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Semana del 9 al 16 de febrero de 2020

Un Gobierno superado por los tractores

Semana de movilizaciones, paros, tractoradas, cortes de carreteras… …en nuestro mundo agrario protestando contra la falta de rentabilidad del campo y sobre todo por la inacción del actual gobierno que "no está ni se le espera".

Actualizado 20 febrero 2020  
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Redacción y Agencias
  
Gobierno que no quiere enfrentarse con el problema agrario que es puramente estructural, falta de dimensión de los ofertantes y sigue jugando al verdeo de la PAC, al encarecimiento de insumos como los energéticos a través de una fiscalidad inasumible, a la subida generalizada del SMI, al ataque sistemático a los EE.UU sin entender, con ello,  el porqué  del mantenimiento de los aranceles, al vaciamiento del mundo rural, a la estúpida e ineficaz lucha contra el cambio climático, a todo tipo de sostenibilidades y demás garambainas, al fomento de tipos de agricultura ya pasados, en suma al seguimiento “perruno” de franceses y alemanes y con ello a no entender nada de nada de lo que hoy se demanda empresarialmente en toda actividad económica.
Comentarios.
Muchas de las reivindicaciones que se exigen desde el sector son perfectamente asumibles por el gobierno, sobre todo las referenciadas a la fiscalidad y la imposición actual absolutamente inasumibles por el empresariado agrario que ve como sus competidores UE y de fuera de la UE, gozan de una minoración de los costes de los insumos próxima al 50% con la misma productividad, lo que les deja fuera de los mercados y a merced de los compradores que pueden ofertar al consumo, comprando fuera,  a precios inferiores a los de nuestros agricultores.

 
A veces nuestro Ministro, cuando se le olvida que está secuestrado, que no pinta nada en el gobierno actual dice cosas serias y absolutamente congruentes. Así hablando con el sector de las frutas y hortalizas les ha trasladado que: “Sus organizaciones cuentan con herramientas para planificar la producción y su ajuste a la demanda, la optimización de los costes, la concentración de la oferta y la comercialización conjunta de la producción de sus asociados, disponiendo para ello de fondos que la UE pone a su disposición y que, por lo tanto, resulta fundamental tener un sector bien vertebrado para conseguir una mejor planificación de las producciones.
Planas les ha recalcado que la internacionalización y búsqueda de mercados es necesaria para continuar siendo líderes. A este respecto, el Gobierno defenderá que los productos importados de países terceros cumplan los mismos estándares de calidad y sanidad que se exigen en la Unión Europea. El ministro ha apuntado la necesidad de que se aplique estrictamente la normativa comunitaria en materia seguridad alimentaria, productos fitosanitarios, residuos y de control de plagas, “una preocupación que el Ministerio comparte enteramente. El Gobierno velará por el cumplimiento de los acuerdos con terceros países y pedirá a la Comisión garantías en relación con los contingentes de importación”. Y, decimos nosotros, ¿por qué no actúa en las líneas que ha apuntado?
Como era absolutamente esperable en los presupuestos para la próxima PAC “pintan bastos”. 
Según nos dicen:
 “El próximo marco presupuestario de la Unión Europea (que deberá estar vigente entre 2021 y 2027 y que será el primero sin el Reino Unido), según fuentes diplomáticas, rondará los 1,04 billones de euros, lejos de las cifras propuestas por la Comisión Europea (1,13 billones) y el Parlamento (1,32 billones). El regateo arrancará en la cumbre europea extraordinaria del próximo día 20. El acuerdo final, que se espera alcanzar durante este semestre, pasa por recortes de más del 10% en fondos estructurales y agrícolas, las dos partidas defendidas por países como España. La negociación ha entrado este mes en una larga recta final. Y pase lo que pase en las próximas semanas, la única certeza en Bruselas es que el regateo desembocará en un considerable recorte en relación con el periodo anterior, con los fondos estructurales y agrícolas como grandes sacrificados. El tijeretazo lo llevará a cabo el Consejo Europeo, donde se sientan los líderes de los 27 Gobiernos. Ellos tienen la última palabra, aunque también deben calcular que necesitan el visto bueno del Parlamento Europeo para que el nuevo marco entre en vigor.
El resultado final apunta ya al presupuesto más reducido desde 1988, cuando la UE adoptó el modelo presupuestario plurianual. La caída ha sido constante desde el periodo 1993-1999 (cuando se alcanzó el 1,28% de la renta nacional bruta de la UE). En el periodo actual, de 2014 a 2020, el porcentaje había llegado al 1%, pero sin tener en cuenta la participación del Reino Unido en realidad estaba en un 1,16%. Así, el marco en ciernes supondrá un nuevo descenso. Fuentes diplomáticas sitúan el acuerdo en torno al 1,03% de la renta nacional bruta. Se trata de una cifra muy alejada de la propuesta inicial de la Comisión para el periodo que comienza en 2021 (un 1,11%)”.
“Ya está listo el borrador del presupuesto de la UE sobre el que partirá la discusión de los líderes la próxima semana. Como se esperaba, los fondos para el campo y la política de Cohesión se llevan la peor parte, sentando las bases para una batalla campal entre los Estados miembros para las cuentas de 2021-2027. Se aleja así aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo en la cumbre que arrancará el jueves. Aunque, como dijo ayer un alto cargo europeo, "los líderes han limpiado su agenda para quedarse en Bruselas".
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, puso sobre la mesa un volumen de gasto inferior al de la Comisión Europea en casi 40.000 millones de euros. El timonel de las cumbres propone dedicar 1.094 mil millones (en precios de 2018) para los próximos siete años, un 1,074% del PIB comunitario. De esta manera se vuelve prácticamente a la propuesta realizada por Finlandia el pasado diciembre, durante su presidencia rotatoria, y que provocó sonoras protestas tanto entre la mayoría que defienden un presupuesto ambicioso, entre ellos España, y los contribuyentes netos, que quieren limitar el gasto al 1% del PIB comunitario. Solo se sabrá al final de la negociación si nuestro país se convierte por primera vez en contribuyente neto al presupuesto comunitario, como es probable en una mayoría de escenarios, o si su saldo continuará siendo positivo”.
Y…, a que espera Planas para denunciar la que nos espera…Como siempre nos pondremos a las órdenes de Francia, en este caso, para ver que nos dan.
Según Energías Renovables:
“Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han entregado a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, un documento en el que plantean 30 propuestas a ejecutar durante los primeros cien días de Gobierno. Una ley de fiscalidad ambiental, un real decreto de acceso y conexión a la red eléctrica y una ley de movilidad sostenible son algunas de las medidas que los ecologistas solicitan sean aprobadas en los cien primeros días de gobierno.
Para resolver el actual problema del sector agrario nos proponen en el punto 4 de su Documento:
 … …4. Sentar las bases de una política agraria, alimentaria y rural sostenible:
Incluir en el Plan Estratégico de la PAC eco esquemas para al menos:
a) fomentar el barbecho en un 10% de la superficie de cultivos herbáceos,
b) cubiertas vegetales en leñosos y
c) apoyar la ganadería extensiva; y llevar dicho plan al Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Establecer una moratoria para grandes explotaciones ganaderas industriales. Convocar la Mesa de Asociaciones del Medio Rural y aprobar un conjunto de medidas en zonas rurales incluidas en la Red Natura 2000 y los sistemas de alto valor natural, que garantice el fomento y la diferenciación de los productos agroalimentarios de estas zonas y contribuya así a los objetivos de la Ley 42/2007 y de la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Agarrémonos a lo que podamos porque vienen “verdes” y todo ello con menos presupuestos. ¡Qué les parece! Y Planas no tiene nada que decir.
Y el gobierno a lo suyo, al populismo más rastrero.
El Gobierno se ha comprometido, con la "máxima brevedad" y con carácter "coyuntural", a rebajar el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario de 35 a 20. Así se lo han asegurado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los representantes del campo extremeño y andaluz de los sindicatos UGT y CC OO, con quienes han celebrado este viernes una reunión en el Ministerio de Trabajo y de la que han sido desconvocadas a última hora las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA). Según fuentes del Gobierno, con esta medida se cumple "una reivindicación histórica del colectivo de jornaleros".
Y ante este gravísimo desprecio, las Organizaciones Agrarias despreciadas, vilipendiadas y humilladas, no tienen nada que decir… …
Y como era absolutamente esperable tras los desprecios a los EE.UU, por parte del gobierno que nos malpreside, “las autoridades americanas acaban de anunciar que mantienen en vigor los aranceles del 25% a los aceites de oliva español envasados. La “Office of the United States Trade Representative” ha adoptado una postura de continuidad de las tasas ya impuestas el pasado mes de octubre; con la salvedad del zumo de ciruelas pasas que ha sido eliminado de la primera lista inicial. ¿Es que nunca aprenderemos nada?

 
Actualidad.
-Siguen las movilizaciones del sector agrícola y ganadero español, quizás las más importantes en todos los años de la democracia actual, para protestar por la crisis de rentabilidad que padecen las explotaciones de nuestro país.
Este viernes -14 de febrero-, han salido a la calle los agricultores y ganaderos de Córdoba, Valencia, Lérida y Asturias.
En Córdoba, el sector productor ha convocado una tractorada masiva, y varios miles de vehículos han provocado el corte de la A-45 a la altura de Lucena. Según fuentes de la Guardia Civil, el volumen de tráfico está provocando retenciones en las vías alternativas, aunque todavía no se ha valorado la longitud de las mismas.
En Valencia, varios miles de agricultores y cientos de tractores han colapsado el tráfico del centro de la ciudad bajo el lema “Basta de engañar a los agricultores”. El sector valenciano ha pedido al Gobierno central que persiga la venta pérdidas, que amplíe los fondos para los seguros, que se habiliten depósitos para crisis y que se exijan controles fitosanitarios y laborales a los países exportadores.
En Asturias, varios cientos de ganaderos y agricultores se han concentrado en Oviedo para pedir unos precios que garanticen la supervivencia del mundo rural y han denunciado que las cotizaciones estén en los mismos niveles que hace 20 o 30 años.
Más de 1.500 agricultores se han manifestado en Lérida, muchos de ellos con sus tractores, para exigir precios justos en el campo. Organizados en cinco columnas han salido desde diferentes puntos de las provincias de Lérida y Huesca hasta llegar al centro de la ciudad, donde han recorrido las calles hasta llegar a la plaza de Sant Joan, donde han leído un manifiesto.
Próximas Manifestaciones
14 de febrero
ANDALUCÍA. Sierra de Cádiz y Sevilla. Tractorada de olivareros desde Alcalá del Valle hasta Olvera.
18 de febrero
ANDALUCÍA. Cádiz. Paro agrario, tractorada y cortes de carretera convocados por las organizaciones agrarias junto a las cooperativas agroalimentarias en Villamartín.
Cortes de carretera. Interrupción del tráfico en vías de la provincia de Badajoz y en la de Cáceres, singularmente en dos tramos de la A-5 y la A-66
19 de febrero
ANDALUCÍA. Granada. Tractorada y manifestación por las calles de la capital granadina.
21 de febrero
MURCIA. Gran manifestación por las calles de la capital.
24 de febrero
ANDALUCÍA. Jaén. Concentraciones masivas en las plazas de los 97 municipios jiennenses, entre las 10,00 y las 12,00 horas.
25 de febrero.
SEVILLA. Paro agrario y cortes de carretera con tractores de las autovías AP4. A4, A49 y A42.
 
Varias Fuentes.
 

-La Ley de la Cadena Alimentaria será modificada para lograr un reparto más justo dentro de la cadena de valor
El ministro Planas ha recalcado que la internacionalización y búsqueda de mercados es necesaria para continuar siendo líderes
El Gobierno velará por el cumplimiento de los acuerdos comerciales con terceros países y demandará a la Comisión garantías en relación con el funcionamiento de los contingentes de importación
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido con representantes del sector productor de frutas y hortalizas, en el marco de encuentros que mantiene con los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria para estudiar posibles soluciones a los problemas que padece el sector agrario.
Este sector aporta casi la mitad de la producción vegetal en España y casi un tercio de todo el valor de la producción agraria (incluyendo la ganadería), con un valor en origen de 15.700 millones de euros. Más de 50% de la producción se destina a la exportación y éstas constituyen el 30% de las exportaciones agroalimentarias españolas. Además, España es el principal productor de la Unión Europea y el quinto a nivel mundial.
Según ha recalcado el ministro, “detrás de estas cifras hay muchas mujeres y hombres que se ganan dignamente la vida y que hacen un trabajo que debe ser subrayado y defendido”.
En el transcurso de la reunión el Ministro ha trasladado la inmediata modificación de la ley de la cadena de 2013 con el propósito de lograr un reparto más justo del valor de los productos agrarios a lo largo de los eslabones que la integran. En este ámbito, la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales va a permitir a los productores españoles ampararse en la normativa europea en sus transacciones comerciales comunitarias, lo que supondrá una ventaja desde el punto de vista del trabajo profesional del sector.
En relación al sector de las hortalizas de invernadero el ministro se ha comprometido a estudiar con las autonomías posibles actuaciones conjuntas para mejorar su competitividad.
Asimismo, son numerosos los trabajos que este Ministerio está desarrollando para conocer de forma detallada el funcionamiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones, ya que tienen un gran potencial para el desarrollo del sector.
En concreto, estas organizaciones cuentan con herramientas para planificar la producción y su ajuste a la demanda, la optimización de los costes, la concentración de la oferta y la comercialización conjunta de la producción de sus asociados, disponiendo para ello de fondos que la UE pone a su disposición. Resulta, por tanto, fundamental tener un sector bien vertebrado para conseguir una mejor planificación de las producciones, según el ministro.
Asimismo, el ministro Planas ha recalcado que la internacionalización y búsqueda de mercados es necesaria para continuar siendo líderes. A este respecto, el Gobierno defenderá que los productos importados de países terceros cumplan los mismos estándares de calidad y sanidad que se exigen en la Unión Europea.
El ministro ha apuntado la necesidad de que se aplique estrictamente la normativa comunitaria en materia seguridad alimentaria, productos fitosanitarios, residuos y de control de plagas, “una preocupación que el Ministerio comparte enteramente”.
El Gobierno velará por el cumplimiento de los acuerdos con terceros países y pedirá a la Comisión garantías en relación con los contingentes de importación.
MAPAMA.
 
 
-Menos dinero para más competencias.
El próximo marco presupuestario de la Unión Europea (que deberá estar vigente entre 2021 y 2027 y que será el primero sin el Reino Unido), según fuentes diplomáticas, rondará los 1,04 billones de euros, lejos de las cifras propuestas por la Comisión Europea (1,13 billones) y el Parlamento (1,32 billones). El regateo arrancará en la cumbre europea extraordinaria del próximo día 20. El acuerdo final, que se espera alcanzar durante este semestre, pasa por recortes de más del 10% en fondos estructurales y agrícolas, las dos partidas defendidas por países como España.
La negociación ha entrado este mes en una larga recta final. Y pase lo que pase en las próximas semanas, la única certeza en Bruselas es que el regateo desembocará en un considerable recorte en relación con el periodo anterior, con los fondos estructurales y agrícolas como grandes sacrificados. El tijeretazo lo llevará a cabo el Consejo Europeo, donde se sientan los líderes de los 27 Gobiernos. Ellos tienen la última palabra, aunque también deben calcular que necesitan el visto bueno del Parlamento Europeo para que el nuevo marco entre en vigor.
El resultado final apunta ya al presupuesto más reducido desde 1988, cuando la UE adoptó el modelo presupuestario plurianual. La caída ha sido constante desde el periodo 1993-1999 (cuando se alcanzó el 1,28% de la renta nacional bruta de la UE). En el periodo actual, de 2014 a 2020, el porcentaje había llegado al 1%, pero sin tener en cuenta la participación del Reino Unido en realidad estaba en un 1,16%. Así, el marco en ciernes supondrá un nuevo descenso. Fuentes diplomáticas sitúan el acuerdo en torno al 1,03% de la renta nacional bruta. Se trata de una cifra muy alejada de la propuesta inicial de la Comisión para el periodo que comienza en 2021 (un 1,11%).
Los países partidarios de este gran ajuste argumentan que es acorde con una Unión menguante que acaba de perder con el Reino Unido a uno de sus socios más pujantes. Las instituciones comunitarias, en cambio, temen que se ponga en peligro la financiación de nuevas prioridades, como el control de fronteras, la investigación y la defensa. Para los países que, como España, perciben importantes fondos europeos, el recorte amenaza la inversión pública, la convergencia económica y al sector agrícola.
ENTRE LOS PAÍSES ‘FRUGALES’ Y LOS PARTIDARIOS DE MÁS GASTO
Entre los Veintisiete no hay una postura clara en torno al presupuesto. Hay países partidarios de unas cuentas magras, como Países Bajos, y otros defensores del empleo de una herramienta potente de gasto comunitario para facilitar la cohesión de todos los miembros del club. Así están alineados los diferentes países:
Los frugales: Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca reclaman que el presupuesto no pase del 1% de la renta nacional bruta de la UE.
Los amigos de la cohesión: España, Polonia, Portugal, Grecia, Rumania, Hungría, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Chipre y Malta. Todos ellos aspirarían a un presupuesto del 1,07%, pero se pueden conformar con menos a cambio de no recortar drásticamente los fondos estructurales.
El término medio: Alemania, Francia e Italia, los tres grandes contribuyentes netos del club, defienden intereses, pero coinciden en buscar un término medio entre el grupo integrado por los frugales y el de los amigos de la cohesión. Berlín, lo más cerca posible del 1% y con un cheque de rebaja individual. París, con una cifra que salve los subsidios agrícolas, claves para su economía. E Italia, en una línea similar y con la ambición de mantener por igual el peso de la agricultura y los fondos estructurales.
Los maximalistas: el Parlamento Europeo reclama un presupuesto equivalente al 1,30% para el periodo que comienza en 2021 aún a sabiendas de que no se llegará a ese nivel durante las negociaciones entre los Estados. La Eurocámara confía en que ese listón obligue a los países, al menos, a alejarse del 1% hacia arriba y a aproximarse al 1,11% propuesto por la Comisión Europea.
Gira por Estados
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha constatado todas esas divergencias en la ronda de consultas bilaterales celebrada la semana pasada con casi todos los presidentes de Gobierno, entre ellos Pedro Sánchez. Durante los encuentros con Michel cada bando ha mantenido sus posiciones. Pero el consenso se precipita a la baja y el acuerdo, según fuentes diplomáticas, se moverá entre el 1% exigido por los llamados países frugales (Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca), que defienden un gasto más limitado, y el 1,07% planteado el mes pasado por Finlandia en su calidad de presidencia semestral de la UE, que ahora ostenta Croacia.
Las fuentes consultadas indican que el dial se mueve, de momento, más cerca de la frugalidad que del techo finlandés, aunque el Parlamento Europeo, que también debe dar el visto bueno, empuja hacia arriba para evitar un descomunal tijeretazo.
“Me temo que los Gobiernos no están preparando a la opinión pública para los drásticos recortes que van a llegar”, lamenta una fuente comunitaria a solo dos semanas de la cumbre presupuestaria del próximo día 20. Ninguna de las fuentes consultadas confía en que esa cita logre cerrar el acuerdo, aunque alguna no descarta sorpresas.
Todas coinciden, sin embargo, en que el rifirrafe del día 20 dará ya una idea del hachazo que va a sufrir la propuesta inicial de la Comisión, que aspiraba a movilizar 1,13 billones de euros (o 1,11% de la renta nacional de la UE) para cubrir tanto el agujero presupuestario que deja Londres (unos 10.000 millones de euros anuales) como la financiación de nuevas prioridades. A ello se añade las promesas realizadas por la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuyo Pacto Verde necesitará detraer recursos, con toda probabilidad, de partidas tradicionales como la agricultura o la cohesión.
“El dinero es el que hay y lo que hace falta es elegir bien en qué se gasta”, advierte una fuente diplomática de uno de los socios contribuyentes netos (los que aportan más de lo que reciben). Esa fuente señala que dos tercios de los recursos se destinan a la Política Agrícola Común y a los fondos estructurales, por lo que es imprescindible recortar en esos capítulos para financiar áreas como la investigación, el desarrollo tecnológico o el control de fronteras.
La Comisión había planteado un recorte del 11% en fondos de cohesión y del 15% en agrícolas mientras aumentaba partidas como investigación (29% más) o seguridad (84% más) y disparaba el Fondo Europeo de Defensa (de 600 millones a 11.500 millones de euros).
Pero la presión de Francia en agricultura y la de los llamados amigos de la cohesión (grupo en el que milita España) a favor de los fondos estructurales aspira a suavizar ligeramente sus recortes, aunque sea a costa de mutilar las nuevas ambiciones. La partida que corre más peligro, según fuentes diplomáticas, es el Fondo Europeo de Defensa “porque no tiene nadie que lo defienda a ultranza”.
Austeridad y despilfarro
El desenlace podría ser unos presupuestos como los de siempre (con más del 50% concentrado en los subsidios tradicionales) pero más exiguos. A pesar de su escasa envergadura (sea cual sea la cifra final, no representará más del 2% del gasto público en Europa), el regateo desencadenará una gran batalla política que dice más de la falta de ambición comunitaria de la mayoría de los miembros que de una lucha al uso entre austeridad y despilfarro.
“Haría falta más dinero, pero no lo va a haber, así que hay que ajustar las cuentas”, zanja una fuente diplomática del norte de la Unión. A la discusión sobre el ajuste se añadirán otras dos trifulcas. Una, sobre la intención de París y Berlín de poder recortar los fondos estructurales a los países que violen los valores fundamentales de la UE, con Polonia y Hungría en el punto de mira. Y otra, sobre la propuesta de la Comisión de suprimir los llamados cheques de rebaja —permiten a determinados Estados miembros una reducción en sus aportes al fondo común— que perciben Alemania, Suecia, Austria y Dinamarca.
Fuentes diplomáticas creen que Polonia aceptará la introducción del mecanismo de castigo a cambio de salvar buena parte de los cuantiosos fondos estructurales que recibe (86.000 millones de euros en el periodo actual). En cuanto a los cheques, sus beneficiarios los consideran indispensables para llegar a un acuerdo, porque de otro modo, aseguran, su contribución se dispararía. Las cifras de la Comisión no avalan ese temor (de hecho, en porcentaje de renta nacional bruta de Bulgaria aportará más que Alemania, o Polonia más que Hungría). Aun así, Berlín confía en salvar las rebajas a cambio de un pacto con Francia sobre los subsidios agrícolas.
El País. B. de Miguel y A. Sánchez.

-La Unión Europea (UE) ha puesto trabas en el camino que Pedro Sánchez quiere recorrer para atajar la crisis agrícola. Y es que Bruselas ha planteado un recorte del 14% con respecto a la aportación de los Veintisiete en el ejercicio actual y del 12% en los fondos de Cohesión, dos partidas para las que España reclama como mínimo mantener en niveles actuales.
El documento que este viernes ha enviado a las capitales el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, propone un marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 del 1,074% de la Renta Nacional Bruta (RNB) del bloque, frente al 1,114% que pide la Comisión Europea o el 1,16% que representa el del periodo que acaba este año para los Veintisiete.
La propuesta de Michel mantiene -aunque suavizado- el propósito de recortar el presupuesto europeo a costa de los fondos agrarios y estructurales que ya se planteó el pasado diciembre en otra propuesta que fue rechazada por casi todos los Estados miembro, aunque por razones distintas.
España y otra quincena de países del Sur y del Este han creado un frente común para defender los fondos de cohesión y de la PAC y reclamar que, si no se aumentan, al menos que se mantenga su ambición en el gasto agrícola y se asegure un apoyo «fuerte» para los fondos estructurales.
Los llamados ‘amigos de la cohesión’ tendrían de su lado al Parlamento Europeo, que pide un presupuesto del 1,3% que garantice la fortaleza de estas políticas tradicionales.
Este propósito, sin embargo, choca de plano con la de otros Estados miembros como Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Austria que rechazan de plano cualquier mejora y exigen que el presupuesto sea rebajado, marcando como techo el 1% de la RNB.
Michel se ha reunido en las últimas semanas con casi todos los líderes de la UE para escuchar sus líneas rojas y tratar de hallar un «equilibrio» entre unos y otros, apuntan fuentes europeas, que recuerdan que con la salida de Reino Unido el bloque deja de contar con unos 10.000 millones de euros al año y, sin embargo, necesitará más recursos para nuevas prioridades como la acción climática, la digitalización y la migración y la seguridad.
En opinión de Michel, según fuentes europeas, un presupuesto «modernizado» pasa por reducir la dotación de «políticas tradicionales» aunque introduciendo «mayor flexibilidad» que permita a los Estados miembros reconducir fondos, por ejemplo, de las ayudas directas al pilar de desarrollo rural y viceversa.
Con todo, de salir adelante el reparto tal y como lo plantea Michel, la rebaja de las ayudas directas sería del 10,1% y se dispararía hasta el 25,1% en el caso del desarrollo rural, lo que se traduciría en una merma del 14% para el conjunto de la PAC.
A cambio, el presupuesto que hay sobre la mesa para los próximos siete años asigna más recursos al compromiso de luchar contra el cambio climático, apoyar la transición digital, impulsar una Europa de la defensa y reforzar el control de las fronteras y de la migración.
Además, el presupuesto común tendrá un régimen general de condicionalidad que se podrá activar si se detectan «deficiencias manifiestas generalizadas» por parte de los Estados miembro con respecto a la gobernanza y el respeto del Estado de derecho, con el fin de asegurar el buen uso de los fondos europeos y proteger los intereses financieros de la Unión.
OK. DIARIO
 
-Cada año, España recibe miles de millones de la UE en ayudas directas a la agricultura. En concreto, en 2018, el campo español fue con 5.315 millones, el segundo mayor receptor después de Francia de unas subvenciones que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere redirigir hacia lo que denomina “clase media” de agricultores, precisamente los que la semana pasada salieron a a la calle para protestar. Lo podrá hacer gracias a que en un par de años la decisión sobre quién se beneficiará de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) dejará de ser de la Comisión Europea y pasará a manos de los Estados miembros.
Todavía queda un debate "duro" en Bruselas, dicen en el sector, donde avisan de que cuando Miguel Arias Cañete era ministro de Agricultura ya se permitió a los gobiernos diseñar sus planes de ayudas, aunque el Gobierno del PP las dejó casi tal y como estaban. La diferencia ahora es que Sánchez quiere utilizar esta potestad para redirigir el destino de las ayudas, de manera que ya no serían las grandes explotaciones que funcionan por sí mismas y que hoy son las mayores receptoras de unas subvencione que se dan a la hectárea. A la inversa, el Gobierno tampoco cree que explotaciones menores en manos de personas o familias que no tienen el campo como su medio de vida sea el destino más apropiado de las ayudas.
"Las ayudas tienen que redirigirse a sectores que necesitan una ayuda para poder subsistir"
Si el gobierno obtiene luz verde de Bruselas para discriminar las ayudas en función de la menor competitividad de los cultivos o de quién lo necesita más, los beneficiarios serán los agricultores que viven del campo y en zonas donde la economía depende de la renta agraria. Este es el plan que Sánchez podría llevar a cabo casi al final de legislatura, puesto que no está previsto que la PAC reformada eche a andar hasta 2022-2023. En todo caso, la posición del Gobierno es muy clara.
REDIRIGIR LAS AYUDAS
En el nuevo diseño del destino de las ayudas que podrá hacer en 2022 o 2023, el Gobierno quiere redirigirlas para dejar de subvencionar grandes explotaciones que funcionan y ayudar a pequeños y medianos agricultores que viven del campo.
TOPE A LAS SUBVENCIONES
España apoya la propuesta de la Comisión para limitar a 60.000 euros la cantidad máxima de ayudas al año.
. Reparto justo y guerra de guerrillas.
Según dijo el presidente la semana pasada en Bruselas, una de las cuestiones fundamentales en la reforma de la PAC y en la negociación en curso del Presupuestos de la UE tiene que ver "con los pagos directos a nuestros pequeños y medianos agricultores".
"Tienen que redirigirse a sectores que necesitan una ayuda para poder subsistir", con menos rentabilidad y con costes de producción muy altos, que los hace menos competitivos, explica la eurodiputada socialista Clara Aguilera, que también adelanta "una guerra de guerrillas" cuando el Gobierno se ponga a redistribuir las ayudas agrícolas, no ya entre comunidades, sino entre provincias, por ejemplo, en Andalucía.
. Limitar las ayudas.
La redirección de las ayudas es la forma que contempla el Gobierno para ayudar a los agricultores que realmente viven del campo, algo a lo que también contribuiría otra de sus apuestas de cara a la negociación de la PAC en Bruselas. Aunque no tiene visos de salir adelante por la oposición de la derecha europea y del Este, Sánchez respalda a la Comisión para poner tope a la cantidad de ayudas que puede recibir una explotación. Sería de 60.000 euros al año, que España ve bien elevar hasta los 100.000 si crea empleo.
Estas cifras contrastan con los 400.000, 500.000 o 600.000 que perciben algunas en la actualidad. "Es socialmente escandaloso que a una enorme explotación vayan ayudas por importe de 600.000 euros de ayudas públicas", dice Aguilera, que vuelve a lo que defiende el Gobierno en Bruselas con la idea de "hacer una distribución distinta [de las ayudas agrícolas] para beneficiar a quienes tienen más dificultad".
El PSOE considera que repercutiría no solo en los propietarios, sino en todo el territorio que depende de sus explotaciones.
20 Minutos. Clara Pinar.

-El Fondo Español de Garantía Agraria publica las ocho notas técnicas sobre la PAC, en lo que se refiere a los pagos directos a los agricultores, actualizadas para la campaña 2020.
Las Notas Técnicas pueden descargarse y servir de guía práctica para la toma de decisiones ante el periodo de presentación de solicitud única de ayudas.
 
•                Merecen la pena. Pueden descargárselas desde el FEGA.
 
 
-Las principales cadenas de distribución han comenzado a tomar medidas ante la crisis por los bajos precios del campo. Han mantenido ya los primeros contactos con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y han intensificado sus campañas en los medios para desmentir las ‘fake news’ que les acusan de explotar a los agricultores.
Y critican que, a esas acusaciones, en muchos casos lanzadas anónimamente, se haya sumado y las haya alimentado el propio presidente del Gobierno. “Pedro Sánchez –dicen- ha echado gasolina al fuego” en los últimos días cargando, de un plumazo, contra el sector de la distribución y señalándole como culpable de los bajos precios en el campo español.
“Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica y tenemos que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero”, fueron las palabras de Sánchez desde Bruselas.
Incluso llegó a calificar de “absolutamente inaceptable” que el sector esté viendo cómo los precios de los productos agrícolas “bajan, bajan y bajan”.
“Demonización de los supermercados”
“No es buena noticia que un presidente del Gobierno ponga en duda a un sector así. Espero que el señor Sánchez reflexione sobre sus palabras o que algún asesor le haga reflexionar”, protesta el secretario general técnico de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Felipe Medina.
Asedas es la patronal de la que forman parte cadenas como Mercadona, Dia o Covirán. Concluyen que declaraciones como la de Pedro Sánchez solo contribuyen a la “demonización de los supermercados”.
Protestas violentas de los agricultores
Destacados dirigentes del sector revelan a Confidencial Digital que han lanzado una clara petición al Gobierno en sus últimas reuniones.
Le piden que el debate se trate con la “complejidad” que tiene y sin “criminalizar” al sector de la distribución, “un agente más de la cadena” al que no ha sentado nada bien que “Pedro Sánchez les haya utilizado como chivo expiatorio”.
Por si fuera poco, algunos dirigentes también han hecho llegar al Ejecutivo que las incendiarias palabras del presidente contra las compañías de distribución, todas ellas marcas muy reconocidas por toda la población, les colocan claramente en la diana.
Advierten de que, con ese tipo de declaraciones, se corre el riesgo de  estar alimentando una ola de protestas violentas y campañas de boicot contra supermercados y centros logísticos.
Se ha tanteado el ánimo de los proveedores
De hecho, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha rebajado considerablemente en los últimos días el tono de critica al sector.
Pese a ello, varias de las marcas consultadas por ECD, como Dia, confirman que han tanteado el ánimo de sus proveedores en los últimos días. Por el momento, les aseguran que no preparan acciones más violentas ni campañas de boicot contra ninguna de las marcas.
La ‘guerra de la leche’ en Galicia
Los distribuidores recuerdan situaciones y escenas con gran virulencia por parte de los productores que ya se han producido en España hace pocos años.
En 2015, los ganaderos comenzaron con la misma actitud pacífica e informativa que ahora para conseguir mejorar los precios de la leche. Pero, con el paso de los meses, optaron por llevar a cabo actos violentos a la vista de que sus demandas no eran escuchadas por la Administración.
Durante varias semanas, protagonizaron graves altercados sobre todo en Galicia, en los que los ganaderos derramaron litros de leche por el suelo de supermercados como Carrefour.
Otro de los sucesos que, le costó más de 12 millones de euros en pérdidas al grupo Dia, fue el bloqueo y el asalto de camiones en su centro logístico gallego. Además de este impacto en sus cuentas, se produjo falta de provisiones lácteas en muchos de sus establecimientos.
Unas acciones que el sector no está dispuesto a que se vuelvan a repetir en las próximas semanas. “Pero, sin duda, la responsabilidad del Gobierno es muy importante en este asunto”, advierte un alto ejecutivo de una gran cadena de supermercados.
Solo venden el 7% de la producción
En la distribución insisten a ECD en que los supermercados españoles no son los principales receptores de la producción agrícola española. Según datos del propio Ministerio de Agricultura, el 80% de las frutas y hortalizas nacionales fueron exportadas en 2019.
Un valor que alcanzó los 14.045 millones de euros, frente a los 3.751 millones de euros que registraron las ventas en el mercado interior. Y de esta cantidad, apenas el 7% fueron realizadas por los supermercados.
Desde la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), que representa a compañías como Carrefour y Eroski, recuerdan también que el 52% de la producción agraria española se destina directamente a la exportación.
El resto, destacan, se dirige casi a partes iguales a la industria transformadora, el comercio interior, y la restauración y los bares.
Según datos de Asedas, el sector agroalimentario genera 2,5 millones de empleos en España, de los que unos 700.000 puestos corresponden a la agricultura, y los demás al resto de actividades de la cadena, desde el transporte a la distribución
ECD.
 
-El Gobierno se ha comprometido, con la "máxima brevedad" y con carácter "coyuntural", a rebajar el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario de 35 a 20. Así se lo han asegurado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los representantes del campo extremeño y andaluz de los sindicatos UGT y CC OO, con quienes han celebrado este viernes una reunión en el Ministerio de Trabajo y de la que han sido desconvocadas a última hora las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA).
Miles de tractores cortan varias carreteras de toda España como protesta contra el Gobierno por su situación
Según fuentes del Gobierno, con esta medida se cumple "una reivindicación histórica del colectivo de jornaleros". Una medida, continúan, que "busca responder a la grave situación meteorológica que en los últimos meses ha hecho escasear el trabajo y ha dificultado el acceso a las peonadas" a los agricultores.
20Minutos.
 
-Las autoridades americanas acaban de anunciar que mantienen en vigor los aranceles del 25% a los aceites de oliva español envasados. La “Office of the United States Trade Representative” ha adoptado una postura de continuidad de las tasas ya impuestas el pasado mes de octubre; con la salvedad del zumo de ciruelas pasas que ha sido eliminado de la primera lista inicial.
A partir de este momento tenemos sobre la mesa un nuevo periodo de seis meses de mantenimiento de los impuestos al aceite de oliva español envasado, en clara desventaja con el aceite de oliva italiano, portugués o griego que podrá seguir llegando al mercado americano sin ningún gravamen.
La próxima revisión de los aranceles podría tener lugar en el mes de agosto, cuando de nuevo se abriría el denominado “Efecto Carrusel”; todo esto pendiente de la sentencia que la Organización Mundial de Comercio podría dictar, en los meses de Mayo o Junio, sobre la demanda planteada por la Unión Europea contra Estados Unidos por las ayudas al Boeing.
OLIMERCA.

-Ya está listo el borrador del presupuesto de la UE sobre el que partirá la discusión de los líderes la próxima semana. Como se esperaba, los fondos para el campo y la política de Cohesión se llevan la peor parte, sentando las bases para una batalla campal entre los Estados miembros para las cuentas de 2021-2027. Se aleja así aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo en la cumbre que arrancará el jueves. Aunque, como dijo ayer un alto cargo europeo, "los líderes han limpiado su agenda para quedarse en Bruselas".
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, puso sobre la mesa un volumen de gasto inferior al de la Comisión Europea en casi 40.000 millones de euros. El timonel de las cumbres propone dedicar 1.094 mil millones (en precios de 2018) para los próximos siete años, un 1,074% del PIB comunitario. De esta manera se vuelve prácticamente a la propuesta realizada por Finlandia el pasado diciembre, durante su presidencia rotatoria, y que provocó sonoras protestas tanto entre la mayoría que defienden un presupuesto ambicioso, entre ellos España, y los contribuyentes netos, que quieren limitar el gasto al 1% del PIB comunitario.
Solo se sabrá al final de la negociación si nuestro país se convierte por primera vez en contribuyente neto al presupuesto comunitario, como es probable en una mayoría de escenarios, o si su saldo continuará siendo positivo.
Esta negociación del marco financiero plurianual es probablemente la madre de todas las batallas en Bruselas, no solo por el volumen del presupuesto, sino también sobre cómo repartirlo. Y este año las cuentas resultarán más difíciles de cerrar, por culpa del agujero de entre 10.000-12.000 millones de euros anuales que deja la salida del Reino Unido.
Las cuentas muy influenciadas por el Brexit.
Las grandes perdedoras serán la Política Agrícola Común y de Cohesión, las dos prioridades para España. Estas partidas absorben tradicionalmente algo más de dos tercios del presupuesto comunitario. Para compensar en parte la salida de Londres, y hacer hueco para nuevas prioridades como migración o Defensa, Michel propone 329.300 millones de euros para la PAC, lo que representa un recorte del 13,9% (53.000 millones de euros), en comparación con el marco financiero del periodo que termina (2014-2020), excluyendo al Reino Unido. Si se compara con este marco sin excluir a Londres, el recorte llegaría hasta el 19,7% (81.000 millones de euros).
Cohesión también perdería una parte importante de recursos. Pasaría de los 367.700 millones de gasto actual (excluyendo al Reino Unido) a 323.200 millones, un 12,1% menos.
En ambos casos, las cifras son inferiores a las del borrador que presentó la Comisión en mayo de 2018, cuando arrancaron las negociaciones del próximo presupuesto plurianual.
Bélgica propone que se puedan transferir fondos entre las ayudas al campo y los fondos de desarrollo rural.
Las críticas no tardaron en llegar desde el Parlamento Europeo, que propuso incluso un presupuesto más ambicioso que la Comisión (1,3% del PIB europeo), y desde las capitales que defienden apretar incluso aún más el puño. "No puede ser un punto de partida para el compromiso", dijo un diplomático.
Un alto cargo europeo defendió el documento de Michel apuntando a los cambios que se han introducido más allá de los totales para facilitar el acceso a fondos. En el caso de la PAC, el belga propone introducir más flexibilidad para que se puedan transferir fondos entre el pilar I (las ayudas directas al campo) y el pilar II (los fondos de desarrollo rural).
En el caso de los fondos de Cohesión, Michel disminuye la partida reservada para las regiones más desarrolladas en unos 7.000 millones de euros, mientras que añade prácticamente la misma cantidad a la cifra dedicada a las menos desarrolladas (cuyo PIB es inferior al 75% de la media europea), hasta dejarlo en los 200.000 millones de euros.
Se estudiará reducir la parte de los fondos que se devuelve anualmente a los contribuyentes netos para reequilibrar el saldo.
"No esperamos que los Estados miembros estén contentos", comentó la misma fuente, aunque añadió que el nivel de satisfacción, o más bien de insatisfacción, será clave para saber si la propuesta es un punto de partida válido para la negociación, que se debería cerrar como tarde en otoño.
La propuesta de Michel también aborda otros puntos polémicos que azuzarán aún más una discusión que se espera tensa entre los líderes el jueves. Uno de ellos es la reducción de los llamados "cheques", la parte de los fondos que se devuelve anualmente a los contribuyentes netos para reequilibrar el saldo. Michel solo apunta a una reducción progresiva, aunque sin fijar el ritmo ni si terminará en la eliminación total.
El otro punto controvertido es la introducción de la nueva condicionalidad del respeto al Estado de Derecho para acceder a los fondos. Este criterio, que una mayoría defiende para presionar sobre todo a Hungría y Polonia, queda sin embargo ligeramente aguado al hacer menos automática su aplicación.
Michel también introduce nuevas fuentes de financiación para las arcas comunitarias, más allá de las contribuciones nacionales y otras menores que ya existen, como los aranceles o las multas comunitarias. Será un impuesto a los envases de plástico de 80 céntimos por kilo, y la transferencia de los beneficios del mercado de emisiones.
J.Valero. El Economista.es
 

-Los bajos precios agrarios, un problema global con cierto margen de maniobra. Los agricultores españoles llevan semanas protestando por los bajos precios que se pagan en el campo, un fenómeno que se repite en otros países y frente al que los gobiernos tienen cierto margen de actuación sin violar normas de competencia.
Bajo el lema "Agricultores al límite", las organizaciones agrarias se están movilizando para reclamar más ayudas y mostrar su rechazo a las ventas por debajo de los costes de producción, entre otros problemas que llevan tiempo denunciando.
Esa situación no es exclusiva del campo español y se produce en un contexto mundial marcado por la caída progresiva de los precios agrícolas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calculan que entre 2019 y 2028 los productos básicos se abaratarán entre el 1 y el 2 % anual.
Esto se debe sobre todo a que la mejora de la productividad supera a la mayor demanda mundial de alimentos, indica el jefe de Políticas Agrícolas de la OCDE, Jonathan Brooks.
"Aquellos agricultores que ganen en productividad no tendrán problema, pero los que continúen usando métodos tradicionales pueden quedarse atrás y tendrán que ajustarse de alguna forma", afirma.
Brooks llama a invertir en mejorar la productividad agrícola y la resiliencia, al tiempo que desaconseja "intervenir directamente en los precios" porque "no es eficiente" para incrementar la renta de los agricultores.
En su opinión, "hay mucha flexibilidad para que los países adopten políticas que ayuden al desarrollo agrícola de forma constructiva y apoyen a los productores sin violar las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".
Respeto a las reglas
En el marco de la OMC, los subsidios se dividen en tres "cajas": roja para los que "distorsionan" el comercio, sujetos a condiciones; azul para los ligados a la reducción de la producción; y verde para los que se toleran por su impacto nulo (desarrollo regional, protección ambiental, investigación y desarrollo).
Los países de la UE deberán cerrar próximamente el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027, que facilita la ayuda genérica a las rentas e incluye objetivos de sostenibilidad.
Pese a la amenaza de recortes, España aspira a que se mantengan los fondos, como ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que también ha prometido cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria para apoyar a los agricultores, que han visto caer la renta agraria el 8,6 % anual en 2019.
Vigilar las prácticas desleales, lograr un mercado más transparente o asegurar el cumplimiento de los contratos son algunos puntos que se podrían reforzar.
El experto de la Universidad Politécnica de Valencia José María García Álvarez-Coque insta a agrupar a los productores "en grandes organizaciones capaces de incorporar valor añadido en las fases de comercialización y negociar las condiciones contractuales con la gran distribución", aunque para eso quede "mucho trecho por recorrer".
Competencia frente a política agraria
Según el economista agrario Tomás García-Azcárate, en el fondo subyace la "tensa" relación entre las políticas europeas de competencia y de agricultura.
Por un lado, sostiene, "se pretende vertebrar la cadena alimentaria y llegar a acuerdos para crear valor y distribuirlo"; y, por el otro, "que haya la máxima competencia para asegurar que los precios al consumidor son razonables".
García-Azcárate subraya que se pueden tomar medidas en el ámbito de la competencia sin coste presupuestario y que no aparezcan como subvención en ninguna de las cajas de la OMC.
Asegura que "Francia ha ido más lejos que España inclinando la balanza del lado de la agricultura" y pone de ejemplo la multa millonaria que ese país acaba de imponer a varias cadenas de supermercados por no respetar las reglas en las negociaciones con los proveedores.
Allí los agricultores llevan tiempo manifestándose contra el abandono que dicen sufrir, mientras que en Alemania las protestas están más relacionadas con los esfuerzos medioambientales que les exigen las autoridades.
"Le pedimos al campo más esfuerzos en un momento en el que estamos disminuyendo el presupuesto europeo para financiar la transición ecológica", apunta el experto.
Expansión.com
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