy seco, las lluvias abundantes en primavera ayudaron a recuperar el viñedo, especialmente el de secano, muy castigado por la sequía del pasado año y alguna helada importante.
Respecto a la sanidad del viñedo es en general muy buena debido a la climatología y hay buena muestra de fruto, según los técnicos de Cooperativas, aunque hay zonas muy concretas que se han visto afectadas por heladas o granizo.
En cuanto a la comercialización, Villafranca ha señalado que las existencias son menores que en la pasada campaña, lo que hace prever una campaña tranquila.
Respecto a las exportaciones se mantienen a pesar de la menor cosecha actual, gracias a la calidad incuestionable de los vinos españoles, una calidad por la que hay que continuar apostando, según Villafranca, para conseguir incrementar el valor en todos los eslabones de la cadena vitivinícola.
Cooperativas.
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