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Un vistazo a los puntos clave del Anteproyecto de ley Crea y Crece

Desde el pasado 27 de julio y hasta el 6 de septiembre estará abierto a consulta pública el Anteproyecto de Ley Crea y Crece, que ha impulsado el Gobierno generando enormes expectativas sobre sus efectos en términos de comunicación. 

Actualizado 12 agosto 2021  
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Rafael Ansón Peironcely Abogado,socio del área de Derecho Mercantil de Bufete Mas y Calvet.Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Villanueva
  
Algunas de las medidas más llamativas son la creación de empresas con capital social de solo un euro, la reducción de los plazos y trámites para crear empresas, que podrían constituirse en solo 10 horas, entre otras. Pero lo relevante es saber si realmente suponen un impulso a la creación de empresas sólidas y viables a largo plazo y si, en términos prácticos, impulsará el crecimiento de las mismas.

El pasado mes de enero se presentaba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En él se enmarca el texto sometido a consulta pública, concretamente, en el Componente 13, bajo el título “Impulso a la PYME”. El plan busca generar un marco jurídico que impulse la creación de empresas mediante mejoras regulatorias, eliminando obstáculos a las actividades económicas y facilitando el apoyo financiero para el crecimiento empresarial. 

Una primera clave de este texto es la modificación de la regulación existente para facilitar la creación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada con solo un euro de capital social. La posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de solo un euro en lugar de los 3.000 euros actuales “supondrá una reducción en el coste de creación de empresas, lo que promoverá la creación de nuevos negocios, permitirá emplear los recursos liberados en usos alternativos y reducirá los eventuales incentivos a crear empresas en otros países con menores costes de constitución”, dice el texto. 

Para muchas microempresas y autónomos liberar estos fondos puede suponer una cierta ayuda relativa, pero no se puede interpretar como una medida que realmente impulse y consolide un tejido empresarial robusto. Tampoco les ayudará a paliar los efectos de futuras crisis o de las reducciones en la demanda de productos y servicios.

Adicionalmente, esta medida no es tan novedosa como parece, pues desde 2013 existen las “Sociedades en régimen de formación sucesiva”, que pueden tener un capital inferior al mínimo legal siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones, relacionadas principalmente con la responsabilidad de los socios frente a acreedores. Es decir, desde hace tiempo, es posible crear una sociedad con un capital inferior a 3.000 euros.

Es probable que un impacto importante de esta iniciativa se vea en la reducción del número de parados: muchos de ellos podrían animarse a emprender. Otra cosa es que sus proyectos empresariales cuenten con la solidez que requiere un negocio viable a medio o largo plazo. 

Es necesario tener en cuenta que con ese capital tan reducido, muchas empresas se crearían con un desfase patrimonial de partida. El capital social desarrolla una función de garantía de la empresa hacia terceros, por lo que cualquier deuda que sea superior a un euro ya pondría en aprietos a la empresa. 

A este respecto, el Anteproyecto introduce dos reglas para las Sociedades de Responsabilidad Limitada cuyo capital social sea inferior a 3.000 euros con el propósito de salvaguardar los intereses de los acreedores: cuando se generen beneficios se debe dotar una reserva legal de al menos el 20% de dicho beneficio hasta que la suma de aquella y del capital social alcance el importe de 3.000 euros; y en segundo lugar, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de 3.000 euros y la cifra del capital (medidas parecidas a las establecidas para las Sociedades en régimen de formación sucesiva).

En segundo lugar, otro de los objetivos es agilizar y digitalizar los trámites de constitución de una sociedad, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). Es probable que la agilización de los procesos para crear una empresa sea la medida con más impacto de las que se recogen en este anteproyecto. Recortar burocracia no es una mala idea en todo lo relacionado con el área mercantil-societaria, por lo que si finalmente en la práctica esto se consigue cerrar en dos o tres días ya es un avance positivo.

Por otra parte, cabe la “Sociedad Limitada Nueva Empresa” nació también como un superproyecto para facilitar la rápida creación de sociedades y reducción de trámites, pero en la práctica apenas se ha utilizado. Además, este Anteproyecto deroga la regulación de este tipo de sociedad.

También se podrían haber planteado otras medidas de gran eficacia práctica como son relacionadas con la reducción de costes (notariales, registrales, fiscales, etc.)

Un tercer aspecto es que promueve el uso de la factura electrónica en las operaciones entre empresas y autónomos para poner coto a la morosidad en las operaciones comerciales y avanzar en la digitalización de las relaciones empresariales. 

Con ello se intentará reducir los costes de transacción y mejorar la transparencia en el tráfico mercantil y este sistema, en principio, ofrecería información más clara y fidedigna sobre los plazos reales de abono de las facturas. El cumplimiento de dichos plazos para realizar el pago sería un requisito para, por ejemplo, acceder a subvenciones, mientras que los incumplimientos tendrán penalizaciones en las contrataciones públicas. 

Es probable que las microempresas actuales y las de nueva creación tengan que invertir en programas informáticos para llevar la contabilidad con la implantación de la factura electrónica.

Hay que destacar que el Anteproyecto también regula los sistemas de financiación alternativa, como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo para financiar el crecimiento empresarial. 

En lo relacionado con el crowdfunding, cabe destacar que el Anteproyecto incorpora lo regulado en el Reglamento (UE) 2020/1503, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, aprobado el 7 de octubre de 2020, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 y la Directiva (UE) 2019/1937. Las novedades sobre esta materia, por tanto, no surgen sólo como parte de un plan estratégico ideado por el Gobierno, sino también por la obligación de trasponer lo que establece dicho Reglamento.

Regular el crowdfunding es algo positivo, pues es un nuevo instrumento de acceso a la financiación que ha mostrado muy buenos resultados en otros países y en España. Sin duda es previsible que las microempresas y PYMEs se vean beneficiadas por disponer de un marco normativo más claro, consecuencia de la trasposición de la regulación europea.

¿Qué podemos concluir de estas medidas? Estas novedades legales no tendrán grandes efectos en el día a día de los pequeños empresarios y microempresas, que son tan numerosas en el tejido empresarial español. Lo relevante, en palabras de nuestro socio de Mercantil, es que se implementen medidas más conectadas con la realidad de los emprendedores y que tengan un efecto más práctico en el impulso de las empresas.









Desde el pasado 27 de julio y hasta el 6 de septiembre estará abierto a consulta pública el Anteproyecto de Ley Crea y Crece, que ha impulsado el Gobierno generando enormes expectativas sobre sus efectos en términos de comunicación. 

Algunas de las medidas más llamativas son la creación de empresas con capital social de solo un euro, la reducción de los plazos y trámites para crear empresas, que podrían constituirse en solo 10 horas, entre otras. Pero lo relevante es saber si realmente suponen un impulso a la creación de empresas sólidas y viables a largo plazo y si, en términos prácticos, impulsará el crecimiento de las mismas.

El pasado mes de enero se presentaba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En él se enmarca el texto sometido a consulta pública, concretamente, en el Componente 13, bajo el título “Impulso a la PYME”. El plan busca generar un marco jurídico que impulse la creación de empresas mediante mejoras regulatorias, eliminando obstáculos a las actividades económicas y facilitando el apoyo financiero para el crecimiento empresarial. 

Una primera clave de este texto es la modificación de la regulación existente para facilitar la creación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada con solo un euro de capital social. La posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de solo un euro en lugar de los 3.000 euros actuales “supondrá una reducción en el coste de creación de empresas, lo que promoverá la creación de nuevos negocios, permitirá emplear los recursos liberados en usos alternativos y reducirá los eventuales incentivos a crear empresas en otros países con menores costes de constitución”, dice el texto. 

Para muchas microempresas y autónomos liberar estos fondos puede suponer una cierta ayuda relativa, pero no se puede interpretar como una medida que realmente impulse y consolide un tejido empresarial robusto. Tampoco les ayudará a paliar los efectos de futuras crisis o de las reducciones en la demanda de productos y servicios.

Adicionalmente, esta medida no es tan novedosa como parece, pues desde 2013 existen las “Sociedades en régimen de formación sucesiva”, que pueden tener un capital inferior al mínimo legal siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones, relacionadas principalmente con la responsabilidad de los socios frente a acreedores. Es decir, desde hace tiempo, es posible crear una sociedad con un capital inferior a 3.000 euros.

Es probable que un impacto importante de esta iniciativa se vea en la reducción del número de parados: muchos de ellos podrían animarse a emprender. Otra cosa es que sus proyectos empresariales cuenten con la solidez que requiere un negocio viable a medio o largo plazo. 

Es necesario tener en cuenta que con ese capital tan reducido, muchas empresas se crearían con un desfase patrimonial de partida. El capital social desarrolla una función de garantía de la empresa hacia terceros, por lo que cualquier deuda que sea superior a un euro ya pondría en aprietos a la empresa. 

A este respecto, el Anteproyecto introduce dos reglas para las Sociedades de Responsabilidad Limitada cuyo capital social sea inferior a 3.000 euros con el propósito de salvaguardar los intereses de los acreedores: cuando se generen beneficios se debe dotar una reserva legal de al menos el 20% de dicho beneficio hasta que la suma de aquella y del capital social alcance el importe de 3.000 euros; y en segundo lugar, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de 3.000 euros y la cifra del capital (medidas parecidas a las establecidas para las Sociedades en régimen de formación sucesiva).

En segundo lugar, otro de los objetivos es agilizar y digitalizar los trámites de constitución de una sociedad, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). Es probable que la agilización de los procesos para crear una empresa sea la medida con más impacto de las que se recogen en este anteproyecto. Recortar burocracia no es una mala idea en todo lo relacionado con el área mercantil-societaria, por lo que si finalmente en la práctica esto se consigue cerrar en dos o tres días ya es un avance positivo.

Por otra parte, cabe la “Sociedad Limitada Nueva Empresa” nació también como un superproyecto para facilitar la rápida creación de sociedades y reducción de trámites, pero en la práctica apenas se ha utilizado. Además, este Anteproyecto deroga la regulación de este tipo de sociedad.

También se podrían haber planteado otras medidas de gran eficacia práctica como son relacionadas con la reducción de costes (notariales, registrales, fiscales, etc.)

Un tercer aspecto es que promueve el uso de la factura electrónica en las operaciones entre empresas y autónomos para poner coto a la morosidad en las operaciones comerciales y avanzar en la digitalización de las relaciones empresariales. 

Con ello se intentará reducir los costes de transacción y mejorar la transparencia en el tráfico mercantil y este sistema, en principio, ofrecería información más clara y fidedigna sobre los plazos reales de abono de las facturas. El cumplimiento de dichos plazos para realizar el pago sería un requisito para, por ejemplo, acceder a subvenciones, mientras que los incumplimientos tendrán penalizaciones en las contrataciones públicas. 

Es probable que las microempresas actuales y las de nueva creación tengan que invertir en programas informáticos para llevar la contabilidad con la implantación de la factura electrónica.

Hay que destacar que el Anteproyecto también regula los sistemas de financiación alternativa, como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo para financiar el crecimiento empresarial. 

En lo relacionado con el crowdfunding, cabe destacar que el Anteproyecto incorpora lo regulado en el Reglamento (UE) 2020/1503, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, aprobado el 7 de octubre de 2020, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 y la Directiva (UE) 2019/1937. Las novedades sobre esta materia, por tanto, no surgen sólo como parte de un plan estratégico ideado por el Gobierno, sino también por la obligación de trasponer lo que establece dicho Reglamento.

Regular el crowdfunding es algo positivo, pues es un nuevo instrumento de acceso a la financiación que ha mostrado muy buenos resultados en otros países y en España. Sin duda es previsible que las microempresas y PYMEs se vean beneficiadas por disponer de un marco normativo más claro, consecuencia de la trasposición de la regulación europea.

¿Qué podemos concluir de estas medidas? Estas novedades legales no tendrán grandes efectos en el día a día de los pequeños empresarios y microempresas, que son tan numerosas en el tejido empresarial español. Lo relevante, en palabras de nuestro socio de Mercantil, es que se implementen medidas más conectadas con la realidad de los emprendedores y que tengan un efecto más práctico en el impulso de las empresas.
 
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