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Una nueva batalla de los regantes españoles

Una vez más se demuestra que la sociedad civil tiene, siempre en sus manos, el poder de cambiar las barbaridades que permanentemente se perpetran desde el poder político.

Actualizado 16 abril 2015  
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Redacción Agrolibre
  
Los problemas se acumulan, poque no se resuelven
En este caso hablamos de los regantes agrupados en  FENACORE,-(Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España representando a más de 700.000 regantes y 2 millones de hectáreas, más del 50% del total del regadío, de todas las Comunidades españolas)-, que al fin tras años de lucha, han conseguido encontrar un "rayo"  de esperanza en medio de la tremenda borrasca energética actual y que al fin han logrado, quizás por la proximidad de las elecciones, que el gobierno actual haya rebajado parte de sus ingresos fiscales para aliviar la "estafa tarifaria" que sufren nuestros agricultores.
Recordemos que desde hace años, -(nosotros así lo venimos hemos denunciando y reiterando de forma permanente en toral concordancia con la asociación)-, FENACORE ha venido llamando la atención a todos los gobiernos que nos han presidido, sobre la necesidad lograr  mayor eficiencia en el riego no solo en terreno tecnológico sino también y ello es importantísimo, en el terreno económico, en el terreno de los necesarios consumos energéticos para el riego.
 Desde la Asociación siempre se ha afirmado que, si se quiere realmente conseguir un mejor uso del agua para garantizar el abastecimiento de los mercados a precios competitivos, si como siempre dicen los gobernantes trabajan para que los productores sean más competitivos, es necesario considerar fundamentalmente los costes eléctricos que pesan sobre la empresa regante.

"Las Administraciones deben tener en cuenta la confluencia de, por un lado, infraestructuras de riego modernizadas, pero de bajo consumo eléctrico y, por otro, el desarrollo de cultivos con menos necesidades de agua y mayor tolerancia a las plagas (biotecnología). En este sentido, para avanzar en las más de un millón de hectáreas que todavía quedan sin modernizar en España y minimizar los gastos de electricidad derivados de este proceso es necesario modificar el escenario tarifario actual, permitiendo a los regantes, por ejemplo, pagar sólo por la potencia utilizado y no por la teórica contratada o favoreciendo la producción de energías renovables para autoconsumo a partir de sus propios recursos".

Por fin ahora, la propia ministra Tejerina, en la inauguración de la XVI Jornada Técnica de "Fenacore" y tras recibir la Medalla Conmemorativa del decimotercer Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, celebrado el año pasado en Huelva, ha confirmado que, “en cierto modo, en Fenacore se refleja el tesón que caracteriza a los agricultores de regadío”.
La ministra se ha referido a las medidas adoptadas por el Gobierno, a finales del año pasado, para compensar la subida de las tarifas eléctricas derivadas del cambio en el modelo de tarificación de la electricidad medidas que ahora ya en vigor, “suponen una ayuda muy importante para la mejora de la competitividad de las explotaciones de regadío, con un impacto de más de 54 millones de euros de ahorro”.

Recordemos ahora que por fin, como se nos dice en Nota Oficial desde el MAGRAMA al inicio de la campaña de la renta de 2014, los regantes pueden  aprovecharse de  las medidas fiscales puestas en marcha el pasado año, para atenuar el efecto de la subida de las tarifas eléctricas sobre el regadío. En concreto se contempla la exención del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), y la actualización de los módulos del Impuesto sobre la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).
En el Impuesto Especial sobre la Electricidad al consumo eléctrico para riego, cuyo tipo es del 5,1%, se puede aplicar una exención del 85% Se aplica así, una exención del 85% del Impuesto Especial sobre la Electricidad al consumo eléctrico para riego, cuyo tipo es del 5,1% y también se introduce un índice corrector del rendimiento neto del 0,80, actualizando los módulos de aplicación en el régimen  de estimación objetiva. El índice corrector del 0,80,-( lo que supone que, para la Administración, los costes eléctricos en los regadíos españoles suponen al menos el 20 % del total de la producción)-,   se aplicará sobre el rendimiento procedente de los cultivos realizados en tierras de regadío por energía eléctrica y cuando no sea posible delimitar dicho rendimiento, se aplicará sobre el resultado de multiplicar el rendimiento procedente de todos los cultivos, por el porcentaje que suponga la superficie de los cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal fin, energía eléctrica sobre la superficie total de la explotación agrícola.

 Es decir que sin haber corregido totalmente "la estafa" tarifaria que se sigue aplicando a los regantes, sí es cierto que, como decimos al comienzo del artículo, al menos se ha filtrado un rayo de sol en medio de la borrasca energética que nos preside. 

Ganada una "batallita" en la guerra energética que suponemos nadie abandonará, desde las asociaciones de regantes se emprende una nueva batalla que esperemos se resuelva con prontitud.

Los regantes han  solicitado al Consejo de Ministros que se interponga recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, porque , en la Ley citada, se reconoce a esta comunidad autónoma funciones sobre las comisarías de aguas cuando estas funciones son competencia exclusiva del Estado.
El recurso se basa en que las competencias en materia de aguas que asume Aragón en esta ley –recogida en el Boletín Oficial del Estado- deben ser declaradas nulas de acuerdo a derecho porque, según el artículo 149.1.22ª de la Constitución, “la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma” no son susceptibles de transferencia ni delegación, poniendo de manifiesto, además, que debe ser un único organismo estatal –la confederación hidrográfica de cada demarcación de cuenca- quien centralice la política hidráulica. La norma, ser insiste, no respeta los principios de unidad de cuenca hidrográfica y unidad de gestión que han servido de inspiración a la legislación internacional de aguas ni el papel de las confederaciones hidrográficas como instituciones consolidadas en las que ya tienen participación las propias comunidades autónomas, incluyendo a todos los usuarios y agentes implicados en la gestión del agua sin extralimitarse en sus competencias. La norma es, sobre todo, perjudicial para los usuarios y el medio ambiente porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará duplicidad de órganos administrativos –y por tanto de costes-, además de “guerras del agua” por la distribución de los recursos hídricos, sobre todo, en épocas de sequía.

¡Cuidado! porque desde la administración de Aragón ya sabemos cómo se tratas el agua que pasa por sus territorio. El "Costismo" imperante aún en sus partidos políticos ya paralizó en su momento el trasvase del Ebro y se unió posteriormente al "Zapaterismo", en su anulación.

¡Cuidado! porque lo que lo que se pretende con la Ley aprobada es una "reautonomización más" en el camino de la desectructuración nacional que desde hace tiempo venimos padeciendo, causa directa de parte de nuestra  falta de competencia internacional, ¡no solo hacen política antiespañola los partidos nacionalistas!.

Esperemos que la nueva batalla emprendida por los regantes españoles termine con la victoria de los que siempre hemos creído que existen responsabilidades públicas que nunca debieron ser objetos de transferencia alguna. ¡Pero quién y por qué se facultó a la Autonomías a producir Leyes….! ¡qué disparate!.
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