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Un año y 7 meses de cárcel para exconsejero de Banco de Valencia

La Audiencia Nacional ha condenado al ex consejero delegado de Banco de Valencia Parra a un año y siete meses de prisión por administración desleal en la gestión de préstamos a una sociedad, Pegoliva, la cual le era afín tanto económica como personalmente.

Actualizado 12 febrero 2019  
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Redacción y Agencias
  
La Audiencia abre un nuevo frente fiscal
En la sentencia, el Juzgado Central de lo Penal impone la pena solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en la última jornada de juicio, cuando rebajó su petición inicial tras el escrito de reconocimiento presentado por el exdirectivo, que además abonó 330.000 euros por el perjuicio causado. El juez Vázquez Honrubia le aplica así las atenuantes de reparación parcial del daño y de confesión tardía, y condena de forma subsidiaria a Pegoliva y sus administradores, la familia Pons (los hermanos Salvador, Juan José e Isabel) como partícipes a título lucrativo. Todos ellos tendrán que abonar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuyo letrado, Gómez Jara, inició el proceso, o en su defecto a CaixaBank, como heredera de la entidad levantina, 509.525 euros, cifra de la cual hay que descontar los 330.000 euros ya satisfechos por Parra.
Según explica el magistrado, el ex consejero delegado realizó "unilateralmente y en perjuicio de los intereses de la entidad bancaria" disposiciones de fondos por encima de lo estipulado y en contra de los criterios del departamento de riesgos", tal como sostenía Anticorrupción en su escrito. Asimismo, considera probado que Parra "autorizó personalmente un préstamo ICO prescindiendo de las garantías personales exigidas por riesgos, que habrían facilitado su recobro", lo que repercutió de forma negativa en Banco de Valencia ya que tanto el préstamo inicial como línea de crédito posterior quedaron impagados.
También entiende que tanto él como su difunta mujer estaban vinculados económicamente con las sociedades que se beneficiaron de los fondos, ya que mantenían una relación de amistad previa a los hechos con la familia Pons. Se trata de la primera condena dictada por la Audiencia Nacional por la gestión en Banco de Valencia, a la espera de que la sección primera de la Sala de lo Penal falle sobre tres operaciones inmobiliarias que causaron un perjuicio de 160,5 millones de euros, y en la que figura también el empresario Juan Bautista Soler.
Para esta semana estaba previsto que se celebrara la vista por irregularidades en relación con la piscifactoría Maremar, que ocasionó un deterioro de 29 millones de euros y que ha sido suspendida.
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