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Semana del 20 al 27 de enero de 2019.

Un parlamento que se dice europeo, pero que no lo es

De nuevo desde la UE se sigue intentando atentar contra los cítricos españoles. Según informaciones de la COAG los eurodiputados se han mostrado a favor de extender a las producciones del Sáhara Occidental las ventajas comerciales de las exportaciones marroquís a la UE. Así se aumentarían los volúmenes de producto importado desde Marruecos, coincidiendo de pleno en calendarios y mercados con las producciones españolas.

Actualizado 31 enero 2019  
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Redacción Agrolibre
  
Además, para mayor escarnio, los parlamentarios se han negado a realizar una consulta previa al Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad de este nuevo acuerdo comercial, lo que hubiera servido para dotar de seguridad jurídica al nuevo escenario que, por tanto, ya nace con cierta falta de credibilidad. “El proceso de negociación ha estado plagado de zonas oscuras, con presiones opacas por parte de Marruecos, en medio de un posible grave escándalo de conflicto de intereses por parte de varios eurodiputados de la Comisión de Comercio Internacional y sin un estudio de impacto, ni información estadística verificable sobre los volúmenes comerciales procedentes del Sáhara Occidental, ya que Marruecos no ha proporcionado información fiable al respecto”.
COAG sigue estimando que el Acuerdo de libre comercio agrícola UE-Marruecos vulnera la legislación europea sobre comercialización de frutas y hortalizas frescas al limitar la capacidad de los consumidores para saber claramente si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino, o bien procede del Sáhara Occidental. La legislación europea es clara y fija que las frutas y hortalizas frescas solo podrán comercializarse si en ellos figura la indicación del país de origen. En este sentido, COAG exige a la Unión Europea un endurecimiento de los controles en frontera para evitar que se introduzcan en el mercado comunitario productos agrícolas cultivados en los territorios del Sáhara Occidental como si fueran de Marruecos, sin las correspondientes aclaraciones en el etiquetado.
Comentarios.
Esta revisión del acuerdo comercial entre la UE y Marruecos se ha negociado tras la sentencia del TJUE de diciembre de 2016, en la que declaraba nula de pleno derecho la aplicación de este acuerdo al territorio del Sáhara Occidental, ya que Marruecos y el Sáhara Occidental son "dos territorios distintos y separados". La Comisión Europea asumió la vía de enmendar el acuerdo actual UE-Marruecos para poder añadir al Sahara Occidental y ahora el Parlamento Europeo ha aceptado dicha propuesta, para cuya adopción definitiva queda el trámite de aprobación por parte del Consejo Europeo. Planas, ¿tú no tienes nada que denunciar?
En el Ayuntamiento de Madrid seguimos perogrullada tras perogrullada, descubriendo el nuevo mediterráneo en su cruzada a favor de la limpieza del aire que respiramos. Ahora nos anuncian nuevas batallas como la de intentar que "microorganismos, animales y plantas" se coman la polución de la capital, o la de “utilizar seres vivos-microorganismos, animales, plantas-, sensibles a los niveles de contaminación, para realizar la evaluación de la calidad del aire”.
Según nos dicen son soluciones “más económicas y que permiten llegar a más puntos de la ciudad”. Además, en lugar de que operarios que limpien los conductos, el Ayuntamiento pretende usar “una tecnología de bio-filtros para depurar el aire expulsado por las chimeneas de la M-30”, utilizando también organismos vivos -bacterias, hongos, etcétera- se limpiará ese aire sin la utilización de productos químicos que generen residuos peligrosos”, explican desde Cibeles.
Otros de los proyectos de la compra pública de innovación son menos rompedores: una tecnología de medición de partículas inferiores a 2,5 micras en el aire, un sistema de recarga con energía renovable autogenerada para vehículos eléctricos o un aparato de traducción automática del lenguaje de signos.

Seguimos despilfarrando el dinero público porque la broma está presupuestada en más de 10 millones de euros y como siempre ocurre del desarrollo de estas ideas, nunca sabremos más. Se trata, como ustedes ya han supuesto y con toda razón, de la proximidad de las elecciones municipales. ¡Y mientras solo sean 10 millones de euros nos podemos dar con un canto en los dientes!
Siguen los problemas para encontrar mano de obra en el sector para hacer frente a las labores invernales, fundamentalmente en los temas de recogida de los productos. Según José María Fresneda Secretario General de ASAJA de Castilla la Mancha “en los últimos meses hemos tenido ocasión de escuchar a los agricultores sus dificultades para encontrar mano de obra para las diferentes campañas”.
“En Castilla-La Mancha, en el mes de diciembre, según ha hecho público el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la cantidad de parados asciende a 165.041 personas. 12.531 pertenecen al sector de agricultura.
¿Dónde están los 12.000 parados cuando los empresarios agrarios ofrecen empleo? Trataremos de explicarlo.
El último requisito de la oferta de trabajo arriba indicada tiene la mayor parte de la culpa: la alta temporalidad. Las campañas agrícolas generan empleo puntual con contratos que van de uno a tres meses de trabajo. Un demandante de empleo que recibe un subsidio o una ayuda extraordinaria, si acepta trabajar un mes en la campaña de recolección del ajo, por ejemplo, se expone a perder la continuidad de sus ingresos, llámense PAE (Programa de Activación para el Empleo), Plan PREPARA (Programa de Recualificación Profesional), Talleres Empleo, o como se quiera, y que suelen tener una duración de seis meses.
Así pues, una de las principales soluciones pasaría por tratar de conjugar las épocas de campañas agrícolas con las fórmulas para la recuperación del empleo o con los requisitos para seguir cobrando las ayudas o prestaciones. Dicho de otra forma, que no se pisen los tiempos, porque, tal y como están las cosas, nadie querrá trabajar un mes sabiendo que el siguiente no verá un euro en sus bolsillos.
Esta realidad conlleva a otra más cruel. La de benefactores de ayudas que quieren trabajar en el campo, pero “cobrar en B” y la falsa excusa de que se paga mal. Sobre lo primero, a los agricultores profesionales les gusta hacer las cosas bien y cuidan mucho las formas legales. No están dispuestos a enfrentarse a las sanciones que les supondría ser descubiertos por los muchos inspectores de trabajo que pasean por las explotaciones agrarias, aunque siempre haya algún infractor fuera de los márgenes de la ley, con repercusión mediática, que haga pensar a la opinión pública que todos los agricultores son iguales. Pero la verdad es que el sector acata las normas, incluidos los Planes de Prevención de Riesgos Laborales con intención de aumentar la seguridad de los trabajadores y reducir los accidentes. De hecho, y dicho por el propio delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, “el agricultor, por los datos que nos da la propia Inspección del Trabajo cumple y cumple muy bien”. Las infracciones detectadas son mínimas.

Y sobre lo segundo, los bajos salarios, cabe recordar que los convenios del campo, firmados por los sindicatos de trabajadores y las organizaciones agrarias, garantiza los salarios a las personas que desarrollan su actividad al amparo de estos convenios. Basta con hacer números para darse cuenta de que los salarios son más elevados que en otros sectores.
Lo cierto y real es que completar una cuadrilla de trabajadores se está convirtiendo en un suplicio. Hasta los fieles nos abandonan, decía uno de nuestros socios. La recuperación y el auge de otros sectores, como el de la construcción y la logística, también se ha llevado a parte de los jornaleros que en años anteriores han participado en las campañas agrícolas.
He ahí algunas de las razones por las que escuchamos expresiones como los españoles no quieren trabajar en el campo y, dicho sea de paso, no olvidemos que el campo español es el único sector superviviente a todas las crisis económicas.
Sean cuales sean los motivos, la aceituna, la uva o los espárragos no entienden de ellos y no esperan, por lo que los empresarios agrarios recurren a mano de obra extranjera para no perder las cosechas.
Para hacernos una idea, durante la última vendimia, de las 85.000 altas que se registraron en el Régimen Agrario de la Seguridad Social entre los meses de septiembre y octubre, el 45% fueron trabajadores extranjeros, tanto de la Unión Europea como de países terceros. Hace cinco años representaban el 25%.
Ante esta situación, desde ASAJA de Castilla-La Mancha no se descarta volver a un recurso de hace unos años para facilitar la búsqueda de personal, los contingentes de trabajadores extranjeros para trabajar en las grandes campañas de la región.
A todo ello, hay que sumar que el sector primario no pone precio a los productos que vende, sino que vienen impuestos por la presión de los eslabones más fuertes de la cadena agroalimentaria, la industria y la gran distribución. Ante esta incapacidad de repercutir en las ventas los costes de producción, los agricultores van a intentar reducirlos recurriendo cada vez más a la mecanización, con lo que se ahorrarían los sueldos de los trabajadores y, de paso, los problemas de encontrarlos.
Entonces, quizá nos lamentemos cuando dejemos de encontrar en los tablones de anuncios “Oferta de trabajo: se busca jornalero”.
Nuestro gobierno sigue erre que erre, ¡es que no tenemos nada que hacer!, intentando formar parte del “pelotón de cabeza” en el diseño de la nueva Política Agraria Común (PAC) y ser uno de los primeros países en presentar su plan estratégico para poder “contribuir” a escribir con la Comisión Europea el diseño de los mismos. Dentro de ese Plan se apuesta por la ganadería extensiva como sector prioritario en los pagos vinculados, asegurar rentabilidad de las explotaciones, conceder la ayuda básica a la renta en base a un modelo regional simplificado con respecto al actual o que la Política de desarrollo rural debe ser una política trasversal y tener en cuenta como objetivo el hacer atractivo el medio rural para atraer población de forma estable.
Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras celebrar un Consejo Consultivo monográfico sobre esta política, cuyo calendario está marcado por la incertidumbre del Brexit, las elecciones europeas de mayo y, dentro de España, los comicios autonómicos ese mismo mes.

A pesar de que el calendario inicial se retrasará y la nueva PAC no entrará en vigor hasta, al menos, 2022 o 2023, el Gobierno y las comunidades han comenzado a redactar el Plan Estratégico, un trabajo “arduo” que iniciarán el próximo mes y que les llevará al menos dieciocho meses. La ministra anterior estuvo también durante todo su mandato, perdiendo el tiempo, sobre el mismo tema. ¿Es que nadie aprende nunca nada sobre cabeza ajena?
Terminemos señalando que, el pasado 22 de enero, entró en vigor el real decreto por el que se obliga a la leche y productos lácteos producidos en España a indicar el origen de la materia prima. Se trata de una reivindicación constante de ASAJA, que considera que este etiquetado es esencial para que el consumidor tenga garantías de comprar producto de proximidad, nacional y con todas las garantías de calidad. Este cambio coincide en el tiempo con la publicación, el pasado 16 de enero, del último informe de la Comisión Europea sobre el observatorio del mercado de la leche, en el que de nuevo se comprueba que los ganaderos españoles siguen percibiendo precios muy inferiores a la media europea. Se consolida pues una tendencia, iniciada en otoño de 2016, a raíz de la liberalización de las cuotas, “injusta e incomprensible, teniendo en cuenta que España es un país deficitario en leche, y que tiene que importar una parte significativa de lo que consume, precisamente a países exportadores cuyos ganaderos están cobrando más que los españoles”.
Pero ya se han producido las primeras quejas y denuncias sobre el tema porque el ganadero español cobró en diciembre 32,33 euros, el belga 36,46 euros, el danés 36,97 euros, el alemán 37,16 euros, 36,35 el francés, 37,20 el italiano y 37,25 el holandés. La media de este grupo de países de referencia en la producción de leche fue de 36,24 euros por cada 100 litros, lo que representa el 12,1% más que lo que percibió el ganadero español. “Esos tres céntimos que no se está pagando serían la vida para nuestros ganaderos, un margen suficiente para que las cuentas salgan, poder invertir e incluso contratar mano de obra, en definitiva, confiar en el futuro”, indica la organización agraria.
Para ASAJA, queda claro que lo que no está funcionando en España “es la propia industria láctea, de las más ineficientes de Europa, que tapa sus carencias y su incapacidad para adaptarse al mercado apretando a los ganaderos. Las lácteas funcionan en la práctica como un cártel, pactando precios a la baja, una situación que las administraciones no han tenido la valentía de controlar”.
Planas perdona que insistamos y aunque te quede poca vida como Ministro de nuestro sector, por favor ponte las pilas, haz algo para recordarte con cierto cariño, déjate de perder el tiempo en inanidades administrativas.

Noticias.
- ¿Qué engloba el sector gastronómico? ¿Qué actividades comprende? ¿Qué peso puede tener sobre la economía española, medida en porcentaje sobre el PIB o en número de puestos de trabajo?
KPMG ha tratado de responder a estas cuestiones, a través del informe La gastronomía en la economía española, publicado ayer. En un momento en el que la gastronomía ha multiplicado su relevancia en la sociedad, parecía conveniente poner números a un sector que, en realidad, es la suma de un conjunto de actividades asociadas que forman una cadena de valor desde el producto hasta el cliente de la hostelería o el turista culinario. Según el informe, la gastronomía, "entendida en un sentido amplio e incluyendo desde la producción agrícola a la distribución, el turismo asociado y la hostelería, supone 388.000 millones de euros de producción, equivalente al 33% del PIB, y da empleo a 3,73 millones de trabajadores, el 18% del total".
Con estas cifras, KPMG aporta, por un lado, datos a un sector en el que escaseaban hasta ahora los números para medir su peso sobre la economía española y, por otro, confirman la relevancia de estos sectores asociados a la gastronomía. "España es una potencia gastronómica en el mercado internacional, donde la competencia vía precios ha ido dando paso a una búsqueda de más calidad, lo que ha permitido posicionar algunos productos gastronómicos españoles en la franja premium del mercado internacional y a algunos de sus restaurantes entre los mejores del mundo año tras año, según las clasificaciones internacionales acreditadas", señala el informe.
El estudio aporta algunos datos más: los productos alimentarios representan el 17% del total del comercio exterior español y suponen el 15,5% del gasto realizado por los turistas internacionales en España; al tiempo que España suma 206 restaurantes con estrella Michelin ("uno de los ratios más elevados del panorama internacional", recuerda KPMG) y, además, suma 13 restaurantes en el top 100 mundial de la lista The World's 50 Best Restaurants.
Expertos
Los datos relativos a la suma de las cuatro ramas relacionadas con la gastronomía (agricultura, industria, distribución y hostelería) se apoyan, además, en un estudio derivado de las entrevistas realizadas por KPMG a más de una docena de expertos, incluidos los cocineros Ferran Adrià, Elena Arzak y Mario Sandoval, así como expertos sectoriales como María Naranjo, directora de la Dirección de Alimentos, Vinos y Gastronomía del ICEX; o el empresario Alfonso Cortina, secretario general de la Real Academia de Gastronomía. Estos expertos han concluido que "para aquilatar el valor que tiene la actividad gastronómica hay que tener en cuenta desde la producción agrícola, ganadera y pesquera hasta la industria de alimentación y bebidas; sin perder de vista la distribución y la alimentación en sí, tanto en los hogares como en la hostelería".
Radiografía del sector
Actividades asociadas: producción agrícola, distribución, turismo culinario y hostelería.
Producción: 388.000 millones de euros (33% del PIB).
Empleo: 3,73 millones de trabajadores (18% del total de empleo nacional).
206 restaurantes tienen estrella Michelin.
Trece restaurantes en el 'top 100' mundial.
Expansión.

- Castilla-La Mancha defiende un nueva PAC basada en el modelo de convergencia y con un techo de ayuda máxima por explotación y espera sacarlo adelante con el apoyo de la mayoría de las Comunidades Autónomas. Esta es la posición que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha defendido en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que se celebró el pasado lunes en el Ministerio con la asistencia del ministro Luis Planas y todas las comunidades autónomas para abordar la negociación de la nueva Política Agrícola Común, PAC 2021-2027 .Sobre el modelo de convergencia, Martínez Arroyo ha señalado que “parece de sentido común” que lo agricultores que se dedican a un mismo modelo productivo, independientemente de la comunidad autónoma en la que estén, cobren la misma ayuda por hectárea, y así lo expuso durante la reunión del Consejo Consultivo. El modelo aplicado hasta ahora, que ya no estaba vigente en ninguno de los países de la UE, se basa en unos cálculos de rendimientos que se remonta a finales de los años 90 y que establecía que se pagasen distintas cuantías dependiendo de la Comunidad Autónoma e incluso con diferencias entre los territorios dentro de la misma región.
El consejero ha subrayado que ahora tenemos “la extraordinaria oportunidad” de poder cambiar el modelo “y estaríamos dando un ejemplo de igualdad y de equidad en un sector muy necesitado de ello, porque venimos arrastrando desigualdades en el pago por hectáreas desde hace mucho tiempo”.
Límite de ayuda
Respecto al techo de ayuda, Castilla-La Mancha ha propuesto que no pueda exceder de los 100.000 euros por ayuda pública una vez descontados los costes laborales de las explotaciones “de tal manera que el dinero ahorrado se pueda destinar para un pago denominado redistributivo que va orientado a las pequeñas y medianas explotaciones de agricultores y ganaderos profesionales”, ha señalado.
Por otro lado, y tal como ha anunciado el consejero en otras ocasiones, Castilla-La Mancha apuesta por un “modelo de agricultura profesional en el que se incluya a todos los agricultores y ganaderos que generan empleo, riqueza y que innovan en el medio rural”. A su juicio es importante “priorizar a aquellos que realmente viven en los pueblos”.
Asimismo, el consejero ha transmitido al ministro la “importancia de que exista flexibilidad en la aplicación de la PAC teniendo en cuenta las diferencias de los sectores en función de lo distintos territoritos”, con el fin de que sean las propias comunidades autónomas las que pueda decidir qué políticas son las más adecuadas para la agricultura y la ganadería.
El consejero ha señalado que esto se puede hacer a través del Plan de Desarrollo Rural y a través de ayudas vinculadas a la producción y que representan el 15 por ciento del total. Estas ayudas están orientadas a los sectores estratégicos que necesitan apoyo específico, en el caso de la región, especialmente a la ganadería extensiva. 
Martínez Arroyo ha puesto de manifiesto el peso de la región en esta negociación al ser la tercera comunidad autónoma tanto en número de solicitudes, 120.000, y en la cantidad, cerca de 900 millones entre ayudas directas ya través del PDR.
Ahora se abre un periodo de negociación nacional que se solapará con la negociación en el seno de la UE, donde España defiende también que se mantenga al menos la misma cantidad que hasta ahora y no se recorte el presupuesto.
El Diario.es

- El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha establecido el nombre de las diez especies de plantas melíferas, ricas en polen y néctar, que serán admitidas en España en las ayudas del Pago Verde de la PAC para considerar un terreno en barbecho como superficie de interés ecológico, de acuerdo al Real Decreto 1075/2014.
Las diez plantas melíferas son la veza (Vicia sativa); pimpirigallo (Onobrychis hispánica); esparceta (Onobrychis viciefolia); caléndula silvestre (Calendula arvensis); cilantro (Coriandrum sativum), colza (Brassica napus); mostaza amarilla (Diplotaxis virgata); mostaza blanca (Sinapis alba); colleja (Silene vulgaris) y salvia de los prados (Salvia pratensis).
ES QUE AL MENOS UN 5 % DE LA TIERRA DE CULTIVO DE CADA PRODUCTOR SEA DECLARADA COMO SUPERFICIE DE INTERÉS DE ECOLÓGICO
En una nota del propio Fega, este organismo ha explicado que esta lista puede ser ampliada por cada comunidad autónoma con otras especies melíferas autóctonas y locales con eficacia polinizadora y que ayuden al control de malas hierbas y plagas, pero que no sean reconocidas como invasoras.
Sin embargo, advierte de que ha descartado como especies elegibles para barbechos de interés ecológico las de los géneros Borago spp., Echium spp., Heliotropum spp. y Senecio spp., ya que recientes estudios científicos asocian a efectos perjudiciales para la salud humana sustancias como los alcaloides de pirrolicidina.
Asimismo, queda permitida la presencia de otras especies de carácter herbáceo, distinta de las elegibles, cuando éstas últimas sean predominantes.
El Real Decreto 1075/2014, relativo a la aplicación, gestión y control de los pagos directos fijados en la Política Agrícola Común (PAC), fija que las ayudas a los agricultores están condicionadas a que al menos un 5 % de la tierra de cultivo de cada productor sea declarada como superficie de interés de ecológico.
Dicho porcentaje puede corresponder a tierras en barbecho o superficies dedicadas a los cultivos fijadores de nitrógeno como las leguminosas.
Agroinformación
 
- La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (FERAGUA) muestra su satisfacción por el nombramiento de la nueva consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, “y fundamentalmente por la integración en la misma cartera de cuestiones tan relacionadas como la “política agrícola y la medioambiental“.
Esta circunstancia permitirá aún más aumentar la sensibilidad de los regantes y agricultores con el medio ambiente e incluso contribuirá a agilizar proyectos que comparten competencias en ambas temáticas”, añadió el presidente. Así, Feragua desea a Crespo “los mayores éxitos profesionales en esta nueva etapa” y confía en que, como buena conocedora del mundo del agua “demuestre una atención y una alta sensibilidad por el importante papel que representan en la gestión de los recursos hídricos de Andalucía nuestra Asociación, así como que reconozca los esfuerzos y trabajos que Feragua lleva desarrollando estos 25 años”.
Asimismo, Feragua quiere ofrecer a la nueva consejera “diálogo y colaboración” para avanzar en la resolución de los importantes retos a los que se enfrenta el sector del regadío en nuestra región, como la despolitización del agua a la hora de legislar, la agilización de los procedimientos para superar procesos eternos, trabas e inseguridades jurídicas y la colaboración con la administración hidráulica estatal y sus empresas públicas, que hasta ahora ha brillado por su ausencia impidiendo el desarrollo de proyectos de modernización más ambiciosos.
“Entre ellos se encuentran el del sector arrocero en Sevilla, Rumblar en Jaén, las conducciones de Rules en Granada, el Genil-Cabra en Córdoba, el canal directo del Piedras-Guadiana en Huelva, el Plan Guaro en Málaga, las mejoras operativas en las desaladoras almerienses y del Guadiaro en Cádiz, que pueden significar un gran ahorro de agua y de energía a los regantes”.
Feragua mantiene una cordial relación con Carmen Crespo desde que, como alcaldesa de Adra (Almería), presidía la Junta Central de Usuarios de dicha localidad almeriense hace más de una década. Desde entonces, tanto como portavoz de la comisión de Agricultura en el Parlamento Andaluz como en su función de Delegada del Gobierno en Andalucía, la asociación siempre ha contado con Crespo una buena receptividad y un canal de comunicación abierto a las preocupaciones y desafíos de los regantes.
COOPERATIVAS ABOGA POR SACAR ADELANTE EL PROYECTO DE LEY DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE ANDALUCÍA
Por su parte, una vez conocida la composición del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía felicita a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo Díaz, y se pone a su disposición para seguir trabajando, desde ya, en el desarrollo del sector agrario y agroalimentario, una de las locomotoras de la economía regional que ha demostrado su fortaleza en los últimos años y en las peores coyunturas. Lo hace además, desde el convencimiento de que es el sector agroalimentario, junto al turismo, los dos sectores que más crecimiento y empleo pueden generar en Andalucía, tal y como manifestó el presidente del Gobierno regional en su toma de posesión, el pasado viernes 18 de enero, dos áreas con puntos de conexión a explotar como son el oleoturismo, el turismo enológico o el gastronómico.
Por lo que respecta al sector, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía considera que el Plan Estratégico de Competitividad para la Agricultura, la Ganadería, la Pesca y el Desarrollo Rural, contenido en el punto 45 del acuerdo de gobierno, debe pasar por sacar adelante el proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, en el que organizaciones agrarias y cooperativas llevan años trabajando, el cual puede establecer el mejor punto de partida para seguir avanzando en el desarrollo del sector agroalimentario de la región.
Asimismo, la federación considera básico continuar promoviendo e incentivando la integración del sector productor, a través de las cooperativas, así como la dimensión empresarial, a través de medidas que fomenten la unión entre diferentes entidades y grupos, tal y como recoge la medida 42 del acuerdo de gobierno, siendo ésta una de las líneas estratégicas fundamentales de Cooperativas Agro-alimentarias.
La federación coincide con el nuevo Gobierno en la necesidad de promover la investigación y la innovación tecnológica, aunque hace un especial hincapié en impulsar la digitalización de la actividad agraria y agroalimentaria, área en la que se están produciendo avances importantísimos y vertiginosos cuya incorporación resultan claves también para la eficiencia y la competitividad del sector en el mercado globalizado.
Igualmente, Cooperativas Agro-alimentarias cree que la formación y el relevo generacional son, asimismo, capítulos en los que hay que seguir trabajando, sin olvidar el apoyo a las mujeres rurales y el trabajo que se debe continuar haciendo para promover la titularidad compartida o su participación en los órganos de decisión de las cooperativas y puestos directivos.
Agroinformación.
 
- El Gobierno de España quiere formar parte del “pelotón de cabeza” en el diseño de la nueva Política Agraria Común (PAC) y ser uno de los primeros países en presentar su plan estratégico para poder “contribuir” a escribir con la Comisión Europea el diseño de los mismos. Y dentro de ese Plan se apuesta por la ganadería extensiva como sector prioritario en los pagos vinculados, asegurar rentabilidad de las explotaciones, conceder la ayuda básica a la renta en base a un modelo regional simplificado con respecto al actual o que la Política de desarrollo rural debe ser una política trasversal y tener en cuenta como objetivo el hacer atractivo el medio rural para atraer población de forma estable.
Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras celebrar un Consejo Consultivo monográfico sobre esta política, cuyo calendario está marcado por la incertidumbre del Brexit, las elecciones europeas de mayo y, dentro de España, los comicios autonómicos ese mismo mes.
A pesar de que el calendario inicial se retrasará y la nueva PAC no entrará en vigor hasta, al menos, 2022 ó 2023, el Gobierno y las comunidades han comenzado a redactar el Plan Estratégico, un trabajo “arduo” que iniciarán el próximo mes y que les llevará al menos dieciocho meses.
DEBATE SOBRE LAS DIRECTRICES DE LA PAC, CON LOS PAGOS DIRECTOS Y LA LIMITACIÓN DE LOS MISMOS Y LAS AYUDAS A LA RENTA
Luego será el turno de la Comisión Europea, ha dicho el ministro, que tardará al menos seis meses en evaluar este Plan Estratégico.
Planas ha insistido en la importancia de aprovechar la “gran oportunidad” del planificar de forma conjunta “el mayor paquete económico” de España y no ser, como en otras ocasiones, de los “países más retrasados”.
En este sentido, el ministro ha recordado que la PAC supone para España 6.600 millones anuales, unas ayudas que reciben casi 775.000 perceptores y que suponen el 60% de los fondos comunitarios que percibe España.
En el consejo se ha abordado el inicio del “debate político” en torno a las directrices de la PAC, con los pagos directos y la limitación de los mismos, las ayudas a la renta o la “arquitectura ambiental” de la nueva programación como algunas de las cuestiones particulares que se han debatido.
El ministro ha recordado su posicionamiento inicial de trabajar por una PAC fuerte que conserve su presupuesto, la elaboración de un plan estratégico en colaboración con las comunidades autónomas -que son las administraciones que tienen transferida esta competencia- y el apoyo al relevo generacional, así como la inclusión de la perspectiva de género.
Planas ha repasado las principales conclusiones a las que se ha llegado en la reunión, entre ellas, sobre la figura del agricultor genuino, ya que los asistentes se han mostrado a favor de dar “un trato diferente” a quienes tienen en su actividad principal a la agricultura o a la ganadería, “sin olvidar los agricultores pluriactivos”.
ELIMINAR LOS DERECHOS HISTÓRICOS, AYUDAS A LA GANADERÍA EXTENSIVA Y UBICAR EN EL PRIMER PILAR LOS ‘ECOESQUEMAS
También ha habido un “amplio consenso” en conceder ayuda básica y establecer un modelo regional simplificado.
Sobre la aplicación de la PAC de los derechos históricos, según el ministro una “mayoría de las comunidades se han posicionado a favor de eliminar” estas referencias.
También ha habido “casi unanimidad” en la redistribución de las ayudas y existe “cierto consenso” en considerar a la ganadería extensiva como sector prioritario en estos pagos vinculados.
El ministro ha asegurado que las comunidades también coinciden en abogar por una “mayor ambición” en la nueva PAC, pero a partir de “la necesidad de asegurar rentabilidad de las explotaciones”.
En cuanto a los conocidos como ‘ecoesquemas’, la mayoría de las comunidades, según Planas, apoya que se ubiquen en el primer pilar.
Para la política de desarrollo rural, el ministro ha señalado que hay coincidencia entre las comunidades en que debe ser un segundo pilar “transversal”, para conseguir atraer población de forma estable y poder ser “multifondo”.
En lo que se refiere a los jóvenes, Planas ha mencionado el compromiso en el diseño de medidas de acompañamiento para que los jóvenes permanezcan en el territorio.
El enfoque de género, la apuesta por la digitalización y la banda ancha en el territorio, así como el apoyo al sector forestal han sido otros de los puntos de coincidencia.
Preguntado sobre el Brexit, Planas ha lanzado un mensaje de tranquilidad pues, aunque saliera de forma abrupta de la UE, para este año las perspectivas financieras son las vigentes y los productores en España recibirán las ayudas “tal y como estaba previsto”.
Será después del cierre de 2020 cuando, en caso de que el Reino Unido salga finalmente de la UE, habrá que ver “cómo se reajusta presupuesto comunitario” destinado a la PAC.
Agroinformación.

- Este martes 22 entra en vigor el real decreto por el que se obliga a la leche y productos lácteos producidos en España a indicar el origen de la materia prima. Se trata de una reivindicación constante de ASAJA, que considera que este etiquetado es esencial para que el consumidor tenga garantías de comprar producto de proximidad, nacional y con todas las garantías de calidad.
Este cambio coincide en el tiempo con la publicación, el pasado 16 de enero, del último informe de la Comisión Europea sobre el observatorio del mercado de la leche, en el que de nuevo se comprueba que los ganaderos españoles siguen percibiendo precios muy inferiores a la media europea. Se consolida pues una tendencia, iniciada en otoño de 2016, a raíz de la liberalización de las cuotas, “injusta e incomprensible, teniendo en cuenta que España es un país deficitario en leche, y que tiene que importar una parte significativa de lo que consume, precisamente a países exportadores cuyos ganaderos están cobrando más que los españoles”, denuncia ASAJA.
EL CONSUMIDOR CON SU COMPRA “PUEDE APOYAR A LAS FAMILIAS GANADERAS Y CON ELLO CONTRIBUIR A MANTENER LA POBLACIÓN Y EL TERRITORIO”
Así, por cada cien litros de leche, el ganadero español cobró en diciembre 32,33 euros, el belga 36,46 euros, el danés 36,97 euros, el alemán 37,16 euros, 36,35 el francés, 37,20 el italiano y 37,25 el holandés. La media de este grupo de países de referencia en la producción de leche fue de 36,24 euros por cada 100 litros, lo que representa el 12,1% más que lo que percibió el ganadero español. “Esos tres céntimos que no se está pagando serían la vida para nuestros ganaderos, un margen suficiente para que las cuentas salgan, poder invertir e incluso contratar mano de obra, en definitiva, confiar en el futuro”, indica la organización agraria.
Para ASAJA, queda claro que lo que no está funcionando en España “es la propia industria láctea, de las más ineficientes de Europa, que tapa sus carencias y su incapacidad para adaptarse al mercado apretando a los ganaderos. Las lácteas funcionan en la práctica como un cártel, pactando precios a la baja, una situación que las administraciones no han tenido la valentía de controlar”, subraya la OPA.
En este complejo panorama, el nuevo Real Decreto abre un camino para que las decisiones de compra del consumidor repercutan positivamente en nuestros ganaderos. “Es vital que los consumidores exijan leche de ORIGEN ESPAÑA, porque si este respaldo es masivo las industrias tendrán que ofrecer producto nacional, y pagarlo de forma digna, como en el resto de Europa, como es de justicia, puesto que la leche española es al menos homologable en calidad, por no decir mejor, al de resto de países”. Por último, ASAJA apela a la sensibilidad de los consumidores, y les recuerda que con su compra “pueden apoyar a las familias ganaderas y con ello contribuir a mantener la población y el territorio de Castilla y León, que bien lo necesita”.
Desde la Organización de Productores de Leche (OPL) denuncian que siguen recibiendo denuncias de ganaderos que ven cómo en los supermercados se vende leche por bajo de costes de producción (venta a pérdidas). Se da la circunstancia de que estas denuncias llegan al mismo tiempo que se ha puesto en marcha el nuevo etiquetado de la leche.
En concreto señalan como La Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León (URCACyL) denunció, a través de su cuenta de Twitter, cómo El Corte Inglés vende leche a 0,60 céntimos de euro el litro. A esto añaden otra denuncia, a través de un recibo de compra, de unos ganaderos en Supermercados Lupa con leche 0,49€/ litro.
“Hace meses denunciamos la misma práctica en estos supermercados, ante la Agencia de información y control alimentaria (AICA) y ante los medios de comunicación y la organización recibió un correo de un bufete de abogados representante de supermercados Lupa, amenazando a nuestro presidente con demandarle por supuestas falsas acusaciones”, recuerdan.
“DE POCO VA A SERVIR EL ETIQUETADO EN ORIGEN. CON EL CAMINO QUE LLEVAMOS DENTRO DE UNOS AÑOS NO VAN A QUEDAR GANADERÍAS EN ESPAÑA”
Mientras en países como Francia se han firmado, en el último año, acuerdos entre industria, distribución y ganaderos para revalorizar el precio de la leche y trasladarlo a los ganaderos con precios más justos (cinco céntimos más que en España), “aquí se incumple, a diario, un acuerdo firmado en septiembre de 2015 después de una oleada de manifestaciones. Los supermercados utilizan como reclamo los bajos precios de la leche, devaluado un producto que cuesta mucho trabajo e inversiones sacar, viendo como estas prácticas están arruinando a los ganaderos, por ser claramente venta a pérdidas”, lamentan.
Insisten en que los productores reciban amenazas y coacciones por parte de las empresas, cuando denuncian prácticas ilegales. Como ya pasó con las cooperativas, que denunciaron años atrás los acuerdos para bajar los precios por parte de las industrias. El Tribunal de Competencia les sancionó con 88 millones de euros, aunque ahora después de las apelaciones, está todo paralizado por la justicia y otra vez vuelve competencia a iniciar todos los trámites.
Tanto la OPL, como diversos sindicatos han interpuesto más de 40 denuncias ante la AICA contra las prácticas de ventas a pérdidas, habiendo solo unas cuantas sanciones con multas ridículas. Otras se perdieron al trasladarlas la AICA a las respectivas comunidades autónomas, que son las que tienen la última palabra a la hora de sancionar. “Estamos totalmente indefensos ante cualquier abuso que se comete contra los ganaderos productores de leche. Las denuncias no sirven en de nada. Y si denuncias estás expuesto a tener represalias, sin que nadie sancione, ni ponga orden y vigile estas prácticas abusivas”.
Añaden que, tras el cambio de gobierno y los cambios de responsables en la AICA, “este organismo está desaparecido y estamos aún mucho más desprotegidos. Si no percibimos un precio justo que cubra los costes de producción, nos obligan a cerrar. Nos llevan a la ruina. Los datos que publica el Ministerio de Agricultura señalan que en 2018 se perdieron casi 800 ganaderos, bajó un 2% el censo de vacas productoras y más del doble el de novillas y la producción de leche.  Si sumamos que la gran mayoría de ganaderos tienen una media de más de 50 años y que no hubo incorporaciones de jóvenes al sector, el índice de que el sector lácteo español está en una grave crisis es claro, por más el Ministerio quiera maquillar los datos”.
“De poco va a servir el etiquetado en origen que entró en vigor este martes 22. Con el camino que llevamos dentro de unos años no van a quedar ganaderías en España que puedan producir y toda la leche tendrá que ser importada de otros países. Por ello, pedimos que se extremen los controles para que la industria cumpla con el etiquetado y la producción sea verdaderamente de origen española. Las prácticas de ventas a precios tan ridículos de la distribución hacen mucho daño. Devalúan el producto. La guerra comercial entre supermercados, utilizando la leche como reclamo repercute al final en el precio que se paga al productor y deja al producto sin valor ante un consumidor que desconfía de la calidad del mismo, con lo cual bajan las ventas”, reclaman.
Así mismo, insisten en que “nadie parece darse cuenta que este sector fija población en el medio rural, genera puestos de trabajo e inversiones a su alrededor, no solo en las granjas. Además de la responsabilidad de cuidar el ganado y de producir cada día con más calidad, con controles diarios e inspecciones constantes de granjas, instalaciones y animales. Todo esto cuesta mucho trabajo y mucho dinero. Una parte que nadie parece querer ver”.
Agroinformación.

- España se ha decidido al fin a erradicar las subvenciones millonarias que año tras año reciben los llamados “agricultores de sofá”, propietarios de tierras que llevan década y media participando en el reparto de más de 4.000 millones de euros anuales sin que sus tierras produzcan. Viven prácticamente de rentas, garantizándose el cobro con solo realizar leves labores en los campos.
El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas acordaron el lunes en un Consejo Consultivo Extraordinario de Política Agrícola, a propuesta del consejero aragonés del ramo, Joaquín Olona, defender en Bruselas la eliminación de los llamados “derechos históricos” de la PAC (Política Agraria Común), que en la práctica suponen distribuir más de 4.000 millones de euros al año entre quienes mantienen desde 2003 la propiedad de tierras en un reparto basado en la producción media de esas fincas entre los años 2000 y 2002, con independencia de que hoy se cultiven en realidad o se apaciente ganado en ellas. Basta con mantener los derechos para cobrar las ayudas europeas.
La propuesta tuvo el apoyo de catorce de las diecisiete comunidades autónomas y el respaldo del ministerio. Galicia optó por una postura ambigua, mientras que Andalucía, en pleno traspaso de poderes, y Extremadura no asistieron. La primera de estas últimas, que es la principal perceptora de ayudas, se ha mostrado siempre contraria a la supresión.
Esa normativa comunitaria, que debe revisarse el año que viene con la aprobación del nuevo reglamento de la PAC, da lugar a situaciones delirantes, como que se siga pagando 27 euros por cordero a quienes los criaban en 2002, cuando la cabaña ha caído de más de 220.000 cabezas a menos de 120.000 en doce años según los datos del MAPA, o a que algunos terratenientes continúen cobrando por el cereal que cultivaban a principios de siglo en tierras que hoy explotan como cotos de caza tras haberlas transformado en pastos.
“Los condicionantes para mantener los derechos históricos son mínimos, en ocasiones basta con labrar los campos o arrendarlos para pastos. Esas condiciones son fácilmente asumibles por alguien que no quiera producir, y eso mantiene la tierra secuestrada, sin que puedan incorporarse jóvenes agricultores al sector”, explica José María Alcubierre, secretario general de la organización agraria UAGA. No es para menos, cuando los derechos históricos garantizan el cobro de hasta 150.000 euros por cada solicitud de la PAC.
¿Cuántos “labradores de sofá” hay?
¿Cuántos “labradores de salón” hay en España? Resulta prácticamente imposible de determinar, aunque algunos datos estadísticos dan pistas. Así,783.604 propietarios de tierra, recibieron ayudas de la PAC en 2017, año en el que, según la EPA (Encuesta de Población Activa) del INE (Instituto Nacional de Estadística), trabajaban en el campo 297.300 agricultores como autónomos y/o empleadores; es decir, menos de la mitad, dos de cada cinco, aunque a ese dato hay que sumarle el de las empresas agrarias.
Estos últimos se están reduciendo a un ritmo de más de 7.000 al año, en un proceso al avance de la industrialización de la agricultura y del acaparamiento de tierras, que en algunas zonas de España alcanza niveles semejantes a los de Sudáfrica, Brasil o Colombia aunque con el matiz de que a menudo se trata de arriendos.
Así, y según los datos del propio FEGA, no resulta extraño que municipios como Madrid concentren a 26.690 perceptores de ayudas de la PAC, que Barcelona concentre a 4.844, que en Valencia residan otros 10.023, que en Sevilla haya 12.702 o que en Zaragoza vivan 8.924 más. Las cinco principales ciudades del país suman 63.183 “agricultores”, el 8% del total.
Las subvenciones de la PAC en España, que se distribuyen por un complejo sistema de reparto con varios bloques, ascendieron a 5.438 millones de euros en 2017, a 5.498 millones en 2016 y a 5.584 millones en 2015, lo que supone que más del 70% de esos fondos se reparten con base en los Derechos Históricos.
El presupuesto comunitario las cifraba en 4.260 millones de 5.705 (74,6%) para 2017, según un documento del Ministerio de Agricultura. Su peso en el reparto es algo inferior al 78,6% (35.524 de 45.186) del conjunto de la UE.
“Las ayudas deben ir a quien trabaja la tierra”
“La eliminación de los derechos es un elemento clave para facilitar la entrada de jóvenes agricultores al sector”, sostiene Olona, partidario de establecer límites en los pagos y de situar en un primer plano para su cálculo la rentabilidad de las explotaciones, ya que “el actual modelo de pagos en base a derechos históricos da lugar a una discriminación injustificable de todo aquel que se incorpore a la actividad agraria o incremente su explotación”.
En este sentido, reclamó que de una vez por todas se defina qué es el “agricultor genuino”, que vendría a ser el que tiene en el campo su principal fuente de ingresos, y que pasaría a convertirse en el principal destinatario de las ayudas tras la eliminación de los Derechos Históricos.
Cuando se estableció este sistema, recuerda José Luis Miguel, director técnico de la organización agraria COAG, “se trataba de compensar la diferencia de los precios en función de la producción”. Sin embargo, se muestra cauto sobre la solución si los Derechos Históricos son eliminados. “Apoyamos que el reparto de los fondos esté vinculado al cultivo de la tierra –explica-. Quien tiene que recibir las ayudas es quien trabaja el campo, pero en función de cómo se haga puede haber tanto pequeños agricultores como terratenientes que salgan beneficiados o perjudicados, según el caso, ante la enorme diversidad de cultivos y de zonas (hay oficialmente 50) que tenemos en España”.
Alcubierre, por su parte, se pronuncia en términos similares. “Si cualquiera que tenga tierra puede cobrar, la trabaje o no, no hemos hecho nada”, señala. Y, en este sentido, reclama “medidas de profesionalización del campo” para “que el ‘agricultor genuino’ sea el profesional” y “no olvidar el carácter social, porque de lo contrario podemos acabar teniendo una agricultura profesional sin agricultores”.
Por otro lado, advierte, “los Derechos Históricos se vendieron en su día como las pensiones del mundo rural, pero tanto eso como los servicios en las zonas rurales hay que revisarlo si se eliminan para garantizar pensiones dignas y calidad de vida a los mayores”. E. Bayona. Público.
 
- Este viernes 25 fui a comprar una salsa picante al supermercado más cercano, situado en pleno centro de Madrid, y de paso comprobar si la leche y los lácteos estaban etiquetados indicando que habían sido producidos en España, o no, y me encontré con otra noticia. Al pasar por el lineal de frutas, comprobé con sorpresa que todavía se estaban vendiendo mandarinas de Sudáfrica, eso sí al lado de otras españolas. En el súper de Carrefour había una cesta con unas cuantas mandarinas de la variedad nova, categoría I, calibre AA, con origen Sudáfrica y a un precio de 2,55 euros por kilo, tal y como se recoge en la foto. También había otro cesto con mandarinas clementinas hoja de la variedad oronules, categoría I, calibre 1X(63-74), procedencia de España y a un precio de 1,75 euros por kilo.
¿Cómo es posible que estando la campaña de naranjas y mandarinas españolas en todo su apogeo, se sigan vendiendo estas frutas procedentes de Sudáfrica?
Mi sorpresa fue mayúscula porque pensaba que a estas alturas de la campaña, de las denuncias de las organizaciones agrarias y de la crisis de precios que se vive en el sector de los cítricos en España, ya no quedarían agrios de otros países en los lineales de nuestros supermercados. Por lo visto no es así. ¿Cómo es posible que estando la campaña de naranjas y mandarinas españolas en todo su apogeo, se sigan vendiendo estas frutas procedentes de Sudáfrica? ¿Cuánto tiempo hace que acabó la campaña en este país y cuantas semanas y meses llevan cortadas esas mandarinas? ¿Cómo es posible que los responsables de esa cadena de supermercados sigan ofreciendo mandarinas de Sudáfrica cuando las españolas están en un mejor momento y a precios en origen “tirados”desgraciadamente y nunca mejor dicho? Supongo que habrá una explicación, aunque, desde luego será muy difícil de entender y de justificar esta actitud. Mientras tanto, los cítricos españoles continúan por los suelos, lo mismo que sus precios; en Bruselas dicen que las importaciones no son el problema y que no adoptarán medidas y el ministro de Agricultura, Luis Planas, sigue desaparecido como si el problema y la crisis no fuera con él. Una pena.
Cesar Lumbreras.
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